Regulación de todas las drogas

Regulación de todas las drogas
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La semana pasada la Comisión Global de Política de Drogas, en cabeza de la expresidenta de Suiza Ruth Dreifuss, el expresidente de México Ernesto Zedillo y los expresidentes de Colombia César Gaviria y Juan Manuel Santos, presentó el informe “Política de drogas en Colombia, el camino a la regulación justa”. 

Regulación de todas las drogas
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Este texto, que llega en un momento crucial para el país, propone 5 recomendaciones “para garantizar el progreso social, reducir la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, y alcanzar la paz tal y como se contempla en el histórico Acuerdo de Paz de 2016 y en la estrategia del Gobierno actual”.

Las recomendaciones se resumen en los siguientes puntos: 

  1. Regulación legal de todas las drogas, que incluye apoyo a los proyectos legislativos en curso; un sistema de regulación para cada sustancia en función de sus riesgos potenciales y la promoción de un debate internacional.
  2. Un enfoque sobre las políticas de drogas basado en los derechos humanos, que incluye una apuesta por la reducción de daños, acceso a medicamentos como derecho a la salud y la participación de los pueblos históricamente marginados.
  3. Transformar las relaciones mediante la despenalización de todas las actividades, incluyendo el cultivo, que implica una reforma al Código Penal, el Código de Policía y el Estatuto Nacional de Estupefacientes, así como procesos de excarcelación por delitos relacionados con drogas.
  4. Una agenda sobre políticas de drogas que sea autónoma y no “securitizada”, que incluye reducir presupuestos militares y aumentar financiación de las autoridades civiles, así como la implementación del Acuerdo de Paz.
  5. El fortalecimiento institucional, que incluye un enfoque territorial para la sustitución de cultivos ilícitos y fortalecer la capacidad técnica de las instituciones.

Las recomendaciones de la Comisión Global están en línea con el informe de la Comisión de la Verdad, con los discursos del presidente Gustavo Petro, con el memorando de las organizaciones y centros de pensamiento de la sociedad civil, e incluso con la prensa internacional, como The Economist, quienes recientemente han manifestado y coincidido en el diagnóstico sobre la fallida guerra contra las drogas y en la necesidad de una nueva política a nivel nacional e internacional orientada a descriminalizar el consumo, reducir los daños, y regular la producción de todas las drogas.

Como lo afirmé en el evento de la Comisión Global, las voces reformistas con base en la evidencia científica coincidimos en que hemos gastado demasiados recursos combatiendo unos mercados ilegales más sólidos que nunca.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, por ejemplo, el mercado global de la cocaína se estima en más de 20 millones de consumidores. Las voces reformistas también coincidimos en que el consumo no se disminuye con la criminalización. Coincidimos en que Colombia, y en general los países productores, han asumido de manera desproporcional los costos de la guerra contra las drogas, especialmente sus poblaciones más vulnerables. Coincidimos en que un nuevo enfoque le daría un respiro a la crisis carcelaria que vive el país y los países latinoamericanos. Todos coincidimos en que el mercado ilegal ha sido uno de los motores del conflicto del país y que, mientras el mercado de la cocaína se mantenga en la ilegalidad, no alcanzaremos la paz total.

La regulación del uso adulto del cannabis en el mundo occidental es una realidad y Colombia está avanzando en esta dirección a partir de las iniciativas legislativas en curso. El enfoque de salud pública para abordar los problemas del consumo es otra dimensión en la que también hay consenso internacional, y es claro que esta dimensión requiere mayor atención e inversión. El enfoque de desarrollo rural para abordar los problemas estructurales del campo colombiano, donde el campesino cultivador no sea penalizado, sino que tenga oportunidades para mejorar su calidad de vida, es también parte del discurso actual. En Colombia, estamos finalmente superando la discusión sobre la fumigación aérea con glifosato.

Restablecer la legitimidad y la confianza en el Estado y en la fuerza pública en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito parece ser un primer paso necesario para la implementación de una nueva política orientada a salvar vidas. Desmantelar las organizaciones criminales y combatir el lavado de dinero parecen ser las acciones prioritarias para reducir la violencia en nuestro país. En todos estos puntos, prácticamente hay consenso en quienes promovemos una nueva política de drogas porque se asocian con proteger y garantizar los derechos humanos, mejorar las condiciones socioeconómicas de las poblaciones más vulnerables y porque podemos avanzar audazmente en su implementación a nivel nacional.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de varias instituciones e instancias, todavía no vemos aún el consenso necesario para avanzar en el camino de la regulación de la cocaína. Incluso, el Gobierno Petro, que reconoce el fracaso de la guerra contra las drogas ha manifestado que no tomará acciones en esta dirección, como lo afirmaron recientemente representantes del Gobierno en la presentación del informe anual de la Unodc. Pareciera que la presión internacional y la inercia de guerra contra las drogas nos mantiene, en la práctica, en la ruta de la prohibición y con los mismos indicadores de éxito.

De ahí la importancia del texto de la Comisión Global, que está en sintonía con esfuerzos hechos desde la academia y la sociedad civil en Colombia como el reciente memorando que enviamos al Gobierno Nacional con 6 organizaciones que trabajamos en política de drogas, y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para darle una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

El texto de la Comisión Global nos recuerda que la ruta para diseñar el camino hacia la regulación de la cocaína no puede abandonarse. De hecho, debe ser abonada con todos los instrumentos y estrategias nacionales e internacionales que tengamos a nuestro alcance. Como lo manifestamos recientemente en el memorando mencionado anteriormente, es urgente priorizar las reformas a nivel nacional que puedan situarnos como referente internacional en el camino a la regulación, que prioricen los derechos de los colombianos, manejen las contradicciones inherentes de un proceso de transición y que no afecten las relaciones internacionales. Las recomendaciones de la comisión global avanzan en este camino para lograr una regulación justa de todas las drogas hoy ilícitas, incluyendo la cocaína, y de ahí su relevancia en la actual coyuntura, en la cual es fundamental el apoyo de la comunidad y las agencias internacionales, y los gobiernos que han enfrentado las consecuencias de la guerra contra las drogas.

Qué importante sería que el Gobierno del presidente Petro no desaproveche todas estas demostraciones de apoyo y respaldo a una nueva política de drogas.

No es menor que 4 expresidentes den su espaldarazo al camino de la regulación. Las palabras del expresidente Santos fueron muy reveladoras al decir que alguien que apoyó la prohibición ahora entiende que no tiene sentido seguir en esa bicicleta estática: "pasé de ser un convencido de la prohibición a un convencido que debe acabarse”, dijo el expresidente. De hecho, fue importante ver a dos generales retirados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares en primera fila el día del lanzamiento del informe. La Fuerza Pública, como el expresidente Santos mencionó, superan cada año los “indicadores” de la guerra contra las drogas: hectáreas erradicadas, sustancias incautadas, cabecillas extraditadas. ¿Para qué? Mientras sea un mercado ilegal con enormes incentivos, no hay cómo detenerlo.

Ellos, que estuvieron liderando la guerra contra las drogas, ahora están más convencidos que nadie de que es hora de avanzar con una regulación justa de todas las drogas y con una nueva política orientada a proteger a los ciudadanos y a desmantelar el crimen organizado. El presidente Petro puede hoy liderar la implementación de este nuevo enfoque a nivel nacional y promover una conversación internacional con países productores y consumidores.   

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