Se le exige más a un campesino que a un congresista

Se le exige más a un campesino que a un congresista
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La ciudadanía le exige poco, muy poco a los congresistas, y en su desconocimiento le exigen mucho y le reconocen poco a los campesinos. Más de la mitad de los ciudadanos no votaron en las elecciones legislativas, y muchos de quienes lo hicieron no recuerdan por quién votaron.

En consecuencia, por lo general, no existe ese compromiso representante-electorado que permita la rendición de cuentas. Lo cierto es que lo único que se les demanda a los congresistas es que tengan unas condiciones laborales más similares a los colombianos. Pero ellos poco escuchan, y si escuchan es para burlarse, pues sus incrementos salariales exceden, y por mucho, el promedio nacional. Al igual que como sus extensas vacaciones y sus incontables prerrogativas.

En contraste, al agricultor se le exige una multiplicidad de condiciones para que pueda prosperar.

Así como la mayoría de los ciudadanos desconocen a sus congresistas, también desconocen todo el esfuerzo que hay tras los alimentos que consumen; los avances científicos que existen tras la semilla; el esfuerzo y conocimiento del campesino en preparar el terreno; sus limitaciones en su flujo de caja; su lucha contra plagas, hongos y enfermedades; el riesgo que asumen en tener gran parte de su patrimonio en una inversión a cielo abierto y, por ende, su preocupación por que dejó de llover (puesto que solo el 6 por ciento de la tierra cuenta con distritos de riego) o, por el contrario, porque está lloviendo mucho; su esfuerzo por poder recoger su cosecha en el momento justo de maduración; el suplicio logístico que significa sacar el producto de la finca a los mercados, para luego estar a la merced de las fluctuaciones de los precios; entre otras preocupaciones y obstáculos.

La ciudadanía sin saberlo, le exige al campesino que supere todos estos obstáculos.

Lo anterior es más evidente desde la política pública, pues los burócratas le exigen al agricultor una serie de capacidades para que pueda prosperar.

Por una parte, deben ser expertos en el saber hacer (la siembra, el manejo de cultivo, la cosecha) a pesar de que la calidad y cobertura del servicio de transferencia de conocimiento es bajísima (solo el 16,5 % de las UPA recibe asistencia técnica), en un minifundio que es muy pequeño para poder obtener ingresos dignos (el 70,4 % de las UPA es menor a cinco hectáreas). Por otro lado, deben tener experiencia al momento de tramitar sus créditos (construir flujos de caja, constituir garantías desconociendo la letra pequeña de los contratos de crédito).

Además, se les exige que enfrenten y se adaptan el cambio climático como mejor puedan. Así mismo, deben sortear vías terciarias en estado paupérrimos para abastecerse de insumos (los cuales están en máximos históricos) y sacar la cosecha (solo 6 % de las vías terciarias se encuentran pavimentadas). Deben afrontar los problemas de inseguridad que normalmente viven en sus territorios, y que en estos últimos años se han incrementado. Como si fuera poco deben ser unos expertos comercializadores, haciendo toda la labor que realizan a diario y de forma especializada los negociantes. Por todo lo anterior, que demuestra el limitado acceso a bienes públicos, están condicionados a tener ingresos por debajo del salario mínimo al mes (para ser exactos: 0,7 de un salario mínimo).

Lo cierto es que, como están las condiciones estructurales y coyunturales para el pequeño agricultor en Colombia, esta labor no es viable ni sostenible. Un país que no reconoce ni apoya la labor del campesino está llamado a cambiar.

Más tiste resulta que en este país al congresista se le da sin exigir, y al campesino se le exige sin dar.

Nota: los datos utilizados en esta columna son del Censo Nacional Agropecuario (2016), Ministerio de Transporte (2018), Geih-Dane (2017), y Conpes 3926 (2018). 

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