Seguridad y victimización empresarial en Buenaventura

Seguridad y victimización empresarial en Buenaventura

Esta columna fue escrita en coautoría con Lucía Mendoza y Michael Weintraub, investigadores del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes.

Buenaventura es considerado el principal puerto de comercio exterior del país, pues moviliza cerca del 45 % de carga internacional, principalmente de importación, la cual en 2019 representó el 32 % del total nacional. Cuando hay problemas de orden público, bloqueos o saqueos, la principal preocupación es la mercancía del puerto y su tránsito hacia el interior. Sin embargo, Buenaventura es más que la sociedad portuaria y poco se habla de sus empresas locales. Mucho menos de los retos que enfrentan en términos de seguridad.

Desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, junto con la Cámara de Comercio de Buenaventura y el apoyo de Fescol, realizamos una encuesta sobre seguridad y victimización empresarial en la que participaron 447 empresas formales matriculadas  en  la Cámara. Estas equivalen al 3,2 % del total de establecimientos de comercio cuya matrícula mercantil ha sido renovada en los últimos 5 años. Los resultados revelan una situación que requiere ser atendida, si de lo que se trata es de generar empleo formal y apoyar el desarrollo de la economía local.

El 95 % de las empresas encuestadas son locales, tienen en promedio 11 años de operación y generan 5 empleos directos. El 43 % de las empresas se encuentran en el sector de servicios, el 30 % de comercio y el 20 % de industria. El 14 % de las empresas se encontraban cerradas en el momento de la encuesta —en mayo de 2021— y un 18 % lo atribuyen directamente a la pandemia.

De las empresas encuestadas, casi el 31 % ha sido víctima de un delito desde el inicio de sus operaciones. Dentro de estas empresas que reportan haber sido víctimas de algún delito, el delito más común es la extorsión: el 57 % reporta haber sido víctima alguna vez. Hurto no violento (37 %) y atraco violento (29 %) son otros delitos comunes que sufren estas empresas.

Las empresas víctimas de extorsión reportan en promedio 8 intentos de extorsión, y el 49 % de las empresas víctimas de extorsión reporta entre 2 y 5 intentos de extorsión. El 34 % de las empresas extorsionadas de hecho reporta haber hecho algún pago, mientras el 17 % reportan haber hecho entre 2 y 10 pagos. El 27 % reporta que han sido extorsionadas por más de una persona o grupo a la vez y el 47 % reporta que le ofrecieron un servicio a cambio de la extorsión, como protección personal o protección para su negocio. Por la falta de presencia eficaz del Estado, estos grupos armados aprovechan para ofrecerles (a veces a la fuerza) unos servicios clave (como la protección). Estos datos revelan una situación preocupante, pero es probable que estas cifras representan un límite inferior a la incidencia verdadera de estos hechos victimizantes, dado que las empresas puedan temer revelar esta situación.

Más allá de los datos sobre hechos victimizantes, preocupa además la presencia y confianza en la institucionalidad para manejar esta situación. El 56 % de las empresas víctimas de algún delito reporta que no lo denunciaron ante las autoridades: porque que no sirve de nada (36 %), por temor a las represalias (25 %) o porque no con confía en las autoridades (17 %).

De manera similar y para la totalidad de las empresas encuestadas, preguntamos qué tanto confiaría en diferentes autoridades para que “se haga justicia con los culpables” si fuera víctima de un delito. Los datos muestran que el 40 % no confía “nada” en la policía y 42 % no confía nada en el sistema judicial. Tampoco, en general, consideran que lograrían justicia de los grupos armados ilegales con presencia en el barrio. De hecho, cuando preguntamos qué tanto los grupos armados intervienen para solucionar problemas cotidianos en el barrio, pocas empresas reportan estos comportamientos, aunque la tasa alta de “no sabe/no respuesta” también puede señalar un temor de reportar.

En general la mayoría de las empresas se sienten preocupadas de ser víctimas de algún delito (violento y no violento) en el barrio donde está ubicada la empresa: 72 % reportan sentirse o muy preocupados o algo preocupados de ser víctima de un delito violento en el barrio donde está ubicada su empresa. Por esta razón estas empresas han tomado medidas para prevenir los delitos, tales como cerrar más temprano (77 %), evitar salir solo de noche (68 %) o instalar cámaras de seguridad, alarmas o rejas (57 %). Un poco menos de la mitad reporta que ha tenido que cerrar su negocio a causa de problemas de seguridad.

En conclusión, la pequeña y mediana empresa formal de Buenaventura no parece percibir un entorno seguro para sus inversiones y carecen de estrategias de largo plazo que reestablezcan la confianza en las instituciones. El gobierno local y nacional deben hacer esfuerzos interinstitucionales para que los empresarios regionales puedan desarrollar sus proyectos productivos y comerciales, los cuales son necesarios en una ciudad con una tasa de desempleo del 26 % y altos niveles de informalidad.

Es necesario definir estrategias para Buenaventura que se ajusten al contexto local y esto requiere investigación y evaluación futura. Sin embargo, Algunas estrategias que han mostrado resultados en otras partes del país son patrullajes focalizados (hotspots policing) —dado que en Buenaventura el 80 % de los homicidios entre 2014 y 2019 ocurrieron solo el 9,1% de las manzanas de la ciudad—, sistemas de cámaras de seguridad en espacios públicos y construcción de parques y canchas sintéticas en los barrios que son focos del delito.

Estos, junto con el desarrollo de programas sociales para la reactivación de una economía local, son pasos necesarios para impactar a una ciudad que es mucho más que un puerto.

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