Seis años esperando que medicamentos para hepatitis C sean de interés público

Seis años esperando que medicamentos para hepatitis C sean de interés público
2021108-claudia-vargas-perfil.jpg

El pasado 28 de octubre se cumplieron seis años desde que Ifarma solicitó una Declaración de interés público para los medicamentos para la hepatitis C. Constituye otro deshonroso récord mundial para resolver una solicitud de la ciudadanía. 

Se trata de un cumpleaños que, seguramente, algunos estarán celebrando. No haber tomado una decisión significa que un tratamiento de tres meses por el que estamos pagando 4 mil dólares (algo así como 15 millones de pesos), estaríamos pagando más o menos 600 mil pesos. Alguien se ha llenado los bolsillos gracias a tan impresionante retraso.

Otros lo estamos lamentando, pues creemos que no está bien que el Gobierno aparentemente piense que la plata de nuestras contribuciones al sistema de salud es inagotable; no parece haber ninguna prisa en buscar ahorros allí donde la sociedad civil ha solicitado una decisión que permitiría ahorros importantes. Y, ciertamente, no hay nada que sugiera que la plata para la salud está sobrando.

Además, el Gobierno no parece preocuparse tampoco por el impacto en la salud de las personas que no reciben el acceso al tratamiento oportuno y los costos que esto genera para la sociedad (muertes prematuras, incapacidades, procedimientos de alto costo).

En la experiencia que desde Ifarma se ha tenido con las tres solicitudes de licencia obligatoria y/o declaración de interés público (lopinavir/ritonavir, imatinib y medicamentos para la hepatitis C), aunque al final se han obtenido reducciones de precio significativas, los procesos han sido largos y desgastantes.

Más que un problema de negligencia o de ineficiencia burocrática, a lo que nos vemos enfrentados es el lobby farmacéutico y los efectos de las presiones de los países ricos para que estas flexibilidades del Adpic (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) no puedan ser implementadas.

En el caso colombiano, la experiencia ha quedado documentada juiciosamente en la Ompi, en la OMS, en la ONU y, ciertamente, en los medios. Todos supimos que tanto el Gobierno suizo como el de los Estados Unidos amenazaron con retirar el apoyo financiero al Proceso de Paz y retrasaron el ingreso de nuestro país a la Ocde para que no se declararan de interés público varios medicamentos y no se concedieran licencias obligatorias.

Sumado a esto, están las presiones internas, como las cartas de Afidro a la Presidencia de la República reclamando por el control de precios a productos patentados y las instrucciones al ministro Juan Pablo Uribe, al inicio del gobierno Duque.

Sin embargo, llama la atención que en los debates que se están dando actualmente en la Organización Mundial del Comercio sobre la propuesta de India y Sudáfrica de suspender la protección de propiedad intelectual de las tecnologías necesarias para enfrentar al covid y superar oportuna y equitativamente la pandemia (conocida como “waiver”), ahora los países ricos insisten en reconocer tales flexibilidades como legítimas.

Nadie quiere esperar otros seis años para que declaren los medicamentos para la hepatitis C de interés público. Y no es necesario.

Una revisión de las licencias obligatorias que han sido otorgadas en el mundo muestra como una notable mayoría se ha concedido bajo la figura del “uso público no comercial”, también conocido como “uso gubernamental” o “uso por la corona”. En ese escenario, el Gobierno, que es quien concede el privilegio de la patente, después de un análisis de la situación, puede considerar que ese privilegio puede revertirse o limitarse para atender prioridades de política pública como, evidentemente lo es en este caso, la sostenibilidad del sistema de salud y de los programas de atención al VIH.

La decisión de que los medicamentos para tratar la hepatitis C sean declarados de Interés Público debería ser una decisión que el Gobierno tome de oficio. No somos optimistas, pero tal vez se pueda presionar para que lo haga.

Por último, en la reciente actualización de la guía clínica de VIH se adoptó al dolutegravir como uno de los medicamentos de primera línea de tratamiento. Actualmente, el costo del tratamiento por mes es de 400 mil pesos, pero si se pudiera comprar el genérico ofrecido por la Organización Panamericana de la Salud el costo sería de menos de 20 mil pesos. Una diferencia considerable, teniendo en cuenta que el tratamiento para VIH es para toda la vida. En este caso, también, el Gobierno podría aplicar la figura de “uso público no comercial”, aprovechando que se reconoce internacionalmente que son herramientas legítimas.

Temas destacados

Este espacio es posible gracias a

*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

Compartir
Preloader
  • Amigo
  • Lector
  • Usuario

Cargando...

Preloader
  • Los periodistas están prendiendo sus computadores
  • Micrófonos encendidos
  • Estamos cargando últimas noticias