Sin narcotráfico la paz sería completa

Sin narcotráfico la paz sería completa
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La propuesta de paz que empezará a regir en el país a partir del próximo 7 de agosto tiene, entre sus exigencias, la negociación con los mayores grupos armados que hacen control territorial en algunos municipios. La negociación tiene varios tintes.

En el caso del ELN, la negociación se realiza en el marco de resolver un conflicto con un delincuente político. Por esto, por la naturaleza política del actor, la negociación tiene unos márgenes que resultan más amplios comparados con el otro tipo de conflicto que también el nuevo gobierno quiere resolver con una negociación. Esto es, negociar con los grupos narcotraficantes, delincuencia común, su sometimiento a la justicia bajo unas condiciones más restrictivas respecto a la negociación con la guerrilla. 

La diferencia más sustancial entre estos tipos de negociaciones es que, por lo general, la negociación con un delincuente político (el que quiere cambiar violentamente un orden político) conduce a un proceso de reincorporación y dejación de armas sin que los exguerrilleros tengan que ir a la cárcel. Por su lado, la negociación con un grupo narcotraficante cuya naturaleza no es considerada política porque no tiene el mismo propósito del delincuente político, es decir el cambio violento del orden establecido, conduce a una negociación marcada bajo las reglas del sometimiento a la justicia, esto supone una pena restrictiva de la libertad, o sea cárcel.

En la situación de la negociación con grupos narcotraficantes, delincuentes comunes, la dificultad central pasa porque estos actores se auto reivindican como de naturaleza política por participar en situaciones donde, en efecto, algunos de estos grupos de narcotraficantes tienen alianzas con políticos que llegan a ser alcaldes, gobernadores entre otros cargos. Situaciones en las cuales los grupos armados que trafican drogas también hacen política social no solo volviéndose fuentes de empleo, sino efectivamente también destinando recursos para atender las necesidades de las poblaciones donde tiene influencia. No solo es plomo lo que ha permitido la consolidación de redes de narcotráfico en distintos territorios del país.

Este tipo de actividades conducen a un grupo de narcotraficantes a reclamar el mismo trato que el Estado da a la guerrilla, delincuente político y, con ello, los mismos beneficios, entre esos no ir a la cárcel. Sin embargo, como estos grupos no han buscado un cambio revolucionario del orden político actual, así asesinen policías, siguen siendo considerados por la legislación y distintos actores políticos como delincuentes comunes.

Los hechos de poder, no obstante la distinción realizada, ponen en cuestión que tan “comunes” son esos delincuentes. La manifestación de poder de este tipo de organizaciones sobrepasa lo común o usual de la delincuencia. Un delincuente común, como lo entiende un ciudadano de a pie, no tiene el poder para paralizar varios municipios en regiones de distintos departamentos. Asunto que sí han logrado hacer estos grupos narcotraficantes.

Siendo ambas negociaciones complicadas para el nuevo gobierno, resulta de mayor problemática la segunda porque en estos momentos el desacuerdo de fondo es sobre la concepción de la naturaleza del actor: político o delincuente común. Sin un acuerdo sobre este aspecto la negociación no puede avanzar. Justamente porque el ELN y el nuevo gobierno coinciden en la naturaleza de la actuación de la guerrilla, delincuentes políticos, es que están constituyendo el escenario para la negociación política de la paz.

El desmonte del narcotráfico también demanda dar respuesta a los cultivadores y a los consumidores. En esa ruta, el nuevo gobierno radicó con su bancada en el Congreso de la República proyectos de ley para la regulación del mercado del cannabis para uso adulto (recreativo, lúdico o terapéutico). También es posible que vuelva a presentarse el proyecto de ley del periodo pasado tendiente a la regulación de la hoja de coca y el derivado cocaína. Proyectos de este tipo permitirían que los cultivadores y los consumidores accedan a un mercado regulado legalmente por el Estado.

La paz completa, entonces, exige terminar el conflicto político con la guerrilla y, a la vez, también la guerra contra las drogas. El gobierno que empezará el 7 de agosto tiene cuatro años para implementar un acuerdo de paz con el ELN y lograr la extinción de los grupos armados beneficiados del narcotráfico al implementar una política distinta a la tradicional guerra contra las drogas.

Los alcances de esta paz propuesta por el nuevo gobierno suscitan preguntas: ¿es la paz completa una paz posible, alcanzable? ¿puede lograrse en cuatro años? ¿están dispuestos los colombianos a tragarse otros “sapos” por la paz, por ejemplo, que los narcos no paguen cárcel? ¿cuál papel desempeñaran las fuerzas militares en la consolidación de esa paz? ¿ese modelo de paz será respaldado por las altas Cortes? Los hechos nos darán el material para responder estas preguntas generadas por la política de paz completa del nuevo gobierno. 

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