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¿A quién le duelen nuestros(as) muertos(as)?
Es una pregunta que está muy presente en nuestra cotidianidad: la muerte de una persona afrodescendiente es invisible para el sistema de justicia colombiano e ignorada por gran parte de la sociedad.
Históricamente, este grupo de seres humanos vienen experimentando múltiples sufrimientos y dolores a causa de una guerra que sigue impactando de manera desproporcionada cuerpos, vidas y territorios que han sido racializados y empobrecidos.
Una guerra que no solo extermina de forma física, sino que también aniquila el espíritu y lo que representas como ser. Esta realidad no corresponde a un hecho aislado, sino que está anclada a un racismo histórico-estructural que sigue muy vigente en nuestro país, porque ubica a personas afrodescendientes en una zona de no-lugar en esta sociedad. Este no-lugar termina constituyendo una política para la muerte de nuestras comunidades, porque les niega la posibilidad de acceder a derechos esenciales como agua, salud, educación o empleo.
Pero también les quita un derecho fundamental: la vida, que les es arrebatada de la forma más violenta.
El 29 de octubre de 2021, las organizaciones Jóvenes Creadores del Chocó, Explosión Dance, Black Boys Chocó y la Asociación de Venezolanos en el Chocó decidieron movilizarse a través de la Galería de “Sueños Apagados”.
Fue un espacio que convocó aproximadamente a 200 familias de los más de 585 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sido asesinados(as) desde el año 2016 hasta octubre de 2021 (según cifras estimadas del portal de la Policía Nacional) en el municipio de Quibdó.
La galería de “Sueños apagados” agrupó lágrimas, dolores y angustias, que en comunidad dieron paso a vivir un duelo colectivo y a honrar la memoria de sus seres queridos(as).
Fue un espacio que invitó también a la reflexión y a la escucha. Un joven manifestaba: “no le interesamos a nadie más que a nosotros mismos; somos nosotros los llamados a honrar y a dignificar nuestros muertos: seres que tenían tantas ganas de vivir como sueños en sus cabezas”.
Las cifras de homicidios, en vez de disminuir, crecen cada día más en Quibdó. Cifras que no parecen tener un fin y se convierten en una crónica de muerte anunciada para la población afro-juvenil de este territorio.
El informe “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”, publicado por el Banco Mundial en octubre de este año, es desgarrador. Colombia se ubicó como el segundo país más desigual de América Latina. Y los efectos de esta realidad se ven en hogares constituidos por afrodescendientes, indígenas, rurales y migrantes.
De acuerdo con el Banco Mundial, a Colombia le tomaría aproximadamente tres décadas y media para salir gradualmente de esta desigualdad. Por lo tanto, las injusticias sociales que afronta la comunidad afrodescendiente y sus descendientes seguirán intensificándose.
Según el Dane, de los cuatro departamentos que conforman la región del Pacífico colombiano, el Chocó es el departamento más empobrecido:
- 45,1 % de personas viven en situación de pobreza multidimensional.
- 90,3 % de la población estuvo ubicada en el trabajo informal.
- 67,0 % no tuvo acceso a agua potable
- 65,5 % no contó con un sistema de alcantarillado.
- 62,9 % de la población presentó un bajo logro educativo.
Estas alarmantes cifras nos permiten comprender una realidad que ha sido histórica para sus habitantes y que, en el contexto de la pandemia, se han seguido recrudeciendo.
Esta es la más clara manifestación de lo que significa ser un joven afrodescendiente en Colombia, donde la muerte social y física les acecha cotidianamente.
La juventud afrodescendiente está siendo exterminada progresivamente en este país y la indiferencia es una constante. En estos territorios se han establecido unos “laboratorios de muerte”, como los denomina la socióloga Aurora Vergara-Figueroa, en los que se despliegan las tecnologías de terror del Estado para contener los cuerpos negros en zonas de exclusión y marginalización.
La constitución de estas geografías racializadas permite pensar la realidad de la antinegritud que opera en las instituciones y relaciones sociales en nuestro país. Estas prácticas le niegan a la población afrodescendiente el acceso a recursos que son esenciales para preservar su existencia.
Hoy, la juventud afrodescendiente no solo lucha para que se le garanticen oportunidades, sino también por el derecho a vivir, a seguir respirando, a seguir soñando, porque atreverse a soñar ya se convierte en un acto de resistencia y de dignidad en medio de este contexto de desesperanza.
La indolencia de este país y la falta de empatía ante el sufrimiento de otras personas no deben seguir siendo una constante en nuestra sociedad. La lucha no debe ser solo de aquellas personas que experimentan esta crueldad. Las muertes de las personas afrodescendientes no debe ser el dolor de un solo grupo, sino que debe convertirse en un duelo colectivo como nación.
Son muertes que nos deben evocar a una reflexión como país para garantizar que la vida sea respetada. Y es importante que aquellos(as) que están en el marco del privilegio y del poder respondan a los gritos de la justicia.
Es urgente transitar hacia un mundo más equitativo, sobre todo para aquellos(as) seres humanos que llevan más de 500 años sin poder respirar, porque siguen aprisionados(as) ante un sistema que les deshumaniza, incluso después de muertos(as).
La juventud de Quibdó y de otros territorios racializados necesitan una vida llena de oportunidades, de esperanza, donde sus sueños afloren, no que sean apagados, silenciados y marchitados.
