Las tres cosas que revela la sentencia contra Epa Colombia

Las tres cosas que revela la sentencia contra Epa Colombia

Una pena privativa de la libertad igual a 63 meses y 15 días de prisión y 492,24175 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2019 es la pena que deberá pagar "Epa Colombia" tras destruir elementos de una estación de Transmilenio en medio de las protestas sociales de hace dos años. La pregunta que muchos se harán es: ¿qué pasó para que el Tribunal Superior de Bogotá revocara parcialmente la decisión de primera instancia en donde se le habían concedido a Daneidy Barrera Rojas varios beneficios, entre ellos el de no ir a prisión?

La respuesta, lejos de opiniones ligeras desde la simpatía que puede (o no) generar Epa, tiene por lo menos dos orillas desde las que se puede analizar.

Una es desde el contenido de la decisión explícita en la sentencia de este tribunal, y la otra es desde lo que un fallo de este tipo significa para un país que vivió más de 50 días de paro y bloqueos, con visita incluida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), justo por la innegable criminalización de la protesta.

El fallo de segunda instancia contra Epa deja tres cosas claras desde su contenido.

En primer lugar, una intención por desestimar procesalmente el actuar de la jueza de primera instancia. Si Epa se allanó a todos los cargos, no podía esta funcionaria -según análisis del tribunal- excluir la instigación a delitos con fines terroristas, como efectivamente lo hizo en el fallo de primera.

En otras palabras, dice el Tribunal: si a la jueza de primera instancia no le parecía que se configuraba el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, debía desestimar el allanamiento y continuar la investigación con su curso normal y no simplemente aceptar el allanamiento y luego absolver por este delito en sentencia.

En segundo lugar, se ve cómo del texto de la sentencia de segunda instancia se hace un especial énfasis en que el delito no era solamente instigar a delinquir, sino que sus fines definitivamente eran terroristas, finalidad que -al supuestamente encontrarse probada- agrava la situación y por la que finalmente está siendo condenada con pena de prisión.

Recordemos que el delito de terrorismo tiene como finalidad causar un estado de zozobra o terror a la población o parte de ella, utilizando medios que afecten varios bienes jurídicos. Por lo que, en principio, cualquier persona del común pensaría la necesidad de que se pruebe que los actos tengan como finalidad causar ese estado.

Sin embargo, el tribunal manifestó que “no es proporcional exigir, para la acreditación del estado de conmoción que genera la instigación a emprender daños a los medios de transporte masivo, que se demuestre que la ciudadanía sintió temor e intranquilidad, a manera de indagar a cada persona su percepción acerca de los ataques; tal entendimiento no se compagina con la valoración razonable de los hechos que, en este caso, son claramente indicativos de que escenas explícitas de destrucción provocan angustia social”. Con esto se indica, en otras palabras, que era clara la angustia social y que para esto no era necesario indagar la percepción ciudadana.

Quizás no había cómo indagar con cada persona, pero sí bastaba ver el vídeo con más de 9.800 me gusta, 7 mil comentarios y compartido más de 15 mil veces para ver cómo los comentarios iban desde los que estaban de acuerdo, pasando por los que repudiaron el acto y llegando a los que hacían de esto un espacio para el humor.

Pero en ningún momento se evidenciaba el fomento de pánico o zozobra que dieran a entender una angustia social, como lo dice el fallo de segunda instancia con el que se condenaron los fines terroristas.

En tercer lugar, preocupa cómo el fallo de segunda instancia enmarca estos actos de destrucción e instigación al delito con fines terroristas por el solo hecho de que se dieron en medio del contexto de la protesta social que, según la Fiscalía, “dan cuenta de la extendida ola de violencia que caracterizó la jornada de protesta del 22 de noviembre de 2019, luego, el acto y la palabra provocadora entrañó mayor nivel de peligro”. Es la misma Fiscalía la que se alegra hoy de la condena "ejemplar" que recibió Epa.

Esta decisión, que usa el contexto del Paro Nacional de 2019 para argumentar por qué los fines de los actos son terroristas, no tiene otra finalidad que asimilar la protesta social a terrorismo.

Ahora bien, estos solo son tres elementos claros que se leen del fallo de segunda instancia, pero no perdamos de vista que acabamos de vivir uno de los momentos de más efervescencia social en el país y que este fallo sale tras numerosas denuncias de abusos por parte de la Fuerza Pública -y también civiles armados con su anuencia-, entre las que destacan lesiones, muertes, desapariciones, violencia sexual contra mujeres y, en general, una gran batería de violaciones a los derechos humanos.

Entre vandalismo y terrorismo se ha movido el discurso del Gobierno para criminalizar la protesta en este país, llamándola “terrorismo urbano de baja intensidad” o directamente “terrorismo vandálico”. Por ello, en nada extraña que ahora lo que es una instigación para cometer delitos sea interpretado por un tribunal como terrorismo, uno que se hace con martillo y que causa toda clase de reacciones en las y los colombianos, menos la de terror.

Este fallo no solo es político con un mensaje de escarmiento a la protesta social para un Estado que no ha parado de justificar las innumerables violaciones a derechos humanos; también es una decisión clasista y patriarcal, que no escatimó en usar un acto delictivo común de una mujer de una clase popular que actuó sin dolo para fines terroristas, como punta de lanza para amedrentar y para enviar un mensaje de estrategias correctivas y patriarcales contra las mujeres que protestan y que salen a la calle como una forma de hacer uso del espacio público que históricamente les ha sido negado.

Así las cosas, ¿cuál es la finalidad del sistema carcelario? ¿Acaso no es "resocializar"? Epa ha pedido perdón, se ha comprometido a pagar todos los daños, ha reconocido que se equivocó, trabaja y ha demostrado jugar dentro de las reglas de la justicia penal colombiana. ¿Qué finalidad tiene la cárcel en estos casos donde no parece tener ninguna más que la de satisfacer las conveniencias de un Estado que insiste en asimilar al terrorismo a cualquier acto de protesta en el país?

Coda. También estamos a la espera de las judicializaciones por los hechos de la noche del mismo 22 de noviembre de 2019 en que por redes sociales se difundieron videos que indicaban erradamente que “vándalos” estaban ingresando a conjuntos residenciales en Bogotá.

Temas destacados

Este espacio es posible gracias a

Mujeres

*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

Compartir
0
Preloader
  • Amigo
  • Lector
  • Usuario

Cargando...

Preloader
  • Los periodistas están prendiendo sus computadores
  • Micrófonos encendidos
  • Estamos cargando últimas noticias