Transición energética 1: contexto y conceptos

Transición energética 1: contexto y conceptos
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Esta columna fue escrita en coautoría con María Alejandra Quintero.

El reciente Foro Mundial de Davos volvió a abrir la discusión y los mensajes cruzados en torno a la velocidad de la transición energética en el país. El Gobierno, en cabeza de su presidente y su ministra de Minas y Energía, ha aclarado que los contratos ya celebrados de Exploración y Producción (E&P) de petróleo, gas y carbón se mantendrán vigentes. Pero la duda parece situarse en si se considerará celebrar contratos nuevos. 

No obstante, aunque en el país parece haberse instaurado cierto consenso en cuanto a la urgencia de cambiar la actual matriz energética de la nación, parece existir poca claridad conceptual en cuanto a qué significa la famosa “transición energética”.

Bajo el panorama anterior, desde la Línea de Investigación Aplicada en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Interculturales planteamos dos entregas sobre la problemática en cuestión. 

En el presente texto, proponemos brindar algunos datos de contexto de la relación entre demanda energética y preocupaciones ambientales para aterrizar la discusión en las diferentes interpretaciones sobre “transición energética”. 

Mientras que, en una entrega posterior, nos focalizaremos en las implicaciones sociales de la transición, haciendo énfasis en la necesidad de su gradualidad, con el fin de diseñar una política de diálogo asertiva con las comunidades en las áreas de influencia de las explotaciones vigentes.

Demanda energética global y gases de efecto invernadero

Lo primero que habría que advertir es que, más allá de los debates característicos de nuestra polarizada coyuntura política, el tema de la transición energética viene cobrando fuerza desde hace tiempo frente a un inminente contexto de cambio climático y eventual agotamiento de los combustibles fósiles.

A nivel global se estima que los combustibles fósiles "comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial [mientras que el] sistema energético es la fuente de aproximadamente dos tercios de las emisiones globales de CO2” (Foster y Elzinga, s.f.).

Según información de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, 2023), a la par que el suministro y consumo de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) han presentado un incremento sostenido en los últimos años, salvo los años de pandemia que reflejaron la desaceleración de la economía mundial (Ver Gráficas 1 y 2). 

Al mismo tiempo, también se ha incrementado la correspondiente emisión de CO2 por estas fuentes de energía (Ver Gráfica 3).

Gráfica 1: Total suministro de energía por fuente a nivel mundial 1990-2020

Gráfica 2: Total consumo de energía por fuente a nivel mundial 1990-2020

Gráfica 3: Emisiones de CO2 por fuente de energía a nivel mundial 1990-2020

Dos características clave determinan el impacto de los diferentes Gases de Efecto Invernadero en el clima: el tiempo que permanecen en la atmósfera y su capacidad para absorber energía. Bajo la premisa anterior, además del CO2, es clave analizar las emisiones de metano. Pues aunque el metano tiene una vida atmosférica mucho más corta que el dióxido de carbono (CO2), alrededor de 12 años en comparación con siglos, absorbe mucha más energía mientras existe en la atmósfera.

El metano es responsable de alrededor del 30% del aumento de las temperaturas globales desde la revolución industrial. Las reducciones rápidas y sostenidas de las emisiones de metano son clave para limitar el calentamiento a corto plazo y mejorar la calidad del aire. 

A pesar de lo anterior y de acuerdo con el Global Methane Tracker 2022, las concentraciones atmosféricas de metano están en aumento. A continuación, en la gráfica 4 de la IEA observamos los principales países productores de metano relacionados con la producción de gas y petróleo en el mundo.

Gráfica 4: total de emisiones en metano en productores de petróleo y gas 2021

Ahora observemos dicha producción discriminada por sectores energéticos. No solo cambian los países con mayor aporte contaminante, sino que en casos como los de India, Brasil, Indonesia y Pakistán, la proporción de la agricultura en la emisión es poderosamente llamativa. 

Gráfica 5: 12 principales emisores de metano por sector 2021

Si analizamos el seguimiento más reciente, proporcionada en la Evaluación Global de Metano (2021), se observa que las emisiones mundiales anuales rondan las 580 Mega toneladas - Mt. Estas incluyen emisiones de fuentes naturales, alrededor del 40% de las emisiones, mientras el 60% restante tienen su origen en la actividad humana, conocidas como emisiones antropogénicas.

Gráfica 6: fuentes de emisión de metano 2021

Bajo las cifras anteriores la mayor fuente antropogénica de contaminación por metano es la agricultura, responsable de alrededor de una cuarta parte de las emisiones, seguida de cerca por el sector energético, que incluye las emisiones del carbón, petróleo, gas natural y biocombustibles.

La Agencia Internacional de la Energía - IEA estima que alrededor de 9 Mt de emisiones de metano provienen de la bioenergía, debido a la combustión incompleta durante el uso tradicional de biomasa para cocinar en economías de mercados emergentes y en desarrollo. 

Este proceso es una fuente importante de contaminación del aire y es responsable de alrededor de 2,5 millones de muertes prematuras cada año. Mientras que, con los combustibles fósiles, las emisiones de metano pueden ocurrir en cualquier punto durante la producción, procesamiento, transporte y uso final.

Gráfica 7: emisiones de gases contaminantes por fuentes de energía 2000 - 21

La anterior gráfica No 7, combina las estimaciones de emisiones de metano publicadas por la IEA, las estimaciones de óxido nitroso y emisiones de CO2 relacionadas con la quema y el agregado de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. 

Este análisis muestra que las emisiones generales de gases efecto invernadero (GEI) provenientes de fuentes de energía aumentaron a su nivel más alto en 2021. Las emisiones totales de GEI alcanzaron 40,8 Gt de CO2 equivalente en 2021. 

Las emisiones de CO2 de la quema de energía y los procesos industriales representaron cerca del 89% de las emisiones de GEI del sector energético en 2021. La emisión de CO2 de la quema de gas representó otro 0,7%. Como ya se había mencionado, más allá del CO2, las emisiones de metano fugitivas y relacionadas con la combustión representan un peso representativo, cercano el 10% del total en 2021.

Ahora bien, la pandemia de Covid-19 tuvo un impacto de gran alcance en la demanda de energía en 2020, reduciendo las emisiones globales de CO2 en un 5,2%. Sin embargo, el mundo ha experimentado una recuperación económica extremadamente rápida desde entonces impulsada por un estímulo fiscal y monetario sin precedentes y una implementación rápida, aunque desigual, de vacunas. 

La recuperación de la demanda de energía en 2021 se vio agravada por el clima adverso y las condiciones del mercado energético, lo que provocó que se quemara más carbón a pesar de que la generación de energía renovable registró su mayor crecimiento anual histórico.

El caso colombiano

¿Cuál es el comportamiento de Colombia frente a la dinámica global? De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme, como se citó en MinEnergía, 2021), el consumo de combustibles fósiles se ha incrementado significativamente en los últimos años. 

Para el 2019 la demanda nacional de energía primaria correspondió al 76,5% para este tipo de fuentes (Ver gráfica 8). Entre tanto sabemos que el aporte a los GEI por parte del sector energético en el país corresponde al 31% (Departamento Nacional de Planeación, 2022).

Gráfica 8: Curvas históricas del suministro total de energía primaria por fuentes (izquierda) y distribución del consumo interno de energía primaria por fuente para el año 2019 (derecha)

De acuerdo con el portal Colombia de la Agencia Internacional de Energía, en el 2020 nuestro país emitió más de 36.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, solamente considerando la industria petrolera, sin contar el carbón y el gas natural (Gráfica 9). 

Seguramente este volumen se ha incrementado de la mano de la revitalización productiva a lo largo de 2021, como en el resto del mundo. Sin embargo el portal de la IEA aún no registra dicho incremento, como sí lo hace con los datos agregados globales.

Gráfica 9: Emisiones de CO2 en Colombia por fuente

El Diario la República, que utiliza datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), llega a resultados similares y tal como se muestra en la siguiente infografía realizada por este medio, se permite afirmar que:

"Colombia ocupa el puesto 47 a nivel mundial en emisiones anuales de CO2 y el sexto en América Latina, con 77 millones de toneladas (petróleo, gas y carbón agregados), lo que evidencia que su impacto ambiental es mucho menor frente a otros países como Brasil, que es el mayor contaminante de la región, con 489 millones de toneladas; seguido por México, con 418 millones de toneladas; Argentina, con 189 millones de toneladas; Venezuela, con 104 millones de toneladas; Chile, con 85 millones de toneladas; Perú, con 55 millones de toneladas; Cuba, con 24 millones de toneladas; Paraguay, con 8 millones de toneladas; y Uruguay, con 6,77 millones de toneladas". (Diario la República, 2023)

Volviendo a la información de la IEA (2023) para nuestro país, vale la pena observar que de las 77 millones de toneladas emitidas el transporte es por mucho el sector más contaminante, seguido por la industria y la producción de energía.

Gráfica 10: Emisiones de CO2 en Colombia por sector

La agenda medioambiental y los conflictos hídricos

A la ecuación se suman los compromisos internacionales que ha venido adoptando el país. Según el Acuerdo de París (tratado internacional legalmente vinculante), nuestra meta es reducir el 51% de las emisiones de GEI para el 2030, compromiso que cada cinco años se debe ajustar a objetivos más ambiciosos en los llamados planes nacionales de Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN), hasta lograr que en el 2050 seamos carbono neutrales (República de Colombia, 2020; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

Además, de acuerdo con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (más conocido como Acuerdo de Escazú), adoptado en el 2018, entrado en vigor en el 2021, y ratificado por el Congreso de Colombia apenas en el 2022, se atribuye al Estado colombiano el deber de:

"garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. (ONU, 2022, p. 14)

En síntesis, el Acuerdo de Escazú garantiza la protección de los defensores medioambientales, así como la prevención de los conflictos ambientales, garantizando la participación de las personas involucradas. 

Este acuerdo podría prevenir situaciones como la de la concesión de licencia exploratoria para la explotación de hidrocarburos, que el Estado pensaba otorgar en un sitio tan importante como Caño Cristales, a pesar del enorme impacto ambiental que podría generarse a este ecosistema y sin la participación de las comunidades que dependen del turismo local.

A continuación, podemos hacernos una idea espacial al ubicar los lugares con mayor exposición a la producción de hidrocarburos en el país, utilizando el Sistema de Información Geográfica del Instituto de Estudios Interculturales.

Mapa 1: Producción de hidrocarburos Colombia

Fijando esa información en la mente, podemos ahora compararla con los resultados que para Colombia realizan las herramientas de filtro de riesgo de WWF. El filtro de riesgo de agua representa las condiciones de las cuencas fluviales tanto naturales como inducidas por el hombre. Comprende cuatro categorías de riesgo que cubren diferentes aspectos de los riesgos físicos: escasez de agua, inundaciones, calidad del agua y estado de los servicios de los ecosistemas.

Utilizando esta herramienta, podemos ver que, aunque nuestro país es altamente fecundo en agua, no está exento de diferentes variables de riesgo físico por cuencas (mapa 2) que geográficamente coinciden con la explotación de hidrocarburos en regiones como el Meta, Casanare, el Huila, el Perijá y el Magdalena medio.

Mapa 2: Filtro de riesgo del agua por cuencas - Colombia

La relación entre agua y explotación petrolera es uno de los factores que más puede incidir en nuestras preocupaciones internas (Caracterización de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos con enfoque diferencial, poblacional y territorial - IEI 2021). 

De acuerdo con el IDEAM (2019), los conflictos asociados a la demanda hídrica se relacionan con el volumen de agua que es usada en la exploración, producción, transporte y refinación del petróleo.

Mapa 3: Explotación de hidrocarburos Vs. uso de la tierra - Colombia

Como podemos observar en el mapa anterior de cobertura y uso de la tierra vs. explotación petrolera: el agua que se usa en el sector de hidrocarburos se obtiene de fuentes hídricas que usualmente sustentan también las dinámicas poblaciones de comunidades rurales, además de la biodiversidad. 

Lo anterior suele desencadenar conflictos asociados al acceso a dicho “recurso”, en los que, en no pocas ocasiones, se minimiza o desconoce la relación que establecen las comunidades con las fuentes hídricas o humedales, que va más allá del aprovechamiento o beneficio económico.

Los modelos de transición energética

Ahora bien, luego de revisar factores como el de la demanda energética global y nacional, así como los contextos socioambientales de nuestra explotación petrolera, revisemos conceptualmente la transición energética.

Rabí, Pino y Fontecilla (2021) señalan que el término Transición Justa (TJ) bien puede remontarse hasta la década de los 70s en el norte global, cuando sindicatos del sector energético comenzaron a preocuparse por las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores en relación con los daños medioambientales de la industria. 

Asimismo, en un sentido estrechamente vinculado con la fuerza de trabajo, el término figura en el preámbulo del Acuerdo de París del 2015 (COP 21), reiterándose en la COP24 con la Declaración de Silesia sobre Solidaridad y Transición Justa del 2018.

Los autores referidos anteriormente resaltan, de igual forma, el proyecto de investigación adelantado por el Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, conducido por Morena et al. (2018). 

Realizaron un mapeo de los usos asociados a la TJ en diferentes contextos, logrando identificar cuatro abordajes típico-ideales, que varían en un espectro cuyos polos sitúan en un extremo las transiciones que buscan conservar la política económica actual y en el otro aquellas que buscan una transformación radical de los sistemas económicos y políticos imperantes.

Tabla 1: Abordajes típico-ideales de la Transición Justa

En la revisión de la literatura que realiza Rivera (2020) sobre TJ se señala que si bien la mayoría de los estudios se adhieren a una perspectiva centrada en las transiciones energéticas, cada vez cobran más fuerza investigaciones que reconocen la necesidad de incorporar a la transición las perspectivas de justicia social y justicia ambiental. Opinión que comparten Rabí, Pino y Fontecilla (2021), para quienes

"Las miradas convencionales -hoy dominantes- centran la transición en un proceso de cambio y sustitución tecnológica para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Esto mediante la incorporación de nuevas formas de generación con fuentes renovables y la búsqueda de la eficiencia energética (Banco Interamericano de Desarrollo, 2021). Por su parte, las miradas alternativas, además del cambio en la matriz energética, comprenden a la transición como un proceso de transformación integral, territorialmente situado y plural" (p. 10).

Rivera (2020) propone, además, que:

"la TJ se encuentra vinculada a los conceptos de justicia energética y justicia climática. El primero abarca las dimensiones de la justicia distributiva (efectos de la política energética), procesal (participación) y de reconocimiento (demandas de los colectivos afectados) (García-García et al., 2020). Por su parte, la justicia climática, destaca las cuestiones de la responsabilidad histórica, equidad per cápita, desarrollo, derechos humanos y ambientales" (Schlosberg y Collins, 2014 p. 4).

Retomando a Rabí, Pino y Fontecilla (2021), surge un importante llamado a pensarse la TJ desde la perspectiva latinoamericana, reconociendo que la región “vuelve a posicionarse como un territorio fértil para la generación de riqueza energética. Esta vez, de la mano de energías renovables y de los minerales críticos necesarios como materia prima para su oferta” (CEPAL y BID, como se citaron en Rabí, Pino y Fontecilla, 2021, p. 7). 

Reconociendo que este es aún un concepto en disputa, proponen entonces la siguiente definición de Transición Justa para Latinoamérica:

"una transición energética que transforme las relaciones de poder entre los grandes emisores y el resto del mundo, para detener el avance y profundización de los conflictos socioambientales en los territorios. Del mismo modo, busca potenciar los procesos de restauración ecológica, la soberanía energética, una democracia participativa y el respeto irrestricto a los derechos humanos, reconociendo y prestando especial atención a los grupos usualmente excluidos y vulnerados de la región (…). Para ello, el cambio tecnológico hacia fuentes renovables debe traducirse en una oportunidad para transformar nuestro modelo económico hacia uno que permita el respeto a los límites planetarios, una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas y los ecosistemas, la creación de empleos dignos y un desarrollo local basado en la autodeterminación de los pueblos que tenga como centro el buen vivir" (Rabí, Pino y Fontecilla, 2021, p. 33).

A la que agregan seis principios para implementar una TJ desde el sur global.

Tabla 2: Principios para la Transición Justa desde el sur global

Finalmente, existen también importantes iniciativas sobre TJ a nivel internacional. Del lado de las organizaciones internacionales existen las Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2015. 

En ellas se establece que “una transición justa para todos hacia una economía ambientalmente sostenible (…) debe gestionarse correctamente y contribuir al logro de los objetivos del trabajo decente para todos, la inclusión social y la erradicación de la pobreza” (OIT, 2015, p. 4). 

Estas directrices contienen, además, una serie de principios rectores para lograr la transición hacia unas economías y sociedades ambientalmente sostenibles.

  • Es preciso contar con un consenso social sólido sobre el objetivo de la sostenibilidad y las vías para alcanzarlo. El diálogo social debe formar parte integrante del marco institucional para la formulación y la aplicación de políticas en todos los niveles.
  • Respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
  • Tomar en consideración la clara dimensión de género de muchos de los desafíos y de las oportunidades ambientales.
  • Las políticas de los ministerios de economía, medio ambiente, asuntos sociales, educación y formación, y trabajo deben ser coherentes entre sí a fin de crear un entorno propicio para que las empresas, los trabajadores, los inversores y los consumidores acepten e impulsen la transición hacia economías y sociedades incluyentes y ambientalmente sostenibles.
  • Esas políticas coherentes deben también constituir un marco de transición justa para todos con el fin de promover la creación de más empleos decentes e incluso, si procede, prever la repercusión en el empleo y favorecer una protección social adecuada y sostenible frente a la pérdida de empleos y los desplazamientos, así como el desarrollo de competencias y el diálogo social incluido el ejercicio efectivo del derecho de sindicación y de negociación colectiva.
  • En la ejecución de las estrategias de desarrollo sostenible se ha de fomentar la cooperación internacional entre los países. (OIT, 2015, pp. 6-7).

Recordemos también que otro aporte, esta vez desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), es la Declaración sobre Transición Justa del 2021. En ella, se establecen una serie de principios que bien vale destacar, en la medida en que pueden ser desescalados a niveles regionales y locales de acción para el caso colombiano.

  1. Apoyar a los trabajadores durante la transición hacia nuevos puestos de trabajo.
  2. Apoyar y promover el diálogo social y la participación de las partes interesadas.
  3. Elaborar estrategias económicas que conduzcan al desarrollo sostenible, incluido el apoyo a los países que dependen de los combustibles fósiles para diversificar sus economías.
  4. Trabajo local, inclusivo y digno.
  5. Aplicar los principios de la TJ a lo largo de la cadena de suministro, mediante el uso de normas reconocidas de debida diligencia.
  6. Comprometerse a informar sobre el progreso de la TJ en el marco del Acuerdo de París y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (IndustriALL Global Union, 2021).

Ciertamente, la TJ no es algo que ocupe solo a los acuerdos celebrados por Estados en el marco de las organizaciones internacionales, sino también a los movimientos sociales que, como en América Latina, han adelantado iniciativas como la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la Madre Tierra, celebrada en el 2010 en Bolivia. 

En su versión del 2019, la Declaración de la Cumbre de los Pueblos, hace un llamado a

la transición justa y las soluciones verdaderamente sustentables, fuera de los mercados y el extractivismo, basadas en la soberanía territorial, en las prácticas, culturas y economías locales, en condiciones de trabajo y vida dignas, así como en el intercambio solidario entre pueblos y comunidades. (Cumbre de los Pueblos, como se citó en Rivera, 2020, p. 6)

La Transición Energética Justa (TEJ)

Así pues, a partir de las anteriores tipologías revisadas: ¿cuál es el modelo que busca implementar el actual gobierno? Valdría la pena comenzar esta discusión advirtiendo que para Colombia es totalmente novedosa. 

Nuestro país desde 2016 ya había lanzado un ambicioso Plan Energético 2050, que tiene como objetivo diversificar los recursos energéticos del país y garantizar un suministro de energía confiable al incluir plantas de energía eólica, solar fotovoltaica y generación de energía geotérmica en la matriz eléctrica del país.

Ahora bien, como es de dominio público, las hoy Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 plantean cinco transformaciones que guiarían el actuar del nuevo gobierno colombiano. Una de ellas, la internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, indica dentro de sus pilares clave:

"Avanzar hacia una transición energética que integre de manera eficiente más energía renovable. (…) Y realizar la transformación energética de manera progresiva, de tal forma que los excedentes del petróleo y del carbón contribuyan a la financiación de las economías alternativas (énfasis añadido)" (Departamento Nacional de Planeación, 2022, p. 111).

De manera subsecuente, el Ministerio de Minas y Energía (MinEnergía, 2022) ha presentado una propuesta denominada Diálogo Social para definir la hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia, sobre la cual es nuestro propósito brindar aportes, tomando como referente la experiencia que, en materia de diálogo social intercultural y diálogo social en la industria minero-energética, tiene el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

La propuesta del Min. Energía (2022) tiene como objetivo general: “desarrollar en un periodo de seis meses un Diálogo Social para definir la hoja de ruta de la Transición Energética Justa (TEJ), incorporando perspectivas étnicas, culturales, territoriales y de género” (p. 21. Énfasis añadido).

Para lograr lo anterior se plantea el desarrollo de cuatro fases de trabajo.

  1. Planeación y preparación, de un mes de duración, que tendría como propósito la interacción con expertos y grupos de interés, la definición de los mecanismos de participación e inventario de información para los análisis requeridos y la realización de un Diálogo Nacional. 
  2. Creación de la visión para establecer las metas deseadas (cuantificables) y los plazos para lograrlas, que incluye el análisis integral del sistema energético. Tiene una duración de dos meses durante los cuales se realizaría un taller para la identificación de metas y objetivos de largo plazo. Esta fase se divide, a su vez, en: análisis de contexto y normativa, potencial de producción, estimación de demanda potencial, análisis económicos e impactos fundamentalmente ambientales (agua, tierras, reducción de GEI y biodiversidad). 
  3. Diseño de la hoja de ruta, estableciendo los habilitadores regulatorios requeridos y los análisis de riesgos y brechas, con una duración de tres meses, en la cual se realizaría un taller de identificación de barreras y priorización de medidas y plazos. Terminaría con la consolidación del documento de Hoja de ruta para la TEJ en Colombia en un Diálogo Nacional de lanzamiento. Esta fase se divide, a su vez, en: habilitadores regulatorios, análisis preliminar de riesgos, análisis de brechas, documento hoja de ruta, socialización, revisión y ajustes, y lineamientos de programas y proyectos estratégicos. 
  4. Implementación y actualización, para la cual no se establece un periodo de tiempo determinado, y que se intuye comenzaría en el séptimo mes del cronograma propuesto (Ver Gráfica 12).

Gráfica 12: Articulación de las fases y ejes transversales con sus actividades principales para la construcción de la hoja de ruta para la Transición Energética Justa en Colombia

Ahora bien, sobre el concepto de TEJ, aunque la propuesta no plantea una definición específica, sí ofrece cuatro principios articulados a la misma. Estos son i) la equidad en la democratización de los recursos energéticos, aunada a una gestión energética respetuosa de los ecosistemas y con menos impactos socioambientales, ii) la gradualidad, soberanía y confiabilidad en el proceso de sustituir progresivamente las fuentes energéticas fósiles para diversificar la matriz energética, iii) la participación social vinculante, encaminada a impulsar la creación de comunidades energéticas que faciliten la integración de la ciudadanía a la cadena de valor de la industria como consumidores-generadores de electricidad y iv) el conocimiento intensivo, traducido en la educación e investigación necesaria para fomentar los cambios que requiere la TEJ, proceso que sería dinamizado por la creación del Instituto de Transición Energética (MinEnergía, 2022).

La siguiente tabla 3 resume además los componentes que la propuesta considera necesarios para la TEJ.

Tabla 3 Componentes para la Transición Energética Justa

Apuntes al diseño del diálogo social para la transición energética justa

Algunos elementos pueden irse concluyendo respecto a este polémico pero necesario debate.

  1. Efectivamente existe una preocupación global por descarbonizar las economías y transitar hacia producciones y consumos menos contaminantes.
  2. Sin embargo, la coyuntura de la pandemia y el conflicto europeo entre Rusia y Ucrania están devolviendo las transformaciones en las matrices energéticas europeas y globales, haciendo que el consumo de petróleo, gas y carbón coloquen su demanda a niveles elevados.
  3. La atención del cambio climático parece concentrarse en la producción de hidrocarburos y CO2. Sin embargo, el consumo en el sector transporte debería ser uno de los primeros blancos en la agenda de trabajo mundial. Igual atención merecería la emisión de metano en fuentes agropecuarias.
  4. Aunque Colombia no sea un jugador de talla global en el contexto de la emisión de gases efecto invernadero, habría que profundizar la relación entre el agua como el bien más preciado de los siglos por venir y las regiones donde se extraen las materias primas de hidrocarburos.

Las premisas anteriores pueden ser de utilidad para analizar las tipologías de transición energética revisadas en el presente texto. Como se mencionó con anterioridad, la propuesta planteada por el MinEnergía no establece una definición específica del concepto de la Transición Energética Justa.

Esto bien puede suponer una apuesta del Gobierno Nacional por no limitar el proceso de diálogo a un inamovible, optando entonces por construir el concepto mismo junto con los actores involucrados en el proceso. 

De ser esta la opción, valdría entonces la pena incorporar ésta intención específica a los objetivos que figuran en el documento actual del Ministerio. No obstante y pese a que pueda ser este el escenario probable, debe considerarse que la Transición Justa es un tema que cuenta ya con importantes insumos que podrían tenerse en cuenta. 

¿Quizás esta es la fuente de las diferentes interpretaciones que respecto a la celeridad y profundidad de este proceso parecen convivir al interior del actual gobierno? Por lo tanto, establecer un marco conceptual formalmente socializado y aceptado al interior del ejecutivo puede servir para disminuir la disonancia interna.

En ese orden de ideas, se podría añadir a la actual propuesta del Ministerio, en la Fase 1 de planeación y preparación, la construcción de algún tipo de estado del arte sobre el tema, incorporando en él no solo los avances en términos de referentes conceptuales, sino también un ejercicio de benchmarking sobre experiencias prácticas de transición justa que sirvan de referente.

En todo caso, este insumo seguramente tendrá que ser contrastado y ajustado con la realidad particular de nuestro país. Difícilmente podrá escapar a la paradoja internacional en la que se pretende descarbonizar las economías pero al mismo tiempo aumenta la demanda global de energía. 

En todo caso parece urgente establecer una discusión sobre el concepto mismo de la transición, el cual en la metodología diseñada no solamente guiará lo acordado en la hoja de ruta, sino que establecerá los marcos interpretativos de las metas deseadas y plazos que se plantea establecer en la Fase 2 del proceso en cuestión.

En la próxima entrega de este texto, seguiremos profundizando en las implicaciones sociales de la transición, en especial en lo que tiene que ver con el diseño de una política de diálogo asertiva con las comunidades en las áreas de influencia de los posibles territorios protagonistas de la transición.

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