Transición energética, desarrollo y seguridad

Transición energética, desarrollo y seguridad
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Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario

La transición energética se ha convertido en uno de los pilares de las políticas públicas globales. Es uno de los factores que promueve un desarrollo sostenible global y la resiliencia climática, lo cual implica desarrollar una visión, generar nuevas competencias laborales con los respectivos puestos de trabajo, estimular el crecimiento y generar beneficios sociales y sanitarios.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la transición energética no es un proceso uniforme y único para todos, sino al contrario cada país debe definir el proceso que logre un beneficio óptimo para su sociedad generando seguridad energética, un servicio confiable y de calidad.

Estudios de la Agencia Internacional de Energía (AIE) han identificado una serie de elementos que deben tener en cuenta los hacedores de política pública y tomadores de decisiones. 

Estos elementos permiten fortalecer el proceso y lograr su efectividad y cumplimiento de objetivos a nivel global. Pero también implican inversiones, garantizar la seguridad energética, la sustitución de fuentes energéticas, evaluar y controlar las nuevas vulnerabilidades y lograr que los mercados funcionen. A continuación, se describen las 10 recomendaciones de la AIE para lograr una transición energética efectiva y segura para la sociedad.

1. Sincronizar y escalar un rango de tecnologías de energía limpia en la medida que se reducen las de combustibles fósiles. 

Esto implica fomentar las inversiones en nuevas tecnologías e innovaciones en energía limpia. Sin embargo, la reducción en inversiones en energías tradicionales debe revisarse y realizarse escalonadamente para prevenir cambios bruscos en los precios de los combustibles.

2. Abordar el lado de la demanda y priorizar la eficiencia energética. 

Ya que esta opción es una herramienta para múltiples objetivos de política, reduciendo las presiones sobre los consumidores y su vulnerabilidad a los precios altos y volátiles del combustible, disminuye la dependencia de las importaciones de combustible e impulsa el progreso hacia los objetivos climáticos, al tiempo que fomenta el empleo y el crecimiento.

3. Reducir la pobreza energética y ayudar a las comunidades pobres en la nueva economía energética.

El aumento de los precios de la energía podría generar problemas en seguridad energética al no poder pagar los servicios energéticos básicos. Por ello, se requiere diseñar políticas específicas en la materia, para garantizar que las comunidades desfavorecidas y vulnerables tengan un mejor acceso a energía moderna, asequible, segura, de calidad y sostenible.

4. Buscar estrategias para reducir el costo de capital en mercados emergentes y economías en desarrollo.

Esto es un obstáculo para desplegar de infraestructura y tecnologías de energía limpia y poder mitigar los riesgos específicos del sector y de toda la economía. Pues, no puede generar o bloquear las inversiones oportunas y rentables que se requieren en un proceso efectivo de transición energética.

5. Gestionar la retirada y reutilización de la infraestructura existente cuidadosamente.

Parte de esta infraestructura es necesaria para una ruta segura hacia la neutralidad, ya que un retiro no planificado, caótico o prematuro podría tener consecuencias negativas para la seguridad energética y las comunidades. 

Por lo tanto, se deben buscar opciones para que los sistemas nuevos y antiguos funcionen en paralelo durante la transición y fomentar la gestión eficaz de sus interacciones es fundamental.

6. Abordar los riesgos específicos que enfrentan economías productoras.

Teniendo en cuenta que dependen en gran medida de los ingresos de los combustibles fósiles, enfrentan desafíos particulares y tensiones potenciales en la transición energética, con efectos colaterales potenciales para la seguridad energética y las emisiones si no logran una transición responsable hacia la nueva economía energética.

7. Invertir en flexibilidad.

Es una nueva consigna para la seguridad eléctrica, lo que implica aplicar medidas para garantizar el funcionamiento fiable y flexible de un sistema que presenta mayor variabilidad tanto en la oferta como en la demanda. También se debe garantizar la resiliencia frente a las nuevas amenazas a la ciberseguridad.

8. Garantizar cadenas de suministro de energía limpia diversas y resilientes.

Precios altos y volátiles de los materiales críticos y las cadenas de suministro de energía limpia altamente concentradas podrían retrasar las transiciones energéticas y hacerlas más costosas. Las políticas para promover la oferta diversificada, así como la innovación del lado de la demanda, son esenciales.

9. Fomentar la resiliencia climática de la infraestructura energética. 

Los gobiernos deben actuar para garantizar que el sistema tenga la capacidad de anticipar, absorber, adaptarse y recuperarse de los impactos adversos como son los fenómenos metereológicos.

10. Proporcionar una estratégica que aborde las fallas del mercado, sin desmantelarlos.

Esto garantiza transiciones energéticas seguras, pero pueden recibir una asistencia de mercados que funcionen bien y mecanismos que reflejen los costos de la contaminación, al atraer capital privado y asignarlo de manera eficiente.

Estos elementos muestran, que si bien avanzar hacia cero emisiones netas trae beneficios, el proceso de transición también conlleva riesgos. Para poder contar con un sistema energético seguro se requiere una inversión adecuada en mecanismos que proporcionen amortiguadores apropiados en el sistema si se presenta alguna falla.

Además, la actual crisis energética reafirma la necesidad de invertir en un marco que anticipe nuevos riesgos de seguridad energética en una era de descarbonización, lo cual es fundamental para cualquier país que quiera lograr una seguridad energética con beneficios.

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