Tres quincenas a sangre y fuego

Los colombianos tenemos muy claro que el detonante del paro, que inició el 28 de abril, fue la reforma tributaria propuesta por el ministro Carrasquilla. En realidad, muchos presentían que el llamado de los convocantes atraería a multitudes que llevarían su propio “memorial de agravios” para unirlo al grito unificado de la protesta social. Este memorial de agravios del “establecimiento” (que no es lo mismo que el Gobierno, hoy encabezado por el presidente Duque) nos afecta a todos. En este punto vale precisar que al establecimiento colombiano lo han conformado innumerables gobiernos, congresistas y magistrados, responsables de los “agravios”. Pero también este establecimiento ha sido gestor de programas sociales que nos han evitado décadas de mayor sufrimiento social, al estilo de varios países latinoamericanos del siglo XXI.

Y, por supuesto, todos reclamamos la atención del Gobierno nacional a la pandemia y que ojalá los compatriotas más pobres tuvieran salud, empleo y educación gratuitos. Con este criterio de solidaridad en mente todos quisiéramos también que se pudieran cumplir las demás aspiraciones de tantos sectores poblacionales.

En efecto, multitud de colombianos bajo la línea de pobreza quisieran contar con un empleo o en su ausencia con la renta básica de un salario mínimo y todos quisiéramos dentro de lo razonable que así fuera, si se pudiera. En este orden de raciocinio, los industriales colombianos, aquellos que no son competitivos internacionalmente, piden algún tipo de defensa de la producción nacional y por qué no protegerlos, pensaríamos todos, mientras respeten el derecho del consumidor a recibir la mejor calidad y precio; los estratos 1, 2 y 3, aspiran a contar con acceso gratuito a la educación superior universitaria y es posible apoyarlos unánimemente en esto; los transportadores piden un régimen de protección, y si dichos apoyos no afectaran a la mayor parte de la economía, todos los apoyaríamos; y, para concluir, sin agotar el listado de “agravios”, los trabajadores de salud exigen su formalización, petición que apoyamos todos.

 Tres quincenas a sangre y fuego que recuerdan a la Comuna de París

 Pocos analistas políticos, sin embargo, vaticinaron que el detonante mencionado y los sentimientos de agravio dispararían tal estallido social. Dicho estallido ha sido de semejante magnitud que alguno de mis amigos, que vive en la “civilizada” Europa, comparó esta conflagración con la Comuna de París de 1871. Y encuentro que tiene en parte razón, al recordar la historia del nacimiento de la Tercera República francesa, hace exactamente 150 años.

Entre otros, los hechos de la protesta social violenta que hemos vivido en Colombia a semejanza del episodio comunero parisino son los siguientes.

La destrucción parcial de los sistemas de transporte masivo en la mayoría de las ciudades del país, empezando por Bogotá; bloqueo de vías en varios puntos estratégicos del territorio nacional; el intento de incendio de la Alcaldía de Popayán; el incendio del Palacio de Justicia en Tuluá y de varios despachos judiciales; y, para no extendernos más, el incendio parcial del Registro de Instrumentos Públicos de Pasto. Pero, el punto más doloroso a comparar con la tragedia de la Comuna antes citada es el que Human Rights Watch acaba de proporcionar.

Dicha entidad internacional ha constatado que en las protestas han ocurrido 34 muertes, incluyendo en esta cifra civiles y policías. Y muchas de estas muertes fueron causadas con sevicia y torturas. A esto se suman miles de heridos, según informes del Ministerio de Defensa. ¿Cómo no pensar en la barbarie de la Comuna?  

Pero miremos las cosas con cabeza fría. Las pérdidas económicas que hemos sufrido son cuantiosas, pero las cifras en pérdidas de vidas humanas no llegan a compararse con las de la primavera de 1871 en París. Es claro, sin embargo, que nuestra propia versión de la Comuna, tomada casi como un aniversario paralelo de la historia, todavía está por escribirse.

Solo creemos que nuestra supuesta Comuna no terminará como la francesa, con más de veinte mil muertos, ni con el parto de un gobierno aparentemente democrático pero tristemente regresivo, como sucedió en 1871. Cabe recordar solamente, para justificar tal afirmación, que dicha “república” se caracterizó por impulsar el colonialismo despiadado de ultramar. Pero la Tercera República tampoco fue justa casi en ningún sentido (algunos logros tuvieron, como es obvio). Entre otras cosas, allí ocurrieron sistemáticos y regresivos episodios de aplicación aberrante de la justicia, de los cuales el más conocido es el llamado “caso Dreyfuss”.

Foto 1. La Comuna de París, 1871. Fuente. Wikipedia.           

¿Qué piensan los colombianos del paro?

Uno diría que la sola posibilidad de llegar a escalar este conflicto social (aún de baja intensidad si lo comparamos no solo con la mentada Comuna, sino con otros episodios más cercanos de nuestra historia reciente) debería llevarnos siquiera a desistir de la idea de apoyar la continuación de las marchas sociales. Ya la reforma tributaria se cayó, el establecimiento oyó los demás argumentos de las marchas y hay un comité de negociación. ¿Es que acaso los marchantes, que corren todos los riesgos, son una herramienta de negociación y presión del Comité?

Las respuestas a las inquietudes anteriores no son fáciles. Sin embargo, el 75 por ciento de los colombianos creen que el país debe seguir marchando, según una encuesta de la empresa Mobimetrics.co, recién conocida en los medios. Es claro, a partir de dicha encuesta, que la gran mayoría de la gente piensa que es necesario seguir protestando para que se cumplan sus aspiraciones económicas y sociales. Y dichas aspiraciones son tan amplias, sectorialmente, que explican que tantas personas apoyan las marchas. La sociedad sueña con convertirse, de la noche a la mañana, en un país del primer mundo. 

Además, lo hacen aunque ello implique el evidente riesgo de que tales expresiones democráticas sean degeneradas en asesinatos, heridos y toda clase de violaciones a los derechos humanos. Aquí cabe la pregunta, para cerrar esta idea: ¿ese 75 por ciento está consciente de que muchas de sus pretensiones requieren ajustes constitucionales que no pueden ser resueltos por este Gobierno y, por tanto, hacen improcedentes las marchas?   

Uno no podrá sacar conclusiones a la ligera sobre la anterior pregunta. Ni es claro tampoco si el 75 por ciento de los colombianos, que apoyan la continuación de las marchas, mantendría esta respuesta si tal continuación implicara un riesgo inminente a sus propios derechos humanos. No está explícito entonces si el encuestado se haya puesto a pensar en que dicho apoyo se daría aún en las condiciones en que uno de los suyos (el hijo, el padre, la madre, el hermano) fuera el que arriesga la vida. 

Tampoco, por supuesto, ese 75 por ciento habrá personalizado el sufrimiento y la muerte que tales marchas ocasionan a miles de compatriotas que no marchan. Ni han caído en cuenta de que el derecho a la propiedad privada, al cual no renuncian por apoyar las marchas, es un derecho que los protege en la práctica solo si cumplen el deber de respetar el derecho de los demás. Tanto derecho y tanta responsabilidad (deberes) tienen sobre este derecho el más pudiente como el menos pudiente de los colombianos. 

Los ciudadanos que no apoyan más marchas

De otra parte, es claro, a partir de la encuesta Mobimetrics, que otro grupo muy importante de colombianos definitivamente no está de acuerdo con la prolongación de las marchas, ni los paros, ni mucho menos los bloqueos. Y es que no son solo los gremios del país (que, dicho sea de paso, han recibido la opinión favorable de las encuestas durante este largo paro) los que reclaman el cese de las marchas. Este grupo, que en la encuesta estadística citada refleja nada menos que doce millones y medio de compatriotas (equivalente a la sumatoria de la población de estos países: Noruega, Dinamarca, Chipre y Malta), reclama que se le respeten sus elementales derechos constitucionales: al trabajo, a la salud y a la libre movilidad, entre otros. 

Para concluir esta reflexión, vale la pena recordar que la protesta social, expresada en las marchas, se manifiesta con toda validez constitucional dentro de nuestra democracia. Esta protesta social legítima enriquece la democracia, madre de la Constitución. Lo cierto es que la violencia que hemos vivido en este paro ha sido promovida no por el paro mismo ni por sus contradictores legítimos. Pero la violencia y la destrucción de la riqueza de pequeños y grandes propietarios, de la nación entera, ha surgido de los atentados antidemocráticos. Y se entienden, en este contexto, como actos antidemocráticos aquellos en los cuales uno o varios actores de “las marchas” (marchantes, infiltrados y fuerzas del orden) han desconocido la Constitución y la ley. 

Vale la pena reflexionar en que este dilema, entre protesta social y respeto a los derechos constitucionales de todos los colombianos, debe resolverse pronto, con el acatamiento por parte de todos los actores democráticos, empezando por los servidores públicos, de la Constitución y la ley (ver reconocimiento de medidas cautelares para proteger el comercio de los Héroes en Bogotá). Solo la democracia podrá resolver si las marchas han tenido algún sentido o si hemos escrito otro capítulo insulso de nuestra larga historia de sangre, sudor y lágrimas. Dentro de un año lo sabremos.