¿Un salto hacia la reconciliación?

¿Un salto hacia la reconciliación?
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Febrero de 2022 cierra con un balance agridulce para la reconciliación nacional. A pesar de gestos de reconciliación como el que protagonizaron Bertha Lucía Fries –víctima del atentado del Club el Nogal en febrero de 2003– y Rodrigo Londoño –último comandante de las Farc– el pasado 7 de febrero, los asesinatos de excombatientes de Farc y de líderes sociales y los ataques a la Comisión de la Verdad revelan la continuidad de un conflicto armado en el que se combinan múltiples estrategias violentas.

El encuentro entre Fries y Londoño muestra que la reconciliación sí es posible; la reconciliación entendida, como lo sugiere el profesor Andrew Schapp, como un “proceso constituyente de una nueva relación entre victimas y victimarios” en el que es posible imaginar un nosotros gracias al reconocimiento de responsabilidades y al compromiso de nunca más recurrir a la violencia.

Pero la constitución de un “futuro nosotros” no está libre de tensiones; por el contrario, es profundamente agonista porque la reconciliación es política.

El acto de reconciliación política entre Bertha y Rodrigo no se delimitó al diálogo entre víctima y victimario. Ante preguntas de los periodistas, como “¿por qué las Farc no han entregado todos los recursos para reparar a las víctimas?”, ambos respondieron enfocándose en los compromisos propios adquiridos por las Farc con las víctimas del Club el Nogal de reconocer la verdad, explicar cómo ocurrió el atentado y participar en encuentros transformadores con las víctimas.

El cumplimiento a cabalidad de estos compromisos revela, según Bertha, que es posible confiar en los excombatientes de Farc. La confianza es clave para poder recrear un futuro nosotros, pero el gesto de Fries y Londoño no es suficiente para lograr la reconciliación nacional. Eso no depende de dos personas. Necesita en gran medida de un Gobierno comprometido con transformaciones estructurales para quitarle combustible a la guerra, con procesos del tratamiento del pasado para entender qué nos pasó como sociedad, con políticas públicas que recalibren las cargas sociales entre múltiples sectores para lograr cohesión social y una relación más armónica entre estado y sociedad.

Este esfuerzo no es sencillo y requiere además de un amplio esfuerzo transnacional. El pasado 23 de febrero, Rodeemos el Diálogo sumó fuerzas con Positive Negatives (una ONG británica que trabaja desde el arte para contar historias reales que inspiren la defensa de los derechos humanos) y con IntyGrillos (un colectivo de artistas de Sibundoy, Putumayo). Lanzamos una nueva animación producto de una investigación sobre el impacto social del cultivo y tráfico de drogas entre el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional y la Escuela de Estudios Africanos y Orientales (Soas) de la Universidad de Londres.

La Paz Incumplida de Colombia muestra en 10 minutos los incumplimientos del Gobierno Duque en el Pacífico nariñense. La falta de protección a excombatientes y líderes sociales y el descalabro de los proyectos de sustitución de cultivos revelan el desamparo en el que se encuentran las comunidades. En medio del reciclaje de la violencia es impensable pensar que la reconciliación sea posible.

Lamentablemente esta situación no se restringe a Nariño. Los asesinatos la última semana de febrero de 2022 de Teófilo Acuña y Jorge Tafur, líderes sociales del Cesar, y del excombatiente y líder del partido Comunes en Putumayo, Jorge Santofimio, muestran la gravedad de la situación actual a un mes de que la Corte Constitucional declarara el Estado de Cosas Inconstitucional respecto a la implementación del Acuerdo de Paz y, en particular, a las garantías de seguridad para excombatientes de las Farc.

Como lo mencioné en mi columna anterior, la decisión de la Corte es una luz de esperanza para defender la paz, pero no es suficiente; la movilización social y política de la sociedad por la paz es imprescindible. Esta movilización es urgente porque los ataques no se circunscriben a individuos y comunidades; también están dirigidos a la institucionalidad encargada de implementar el Acuerdo de Paz, lo cual volvió a quedar en evidencia con el tratamiento por parte de la Policía a funcionarios de la Comisión de la Verdad y el robo de las grabadoras que contenían las entrevistas del comandante paramilitar Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”.

Los miembros del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad han pedido una reunión urgente con el presidente Duque para discutir la actitud de Gobierno. La falta de garantías para que “Otoniel” rinda su testimonio a la Comisión no es solo una afrenta a las víctimas del paramilitarismo en Colombia; es un obstáculo en el largo camino de reconciliación nacional. El actuar del Consejo Asesor muestra otra faceta de que la reconciliación sí es posible y que el camino hacia ella ocurre en la arena política.

La reconciliación política es un viaje lleno de altibajos, es agridulce y necesita de actores comprometidos, como Bertha Fries y Rodrigo Londoño; de colectivos artísticos, como IntyGrillos; de redes transnacionales, como Rodeemos el Diálogo; de actores influyentes, como los miembros del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, y de amplios sectores sociales dispuestos a perder el miedo al cambio y a arriesgarse a elegir actores políticos comprometidos con la paz.

La tarea más apremiante hoy es lograr dicho cambio el 13 de marzo. En la siguiente columna analizaré si Colombia logró dar un salto hacia la reconciliación eligiendo un nuevo Congreso.

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