Una decisión necesaria

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La Corte Constitucional tiene la oportunidad para lograr que los procedimientos relacionados con infantes y adolescentes tengan un trámite prevalente.

En las próximas semanas la Corte Constitucional debe decidir una acción de tutela iniciada por la Corporación Colombiana de Padres y Madres – Red PaPaz en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La demanda persigue que la SIC conceda un trámite prevalente a unas quejas presentadas por Red PaPaz en contra de Postobón S.A. y Alpina Productos Alimenticios S.A., por la publicidad engañosa de sus bebidas azucaradas, Hit y Fruper respectivamente. Sin embargo, hay quienes se preguntarán ¿por qué es tan relevante esta decisión? ¿qué trascendencia tiene acaso que la SIC le de un trámite prevalente a estas quejas?

La Constitución Política, así como algunos de los instrumentos de protección de derechos humanos ratificados por Colombia, hacen énfasis en la prevalencia de los derechos de los infantes y adolescentes. Este concepto tiene una doble connotación. Por una parte, implica que en caso de conflicto, los derechos de niñas, niños y adolescentes deben predominar sobre los de los demás. Por otro lado, supone que los procedimientos, ya sean judiciales o administrativos que involucren a esta población, deben ser resueltos de manera preferente. Este último aspecto, ha sido desarrollado en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en normas posteriores referentes a diferentes temas. En el caso específico de los procedimientos por publicidad engañosa, existe una norma que ordena que los trámites que involucren derechos de esta población deben ser atendidos de manera prevalente. Todo lo anterior, es desarrollo del principio del interés superior del menor.

Sin embargo, a pesar de las múltiples normas; en la práctica rara vez se constata que un funcionario público le de un trámite prevalente a algún asunto correspondiente a un integrante de este grupo sujeto a especial protección constitucional. Por el contrario, es recurrente que los asuntos que atañen a los derechos de esta población se dilaten, o se aborden sin atender a las particularidades de este grupo. Tales han sido los casos de publicidad engañosa de los productos Hit y Fruper, o de la violación a la prohibición de la publicidad y promoción de productos de tabaco por parte de Philip Morris International, por citar tan solo algunos ejemplos recientes. A pesar de la contundencia de la evidencia aportada, la SIC ha mantenido casi todo en averiguación preliminar. Esta es una etapa previa a la actuación sancionatoria, en la que la entidad pública analiza, si existen o no méritos para formular algún cargo contra las entidades, a las que se les atribuyen las violaciones de las normas. Si transcurren más de tres años desde la ocurrencia de la conducta, la autoridad pierde competencia para imponer una sanción.

Por este motivo, resulta tan importante que la Corte Constitucional le ordene no solo a la SIC, sino a todas las entidades del Estado, que adopten protocolos específicos para asegurar que las entidades concedan un trámite prevalente a los asuntos que toquen derechos de niñas, niños y adolescentes. No basta con que las normas lo digan o con que lo funcionarios conozcan estas disposiciones. La exigencia de un protocolo obliga a hacer efectiva esta disposición. Para explicarlo, imaginémonos que entramos a la sucursal de un banco y debemos ir a la caja. Para logarlo debemos hacer una fila como todas las demás personas que son atendidas en orden de llegada. Sin embargo, si llega un adulto mayor, éste pasa por una fila preferente que es más rápida. Esta diferenciación se justifica por las condiciones particulares de este grupo de personas. Lo mismo debe ocurrir en los procedimientos administrativos y judiciales que involucren a personas menores de dieciocho años. Pero para que exista una fila preferente, es necesario que haya un protocolo que establezca cómo funciona. De otra forma, es como si en el ejemplo del banco se quitaran las bandas que separan la fila de los adultos mayores de la de los demás usuarios. A pesar de que existan las mejores intenciones de atender de manera preferente a los primeros, no se podrá asegurar, si no hay un mecanismo que regule este procedimiento.

En el caso que revisa la Corte Constitucional, de acuerdo con las pruebas practicadas por el Magistrado Ponente, resulta palpable que la SIC no tiene un protocolo o mecanismo que asegure el cumplimiento de la prevalencia como lo ordenan las normas. Por ello resulta imperioso que se le obligue a esta entidad y a todas las entidades del Estado para que cumplan con este requisito. De lo contrario, este derecho al igual que tantos otros seguirán siendo un catálogo de buenas intenciones que nunca se hacen efectivos. En manos de la Corte Constitucional está la posibilidad de transformar esta realidad ¿Lo hará?

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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