Vidas precarias: la persistente violencia contra habitantes de calle

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La violencia letal contra habitantes de calle es una práctica sistemática perturbadora y que pone en evidencia los abismos sociales normalizados en nuestro país.

Ayer 23 de febrero, en una audiencia realizada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se presentaron cifras de Medicina Legal sobre las muertes de habitantes de calle -como los llamamos en nuestro país, lo cual es suficientemente revelador-. En los últimos cinco años han sido registradas 1539 muertes en el país: en 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, con corte a 31 de enero del presente año, 21 fallecimientos de personas habitantes de calle. Las cifras más altas corresponden a homicidios: 941 habitantes de calle hombres y 77 mujeres. La representante Ángela María Robledo reclamó de manera urgente al gobierno nacional y al distrital para que activen la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle. ¿Escucharán las autoridades este llamado? ¿Actuarán con premura para proteger a quienes habitan la calle y prevenir la violencia de que son víctimas? ¿Será sensible la sociedad colombiana a este reclamo y saldrá de su pasividad?

Estas preguntas son acuciantes, si se tiene en cuenta que la violencia dirigida contra habitantes de calle es una práctica sistemática de violación de los derechos humanos contra un grupo social, que viene de muy lejos y cuya crueldad y persistencia resultan perturbadoras. Desde el comienzo de la década del 80, en grandes ciudades del país como Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira, Popayán, y en ciudades intermedias como Bello, Envigado, Itagüí, Yumbo, Barrancabermeja, Aguachica, aparecieron grupos conocidos como escuadrones de la muerte,  que asesinaban o desaparecían a seres humanos que habitaban en la calle a los que antes llamaban “gamines”, “limosneros”, “mendigos”, “indigentes” y ahora calificaban de “desechables” o “indeseables”: niños y niñas que habían sufrido el abandono de sus familias o habían huido del maltrato, personas que vivían de la mendicidad, que vagaban sin rumbo por las ciudades, personas con identidad sexual diversa, o con antecedentes penales, dedicadas a la prostitución o adictas a las drogas, todas las que se ubicaban en sectores marginales de las ciudades.

En los años 90, con el escalamiento de la guerra y el agravamiento de la violencia urbana, esta práctica arreció con escuadrones de la muerte que públicamente se presentaban como restauradores de un mundo supuestamente bueno, limpio y justo, que ya pasó y que ellos recuperarían con la “limpieza social” de “indeseables”, y por medio de pasquines, avisos por pequeñas emisoras y letreros en las paredes anunciaban que eliminarían a quienes ellos consideraban escoria, afeaban las calles, ahuyentaban a turistas y clientes de los almacenes o era un “mal ejemplo”: Amor por Medellín, Mano Negra, Terminator, Cali Limpia, Los Magníficos, Kan Kil, Majaca -Muerte a jaladores de carros-, Toxicol-90, entre otros.

Esta práctica sistemática se ha mantenido en el tiempo y con diferentes oscilaciones ha sido aplicada por distintos actores armados -delincuencia organizada, grupos paramilitares, narcotraficantes, grupos guerrilleros, bandas criminales-, y son la señal de que ha entrado un grupo a expulsar a otro de un barrio, de una ciudad, lo que incluye una limpieza de una población “sobrante” o “mal manejada”. Actualmente se encuentra en línea ascendente -con ocasión de la pandemia del covid, que no sólo ha depauperado a más personas y grupos sociales haciéndolos más vulnerables, sino que ha concentrado a las autoridades en las medidas de salud pública para prevenir los contagios, dejando de lado las violencias capilares, difusas- los pequeños terrores que recorren las ciudades, matando a los más olvidados, a los más débiles.

De esto casi no se habla, pero todos lo saben. Es una población vulnerable y a la que muy pocos defienden, porque lo que da réditos es hablar de los niños, de las personas en situación de discapacidad, del adulto mayor, las madres cabeza de familia, a quienes se ve como “gente buena” que no merece lo malo que les pasa En cambio, quienes han quedado en situación de calle parece que algo malo hicieron y se merecen un trágico final.  

Así han muerto varios, miles de personas durante cuatro décadas, víctimas de puñaladas a la madrugada mientras dormían en el suelo, de disparos desde motocicletas o automóviles; algunas veces los introducen en camiones y nunca vuelve a saberse de ellos: son llevadas lejos y sus cuerpos, casi siempre mutilados, son arrojados a basureros, a ríos, cañadas o junto a carreteras secundarias o terciarias. Los hechos casi nunca llegan a esclarecerse: carecen de documentos, llevan una vida trashumante, nadie puede dar información sobre ellas y nadie averigua por su paradero, no suelen tener familiares o no conservan la comunicación con ellos; o sus familiares temen informar del hecho por la estigmatización que esto genera también para ellos y el no desdeñable riesgo de que les toque el mismo final. Muchos cuerpos nunca aparecen o no logran ser identificados, y las investigaciones judiciales pocas veces llegan a resultados concluyentes sobre las modalidades de comisión, los autores y los partícipes -inductores y cómplices-.

Denunciaba Amnistía Internacional en 1994: “Se han producido homicidios de 'limpieza social' en la mayoría de las grandes ciudades, sobre todo en Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cali, Medellín, Popayán, Pereira y la capital, Bogotá. Es difícil obtener estadísticas exactas sobre estas muertes porque muchas no se denuncian ni registran. Sin embargo, en los últimos años, el número de víctimas ha aumentado considerablemente. La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz documentó más de 1.900 homicidios por 'limpieza social' entre 1988 y 1992, 500 de ellos en el último año. Según las estadísticas oficiales, solo en la ciudad de Cali fueron asesinados 229 'indeseables sociales' en 1992”. “En la mayoría de los casos no se descubre a los asesinos. Muchos cuerpos no se identifican nunca y las investigaciones, aunque se emprenden por sistema, con frecuencia no conducen a nada. No obstante, en varios casos se han hallado pruebas de que los integrantes de 'escuadrones de la muerte' procedían de las fuerzas de seguridad, sobre todo de la Policía Nacional y a menudo, recibían el apoyo de los comerciantes locales”.

Algunas personas eligen vivir en los márgenes en un acto de libertad, pero en la mayoría de los casos, la única perspectiva ofrecida por esa misma sociedad fue la de la marginalidad, provocada por el abismo que separa a la Colombia de la miseria escandalosa y la Colombia de opulencia absoluta, abismo cuya solución constituye el más formidable reto para este Estado de derecho y esta democracia. La auténtica magnitud del exterminio de este grupo social difícilmente la conoceremos, precisamente por la fragilidad social de las víctimas, que han sido excluidas de la sociedad y luego asesinadas, precisamente, por ser marginales.

Esta es una manifestación del fascismo social, que se origina en las relaciones sociales con participación más o menos activa del Estado y siempre con su tolerancia, que implica un apartheid social, una forma de segregación social extrema de todos los bienes sociales y oportunidades que desemboca en eliminación física, a través de una cartografía urbana dividida en zonas civilizadas -habitadas por “gente como nosotros”, por gente acomodada y de bien- y zonas salvajes -habitadas por gente eternamente sospechosa, por pobres e indeseables-.

Estas son las vidas precarias –de las que habla Judith Butler en "Vida precaria. El poder del duelo y la violencia"–, las vidas sin el amparo eficaz de los derechos fundamentales, que no hay que resguardar contra el hambre, la enfermedad, la lesión y la violencia, las vidas que no valen la pena ante determinadas fuerzas sociales políticamente articuladas, cuya pérdida no parecen sacudir las sensibilidades y las conciencias de amplios sectores de la sociedad, las muertes ajenas “inevitables” por las que ni siquiera se hace un duelo público.

Los homicidios de las personas de calle son percibidos con una relativa resignación, como si fueran “inevitables” o casi “normales”, por obra, entre otras cosas, de la función disgregadora que cumple el lenguaje en una sociedad fracturada por la violencia y la guerra: los diferentes actores de la violencia tienen su propio diccionario, sus expresiones, sus recursos para autonombrarse y nombrar a los demás (amigos-enemigos), así como justificar su repertorio de violencias. El llamar a las personas que habitan la calle “desechables” y cuyo homicidio se califica como operación de “limpieza social”, prepara el terreno para ejercer una barbarie sin escrúpulos morales -no se está matando a un ser humano sino a una escoria, una basura- y para regularizar, a través de la repetición de expresiones que naturalizan la exclusión, la injusticia social, la enemistad y la violencia imperante, que se difuminan todas en la comunicación activa entre personas y en las relaciones sociales, en las que termina pareciendo aceptable que haya seres humanos que habiten en la calle y que sean expulsados no sólo de la sociedad, sino de la propia comunidad humana.

La abyección con los que llaman “desechables”, consiste tanto en separar su suerte de la del resto de la sociedad, como en despojarlos de la condición humana, en no verlos y tratarlos como un semejante. Se ha acabado para ellos el derecho a ser reconocidos por los otros. He aquí una lacerante realidad a la que ha de hacerse frente -para repensar y construir un proyecto de civilidad, convivencia social y política en Colombia-: los casos de las personas cuyo tratamiento de un reducido grupo de personas es intachable, pero que permanecen impasibles ante el sufrimiento y la humillación de los extraños, a quienes consideran pseudohumanos, llegando a considerar justificada su eliminación. Ellos piensan que “hay animales que andan por ahí en forma humanoide. Nosotros y aquellos como nosotros somos casos paradigmáticos de humanidad, pero quienes son muy diferentes a nosotros en su comportamiento o en sus costumbres son casos fronterizos”.

Es una de las más graves acusaciones en contra de una sociedad el que en su seno haya personas que llevan la terrible etiqueta de “indeseables” o “desechables”, a las que se les niega su condición humana, personas de las que esa misma sociedad se avergüenza y a las que mata por estar en zona de marginación, donde se combinan las funciones de selección y exclusión -operadas por el sistema tributario y el presupuesto nacional, por el sistema escolar, el mercado laboral y por el sistema de sanciones penales y extrapenales-. Es un punto permanentemente crítico donde concurren todas las formas de violencia existentes en Colombia: violencia estructural, violencia callejera, violencia del narcotráfico, violencia estatal, contraestatal y paraestatal.

Tal vez el primer paso sea  hacer un duelo público para reconocer tantas vidas perdidas y las injusticias padecidas por las personas habitantes de calle. Un duelo colectivo a través de la recuperación de la palabra y la memoria, un dolerse de ello que integre las pérdidas, dolores privados e historias personales y familiares a tejidos interpretativos más amplios, para darle un sentido a las desigualdades y tragedias que sacuden esta sociedad. Y desde ahí, definir un "nunca más" y trazar otro rumbo a nuestro país basado en el respeto de la dignidad humana, la libertad, la vida, la paz, la igualdad, el pluralismo y la no violencia.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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