Más allá de los escándalos mediáticos, el Fiscal General enfrenta una crisis de credibilidad interna.
Un viaje de trabajo que terminó en paseo familiar en San Andrés, en plena cuarentena nacional, es el más reciente capítulo de las salidas en falso del fiscal General, Francisco Barbosa, que le han generado un aguacero de críticas.
Pero al alto funcionario, que llegó a su cargo con el impulso de su amigo, el presidente Iván Duque, no sólo le cae agua afuera de su entidad. Dentro de la Fiscalía también enfrenta una crisis de credibilidad.
En gran parte porque la arrogancia, que exhibe en sus salidas a medios para explicar las decisiones más controversiales que ha tenido en los cinco meses que lleva en el cargo, ha caracterizado también su manejo interno sin que esté sustentada en un conocimiento profundo de cómo funciona la entidad o del derecho penal.
Esa realidad, además, pasa porque a cinco meses de posesionado, una tercera parte de los cargos directivos sigue en interinidad, aún no ha presentado la reforma para la reestructuración de la Fiscalía que prometió, la forma cómo sacó a los directores anteriores y ha manejado los nuevos nombramientos generó un mal ambiente y tiene la línea de comunicación casi rota con los sindicatos que tienen alrededor de nueve mil de los 25 mil empleados.
El revolcón
Barbosa entró en la Fiscalía en reversa porque unas semanas antes de su llegada, su antecesor y quien apoyaba su aspiración, el fiscal general encargado Fabio Espitia, nombró como directora administrativa a Marcela Yepes, quien ya había tenido ese cargo con Eduardo Montealegre y es la esposa del contralor General Felipe Córdoba.
En ese momento, ya existía el rumor de que Córdoba le había ayudado en la campaña de elección en la Corte Suprema a Barbosa y se reforzó cuando el primer acto administrativo del Fiscal -el mismo día de su posesión- fue cederle a ella la facultad para todos los movimientos y reubicación de empleados de la entidad, salvo el de los delegados ante la Corte Suprema y el Vicefiscal, volviéndola una de las personas más poderosas del Estado.
Casi inmediatamente, comenzó la barrida de funcionarios en cargos directivos de la Fiscalía para llegar a mandar con su propia cúpula.
Que eso pase es normal porque cada Fiscal necesita a gente de su confianza para delegarles las tareas clave; sin embargo, con Barbosa ocurrieron dos hechos que hicieron que ese proceso se viviera de manera diferente.
Por una parte, dos fuentes que salieron de la Fiscalía tras su llegada nos relataron por aparte y casi con los mismos detalles, que Barbosa en la práctica sacó a los antiguos por la puerta de atrás.
“Les pidió que sacaran sus cosas en una caja de un momento a otro. Eso generó unos odios y unos roces internos innecesarios”, dijo La Silla una fuente que estuvo dentro de la Fiscalía cuando eso sucedió.
Empezó a ratificar ahí la conocida arrogancia -sobre la que habíamos hablado en este perfil– y que volvió a mostrar, entre otras, cuando en su respuesta al escándalo de su viaje a San Andrés aseguró que siempre que pueda viajará con su hija (obviando la circunstancia de la cuarentena).
Fuera del maltrato a los que sacaron, cayó mal que en esa salida atropellada se notó que el Fiscal no tenía ni la gente ni el criterio claro para reemplazar esos cargos. Fueron unos días muy erráticos en el que nombró a un director en un cargo y luego lo quitó y lo puso en otro; o quitó un director y casi inmediatamente lo volvió a poner; a otro lo ratificó y al rato le pidió la renuncia; también porque puso a gente que no tenía experiencia en el sector en el que la designó.
Por ejemplo, como delegada de criminalidad organizada, uno de los cuatro cargos misionales más importantes de la entidad, nombró a Paola Andrea Meneses, que aunque una fuente le dijo a La Silla que era buena funcionaria, es una abogada especialista en derecho administrativo que tiene experiencia en temas gerenciales o de cajas de compensación; y en la dirección de justicia transicional nombró a José Salomón Strusberg, que tiene experiencia en contratación estatal y derecho civil.
Incluso después de cinco meses de posesionado, según la página oficial de la Fiscalía, de los 29 cargos directivos aún hay nueve que siguen en interinidad. Incluidos los tres encargados de perseguir los delitos que tienen que ver con asuntos financieros como los directores de lavado de activos, de extinción de dominio y de policía financiera.
También están en interinidad la delegada para seguridad ciudadana y los directores especializados para organizaciones criminales y para la corrupción, que son clave para el país y para la hoja de ruta de nueve puntos que se trazó el Fiscal Barbosa como brújula en su administración.
Encima, ni siquiera está nombrada formalmente la Vicefiscal, que es el segundo cargo más importante de la institución, la mano derecha del Fiscal y en el que a la postre terminó encargada Martha Janeth Mancera, una fiscal de mucho reconocimiento y experiencia, luego de que, como contamos, una carta de Andrés Pastrana enredara el nombramiento de Juan Francisco Espinosa.
“Es un error sacar todos los directivos de más experiencia de las direcciones delegadas nacionales, y eso le ha generado una especie de retroceso, porque el nuevo tiene que arrancar desde un punto que no conoce todo”, le dijo a La Silla un exfiscal de la entidad que salió en la barrida.
La brújula averiada
Una vez se posesionó como Fiscal General de la Nación, el pasado 13 de febrero, Francisco Barbosa anunció nueve puntos que serán los ejes sobre los que se movería su administración.
En ellos incluyó, entre otros, la lucha contra la corrupción, contra la criminalidad que afecta a líderes sociales y lucha por los derechos de niños, mujeres y minorías: y dejó como su columna vertebral la llegada de la Fiscalía a más regiones.
“(Seré) el Fiscal de todos los colombianos y de nuestros territorios”, aseguró en su momento.
Algo que después completó con otra frase que según él sería rectora en su periodo: “Alejar a la justicia espectáculo”.
Su política de alejar la ‘justicia espectáculo’ naufragó al poco tiempo de su llegada al cargo, y, por el contrario, ha sido el motor de todas sus salidas en falso, entre ellas:
– El anuncio de la indagación al senador Gustavo Petro por una supuesta financiación de su campaña presidencial por parte de las mineras en contra de las que habló cuando era candidato presidencial, y que terminó siendo un globo.
– El anuncio de la indagación a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y su esposa la senadora Angélica Lozano, por violar la cuarentena cuando salió a mercar, y que terminó inadmitida por la Corte Suprema que consideró que no era un delito.
– No recomendar el freno de la solicitud de la medida de aseguramiento al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, cuando no cumplía con los requisitos de la directriz que su administración había emitido días antes haciendo más estrictas las condiciones para privar de la libertad a un imputado mientras que, a la vez, ‘Cayita’ Daza, la mano derecha de Álvaro Uribe había salido al país a pesar de estar investigada por el caso de la “Ñeñepolítica”, que involucra presuntas ilegalidades en la campaña de Duque.
– La imputación de acceso carnal abusivo en menor de 14 años contra los siete militares que participaron en la violación a una niña indígena Embera Chamí, cuando el delito, según reconocidos penalistas, debió ser acceso carnal violento. Algo que puede poner en riesgo el proceso si el juez de conocimiento considera que la imputación quedó mal hecha.
Todos son asuntos que han puesto en entredicho no solo su criterio jurídico sino sembrado dudas -en el caso de los primeros dos y de la Ñeñepolítica – sobre si también le juega a ayudarle al Presidente.
Además, en el caso de la alcaldesa López, dejó en evidencia que usa doble rasero. Pues pese a que contra ella anunció la indagación, cuando le tocó el turno por lo de San Andrés dijo que no tenía impedimento legal ni disciplinario para haber llevado a su hija y a su amiguita al viaje.
Eso, aunque el decreto de aislamiento prohíbe que los menores salgan de sus casas, salvo por una hora de ejercicio al aire libre tres veces a la semana, y cuando uno de los criterios de priorización para adelantar procesos por violación de la cuarentena de su administración incluye a las: “personas que por su rol prominente en la comunidad con su ejemplo puedan llevar a que otras personas las desconozcan”.
También, su política de llegar a los territorios, que tiene un componente de viajar a las regiones y otro de crear fiscalías en lugares donde no hay, está quedada porque no radicó en la legislatura que acaba de terminar el proyecto de ley que contendrá la reestructuración de la entidad.
A La Silla no le dieron una versión en la Fiscalía sobre por qué el proyecto no había sido radicado ni tampoco nos dieron detalles de su contenido.
En su lugar, lo que por ahora se ha filtrado es un borrador que no tiene muchos detalles sobre la reingeniería de Barbosa, por lo que aún no es claro si ya está definida la manera en la que implementará los cambios.
En todo caso, que eso último no se sepa aún muestra que van retrasados con respecto al cronograma que se trazó el mismo Fiscal, quien, según sus planes, para esta fecha ya debía tener el proyecto aprobado por el Congreso.
Y aunque la cuarentena cambió varias prioridades, en el caso de la Fiscalía terminó relajando el sistema porque disminuyó el volumen de denuncias y delitos, y eso, al menos en principio, le abría la puerta a Barbosa para impulsar temas como el de la reestructuración.
Así que por todos esos hechos, sumados a los nombramientos de personal en cargos para los que no tienen experticia, o de direcciones que a cinco meses de la llegada de Barbosa continúan en interinidad, han reforzado internamente la idea de que el Fiscal no tiene mucho conocimiento de la entidad que está manejando ni del camino que debe recorrer para cumplir las metas con las que se eligió.
Tensión con los sindicatos
Cuando arrancó la administración de Barbosa, dentro de los sindicatos de la Fiscalía -hay seis y actúan en bloque como la Coordinadora Sindical de Poder Judicial- se generó expectativa porque en el discurso que dio ante la Corte Suprema de Justicia cuando estaba compitiendo por el cargo dijo que “fortalecería la carrera judicial”, y privilegiaría los ascensos con criterios meritocráticos.
“La relación con el Fiscal Barbosa terminó siendo más distante que con cualquier otro Fiscal. Los demás reconocían y tenían de alguna manera en cuenta nuestros planteamientos”, explicó Luz Patricia Agudelo, directiva de Atraes, sindicato que vigila el cumplimiento de la meritocracia y la carrera administrativa.
Como Barbosa no los consultó para la reestructuración, y les notificó que no los tendría en cuenta, de entrada la administración de Barbosa le puso tensión al canal de comunicación que agrupa las voces de al menos nueve mil de los 25 mil empleados que están bajo su cargo, y que incluyen fiscales, administrativos y miembros del CTI.
Esas relaciones son algo que en una medida u otras anteriores fiscales trataban de no romper. Por ejemplo, Néstor Humberto Martínez, José Fermando Perdomo y Fabio Espitia aparecieron en reuniones citadas por los sindicatos y eso tendió canales.
Desde entonces, las relaciones se han venido a menos, y dentro de la Fiscalía, según ocho fuentes que nos lo contaron por aparte y que actualmente hacen parte de la entidad en cargos administrativos, como fiscales y funcionarios del CTI, la percepción es que Barbosa no tiene claro cómo funciona la entidad que está dirigiendo.
“Usted ve un fiscal que es como una veleta. Sale a hacer unos anuncios de papel y luego le toca echarse para atrás o queda mal defendiendo lo indefendible. Eso no inspira ninguna confianza”, dijo a La Silla Luis Fernando Otálvaro, dirigente de Asonal, uno de los sindicatos más grandes de la rama y actual fiscal seccional.
“Es un barco a la deriva”, fue como nos resumió la gestión de Barbosa un fiscal regional que no está sindicalizado, que lleva 12 años en la entidad y que pidió no ser citado para evitarse problemas.
Un ejemplo que nos dieron para demostrar que Barbosa no conoce la entidad que dirige fue su decisión de disponer personal del CTI para vigilar centros comerciales, luego del robo a una joyería en el Centro Comercial Gran Estación.
La Coordinadora Sindical emitió un comunicado reprochando esa decisión debido a que desconocía las labores de la policía judicial, que en esencia se encarga de investigar y recolectar pruebas para darle soporte a los procesos que adelantan los fiscales.
Según nos relató Sara González, directiva de Unicercti, el sindicato del CTI, no se moverían en la dirección que anunció Barbosa sin que les expliquen bajo qué concepto les cambiarían funciones.
“Sin soporte no podemos asumir nada porque en estos momentos no hay un sustento legal para algo así. El Fiscal Barbosa no entiende mucho de lo que está manejando”, dijo a La Silla González.
Un investigador del CTI que no está sindicalizado además nos dijo: “Cómo es posible que en el país no hay suficientes investigadores y en un momento en el que tienen que aprovecharnos a todos para avanzar en descongestión por la reducción de carga de la pandemia, el Fiscal salga a decir que nos quiere de celadores”.
Así que mientras Barbosa cree que está haciendo la mejor Fiscalía de la historia, esa no es una percepción que parezcan compartir ni externa ni internamente.
