“A la izquierda le tocaron las reformas, no la revolución”: minTrabajo Ramírez

es Gloria Inés Ramírez. 

Esto hace parte de la pluralidad del país y de la diversidad que tiene el país. La izquierda en este país ha sido muy satanizada. A nosotros nos ha costado mucho nuestros puntos de vista. Pero hay un simbolismo en el que la izquierda reivindica los derechos fundamentales, los derechos humanos y los derechos sociales. La diferencia es que este es un Gobierno que la izquierda ha construido con un programa que vamos a desarrollar. A la izquierda, en este momento, lo que nos tocaron fueron las reformas, aquí no estamos haciendo la revolución. 

No solo somos promotores de procesos electorales. Esto tiene que ir hacia organizaciones que luchen para que los derechos se vuelvan vigentes. Nosotros siempre hemos dicho que en Colombia hay una democracia restringida, la democracia no es solamente votar. La democracia es política, económica, social, cultural y de inclusión. Porque por ejemplo, muy de izquierda, pero en la izquierda el patriarcado se mantiene y muy machista.

Todavía nosotros no tenemos línea, nuestra línea ha sido el programa que construimos colectivamente del Pacto Histórico. Allí hay unas líneas claras frente al trabajo: hay una reforma laboral, hay una posición absolutamente clara, por ejemplo, sobre los procesos de contratación que tiene el país, frente a la inclusión y un mandato claro sobre la ruralidad y el trabajo de la informalidad.

Desde el punto de vista del trabajo, el Presidente ha trazado una líneas gruesas generales que tienen que ver con las cooperativas, la economía solidaria, con las asociatividades como una manera de generar empleo, que son incentivos apalancando los créditos del campesinado colombiano.

Pero en concreto, nosotros no hemos hablado de una línea de la cartera, solo líneas generales, como todos los Ministros. 

Ha habido muchos, por ejemplo, Lucho Garzón, Angelino Garzón, José Raquel Mercado. Pero sí la primera vez que está una mujer sindicalista.

La cifra de informalidad y de desempleo, desde luego. Tenemos el 58% de informalidad, o sea que estamos precarizando, porque esa informalidad es gente que no tiene seguridad social, y si no hay seguridad social estamos desprotegidos, fundamentalmente. Incluso los que están en la formalidad a veces no contribuyen a pensión. Entonces, ese es un reto grande que tenemos que trabajar desde ya. 

La informalidad no está en las grandes empresas, la informalidad está en la calle y son trabajadores individuales o pequeños trabajadores como los vendedores ambulantes, pero también están el sector pesquero, los mototaxis, las plataformas tecnológicas nuevas. Es decir, nosotros tenemos que pensar en una manera de cómo trabajar para que estos sectores se puedan ir pasando hacia allá.

Y tenemos que pensar en iniciativas distintas. Yo estoy pensando en hacer una especie de foro para llenarnos de experiencias como la de Argentina, de Uruguay, el mismo Chile, España, que han hecho unas reformas laborales y donde han logrado hacer programas específicos para la informalidad. Por ejemplo, para las mujeres en Argentina se ha ideado una política para que ellas puedan avanzar, le pagan un beneficio por cada hijo y esto las liga directamente con la Seguridad Social.

Los empresarios colombianos no pueden aislarse de los empresarios del planeta. Si en otros países funcionan los principios que defiende la OIT y los convenios, aquí deberían funcionar también. Tenemos que cambiar el chip y eso significa que todos nos pongamos en una disposición, porque la contradicción capital-trabajo no la resolvemos nosotros, ni los empresarios, ni los trabajadores, ni mucho menos yo. Pero lo que sí podemos hacer es, en esa vía tripartita, ponernos de acuerdo que para poder avanzar.

Necesitamos empresas muy grandes, consolidadas, generando productividad, pero no puede ser precarizando las condiciones laborales. Entonces hay unos mínimos que están puestos por la Organización Internacional del Trabajo y que Colombia los ha suscrito. 

La médula del Ministerio está allí porque es la presencia territorial. El sistema, inspección y vigilancia es nuestra policía laboral, es decir, es para que se cumpla con esta normatividad. Hoy la tenemos muy debilitada y no tiene las condiciones necesarias para que cumplan una buena función. El inspector es muy vulnerable y muy frágil a la corrupción, a la pérdida de su vida, a la amenaza de su familia.

La Ocde ha planteado que hay que tener un mínimo de 2000 inspectores. Aquí no teníamos sino 995 inspectores, para un país de 24 millones de trabajadores. Hay un proceso de capacitación, ya hay una planta pre aprobada que se ha hecho una primera fase, Ángel Custodio avanzó en ese tema. Pero ahora la segunda fase es incorporarla en el presupuesto y capacitar a los inspectores. 

La piedra angular es el artículo 53 de la Constitución. Señala y mandata a que el Congreso debe sacar un Estatuto del Trabajo con unos principios, que son el salario mínimo vital móvil, estabilidad laboral, aplicación de la norma de favorabilidad para el trabajador. Es proteccionista fundamentalmente. Llevamos 32 años y eso no se ha desarrollado. Ha faltado voluntad política.

Ese artículo de una Constitución que nos va a permitir, de alguna manera, hacer un marco jurídico garantista para empleadores y para trabajadores. Además, el Código Sustantivo de Trabajo tiene que ser actualizado. Tenemos un código del año 1951 que no recoge todo lo que ha pasado. Hay nuevas sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, nuevos convenios de la OIT y la Conferencia de las Naciones Unidas que reconoce a los campesinos como sujetos de plenos derechos. Eso significa que tenemos que trabajar una regularización del trabajo rural que no está en este momento en el país.

Los jóvenes pueden cambiar de forma de trabajo. Pero cualquier ser humano quiere tener una vejez tranquila, garantizada por una pensión. Lo que pasa es que hoy las normas y las leyes les han quitado esa esperanza. 

Aún no he estudiado a fondo las propuestas de la pasada misión. Pero eso significaría cambiar los sistemas de salud que tiene el país. Yo puedo recoger ese dinero por renta de personas, pero eso tendríamos que estudiarlo y mirar si de verdad es tan efectivo o no.

Otra manera de avanzar hacia formalizar es a través de la asociatividad y de la economía solidaria, es decir, que haya asociaciones, por ejemplo, para el campo, acompañadas de créditos apalancadas por el Estado, que les permita a ellos avanzar también con un acompañamiento técnico y tecnológico. También he propuesto que el diálogo social nos va a enriquecer mucho, es buscar, por ejemplo, la renta básica o la renta mínima que hace parte del programa de gobierno. 

Nosotros tenemos el Sena, la formación para el trabajo, nosotros tenemos la Unidad de Servicios Solidarios. En vez de hacer que cada uno haga su pedacito, es cómo hacemos una integralidad para que la institucionalidad se vea potente, fuerte y podamos de verdad ser una ruta sólida para generar empleo en el país. 

Yo vengo del mundo obrero y esa es una expresión del mundo obrero. Lo que sí tengo claro es que aquí hay que abrirnos y hay que ser generosos. Esto sale a través de una propuesta que yo he hecho y que va en la reforma laboral, que tiene que ver con la recuperación de la jornada, la jornada diurna y la jornada nocturna.

La Ley 789, que fue la que hizo una reforma laboral (y determinó que la jornada nocturna solo empieza a las 10pm), tuvo su legitimidad y fue aprobada sobre dos bases concretas: aumentar la productividad del país y generar una meta de empleo, 600 mil, el primer año tenían que generar 450 mil y en el segundo otro tanto, de manera escalada. Eso no se cumplió. 

No es el corazón, pero hace parte muy importante porque eso trae unos impactos. Es que lo que yo he dicho es que las horas extras no son de discusión de las de trabajador, son de discrecionalidad del empleador. 

Por ejemplo, ese es el caso de los trabajadores de la salud, alrededor de unos 350 mil trabajadores y trabajadoras de la salud. También el sector de los celadores, el sector hotelero. Eso es de justicia laboral.

El corazón del mandato está en el Artículo 53 de la Constitución, que habla si usted lo lee bien que habla de justicia laboral y garantías en un escenario de tripartismo en el país. Mi gran reto es articular la Comisión de Concertación Laboral con el diálogo social vinculante, que ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Y de ahí estructurar un articulado de reforma, que es lo que irá al Congreso.

Este no es un problema solo de la cartera de Trabajo, este es un problema de toda la integralidad del Gobierno. Pero aquí nos rasparon la olla, por eso la reforma tributaria es la apuesta fiscal del presidente. Yo cómo hago para hacer un piso para el salario mínimo si no sé cuál es la plata que tiene el país. 

Nosotros aspiramos a que sea concertado y que esa concertación permita que la gente pueda vivir con dignidad. A mí sí me pueden subir el 20 por ciento, pero si al día siguiente me sube la canasta familiar, me sube los costos de educación, me sube la tarifa de los servicios públicos, en qué queda mi salario.

Tenemos que mirar cómo podemos acompañarlo de otras medidas que efectivamente puedan garantizar el valor adquisitivo del salario, como está en la Constitución. Entonces tendremos que actuar con mucha capacidad, con mucha generosidad en esta concertación de trabajadores y de empresarios. 

Ese no ha sido ni mi estilo ni mi punto de vista, yo siempre he planteado que hay que tenerlo con un criterio técnico. Pero además el presidente Petro lo ha dicho con claridad, sin presiones y con criterios técnicos y de alto nivel. 

Dussán jugará un papel muy importante, él viene del mundo del trabajo y conoce muy bien lo que es una pensión. 

Claro, para un contrato se necesitan tres condiciones, un jefe, una subordinación y que cumplan los horarios. Entonces tenemos que mirar cómo vamos avanzando para que esa informalidad tenga unos mínimos. Podemos, por ejemplo, arrancar con el pago de salud de pensión. 

Eso es lo que vamos a trabajar. Aquí lo claro es que el Estado se tiene que abandonar de esa forma de contratación, porque eso fue una ley que buscó que lo que no fuera misional se pudiera tercerizar. Y eso que era la excepción de la regla, se volvió común de la regla. Entonces hay que darle el redireccionamiento como tiene que ser. 

En la cartera, nosotros tenemos ahí dos renglones muy sensibles, el salario y la pensión. Van a gravar los salarios de más de 10 millones de pesos y las pensiones de más de 10 millones de pesos. El impacto que quiero medir será, por ejemplo, cuántos trabajadores en Colombia ganan por encima de 10 millones. 

Lo que toca mi cartera es el salario y la pensión, fundamentalmente. Tenemos 18 programas de fomento del empleo en esa cartera, que tiene que ver con los incentivos. Por ejemplo, que le damos a empresas que contratan un nuevo empleo a jóvenes entre 18 y 28 años. Estos son programas que tenemos que mantener porque están siendo efectivos.

No, estos son fomentos. El problema estructural está en lo que ha planteado el presidente Petro, Colombia tiene que dar un vuelco en la agroindustria, tiene que industrializarse y para esto hay que generar y transformar el campo. 

No creo que sea rigidez del contrato, sino más bien que tiene que haber contratos diferenciales. Allí hay que trabajar mucho territorialmente y escucharlos, porque ellos tienen propuestas.

Pero el trabajo por horas va más en detrimento, en el caso de Colombia, eso puede ser más adelante, cuando estemos más desarrollados. Pero hoy, en las condiciones que tiene el país, yo pienso que eso sería precarizar más.