A pesar del discurso, Petro le pone trabas a la transición energética

Las aspas de 80 metros de las torres de energía eólica de la Guajira están quietas a pesar de que sopla el viento. Durante el gobierno de Gustavo Petro se han agravado los problemas para que los parques Alfa y Beta, los más grandes de Colombia, empiecen a generar energía limpia.

Para algunos expertos y actores del sector consultados para esta nota, hay un cortocircuito entre el interés del gobierno en intervenir las tarifas de la energía y sus planes de transición energética. Dicen que esta intervención les añade incertidumbre a los inversionistas en energías renovables, que ven un entorno en el que sus planes para expandir estas energías están quedados.

Una de las promesas clave de Gustavo Petro en campaña fue la de potenciar la transición energética del país para que la economía deje de depender de las exportaciones y del consumo interno de hidrocarburos. Así busca lograr el objetivo, para 2030, de reducir a la mitad sus emisiones de dióxido de carbono.

Esta promesa ha coincidido con una pelea por la gobernabilidad de los servicios públicos, que se tradujo en el intento del presidente, suspendido temporalmente por el Consejo de Estado, de asumir ciertas funciones regulatorias de la Comisión de Energía y Gas (Creg) para bajar los altos costos de la energía eléctrica. 

El desinfle de las expectativas

La promesa de transición energética del gobierno pasa por aumentar la energía eléctrica basada en fuentes renovables no convencionales. Actualmente sólo el 3 por ciento viene de estas fuentes, como solar, eólica y biomasa. El sistema de generación descansa mayoritariamente en las hidroeléctricas, que aportan el 70 por ciento de la energía, y si bien son renovables llegaron a un tope en Colombia, como lo mostró el caso de Hidroituango.

Con la llegada de Petro creció la expectativa en el sector de renovables no convencionales. Se esperaban mayores inversiones en proyectos eólicos de gran envergadura y de pequeña escala. Esto, en un contexto en el que el país ya había avanzado. Durante el gobierno de Iván Duque se amplió en 25 veces la capacidad instalada en energías renovables. Eso se construyó a partir de una legislación que promovía esas energías, como la ley 1715, de 2014, que ofrecía incentivos para que los proyectos pudieran completarse.

Pero distintos actores del sector de energía eólica y solar dicen que las expectativas iniciales con Petro se han visto golpeadas desde varios frentes en los últimos meses.

El primer golpe vino con la reforma tributaria, que estableció que la tarifa mínima de tributación para las empresas grandes y los grandes capitales no debe bajar del 15 por ciento, algo que les pega también a los grandes proyectos de energías renovables. También les puso tres puntos adicionales de tributación a las hidroeléctricas grandes (que aunque el gobierno no reconoce como casos ejemplares de energías limpias, siguen siendo uno de los modos de generación de energía más eficientes y menos contaminantes).

Un segundo golpe, más decisivo, está en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo. Las transferencias monetarias a las comunidades vecinas y municipios por parte de los generadores de energías eólicas y solares (con capacidad instalada de más de 10 megavatios) pasarían del 1 por ciento de los ingresos brutos al 6 por ciento.

Para Manuel Maiguaschca, viceministro de Minas y Energía entre el 2003 y el 2009, y experto de La Silla Llena, estos cambios ya sacan a muchos proyectos en renovables del juego: “entre el plan de desarrollo y la reforma tributaria hay varios proyectos que ya no van a ser viables porque las exenciones tributarias con que se hicieron inicialmente ya no existen, se las han venido mermando”, dice.

Un punto semejante plantea Germán Corredor, que viene de ser el Director Ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, y actualmente es profesor en la Universidad Nacional: “el inversionista que se ha comprometido y que participó en subastas realizadas en 2019 y 2021 lo hizo sobre la base de unas condiciones jurídicas vigentes en ese momento. Pero si se aprueban esas transferencias se reduciría de manera dramática la rentabilidad de estos proyectos”, dice. Un punto que explicó también en esta columna.

Un tercer escollo, que viene de antes, han sido las demoras con las consultas previas. Se trata del mecanismo por medio del cual las comunidades tienen voz para opinar sobre sus posibles afectaciones frente a proyectos de infraestructura, como la construcción de una hidroeléctrica o una línea de transmisión eléctrica. Las dificultades alrededor de esta figura se ven plasmadas en el caso de La Guajira y las inversiones que se han hecho allí en energía eólica. 

La Guajira: turbinas quietas y consultas largas

Según el representante de una de las empresas que ha invertido en proyectos eólicos en La Guajira, desde hace algunos años -con el acompañamiento del ministerio del Interior-, los operadores habían logrado completar algunas consultas previas, pero estos avances se han venido desvirtuando en el gobierno actual.

“El mensaje que recibieron las comunidades por parte del gobierno es que las consultas quedaron mal hechas, y que se tenían que volver a hacer. Acto seguido, lo que pasó fue que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) empezó a archivar procesos de consulta que nos había tomado más de tres años en completar, dijo un empresario que pidió reserva pues tiene relación con el gobierno.

El representante de un proyecto que ha invertido en el sector de energía eólica en La Guajira, dice que se han visto impactados por las movidas recientes en el ministerio de Minas y Energía: “Lo que estamos viendo es una dificultad en la relación entre el gobierno y las empresas. Cuando la viceministra Belizza salió del ministerio ese diálogo se enrareció un poco. Ahora hay una posición menos abierta para atender a los empresarios. Sentimos que, de entrada, nos están viendo como si fuéramos los culpables de algo”.

Un ejemplo de esta situación se ve en el caso de los proyectos Alfa y Beta, firmados en 2019 para la construcción de dos parques eólicos en La Guajira. Los proyectos hoy son propiedad de EDP (uno de los grandes generadores de renovables del mundo). Sumados, ambos están pensados para generar 492 megavatios y son los proyectos más grandes del país en eólicas. Para hacerse una idea de qué tan grandes son, las nuevas turbinas de Hidroiguango están pensadas para generar 600 megavatios de energía, así que sería muy cercana a la energía producida por esas turbinas.

Estos proyectos ya obtuvieron la licencia ambiental para los lugares donde estarán instalados las torres y los aerogeneradores, pero todavía les falta la licencia para la línea que conectará ambos parques con el sistema de generación nacional.

La licencia, que otorga la Anla, requiere que se hagan unas consultas previas que, a su vez, exigen hacer unos estudios de impacto ambiental que fueron rechazados por la Anla y tomará más de un año en completarse nuevamente.

Hoy los generadores están quietos en Puerto Brisa. Aunque ya una parte de las obras comenzó, como no han terminado las consultas previas para las líneas, eso equivale a que los proyectos todavía tendrán que esperar para empezar, mientras los inversores tienen incertidumbres sobre cuándo podrán recuperar las obligaciones financieras con las que se comprometieron.

Otros cinco proyectos de energía eólica siguen retrasados en la línea de La Colectora y no han empezado por el trámite de las consultas previas. Según calcula el Grupo de Energía de Bogotá (su inversionista principal) estos estarían listos para operar hasta 2025. Según Manuel Maiguaschca, hay más de 1500 megavatios de energía eólica que no han entrado entre los proyectos de Colectora y los atrasos de Alfa y Beta.   

Otro motivo de incertidumbre

La situación de incertidumbre la completaría el poder, por ahora suspendido, del presidente para asumir las funciones de regulación de la Creg, porque esta intervención generaría incertidumbre en las inversiones que se quieren hacer en estas energías:

Santiago Ortega es director de innovación en Emergente, una empresa que desarrolla proyectos de energía solar. Dice que la gente se metió en las subastas de renovables porque tenían la expectativa de que les iban a pagar la energía a un cierto precio. Pero teme por las implicaciones que podría tener la intervención de la Creg, si se reactiva.

“Intervenirla terminaría asustando a los empresarios que podríamos materializar la transición energética y que hemos invertido capital para tener paneles solares en todos los techos”, dice.

Este es precisamente el proyecto que Petro lanzó durante la campaña presidencial del 2018 como una gran solución contra las tarifas altas y el cambio climático. Pero según Ortega, hoy el mismo presidente está interfiriendo en su propia propuesta: “Un proyecto de energía solar en una casa se vuelve atractivo en función de la tarifa: si la persona ahorra más eventualmente que usando eléctrica. Pero si la tarifa se congela, el proyecto deja de ser atractivo para inversores y clientes”, dice.

Añade que otros frentes de la transición energética que propone el gobierno, aunque prometedores, como la creación de las comunidades energéticas, todavía adolecen de falta de detalle:

“Es un plan en el que el presidente puede materializar su idea de economías populares y de autogestión. Pero el problema es que no es muy claro a qué se refiere con comunidad energética, y todavía no se sabe con qué figuras regulatorias lo van a hacer”, dice Ortega.

La Unidad de Planeación Minero Energética recién anunció que se aprobaron conceptos de conexión para otros 7 mil quinientos megavatios de energía eléctrica, lo que indica que hay un interés grande para hacer proyectos nuevos en estas energías. Pero no está asegurado que estos proyectos vayan a entrar tan fácilmente en las cuentas de avance en la transición energética que el gobierno, en el discurso, busca impulsar.