A Quintero no le van a aprobar la venta de UNE a ciegas en el Concejo

A Quintero no le van a aprobar la venta de UNE a ciegas en el Concejo
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El proyecto del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para vender la participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en UNE está más muerto que vivo. Necesita que el Concejo de Medellín lo apruebe pero no tiene los votos necesarios para que pase el primer debate.

Están en juego el 50 por ciento de las acciones de la tercera empresa de telecomunicaciones más grande del país, Tigo - UNE, y la posibilidad de que Quintero le meta por lo menos 2 billones de pesos a EPM para su plan de inversiones en los tres años que le quedan de alcaldía.

El proyecto es clave para Quintero porque es la venta de un activo que desde campaña anunció que quería vender y porque afirma que sería para financiar los sobrecostos de Hidroituango. Cuando lo presentó en agosto esperaba una aprobación exprés, pero su debate se complicó y sus manejos en EPM le pasaron factura.

Quintero le ha pedido a los concejales despolitizar el proyecto, pero él mismo se ha encargado de politizarlo, y el tono del debate ha subido ante las presiones del alcalde y miembros de su gabinete a los concejales, hasta el punto de que el Concejo en pleno interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría para que investigue si hubo algo indebido.

Con ese ambiente, es muy difícil que la Comisión Primera apruebe el proyecto en su primer debate. De sus 7 concejales, Quintero arranca con 4 en contra: los uribistas Simón Molina y Sebastián López, el verde Daniel Duque y el fajardista Daniel Carvalho.

Los cuatro coinciden en dos argumentos: que aprobar la venta sería firmar un cheque en blanco y que no hay confianza en el Alcalde.

Quintero pide firmar a ciegas

EPM es dueña de la mitad más una de las acciones de UNE, pero no tiene el control de la empresa. La maneja su socia, la multinacional sueca Millicom, por un acuerdo que aprobó el Concejo en 2013. Es un esquema igual al que creó Bogotá para su negocio de energía, por ejemplo.

Para Quintero, es un acuerdo negativo para la ciudad, y por eso durante su campaña a la alcaldía, dijo que EPM era el “socio bobo de UNE” y manifestó su intención de vender las acciones y darle otro uso a ese patrimonio de la ciudad.

Quintero y EPM han presentado argumentos técnicos para la venta, como la necesidad de los recursos para el plan de inversiones de EPM e Hidroituango. Pero el principal argumento es activar la cláusula de protección al patrimonio público, que aprobó el Concejo en 2013, y que está vigente por 10 años como una puerta para que EPM pueda salirse del matrimonio con Millicom.

La cláusula busca evitar que las acciones de EPM en UNE se desvaloricen, pues como no controla la empresa no depende de ella que pierdan valor, y establece que si EPM quiere vender sus acciones y nadie, ni siquiera Millicom, quisiera comprarlas, tiene una salida.

“EPM puede ofrecer el cien por ciento de la compañía”, nos resumió el gerente de gestión de negocios e inversiones de EPM, Carlos Mario Tobón, en agosto.

Pero no se sabe cuál sería el precio de venta pues, aunque Quintero y los funcionarios de EPM han explicado cómo funciona la cláusula, no se conoce su texto porque está cubierto por un acuerdo de confidencialidad entre EPM y Millicom pactado en 2014.

Ese secreto busca evitar que los competidores de Tigo-UNE, como Claro y Telefónica - Movistar, puedan tener acceso a información que les de ventaja en el mercado, pero ahora impide que EPM pueda explicar cómo sería su salida. De hacerlo, sería “susceptible de ser demandada por Millicom por violar la confidencialidad pactada”, nos respondió oficialmente la compañia.

Eso ha creado un impasse que para el alcalde Quintero es un motivo más para aprobar la venta: “la banca de inversión no puede hacer valoración de la empresa hasta que Millicom no firme la entrega de información de temas que están asociados a la venta, y Millicom solo firma si el Concejo aprueba la venta”, le dijo a La Silla.

Por ahora, como contamos, funcionarios de EPM estiman que las acciones de UNE valdrían entre 2,5 y 3,5 billones de pesos, pero no hay mayor certeza sobre ese cálculo.

Y como la venta es una decisión política, y entre muchos concejales y la alcaldía hay desconfianza, eso parece tener enterrado el proyecto: el Concejo tendría que aprobar a ciegas.

Más desconfianza, menos votos

Aunque las posturas a favor y en contra de la venta estaban definidas desde agosto, persistían dudas por las implicaciones del proyecto y elementos tan clave como la valoración de las acciones.

Pero con la estrategia del alcalde y sus secretarios de subir el tono al debate, esas dudas se están convirtiendo no en una posibilidad de que el Concejo lo apruebe sino un motivo más para que eso no ocurra, arrancando por amarrar la mayoría en contra en la Comisión Primera.

El martes Quintero publicó una columna de opinión en el medio económico La República, donde explicaba la urgencia de la venta. Para acompañarla, trinó:

A ese comentario se sumaron los trinos de otros miembros de su gabinete buscando presionar la venta, y uno de su secretaria privada, María Camila Villamizar, causó particular molestia en el Concejo.

Al día siguiente, miércoles, varios concejales reaccionaron en la plenaria y pidieron presentar la queja ante la Procuraduría.

Esto también terminó de definir posturas sobre la venta de EPM.

“Eso se va a caer en Comisión primera, porque los que teníamos algunas dudas, el propio comportamiento e irrespeto de la Alcaldía y sus secretarios le confirma a uno las posturas de un lado”, nos dijo el concejal Carvalho, quien busca cupo para ser candidato a la Cámara en la lista de la Coalición de la Esperanza.

Su colega verde Daniel Duque, quien apoya la candidatura de Carvalho y es presidente de la Comisión Primera del Concejo, no ha cantado su voto pero coincide en que se va a caer. “El alcalde ha tratado a EPM como si fuera un despacho más, por eso el argumento de la confianza no es menor”, le dijo a La Silla.

Por el lado del uribismo, los ataques de Quintero al uribismo y su reciente pelea con el expresidente Álvaro Uribe definieron los dos votos en contra.

Primero fue Simón Molina quien anunció su voto negativo el fin de semana, en un video junto a la senadora Paola Holguín, la cabeza de su equipo político.

Y luego Sebastián López, el sobrino del exsenador Fabio Valencia Cossio que parecía ser el voto decisivo y había guardado silencio, pero su partido pidió a la bancada hacer una oposición más firme a Quintero.

“El partido va a tomar una decisión para votar en bancada. Nos reunimos ya con el expresidente Uribe y él es muy respetuoso, pero sí ha hecho algunos reparos al proyecto”, le dijo a La Silla el concejal López. Molina coincide: “Uribe es respetuoso, pero él va tirando línea”.

Con eso ya sobre la mesa, Quintero atacó directamente en su trino a los concejales del Centro Demorático, que hasta ahora no eran uniformemente opositores.

De la importancia de los uribistas ya hay un antecedente clave: en abril el Concejo hundió otro proyecto bandera de Quintero, el de transformar el aeropuerto Olaya Herrera en una Empresa Industrial y Comercial del Estado (Eice) para convertirlo en una zona verde al estilo del “Central Park” de Nueva York . Y se hundió porque Uribe instruyó a los concejales de su partido a votar negativo.

En ese momento, también votaron en contra dos concejales que eran de la bancada de gobierno: Luis Carlos Hernández, de La U, y Luis Bernardo Vélez, del movimiento del alcalde, Independientes.

“Desde ese momento, el alcalde Quintero perdió el Concejo”, nos dijo el concejal Carvalho, a quien el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, acusó de haber votado con “odio”.

El alcalde ya dice que si el Concejo no le aprueba la venta, EPM tendría que buscar vender sus acciones en ISA. “Hoy es más apremiante, debido a que hay unos sobrecostos adicionales de 2,1 billones de pesos en Hidroituango”, nos dijo. “Pero el resultado más claro es que habría mucha tristeza, porque habríamos perdido 2 billones de recursos públicos más”.

Pero queda una luz.

El plan B pasa por los uribistas

La venta de UNE todavía tiene un camino, aunque sea estrecho, porque la influencia de Uribe no es definitiva sobre los concejales de su partido. Por ejemplo Maria Paulina Aguinaga, una de ellos, está a favor de la venta.

“Si la posición fuera en contra de la venta de UNE, yo podría apelar a la objeción de conciencia”, nos dijo.

También es visible el caso de Albert Corredor, quien es amigo del alcalde y favorable a su administración.

Las divisiones en la bancada uribista son públicas y fueron una de las razones por las que renunció al Concejo Gabriel Dib, amigo del expresidente Uribe. Y así lo acepta el concejal Alfredo Ramos, la cara más visible de la oposición uribista en el Concejo, que explica que no hay coaliciones fijas.

Por ahí se abre una rendija para salvar el proyecto. Aura Marleny Arcila, quien lleva varios periodos en el concejo como liberal y es la coordinadora de ponentes del proyecto, plantea una salida si la Comisión Primera vota como es previsible: ”La Alcaldía podría apelar la decisión y la plenaria decidiría. En caso de aceptarla, el proyecto pasaría a otra comisión”.

Y si en esa otra comisión los uribistas son más quinteristas, el proyecto, que en principio se debatirá en los próximos días, podría sobrevivir. Al final, dependerá de la confianza y los apoyos políticos que logre mantener Quintero.

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