Acelerar la titulación de resguardos indígenas es clave para la conservación

Acelerar la titulación de resguardos indígenas es clave para la conservación
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A orillas del mar Caribe, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los indígenas Koguis, Malayos y Arhuacos lograron tener legalmente una salida al mar después de 30 años pidiéndosela al Estado. “El objetivo es la vida del mar —dice Arregocés Conchacala, cabildo gobernador Kogui, sobre por qué su comunidad estaba reclamando esa zona de la Sierra.— La vida de la biodiversidad está muy conectada con él”.

El resguardo del que él hace parte existe desde 1990, pero su reconocimiento legal ha tardado años y se ha logrado de a poco. Sin embargo, que los indígenas vivan ahí ha permitido que una parte de la Sierra Nevada de Santa Marta se conserve intacta, o que vuelva a crecer en ella un bosque donde la minería y la ganadería deforestaron cientos de árboles.

La historia se repite en casi todos los resguardos del país, que son el 28 por ciento del territorio nacional, según datos de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Los más grandes están justo en la Amazonía (habitada en un 70 por ciento comunidades indígenas), donde en el primer trimestre de 2021, según cifras del Ideam, se deforestaron 41.600 hectáreas.

Desde finales de los 80s el Gobierno de Virgilio Barco tuvo una mirada visionaria al respecto. Desde la Casa Arana, donde los caucheros habían esclavizado a los indígenas, Barco decretó frente a las comunidades la creación de Predio Putumayo, el resguardo más grande del país, de seis millones de hectáreas (aproximadamente del tamaño de Costa Rica). “Aquí están sus tierras, queridos compatriotas. Sigan amándolas y cuidándolas como hasta ahora, ya que ellas, como siempre, seguirán siendo su mejor albergue porque solo ustedes conocen sus secretos, sus bondades, sus debilidades y hasta sus más sutiles actitudes”, dijo.

Hoy los resguardos son la mayor fuente de conservación de la Amazonia, incluso mas abarcadora que los parques Nacionales. Además, son una figura de protección férrea, "inalienables, imprescriptibles e inembargables” según el artículo 63 de la Constitución.

Y la estrategia de Barco ha continuado. En el Gobierno Santos y el actual, de Iván Duque, junto a varias organizaciones de la sociedad civil, se han legalizado resguardos cerca al Chiribiquete para crear un corredor de biodiversidad.

En el extremo norte del país, el año pasado la Agencia Nacional de Tierras (ANT) legalizó poco más de 213 hectáreas nuevas para el resguardo de la Sierra Nevada. Lo hicieron con el apoyo de Amazon Conservation Team, una organización de la sociedad civil que en los últimos seis años ha acompañado la legalización de un área cuantiosa de 942.687 hectáreas para 35 resguardos distintos.

Según ellos, y varias imágenes satelitales sobre el estado de conservación de los resguardos indígenas, darles el título de la tierra a los indígenas es clave para la conservación de la biodiversidad. No solo implica más protección para los bosques, las praderas y los páramos, sino que reconoce la importancia cultural de pueblos indígenas que llevan cientos de años habitando ciertas regiones de Colombia.

“Donde hay comunidades indígenas o afro las tasas de deforestación son menores que las tasas en áreas protegidas. Es porque las prácticas culturales de comunidades étnicas logran tener bosques en mejores estados de conservación”, explica Carolina Gil, directora de Amazon Conservation Team en Colombia.

Legalizar la tierra para las comunidades indígenas y campesinas ha resonado en la campaña electoral. En sus propuestas ambientales todos los candidatos coinciden en que es un mecanismo clave para la protección del medio ambiente: Gustavo Petro dijo que priorizará a las mujeres, Sergio Fajardo que dará títulos tras completar el catastro multipropósito, y Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández que hay que pagarles a quienes cuidan los bosques.

Pero ese no es un proceso fácil. Por ejemplo, con corte a marzo de este año la ANT había recibido 1.451 solicitudes de constitución o ampliación de resguardos indígenas. Algunas llevan décadas en los despachos de las entidades que se encargan de ese proceso.

La conservación que hacen los indígenas

Entre 2012 y 2013, en la Sierra Nevada de Santa Marta la deforestación alcanzó 200 hectáreas. Es poco comparado con las miles que se deforestan cada año en la Amazonía, pero el impacto es grave.

Ese mismo año un grupo de científicos declaró esa zona como el sitio más irremplazable del mundo para las especies amenazadas, y alertó sobre su vulnerabilidad por la acción humana.

La alerta ha tenido mayor impacto en los últimos diez años, pues en la zona se han aprobado cerca de 144 títulos mineros, según denunció el líder Kankuamo Jose Luis Arias en varios medios de comunicación. La Sierra Nevada de Santa Marta es una mina de biodiversidad y de oro.

Aun con esa realidad, las comunidades indígenas son los responsables de que parte de los ecosistemas se conserven. También de que haya nuevos bosques luego de que se perdieran por la minería, la ganadería o el turismo.

Según Gil, de ACT, “algunas de las regiones más biodiversas de la tierra son habitadas por comunidades indígenas. La diversidad biológica también se ha mantenido por las prácticas de las comunidades en el territorio, independientemente de si tienen derechos o no sobre la tierra”.

En el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco ese proceso es evidente. 

El terreno Jaba Tañiwashkaka, de 213 hectáreas y que el Estado le tituló al pueblo Kogui de la Sierra el año pasado, lo compraron en 2012 con recursos del Gobierno, la comunidad Kogui y ACT. Desde ese año las tres comunidades comenzaron a habitar el territorio y a intervenirlo, aún sin que les perteneciera.

Cuando lo recibieron hace una década, como se puede ver en las imágenes satelitales de Maxar-Amazon Conservation Team, era más potrero que selva. 

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Maxar-Amazon Conservation Team

El año pasado, tras la entrega de los títulos, ese terreno había recuperado más del 80 por ciento de su vegetación. 

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Maxar-Amazon Conservation Team

Un caso parecido es el del resguardo Caimán Nuevo, que queda en Turbo y Necoclí, en el Urabá Antioqueño. Es uno de los resguardos más tradicionales del norte de Antioquia y su comunidad, indígenas Gunadule, tienen una relación cultural particular con la tierra: no la pueden usar para exportación, se conciben como parte de ella y la cuidan como dicen cuidar a sus mujeres.

“El territorio es una mujer pedagoga, una mujer hermosa. Por eso no lo usamos para usufructuar y desde que volvió a nuestras manos hay diversificación de cultivos y árboles”, cuenta Milton Santacruz, el cabildo gobernador de ese resguardo.

En 2020 la ANT les entregó 819 nuevas hectáreas, en las que ahora viven 1.951 personas. Todas viven del cultivo de plátano, maíz, y arroz. Pero hace años, cuando el resguardo tenía apenas siete mil hectáreas, la mitad estaba invadida por privados no indígenas que lo usaron para la ganadería.

Legalizar es una estrategia contra actores armados

Según Camilo Niño, asesor de la CNTI, la legalización de resguardos tiene una relación evidente con el conflicto armado. “Donde hay más solicitudes son justo los departamentos donde más ha aumentado la violencia: Cauca y Putumayo. Hay una relación directa entre la inseguridad jurídica y la protección a líderes sociales”, dijo.

Sin embargo, la constante amenaza a los líderes ambientales no ha logrado que la protección que ejercen los pueblos indígenas sobre la selva amazónica sea menor. En esa zona, además, se implementó desde 2019 la Operación Artemisa. Carece de legitimidad en varias comunidades que han denunciado excesos de fuerza por parte del Ejército hacia campesinos e indígenas. Pero también tiene resultados, y en tres años ha permitido la captura de 107 deforestadores.

“Por primera vez estamos viendo procesos judiciales contra grandes deforestadores. Es impajaritable que cualquier presidente tenga que hacer una intervención y tenga que hacer un menú: unas más sobre reconocimiento de derechos, o sobre priorización de la tierra y otras sobre las regiones”, dijo Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo (FCDS).

Por eso, después de que el país alcanzara el pico más alto en las cifras de deforestación en 2017, con 219.552 hectáreas deforestadas, el Gobierno Nacional y varias organizaciones de la sociedad civil buscaron legalizar predios para crear un corredor de biodiversidad en el arco amazónico (conformado por los municipios de Caquetá, Meta y Putumayo). La estrategia ha funcionado parcialmente.

Entre 2017 y 2020 la ANT les dio títulos sobre 694 mil hectáreas a tres comunidades indígenas en los tres resguardos más grandes del Caquetá: Zábalo y Los Monos, Monochoa y Andoke Aduche.

Los resguardos, vecinos entre sí, limitan con la Serranía del Chiribiquete, una de las zonas protegidas más importantes del país y a la vez más amenazadas por la expansión de la frontera agrícola, especialmente después de la firma del Acuerdo de Paz.

Allí persiste la apropiación ilegal e informal de tierras, sobre todo para la ganadería, y la deforestación sigue siendo la más grave del país. La titulación de predios garantiza que privados no puedan apropiarse, o que por lo menos las comunidades indígenas tengan un mecanismo para reclamar cuando sean invadidos.

Los casos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Amazonía, para Botero, muestran que el de la tenencia de la tierra es un asunto clave para propiciar la conservación ambiental. “Es un problemazo de grandes grupos de comunidad vulnerable que pueden terminar metidos en grupos armados o que, por el contrario, pueden terminar en un proceso de recuperación territorial a través de la garantía de derechos o de cuidado del patrimonio ambiental”, enfatizó. 

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