Acuerdo entre la CPI y Duque blinda a la JEP de reformas del Centro Democrático

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El acuerdo firmado este jueves entre el presidente Iván Duque y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, permite “retirar la etapa de investigación preliminar” sobre Colombia, anunció Khan, que está de visita en el país. Duque, en una presentación en la Casa de Nariño, afirmó que estaba “celebrando un paso histórico”.

Con esto Colombia sale de la mira que el organismo de justicia internacional le había puesto desde 2004, que lo mantenía bajo un examen que es la etapa previa a una investigación formal de la CPI. Se trataba de una situación poco halagadora, que Colombia compartía con otros cinco países (Bolivia, Venezuela, Ucrania, Guinea y Nigeria), por la sospecha de impunidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El documento del acuerdo viene con una condición importante: que el Estado mantenga la integridad de la JEP como fue creada por el Acuerdo de Paz.

Es un compromiso que choca con el intento infructuoso de Duque de modificar el tribunal de justicia transicional con seis objeciones que fueron rechazadas por el Congreso en 2019. Y va en contravía de lo que proponen varios precandidatos presidenciales de su partido, el Centro Democrático, quienes, con distintos grados, insisten en modificar la JEP.

Así lo entiende el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, quien afirma que ese lenguaje fue introducido por el Fiscal Khan para hacer frente a esas propuestas de modificación.

Por eso el acuerdo con la CPI significa un espaldarazo a las instituciones creadas por el Acuerdo. “El Acuerdo está funcionando”, dijo el fiscal Khan, reconociendo que sus instancias son suficientes para evitar impunidad en los crímenes más graves del conflicto.

Aún así, también ha traído críticas de sectores defensores de derechos humanos. Según el director de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, se trata de una decisión “desinformada” del fiscal de la CPI, que “puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia”.

Una nueva doctrina en la CPI

Karim Khan fue elegido fiscal de la CPI en febrero de este año, y llegó con el reto de enfocar un organismo que tenía demasiados frentes abiertos y recortes presupuestales. Tenía 14 casos en juicio y 8 exámenes preliminares abiertos. “El peor escenario es tratar de hacerlo todo y terminar no haciendo nada”, escribió en una columna de opinión.

Esa visión aterriza en Colombia con el cierre de la investigación preliminar, en lo que Khan llamó un “cambio de paradigma” en la relación con la CPI. Colombia seguirá informado a ese organismo sobre los avances del país en el juzgamiento de varios puntos de interés que mantiene, pero bajo el entendido de que Colombia tiene los mecanismos para evitar impunidad, tanto por la justicia ordinaria como por la transicional.

En este sentido, la CPI asume un nuevo rol bajo el principio de complementariedad, es decir, que antepone el funcionamiento de las instituciones de justicia colombianas antes de asumir jurisdicción sobre crímenes cometidos en el país.

“Me complace decir que Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales y sus obligaciones reglamentarias, bajo el principio de complementariedad”, dijo Khan, quien resaltó que Duque “se ha comprometido en seguir apoyando la JEP y el proceso de paz”. El espaldarazo llegó sin mencionar la reducción del presupuesto que ha hecho el Gobierno a la JEP.

Con esto se pone fin a un examen de 17 años de la CPI sobre Colombia, dividido en cinco áreas de interés: los “falsos positivos”; la expansión paramilitar; delitos sexuales en medio del conflicto; desplazamiento forzado y crímenes de máximos líderes de las Farc.

Pero no es un cheque en blanco. 

El blindaje de Duque y la CPI a la JEP

En el artículo 6 del acuerdo firmado por las dos partes se deja una constancia explícita de que “la Fiscalía podrá reconsiderar su evaluación de la complementariedad a la luz de cualquier cambio significativo de las circunstancias”, alrededor del funcionamiento de las instituciones de justicia colombianas.

El fiscal Khan delineó explícitamente que el compromiso incluye que la JEP “reciba todos los fondos que merecen y asegurar que no exista interferencia política” en su funcionamiento. Aún más, en el primer artículo del acuerdo Duque se compromete a que “el Gobierno continuará: (i) salvaguardando su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura”.

Por fuera del Gobierno, el acuerdo fue cobrado como un éxito de la estabilidad del Acuerdo de Paz. En un comunicado, la JEP resaltó que “esta decisión representa un sello de la más alta calidad, en derecho penal internacional, sobre los beneficios, las sanciones, los procedimientos, el esfuerzo y los resultados de la JEP”.

Según Sergio Jaramillo, exnegociador de Juan Manuel Santos, “más allá de otras consideraciones, que no son pocas, es un triunfo del Acuerdo y de la JEP: por primera vez la CPI reconoce el sistema transnacional de un país como ajustado al Estatuto de Roma”.

En la misma dirección, para el senador del Polo Iván Cepeda, el acuerdo “es un hecho supremamente importante, puesto que el Gobierno Duque había insistido en reformar este organismo, que es hoy ejemplo en el mundo”.

Hacia el futuro, este acuerdo implica que una reforma a la JEP sea susceptible de activar de nuevo un examen preliminar de la CPI, si el organismo considera que va en detrimento de la estructura actual del sistema que acaba de avalar.

Esto chocaría con las propuestas que ha hecho el propio Álvaro Uribe para modificar la JEP, como la que está en su proyecto de amnistía, que propone que a los militares que tienen cuentas pendientes en la JEP los juzgue una sala diferente a la que juzga a los exguerrilleros.

En esa línea van reformas como la que propone la senadora María Fernanda Cabal para cambiar la forma en la que los militares son juzgados y cambiar a los magistrados que integran el tribunal, pues los actuales están “sesgados”.

Según Cabal, el acuerdo firmado por el presidente Duque “no implica que no se pueda reformar la JEP si no se obstaculiza su funcionamiento”. Aún más, sostiene que el compromiso de que la CPI no actúe en Colombia depende de que las “jurisdicciones deben responder a las víctimas, por eso, lo que se espera es que se reponga de manera real a la víctimas de las Farc”.

Pero, en el futuro, cualquier modificación a la JEP que se proponga terminará evaluada frente a la posibilidad de que active de nuevo la mirada de la CPI en el país. Eduardo Cifuentes, el presidente de la JEP, resalta esto explícitamente: “Es la forma como el fiscal Kahn quiere responder al proyecto del Centro Democrático de modificar la JEP”.

Aún más, Cifuentes resalta que el cierre del examen “no significa que la CPI se fue de Colombia. Al contrario, se entabla, bajo un nuevo paradigma, una relación activa con la JEP y queda atenta a cualquier llamado nuestro”.

Debate por el “efecto el fantasma” de la CPI

El cierre del examen preliminar sobre Colombia se veía venir. Por eso, desde hace 14 días, Human Rights Watch, una ONG de derechos humanos estadounidense, había advertido en contra de ella.

En una carta al Fiscal Khan, José Miguel Vivanco, director para el continente de la ONG, había pedido mantenerla abierta bajo dos argumentos generales distintos, que sostienen que los ojos de la CPI eran útiles para garantizar que no hubiera impunidad.

El primer argumento es que la vigilancia de la CPI ejercía presión sobre la JEP para que sus sanciones no sean demasiado laxas: “Todavía no hay claridad sobre en qué consistirán las sanciones, conocidas como ‘restricciones de libertad’, que impondrá” la JEP, escribió Vivanco.

El segundo argumento es que la vigilancia de la CPI blindaba la independencia de la JEP de reformas internas: “el proceso de justicia transicional sigue siendo frágil. El expresidente Álvaro Uribe, mentor del presidente Iván Duque y líder del partido de Gobierno, ha propuesto recientemente una ‘amnistía’”, agregó la carta.

Sin embargo, es una posición que incluso otros abogados expertos en derechos humanos y críticos del Gobierno no comparten. Según Alirio Uribe, quien ha trabajado con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y hoy es precandidato del Polo al Congreso, “lo que vemos es que es un compás de espera, porque se podría volver a abrir un examen preliminar si la justicia no avanza lo suficiente”. Uribe era partidario de que el examen se mantuviera, pero sostiene que su cierre ahora “compromete al Gobierno Duque a no intervenir en las funciones de la JEP”.

Por su parte, expertos como el abogado Juan Ospina llaman la atención de que el acuerdo se centre tanto en le JEP, que como solo es competente sobre los ex-Farc, militares y los terceros que quieran someterse a ella, deja por fuera otros actores responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra. “Lo demás está en manos de la Fiscalía General. La cifra de impunidad del país, reportada por esta misma institución (no actualizada en sus informes de gestión), es desalentadora”, trinó.

Más allá de las consecuencias jurídicas, la decisión que toma Duque tiene un impacto en el panorama político para las futuras reformas del Acuerdo que se ventilarán en la campaña presidencial. El papel de la CPI ha estado en el ambiente en Colombia desde hace casi dos décadas. Ahora, gracias a un acuerdo firmado por el Gobierno Duque que logra sacar a Colombia de una lista de estados cuestionados, el fantasma de la CPI pesará en contra de los candidatos que proponen modificar la JEP, sobre todo los de su propio partido.

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