“Aguantando hambre”: la crisis cocalera se expande por Colombia

Con 200 mil hectáreas de hoja sembradas para 2021, un cifra histórica según el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, todo apunta a que es una crisis de sobreoferta. Según la Oficina para la droga y el delito de la ONU (Unodc) el mercado de cocaína está disparado en el mundo. “El suministro está en máximos históricos. Las incautaciones están aumentando a nivel global y varios indicadores muestran un incremento de su uso en varias regiones”, dice en el reporte mundial publicado la semana pasada. 

Catatumbo: la crisis abre una ventana para la sustitución

“Esto es un secreto a voces desde hace mucho rato”, dice Holmer Pérez, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), sobre la crisis económica de la coca en esta subregión del Norte de Santander. “Hace más de un año no hay compra de pasta base de coca de manera fluida. Es decir, no hay quien compre toda la pasta y lo que se compra es muy poco”, dice.

Según Pérez y otros dos líderes sociales del territorio, la falta de compra de coca ha derivado en una crisis económica generalizada, pues la coca ha sido desde hace años el motor de negocios legales e ilegales en el Catatumbo. Tanto así, que según el último informe de la Unodc, esta es la segunda región del país con más hectáreas de cultivos con 42 mil, un 21 por ciento del total de cultivos del país.

Catatumbo se ha convertido en un enclave cocalero clave, por su ubicación en la frontera con Venezuela, la cuál es dominada por grupos armados: la guerrilla del ELN y la disidencia del Frente 33, aliada a la de Iván Mordisco”.

Pero, como reveló La Silla, desde comienzos del año pasado, la región vive una crisis de la coca tras la captura de alias “Otoniel”, el exjefe del Clan del Golfo. Esto debido a que este capo tenía el visto bueno del Frente 33 y del ELN para entrar a los compradores y se encargaba de asegurar las rutas.

“El campesino cuando llega al comprador nunca le pregunta quién es, ni de dónde viene la plata. Pero ahora es una pregunta que nos estamos haciendo, porque no sabemos qué pasó”, dice Wilder Mora, líder en Catatumbo de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam).

Lo que sí tienen claro los cocaleros son los efectos de la crisis. Las tres fuentes consultadas en la región coinciden en que hay familias “aguantando hambre” y que los cultivos de coca están siendo abandonados. “El rastrojo se los está comiendo, porque los insumos para atender esas matas son muy costosos”, dice Pérez de Ascamcat.

Para Pérez, esta es una oportunidad para que el gobierno de Gustavo Petro le dé un gran impulso al programa de sustitución de cultivos ilícitos y al acuerdo de paz. “Si no se hace rápido, se corre el riesgo de que nuestra región se convierta en una región minera. En Tibú y Sardinata, ya se está dando la minería artesanal de carbón”, dice.

Yamile Rojas, coordinadora de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en Catatumbo, dice que los cocaleros aún guardan la esperanza de que se reactive esta economía, pero la crisis ha abierto una ventana para alternativas desde el gobierno. “En otro momento hablar de sustitución era gravísimo, no lo veían atractivo ni viable. Hoy en día creo que es la mejor alternativa”, dice.

“La conclusión es que hay recesión económica en los territorios cocaleros. Muchas familias buscan otras cosas para obtener ingresos. Se mueven a buscar oro, por ejemplo, en Catatumbo tomó fuerza la explotación de carbón”, dice el Pedro Arenas, de la Corporación Viso Mutop, asociados al International Drugs Policy Consortium.

Nariño y Cauca: la violencia frena la compra de coca

“Hoy, vender la hoja de coca en Tumaco se convierte más en un riesgo que en una oportunidad”, dice Uberley Ramírez, un líder social que conoce la dinámica de los cultivos de coca en el municipio.

Tumaco está ubicado en el Pacífico, la región que tiene más hectáreas de coca sembradas en el país (89.266) . En 2019, el municipio nariñense registró casi 10 mil hectáreas de coca sembradas, pero desde mediados del año pasado este cultivo viene en una crisis sin precedentes que se ha agudizado.

Ramírez dice que esto pasa porque la disputa por el control territorial es tanta que la misma comunidad ya no sabe quién manda ni en qué zonas y, por lo mismo, no sabe a quién venderle la producción.

“La coca se le vende al que tenga el control territorial o al comprador que ellos autoricen a entrar al territorio y al que le cobran un impuesto. Pero en una situación de constante cambio del mando, no sabes a quién le puedes vender y, si se lo vendes al enemigo, eres objetivo militar”, cuenta.

En Tumaco, en especial en la zona fronteriza que limita con Ecuador y donde funciona el enclave cocalero del municipio, la columna móvil Urias Rondón de las disidencias al mando de “Iván Mordisco” se pelean el territorio con los frentes aliados a la Segunda Marquetalia de “Iván Márquez”.

“Un día hay un grupo en la zona y al otro ya cambió. Eso no da seguridad para vender la coca y genera zozobra. La gente está atemorizada”, dice Ramírez. Ese miedo de mover la coca se combina con otros dos aspectos. El primero es la baja en los precios del mercado que tiene la arroba de hoja de coca en unos 27 mil pesos cuando antes de la crisis costaba 45 mil. “Vender la hoja de coca ya no es negocio”, dice un tumaqueño de un consejo comunitario que tiene varias hectáreas sembradas.

La segunda es la escasez de compradores que ven en la zona una inestabilidad para mover su negocio. En medio de la disputa territorial, ninguna de las disidencias garantiza que la producción sea entregada. Al contrario, puede salir más costoso al pagarle a ambos grupos para evitar pérdidas o terminan perdiéndolo si alguno le impide sacar la coca.

Pero eso ha parado el mercado de la coca en Tumaco, que es el motor económico del municipio. “Cuando hay plata, todos los días son de fiesta. Pero las discotecas, los bares, el tema de los licores está frenado. Si estuviéramos en auge económico ya Tumaco estaría lleno de motos Scooters que son las últimas del mercado”, dice Ramírez.

Aunque no hay cifras oficiales, si hay hechos que muestran que el dinero no se está moviendo. Por ejemplo, en las prenderías de Tumaco, donde venden principalmente oro, los dueños están enviando el metal a Medellín para fundirlo y vendérselo a la industria tecnológica que cada vez lo usa más.

“La coca es la única empresa que ha generado tanto empleo en Tumaco — dice un líder indígena que siembra coca —. Ha sido sostenible y garantista. La gente ha podido mejorar su calidad de vida, enviar a sus hijos a estudiar, arreglar su vivienda. Hoy eso está bloqueado”. Por eso, la crisis de la coca golpea tan fuerte al municipio, porque no hay mayores fuentes económicas para reemplazar un negocio que había sido sostenible.

El temor es que, sin la plata que mueve la coca, pueden dispararse delitos como la extorsión y los robos como una forma de buscar un sostén económico en Tumaco. Pero no es el único municipio del Pacífico que vive esta crisis.

Argelia (Cauca), que junto con Tumaco y el Charco (Nariño) concentran el 40% de los cultivos de coca de la región, vive una crisis económica desde septiembre porque la coca ya no es rentable. Y el 95% de su población depende de ese cultivo.

“La coca que tenía guardada la vendí, ahí está retoñando la que está sembrada, pero no hay plata para los insecticidas”, cuenta un campesino de Argelia (Cauca) que intercala los cultivos de coca con los de pancoger. Durante semanas esperó a que la arroba de coca aumentara de precio, pero eso no sucedió. Al final vendió cada arroba que tenía almacenada a 35 mil pesos. Antes de la crisis de compra le hubieran pagado cada una a 60 mil.

La situación en Argelia llevó a la alcaldía a realizar un foro económico y campesino en diciembre en el que los asistentes plantearon sus preocupaciones y alternativas. Una de las conclusiones fue que esta era una coyuntura clave para diversificar los cultivos y apostarle a otros productos. Por eso los 37 socios de una asociación campesina en el municipio empezaron a moverse para reactivar la producción de mermeladas, conservas y jugos que tuvieron en una pequeña fábrica durante los años 70 y 80.

En Tumaco, la crisis también ha servido para desincentivar el cultivo de coca. Es lo que Uberley Ramírez llama “Erradicación social, o sea, el pensamiento claro de no seguir sembrando” y que ha sido acogido con mayor fuerza por parte de las comunidades étnicas que son las que más han vivido la relación entre los cultivos de coca y la violencia generada por los grupos armados ilegales.

“Las comunidades afros e indígenas ya no ven rentabilidad en la coca, pero mientras haya necesidades básicas insatisfechas no vamos a hacer mucho. Con hambre no se piensa muy bien — dice Ramírez—. Hay que buscar alternativas para sustituir, pero que no estén sujetas al Pnis (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), eso fracasó”.

Putumayo: campesinos endeudados y la pasta guardada

La esperanza de los cocaleros del Putumayo era que en diciembre de 2022 llegaran los compradores. Pero, según le dijeron a La Silla dos fuentes del territorio que pidieron la reserva para hablar, hoy los campesinos están endeudados y con la pasta base de coca guardada en las casa esperando que llegue el dinero del narco.

“En noviembre del año pasado fue el mayor pico de producción de pasta base de coca en el departamento, cuando había plata que entraba para comprar. Justamente fue en la última cosecha que se suspendió la compra”, le dijo a La Silla una líder social de Putumayo, que pidió no ser mencionada porque este negocio es manejado en el departamento por el grupo armado ilegales Comandos de la Frontera.

Junto con Caquetá, Putumayo conforma la cuarta región con mayor cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos: 31.874 hectáreas reportadas en 2021. Es una región estratégica para la cadena del narcotráfico por ubicarse en la triple frontera con Ecuador y Perú, que facilita la salida internacional de la droga.

Por eso, la mayor concentración de cultivos de coca se da hacia la zona de frontera, especialmente con Ecuador, en municipios como San Miguel, Guamuez, Orito y Puerto Asís. En esa zona es donde son más fuertes los Comandos de la Frontera.

Según dos fuentes del territorio, que piden no ser citadas por su seguridad, los Comandos son los que manejan directamente el negocio de la coca en la región y tienen control de los cristalizaderos. Tanto así, que en la crisis actual, los cultivadores desesperados han buscado vender en otros lugares su producción, pero este grupo armado lo impide.

“A la gente le prohíben que saque la coca, porque ellos siguen esperando que la plata entre. Entonces crece la incertidumbre de cuándo va a llegar la plata”, dice la lideresa social de la región.

Por eso desde hace meses la producción está guardada. “Hace 15 días fui a una casa en un lugar en San Miguel. Ahí vi una cosa tapada ahí, cuando me dice la señora de la casa: ‘La pasta, desde septiembre no han vuelto a comprar’”. Aunque se supone que la pasta de coca es un producto que no vence, en el calor y la humedad selvática de Putumayo se terminan dañando las “panelas”. Eso le pasó a los cocaleros que guardaron la producción en 2017, cuando empezó la sustitución.

Dos fuentes del departamento le dijeron a La Silla que una de las hipótesis de la crisis de la compra de pasta base es que los contactos de los Comandos con miembros corruptos de la Fuerza Pública se perdieron. Estos permitían la actividad en la región y tras los ajustes en esa institución con el gobierno de Petro, los cocaleros dicen que ya no están cooperando con los grupos armados.

En ese contexto, varios líderes de sustitución de cultivos ilícitos de Putumayo le han pedido en reuniones privadas a Felipe Tascón, el nuevo director del Pnis, que se devuelva la confianza al programa de sustitución y se aproveché la crisis como una oportunidad para cambiar los cultivos de coca que han sido abandonados temporalmente por las familias. Tascón visitó ese departamento la semana pasada para reunirse con los cocaleros.

“Es un momento propicio para implementar programas sociales y alternativas de desarrollo. Pero el gobierno no lo está aprovechando”, dice el experto Pedro Arenas.

¿Qué hay detrás de la crisis?

Aún no hay claridad sobre las causas que llevaron a la crisis cocalera, pero hay varios factores que pueden incidir. El principal, y en el que coinciden cuatro expertos consultados por La Silla, es la sobreoferta debido al aumento histórico de los cultivos de coca, que en 2021 se estima en 204 mil hectáreas según Unodc.

Otro punto es el que explica Jeremy McDermott, director de Insight Crime, un centro de pensamiento que investiga el conflicto: “Las rutas de exportación de cocaína no han podido crecer al mismo ritmo de la producción. A eso se debe el aumento en las incautaciones. Pero el narcotráfico es el negocio que más fácil se adapta a las circunstancias. Pronto las rutas van a estar al mismo nivel”.

“Si la hoja de coca no se mueve y la demanda de la cocaína se mantiene, como ha pasado en el mercado internacional, lo normal sería que el precio aumentara. Pero eso no pasa. Ahí hay uno de los factores claves: una sobreoferta que hace que el producto no escasee”, dice Adrián Restrepo, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Lo que podría significar que hay un almacenamiento de coca o cocaína que está permitiendo responder a la demanda sin comprar en el territorio.

Más allá de las teorías y los diferentes contextos de cada territorio, el hallazgo es claro: en las principales regiones productoras, los cocaleros no están vendiendo su producción y hay cultivos que llevan semanas sin ser recogidos porque no hay dinero. Mientras algunos mantienen la esperanza que esta economía ilícita se reactive, otros que antes se oponían a la sustitución de cultivos, hoy le piden al gobierno lanzar un plan para abandonar la coca.