Ahora que sí le conviene, el uribismo busca tumbar la Ley de Garantías

Ahora que sí le conviene, el uribismo busca tumbar la Ley de Garantías
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El presidente Iván Duque y su bancada en el Congreso están empeñados en reformar la Ley de Garantías para que en las próximas elecciones las entidades públicas —desde la Presidencia hasta las alcaldías— sí puedan contratar sin licitar, inaugurar obras o modificar las plantas de empleados públicos.

Lo curioso es que en 2015 y 2017, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos planteó esa misma posibilidad con argumentos similares el expresidente Uribe, el entonces senador Duque y los demás congresistas del Centro Democrático pegaron el grito en el cielo señalando esa movida como una trampa para meterle mano a las elecciones.  

“Debemos unirnos para evitar que este asalto a la legalidad y a las garantías electorales sea constituido por parte de un gobierno que todos los días pierde más confianza, más credibilidad y genera más rechazo ciudadano”, escribió Duque en 2017.   

“Eliminar la Ley de Garantías es una trampa de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas”, dijo en 2015 el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe. 

Con un viraje de 180 grados, ahora tanto Duque como el Centro Democrático le apuestan a dos caminos para tumbar esas mismas garantías que antes invocaban.

Uno es el camino más conocido y habitual que es sacar esa reforma por las comisiones  constitucionales. Para ello, Duque le puso un mensaje de urgencia al proyecto para que se debata con mayor celeridad. 

Otra ruta más arriesgada, pero más expedita, es incluir esa reforma en alguno de los dos proyectos que sí o sí deben salir este semestre: el de la reforma tributaria o la ley del presupuesto 2022. 

El Plan A

La Ley de Garantías nació en 2005 fruto de un acuerdo político entre el gobierno de Álvaro Uribe —pensando en su reelección en 2006— y la oposición que en esa época era liderada por el Polo Democrático. 

Desde esa época está prohibida la contratación directa en entidades públicas durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, ya sean nacionales o regionales. En ese periodo los mandatarios tampoco pueden inaugurar obras, cambiar la nómina de empleados, ni hacer convenios interadministrativos porque con eso pueden inclinar la balanza hacia candidatos de sus partidos. 

Pero el 20 de julio pasado, en el arranque del último año legislativo de este cuatrienio, 34 congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Conservador, y movimientos cristianos radicaron un proyecto de ley para tumbar esas restricciones.

Un día después, el presidente Iván Duque le puso al proyecto un mensaje de urgencia. 

“Es un deber hacer esa modificación para que no se atrase y se afecte la contratación en momentos en que muchos alcaldes y gobernadores se vieron afectados por la covid-19. Con esta modificación, queremos que sigan los ciclos de inversión, que se puedan hacer los convenios interadministrativos y que nos movamos hacia adelante”, dijo el presidente Iván Duque. 

Como se trata de una reforma a la Constitución y comprende varios artículos, el proyecto debe pasar por las comisiones Primera de Senado y Cámara. Y allá, el Gobierno y su bancada tienen cómo avanzar el proyecto. 

De hecho, en el debate del Código Electoral del año pasado, la Ley de Garantías estuvo a punto de ser eliminada.

Cuando se votó en la Comisión de Cámara, donde muchos representantes son aliados políticos de gobernadores y alcaldes, 25 de 34 representantes estuvieron a favor de eliminarla. En la del Senado, donde hay una representación más nacional y ligada a la opinión, el pulso fue más parejo porque 11 senadores votaron por tumbarla y once por mantenerla. 

Al final, el Código dejó por fuera la Ley de Garantías por los reclamos de congresistas de oposición como Gustavo Petro, Alexander López, Roy Barreras y Rodrigo Lara.

“El eje central de la Ley de Garantías es impedir que los recursos públicos ingresen a las campañas políticas, ni más ni menos, ese fue uno de los factores de la Constituyente, que el recurso público no financie las campañas”, dijo Petro. 

Para manejar el proyecto en esa Comisión, el Gobierno cuenta con mesa directiva amiga. Como contamos, el Gobierno se movió para montar de presidente a Germán Varón de Cambio Radical, cuando los acuerdos hechos entre los partidos decían que ese cargo le correspondía a Roosvelt Rodríguez de La U, quien ha sido más crítico de Duque.   

Sacando el proyecto de las comisiones primeras, el margen de maniobra es más grande en las plenarias donde los partidos de la coalición tienen mayorías.  

Pero si el tema en las comisiones se llega a embolatar o los tiempos de la agenda legislativa retrasan el proyecto, el Gobierno tiene en marcha un plan B: un “articulito” con cara de mico. 

El mico de la tributaria 

Una de las 350 proposiciones que han metido los congresistas al proyecto de reforma tributaria que comenzó a discutirse esta semana llama la atención y ha pasado de agache. Se trata de una propuesta del senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, y apoyada por unos diez senadores más, que pide eliminar un artículo clave de la Ley de Garantías. 

Proposición Carlos Meisel by Jerson Ortiz on Scribd

Es el que dice que los “Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”. 

Los convenios interadministrativos están permitidos por la ley, pero han generado críticas porque las empresas mixtas con las que las gobernaciones o alcaldías se asocian se rigen por derecho privado, lo que hace más difícil hacerle veeduría a la contratación que le delegue un ente público.

Esas críticas las hemos documentado en La Silla con los casos de Barranquilla y Atlántico, Cali, y Medellín por ejemplo.  

El senador Meisel, presidente de la Comisión Cuarta del Senado por donde pasarán las reformas de plata, le dijo a La Silla que su propuesta busca que las obras en las regiones no se paren porque eso agravaría los impactos negativos en las economías regionales tras la pandemia. Que es una petición que tiene el respaldo de los gobernadores y alcaldes. 

"En la realidad actual y tras los efectos de la pandemia que en muchos casos obligó a suspender convenios y contratos durante cerca de un año, mantener esta Ley castiga la ejecución y avance de los planes de desarrollo territoriales, lo que en la práctica puede significar una parálisis cercana al 50% del tiempo de gobierno de los mandatorios locales", dice Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos.  

“No nos podemos dar el lujo en noviembre de suspender proyectos con tantos retrasos, no todo es culpa de la pandemia, pero sí hay que entender que la pandemia atrasó muchos procesos”, dijo Meisel. 

Para el senador, meter esta reforma en la tributaria haría que entre a operar más rápido a esperar a que se debata en la Comisión Primera. Por ahora, está buscando que el Ministerio de Hacienda, que es el que define qué proposiciones entran o no a la reforma, le dé el aval. 

“El Gobierno ya me dijo que si no se podía por temas legales meterla en la tributaria, se comprometía a meterla en la ley del presupuesto —añadió— Lo que pido es que se dé el debate, varios compañeros de varios partidos me han dicho que apoyan esta reforma”.

Bien sea con ese “articulito” o con las movidas en el otro proyecto que es más ambicioso, lo que está claro es que el Centro Democrático sí quiere cambiar las reglas de juego que tanto defendió cuando estaban del otro lado del tablero. 

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