Alirio Villamizar (arriba), puede ser otra pieza en el rompecabeza de las 'Yidis-política'. Manuel Cuello Baute (abajo), fue el primero en denunciar que Villamizar había recibido una notaría a cambio de su apoyo al proyecto de ley que permitió la reelección de Álvaro Uribe.

El viernes pasado se conoció el texto completo de la sentencia contra el ex senador y ex presidente del Partido Conservador Alirio Villamizar mediante la cual el Consejo de Estado le quitó la investidura de congresista. Con este fallo se confirma que Villamizar recibió del Gobierno una notaría en 2006 - contrario a lo que dijo entonces el presidente Uribe - y cobra vigencia la tesis de que lo hizo, como otros congresistas, a cambio del apoyo a la reelección presidencial.

En junio de 2009 la revista Semana reveló el testimonio del ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute, quien confesó ante la Corte Suprema de Justicia que había entregado más de 30 notarías a congresistas como contraprestación por el voto favorable al proyecto de ley que permitió la reelección presidencial. Para entonces, Cuello Baute ya había sido condenado por el delito de concusión.

En el listado con nombres de congresistas y las notarías que recibieron, Alirio Villamizar estaba entre los favorecidos. Con estos antecedentes, la Corte empezó a investigar al senador conservador y, en un allanamiento a su casa en Bucaramanga en agosto de 2009, encontró casi 740 millones de pesos y 13 mil dólares en efectivo. Poco después fue capturado.

Para ese momento, Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus ya habían sido condenados por cohecho por recibir prebendas a cambio de su voto favorable al proyecto de ley de la reelección. Entra las prebendas recibidas, también hubo notarías. 

Cuando se conocieron las denuncias de Cuello Baute el presidente Uribe se defendió diciendo que las notarías eran entregadas por concurso y que eran los otros gobiernos anteriores al suyo los que "nombraban libremente en estos cargos a personas idóneas y afines a la administración de turno".
 

Según el Consejo de Estado, Villamizar le exigía a la notaria 11 del Círculo de Bucaramanga, Luz Janeth Rojas, el 50% de su sueldo, ya que él supuestamente le había ayudado a conseguir ese nombramiento en 2006. Como garantía, Villamizar le hizo firmar unas letras de cambio y nombró un contador de su confianza para que trabajara en la notaría. Por último, la esposa del Senador, María Meneses Quintero, visitaba constantemente a Rojas e incluso hizo que le adecuaran un puesto de trabajo en la notaría.

Villamizar trató de justificar la relación con la notaría de diferentes maneras (dijo que usualmente hacían muchas diligencias allí); ofreció explicaciones sobre los dineros que encontraron en su residencia (dijo que era dinero de toda su familia, ahorros y producto de negocios recientes), y también habló de las anotaciones que encontraron en una agenda sobre los cobros que hacía (dijo que la anotación 'letra' en una libreta no hacía referencia a una letra de cambio sino a la base de datos de sus contactos, que está ordenada alfabéticamente). No obstante, ni la Procuraduría ni el Consejo de Estado le creyeron.

Para abrir el pliego de cargos, el procurador Ordóñez planteó que Villamizar había usado su cargo para "solicitar cualquier retribución, contribución o utilidad" a la notaria Luz Janeth Rojas. En otras palabras, aprovechó su posición para chantajearla. Pero la Procuraduría no se ocupa, al menos por ahora, de si en efecto Villamizar controlaba esa notaría y la podía asignar a dedo. En este proceso aún falta que el ex Senador rinda descargos y que haya una decisión definitiva.

El Consejo de Estado, por su parte, sí analizó ese punto, y concluyó que Villamizar sí intervino en esa designación y, por lo tanto, incurrió en tráfico de influencias para que Rojas fuera nombrada y, más adelante, él recibiera una dinero por esa gestión. Según el Consejo, de los hechos y los testimonios se desprende "la prueba de la intervención del doctor Alirio Villamizar Afanador, en su condición de Senador de la República, en la designación de la doctora Luz Yaneth Rojas Portilla, como Notaria Once del Círculo de Bucaramanga".

"En el mes de agosto de 2006 (...) recibí una llamada directamente del Senador, en donde me expresa que tenía la posibilidad de un nombramiento en una notaría de primera categoría, que a él no se le había olvidado la charla que habíamos sostenido (...) Fue así como me solicitó que debía viajar inmediatamente a Bogotá", dice la ex notaria Rojas en su testimonio. Y añade que el mismo día que se reunió con Villamizar en Bogotá fueron a la Superintendencia de Notariado para reunirse con Manuel Cuello Baute. Sin embargo, al parecer él no pudo atenderlos.

Este testimonio coincide con el del esposo de la notaria y, en algunos detalles, con lo que dijeron los empleados de la Notaría y las personas que trabajaban con Villamizar. Y aunque para el tribunal la intervención del Senador para lograr el nombramiento existió, no tiene la 'prueba reina' de cómo se hizo: "Si bien es cierto que no existe la prueba directa (...), resulta suficiente que se demuestra la intervención por parte de un congresista, a fin de recibir un beneficio para sí o en favor de un tercero", dice la sentencia.

Rojas fue nombrada el 30 de octubre de 2006 en el mismo decreto en que se creó la Notaría 11 del Círculo de Bucaramanga. En ese momento, contrario a lo que dijo el presidente Uribe, el Gobierno tenía discrecionalidad para nombrar notarios, puesto que, según dice el Consejo de Estado, "no se había llevado a cabo el concurso de notarios, que permitiera efectuar los nombramientos en propiedad". Dicho concurso sólo se hizo a finales de 2006.

La pregunta entonces es si esa intervención de Villamizar para obtener la notaría tuvo relación con su apoyo al proyecto de ley que permitió la reelección en 2006.
 

A finales del año pasado, la Corte Suprema llamó a juicio a Alirio Villamizar por enriquecimiento ilícito, y se le sigue otro proceso por concusión (varias de las pruebas usadas por la Procuraduría y el Consejo de Estado hacen parte de estos procesos). También se le investiga en el proceso de la entrega de notarías a cambio de apoyo a la reelección, donde podría estar involucrado en cohecho, delito por el que ya fueron condenados Yidis Medina y compañía.

Según las denuncias del ex superintendente Cuello Baute, Villamizar - que en la época del trámite de la reelección era representante a la Cámara - recibió una notaría a cambio de su apoyo a la reelección.

Semana cita una parte del testimonio de Cuello: "Era tal la presión que ejercía el senador Villamizar, que en la Superintendencia indagaba por el decreto de creación de la notaría y el decreto de nombramiento. Fue él mismo quien pregonaba que le habían dado la notaría en pago por la causa reeleccionista. En las insistentes llamadas de Bernardo Moreno y (el viceministro Hernando) Angarita terminaban advirtiéndome que la demora de la Superintendencia impedía cumplir un compromiso con un senador impecable en el exitoso curso del proyecto de reelección".

Más recientemente, Villamizar fue uno de los impulsores del referendo reeleccionista. Según Semana, incluso "fue el encargado de anunciar la oferta de la Casa de Nariño de ponerles abogados a los congresistas que tenían miedo de votar el referendo por la investigación que les sigue la Corte por prevaricato".

En el listado de congresistas y notarías entregado por Cuello Baute a la Corte, dice que Villamizar recibió la Notaría Segunda de Floridablanca, pero nada dice de la Notaría 11 de Bucaramanga. La Corte Suprema tendrá que aclarar esto, pero por el momento hay una explicación inicial: la notaría que Villamizar entregó a Luz Janeth Rojas, y por la que cobró una 'mordida' por casi tres años, fue creada en octubre de 2006, dos meses después de que Cuello Baute salió de la Superintendencia.

Más allá de eso, varias cosas van quedando claras: que algunos congresistas que apoyaron el proyecto de ley recibieron notarías a cambio; que Villamizar hizo que nombraran a una persona en una notaría y recibió un beneficio económico por eso; que su nombre aparece entre los beneficiarios que denunció Cuello, y que, en 2004, votó a favor de la reelección y fue un entusiasta promotor de ésta. Ahora la Corte Suprema tiene la palabra.