Álvaro Uribe frustra el plan de Duque de tumbar Ley de Garantías

Álvaro Uribe frustra el plan de Duque de tumbar Ley de Garantías

El expresidente Álvaro Uribe Vélez marca distancia de su ahijado político Iván Duque

Ayer por la mañana el expresidente Álvaro Uribe sacó un trino diciendo que el Centro Democrático no debería apoyar la eliminación de la Ley de Garantías, una norma que impide que alcaldes y gobernadores contraten en época preelectoral para evitar que usen los recursos públicos para ayudar a sus candidatos. 

Con ese trino, el ex presidente enreda una movida del presidente Duque, que ha generado indignación en las redes sociales pero que le había prometido a los partidos de su coalición y a los alcaldes y gobernadores.

La orden del ex presidente no solo marca una nueva distancia frente al presidente Duque ad portas de la época electoral, sino que también evidencia las divisiones que existen en el Centro Democrático y la falta de manejo del Gobierno de su coalición en el Congreso.

La nueva discordia entre Uribe y Duque

Hasta que el ex presidente metió la cucharada, el Centro Democrático y el Gobierno estaban alineados en modificar la Ley de Garantías.

Hace dos meses, el mismo uribismo había intentado meter un artículo en la reforma tributaria que le permitía a las alcaldías y gobernaciones hacer convenios interadministrativos en plena época preelectoral. 

Estos convenios suelen utilizarse, entre otros, para que Presidencia entregue plata a los territorios, financie o cofinancie obras, contratar de manera directa a empresas mixtas con las que las gobernaciones o alcaldías se asocian, y por esa vía en algunos casos, saltarse la ley 80. Esto hace más difícil hacerle veeduría a la contratación que le delegue un ente público.

Tres senadores de las comisiones económicas y un alto funcionario del Gobierno nos confirmaron que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, pactó con los ponentes de la tributaria dejar esa propuesta como una constancia. Y mover la eliminación de la Ley durante las siguientes semanas.

“Esa proposición (en la tributaria) la acordamos Gobierno, ponentes y congresistas de las (comisiones) económicas”, nos dijo el senador Juan Felipe Lemus, de La U. “Y el Gobierno se comprometió a que iba a trabajar el tema de la Ley de Garantías en una ley que está en la Comisión Primera del Senado y que iba a trabajar lo de los convenios en el proyecto de presupuesto”.

Y así fue. En la ponencia del proyecto de Presupuesto para su primer debate en las comisiones económicas de la semana pasada apareció el artículo que elimina la restricción a los mandatarios locales de hacer convenios interadministrativos.

Justamente, los senadores del Centro Democrático Ciro Ramírez y Carlos Meisel, de las comisiones terceras y cuartas, fueron los que lo incluyeron.

Y la ponencia fue apoyada por el Ministro de Hacienda y otros congresistas, principalmente de La U y Cambio Radical.

Es una iniciativa que va en línea con las posturas de Asocapitales (que reúne a los alcaldes de las grandes ciudades), la Federación de Departamentos y la Federación de Municipios, que vienen haciendo lobby con congresistas para tumbar la ley de garantías.

Pero es un proyecto que ha generado mucha oposición en las redes sociales, en los medios e incluso entre los gremios, pues la ley de Garantías ha sido, como su nombre lo indica, una garantía para evitar la manipulación de los electores a punta del direccionamiento de los recursos públicos.

Pese al ruido mediático que se generó, todos los partidos de la coalición del gobierno aprobaron la ponencia, incluyendo todos los del Centro Democrático. Solo una uribista se opuso: María del Rosario “Charo” Guerra, una de las congresistas más cercanas a Uribe.

La bancada del Centro Democrático no había acordado previamente con Uribe cómo votarían al respecto, pues desde que renunció a su curul en el Senado en agosto de 2020 (para evitar ser juzgado por la Corte Suprema por su caso judicial de falsos testigos) no se reúne la bancada de manera regular como lo hacía antes. “No hubo consenso y quedamos en libertad para votar”, nos dijo la senadora Guerra.

Fue la misma senadora Guerra —junto con la senadora Mila Romero— quien se movió con otros congresistas de la bancada durante el fin de semana para que Uribe diera finalmente la orden de no apoyar la eliminación de la Ley de Garantías.

“Se puede revisar esa ley. Pero lo que pasa es que no se puede revisar y cambiar a un mes de iniciar la época preelectoral y el periodo electoral entre marzo y junio”, señaló Guerra. “No vemos necesario la aprobación de esas iniciativas”, nos dijo a su turno la senadora Romero.

Dos congresistas del Centro Democrático presentes en la votación de la semana pasada se molestaron por el voto de Guerra. “Ella no dijo nada contundente en el debate y no entiendo por qué salió así”, dijo uno de los consultados y otro respondió de forma similar.

Incluso el senador Meisel, impulsor del artículo, amenazó con renunciar si “las leyes no se pueden adaptar a coyunturas” como la pandemia. Aunque anoche, consultado por La Silla, nos dijo que no dejaría su curul y que insistirá en mantener la derogación parcial de la Ley.

“Expondremos los argumentos en los que sigo creyendo”, nos dijo. Sobre el trino de Uribe, señaló: “no creo que esté tratando de impartir una orden. Esto es de argumentos, opiniones y respetables todas, especialmente las de él”.

El trino del expresidente cayó como un baldado de agua fría en el Gobierno, según supo La Silla por dos congresistas involucrados directamente en la redacción de la ponencia de Presupuesto. “Obviamente todos, incluido el ministro y el Gobierno, estamos preocupados porque satanizan la cosa”, nos dijo un congresista que tiene comunicación permanente con el MinHacienda.

Para intentar salvar el artículo que permitiría a las entidades firmar convenios administrativos en época electoral, en MinHacienda están pensando incluir en la ponencia “un blindaje” para que los contratos que se deriven de estos convenios solo puedan hacerse por pliegos tipo y no hacerse a la medida de los contratistas.

Sin embargo, aún no es claro que esa movida vaya a ser suficiente para salvar “el articulito” antes del 24 de octubre, cuando se vence el plazo para votar el Presupuesto en plenarias conjuntas, justamente por las divisiones del principal partido de la coalición y el del Presidente, el Centro Democrático.

El plan B de Duque si no puede cambiar ese artículo sobre los convenios administrativos, es tumbar toda la Ley de Garantías. Este plan ya está en curso en las comisiones primeras del Congreso. Pero ahí, el Gobierno tampoco tiene alineado a su partido, y la orden de Uribe lo puede hacer naufragar.

En veremos el plan que elimina toda la Ley de Garantías

Antes de la polémica por el artículo en el Presupuesto, el Gobierno y el uribismo habían centrado sus esfuerzos en eliminar todas las restricciones de la Ley de Garantías.

Es decir, además de darle luz verde a los convenios interadministrativos, esta reforma permitía a los mandatarios inaugurar obras, cambiar la nómina de empleados, y hacer contratación directa en plenas elecciones.

Lo hicieron a través de un proyecto de reforma constitucional que debe pasar inicialmente por las comisiones primeras y que tiene más blindaje jurídico que el artículo en el presupuesto que varios expertos han dicho que es inconstitucional.

Para llevar a cabo ese plan, el presidente Duque le puso un mensaje de urgencia al proyecto cuando se presentó el 20 de julio, para que alcanzara a entrar en vigencia antes de las elecciones.

El Centro Democrático hizo lo suyo, porque de los 34 autores del proyecto, 24 son del partido, incluidas las senadoras Guerra y Romero.

Pero desde antes de la orden de Uribe de ayer, ese impulso se venía apagando.

Primero, los presidentes de las comisiones primeras, Julio César Triana en Cámara y Germán Varón en Senado —ambos de Cambio Radical, partido de la coalición de Duque— no han agendado una audiencia pública, paso previo para debatir el proyecto. La habían citado para ayer, y al final la aplazaron sin dar razón ni definir nueva fecha.

“Sin audiencia no puede haber ponencia”, dice el representante Erwin Arias, también de Cambio Radical, que es ponente del proyecto y que aunque fue alcalde se opone a tumbar la ley en pleno arranque electoral.

La razón para dilatar el debate, según nos dijo un congresista enterado, es la fuerte oposición pública que ha habido al proyecto. “Esa ley no se puede tramitar en año electoral. Es una ley necesaria, pero otra cosa es que sea conveniente en el momento”, nos dijo.

A eso se suma el malestar que generó entre los congresistas de esas comisiones el hecho de que el Gobierno tramitara de manera paralela el ‘mico’ en la ley de presupuesto para evadir la ley de garantías y no a través de una reforma constitucional en las comisiones primera.

“Mal harían las comisiones económicas del Congreso usurpar las funciones asignadas a las comisiones primeras (...) por ello solicitamos que en aras del respeto a la Constitución se retire esta muy inconveniente propuesta del debate del presupuesto general”, dice una carta de protesta que firmaron el miércoles pasado todos los integrantes de la Comisión Primera del Senado y que enviaron al ministro Restrepo.

“Este es un tema de competencia de esta comisión”, añadió Germán Varón.

Entre los 22 integrantes de esa Comisión que firmaron el reclamo hay tres uribistas y otros nueve congresistas de la coalición de Gobierno. Otra señal de que el Gobierno Duque sigue perdiendo el control del proyecto y de su propia bancada oficialista. Y pone a tambalear las cuentas en las plenarias en caso de que el Gobierno insista en modificar la norma vía el Presupuesto.

Aún si el Gobierno accediera a sacar el artículo de presupuesto y llevarlo a las comisiones primeras para generar confianza entre sus aliados, la iniciativa se podría hundir por el voto de la senadora uribista Paloma Valencia.

“Las normas no pueden modificarse antes de unas elecciones. Si hoy se repitiera esa votación en Comisión estoy segura que el proyecto no pasa”, nos dijo la congresista.

Valencia hace referencia a que cuando se votó la eliminación de la Ley de Garantías en la discusión del Código Electoral el año pasado, la balanza en la Comisión Primera del Senado quedó 11 a 11. Como ella votó en contra, el artículo quedó fuera del Código.

El trino de Uribe refuerza la postura de Valencia. Y ella, que está en precampaña presidencial, salió a cobrar por ventanilla.

Uribe citó a una reunión de bancada en los próximos días. Será allí cuando se tome una decisión sobre ambos planes. Desde ya, hay división.

“El trino de Uribe generó ruido”, dice Nicolás Pérez, senador del Centro Democrático, quien votó a favor del polémico artículo en el Presupuesto. “Pero hoy ya no sé cómo votar”, dijo. Otro más, de la línea duquista dentro del uribismo, que sigue apoyando el artículo, dijo que Uribe podría cambiar de posición: “A Uribe lo mal informaron”.

Sin su padrino político a bordo, el futuro del plan de Duque de tumbar la ley de garantías está en veremos. Al menos por ahora, alfiles de su partido como las senadoras Valencia y Guerra se alinean con Uribe. Y, en forma paralela, los 29 gremios más grandes del país también le pidieron ayer al Presidente dejar quieta la Ley quitándole piso al argumento de que tumbar esta garantía es vital para la reactivación económica.

A seis semanas de entrar en vigencia la Ley de Garantías, el Presidente está ad portas de sufrir un nuevo revés en el Congreso. Esta vez por fuego amigo.

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