Anuncio de Petro sobre bienes de la SAE es viable, aunque falta aterrizarlo

Anuncio de Petro sobre bienes de la SAE es viable, aunque falta aterrizarlo
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Foto: Andrea Puentes.

En su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro planteó un cambio en la administración de los bienes que están a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que reemplazó a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). 

La SAE tiene cerca de 24.464 inmuebles y 1.604 sociedades, avaluados en 14 billones de pesos aproximadamente.

Según dijo Petro en su discurso de posesión, “A partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos, y por las asociaciones populares femeninas".

Ricardo Bonilla, asesor económico del presidente, le dijo a La Silla que durante el empalme se habló de usar esos bienes que están a nombre del Estado, principalmente los predios rurales, como una base para desarrollar la reforma agraria que se quiere presentar.

Pero todavía no es claro si la propuesta es que los administren o que se los adjudiquen y en qué condiciones. Así lo confirmó el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo: “ el tema se va a revisar detalladamente la semana entrante”.

Aún así y con la información disponible le pasamos el carretómetro y revisamos si es procedente la propuesta. Encontramos que es viable tanto entregar bienes de la SAE en administración como adjudicarlos a estas organizaciones, sin embargo falta aterrizar el tema. En el pasado los bienes de la SAE y el antiguo DNE han sido foco de varios escándalos de corrupción que dejaron a dos de sus exdirectores en la cárcel.

1. Asignar la administración de los bienes en proceso de extinción de dominio: viable

La SAE, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), es la encargada de administrar los bienes en proceso o a los que ya se les ha decretado la extinción de dominio. Estos son bienes que la justicia presume fueron obtenidos con dinero producto de un delito o usados para cometer delitos. Van desde predios rurales y urbanos hasta sociedades, vehículos, aviones y armamento.

El Frisco puede delegar la administración de esos bienes incautados a unos administradores provisionales, inscritos previamente en la SAE. Y estos podrían ser el tipo de organizaciones que mencionó el presidente Petro en su discurso: “las organizaciones campesinas”, “las cooperativas urbanas de jóvenes productivos” y “las asociaciones populares femeninas".

Para ello deben cumplir previamente con los requisitos generales de tener experiencia certificada en administración de inmuebles, cargos directivos y liquidación de sociedades; no tener antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales a nivel nacional e internacional; y no estar reportados en centrales de riesgo ni ser deudores morosos del Estado. Esto puede hacer difícil que organizaciones de base cumplan los requisitos.

Pero, el presidente puede establecer vía decreto unos requisitos específicos. Actualmente está vigente el decreto 2136 de 2015 que indica que los administradores provisionales deben ser, además, personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro con más de 10 años de constituidas. Esto, que en principio podría ser un obstáculo para muchas organizaciones sociales que no cumplan esas características, Petro podría modificarlo mediante un nuevo decreto y establecer requisitos compatibles con el tipo de corporaciones que mencionó en su discurso.

Los administradores de los bienes en proceso de extinción de dominio tienen derecho a un porcentaje sobre la renta que produzcan, por ejemplo, de lo que cultiven ahí y de acuerdo a las gestiones de cuidado del bien que realicen.

La propuesta de Petro es entonces viable jurídicamente y así lo confirmó el penalista Francisco Bernate, director del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de dominio de la Universidad del Rosario: “Simplemente estas asociaciones juveniles, comunitarias, campesinas o de mujeres deberán inscribirse ante la SAE, cumplir todos los requisitos y una vez tengan un bien incautado se les entrega el bien en condición de administradores. Ellos se encargan de cuidar el bien, lo administran mientras se resuelve el proceso de extinción de dominio”.

2. Adjudicar los bienes que están a nombre del Estado: viable

En caso de que la propuesta del presidente Petro fuera adjudicar, es decir, transferir el derecho de propiedad, sería sobre los bienes sobre los que un juez ya decretó la extinción de dominio. Según Bonilla, el asesor económico de Petro, se usarían “principalmente los predios rurales, como una base para desarrollar la reforma agraria que se quiere presentar”.

Esto también es viable jurídicamente aunque sólo en el porcentaje establecido por la ley, y el encargado de hacerlo es el Frisco. Está por definirse si Petro piensa adjudicarles los bienes a las organizaciones a título gratuito o pagando un precio.

En cualquier caso, la ley actualmente dice que los bienes o el producto de la venta de los mismos se va primero a saldar las deudas que causó su administración y a destinaciones específicas (como entregar los predios rurales a la Agencia Nacional de Tierras en cumplimiento del Acuerdo de Paz).

El saldo se distribuye así: un 50 por ciento en partes iguales para la Fiscalía General de La Nación y para la Rama Judicial, para proyectos aprobados por el MinHacienda. Y el 50 por ciento restante para el Gobierno.

Es este porcentaje del que dispondría Petro para adjudicarlo a las organizaciones.

“Si estamos hablando de predios y terrenos, en ese caso no habría ningún problema y podría quedar dentro de ese porcentaje que pasa al Gobierno Nacional y que decidirá qué hace con ellos”, explicó Guillermo Mendoza Diago, penalista y ex Fiscal General de la Nación, a La Silla.

Pero los procesos para declarar la extinción pueden durar unos 15 años según el penalista Bernate. Entonces la forma de hacerlo más expedito según él, y a lo cual le podría estar apostando Petro es a la figura de la enajenación temprana.

En estos casos el Frisco no tiene que esperar la sentencia judicial sino que puede hacer la adjudicación reservando un 30 por ciento del bien para responderle al propietario original del mismo en caso de que la sentencia le sea favorable y le restituyan el bien al final del proceso. Y el 70 por ciento restante, el Frisco tendría que distribuirlo en todo caso como dijimos anteriormente: para gastos y entre las diferentes organizaciones que tienen derecho.

Esta figura actualmente solo opera en siete causales específicas y ninguna aplica para el tipo de organizaciones de la propuesta de Petro. Así que para introducir una nueva causal y/o modificar los porcentajes sobre los que puede disponer, tendría que reformar el Código de Extinción de Dominio mediante el respectivo trámite legislativo en el Congreso.

“Pueden estar pensando en eso, en hacer una enajenación temprana o una destinación por parte del Gobierno a una entidad de beneficio público o privado. Esto requeriría una reforma, ya que hoy en día primero se incauta y luego sí se puede vender”, explicó

En conclusión, aunque la propuesta de Petro de cambiar la administración de los bienes de la SAE todavía falta aterrizarla, y no será un proceso que puede empezarse “a partir de hoy”, como anunció el presidente. Sin embargo, es viable con algunas modificaciones que puede hacer el presidente por decreto. 

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