Según los datos del sistema Simci, de Naciones Unidas, una hectárea de coca en Colombia produce 23% más cocaína en 2020 comparada con una en 2016. Solo entre el 2019 y el 2020, la productividad de un lote subió 10%. Esto en un país que tiene una de las tasas más bajas de productividad agrícola de América Latina.
En el 2020, la relación entre la cantidad del alcaloide que se puede extraer de una hectárea de arbustos de coca llegó a su punto histórico más alto. A pesar de que el área de cultivos cayó, Colombia produjo más cocaína que nunca, 1228 toneladas métricas, un récord mundial.
Se trata de un fenómeno importante, pues el país, y sus Gobiernos, han enfocado sus esfuerzos en reducir el área sembrada de coca. El aumento de la productividad señala que ese enfoque es insuficiente. El Gobierno de Iván Duque dice que en el 2020 erradicó una cifra récord de 130.171 hectáreas. Pero su estrategia se queda corta. A pesar de haber logrado una reducción del 7 por ciento del área sembrada el año pasado (en cifras de la ONU, porque las de la Casa Blanca registraron un aumento), Colombia produce más cocaína que antes.
Ayer la ONU publicó el informe detallado de la situación de los cultivos ilícitos en Colombia, y, con voces de expertos, identificamos algunos de los factores por los cuales los campesinos cocaleros y los narcotraficantes están logrando estas eficiencias récord.
Mejores cultivos en tierras más apropiadas
El monitoreo de Naciones Unidas refleja una tendencia al aumento de productividad desde 2016. Pero, según la ONU, es la cosecha de una década de ensayos y errores. Los cocaleros han ido encontrando la cantidad ideal de matas sembradas por hectárea, las mejores proporciones de fertilizantes o técnicas de riego.
“Antes la cultura era ‘aplíquele todo lo que pueda a esa mata’. Ahora ya saben qué productos son los más adecuados”, nos dijo una fuente que conoce el monitoreo de cerca.
Con el tiempo también se ha hecho más sencillo conseguir oferta de cualquier variedad de coca en cualquier lugar del país. Así, por ejemplo, la que no pegó en el pacífico sí dio resultados en el Catatumbo.
Un líder de cocaleros del Putumayo nos explicó que con base al conocimiento que han ido ganando sobre las variedades, los productores tienen más control sobre su producción.
“Unos cultivan la peruana que es de mucha hoja y se cultivaba a los 45 días. Otros la tingo, que es más dura de raspar, tiene más concentración de alcaloide pero demora tres meses en cosechar”, nos contó.
Y las matas mejor cuidadas dan mayor rendimiento: mientras en 2019 cada hectárea de coca sembrada producía 5,8 toneladas métricas al año, en 2020 llegó a 6,4. En la región donde más se notó ese aumento fue en el Catatumbo.
Según Daniel Rico, experto en seguridad y política de drogas, la concentración de cultivos de los últimos años en Norte de Santander, Valle y Cauca, y su disminución en el andén pacífico, como Tumaco, se dio en tierras más apropiadas para el arbusto de coca, “a mayor altura y con más sol”.
Además, según la ONU, son zonas donde los cultivos han podido madurar hasta su punto de mayor productividad, de entre 2 y 4 años. En este estado se encuentra el 58% de los cultivos del país, sin haber sido tocados durante este tiempo, a pesar de los esfuerzos de erradicación.
Pero en la cadena de la producción de coca, hay otros eslabones que están aumentando la productividad y que no pasan por el cultivador sino por el crimen organizado.
El procesamiento es más tecnificado
Más hojas y de mejor calidad han generado que en Colombia las matas de coca tengan mayores concentraciones de alcaloide. Los actores que hacen parte del procesamiento lo están aprovechando con mejores técnicas de extracción.
Y en cada región del país hay maneras que lo ejemplifican.
El primer paso, convertir la hoja en pasta de coca sigue siendo muy rudimentario, pues el 80 por ciento de las familias cultivadoras del país lo hace en sus fincas, cada uno a su manera. Mientras hay quienes pueden comprar cemento y cal para hacer la pasta, hay quienes aún hacen la mezcla con cemento y ceniza, lo cual disminuye su calidad.
Sin embargo, en el Pacífico la relación es inversa. Allí el 83 por ciento de los cultivadores venden la hoja sin procesar. Eso, según el monitoreo, explica que en esa región hay actores especializados en transformar la pasta base.
“Eso estandariza la transformación y así la región produce una pasta de coca con condiciones de calidad uniformes”, nos explicó una fuente que hizo parte del monitoreo pero no citamos porque no es vocero oficial.
En el caso del Catatumbo, donde está el 25 por ciento del potencial de producción de pasta base del país, tienen una ventaja: la autosuficiencia de gasolina, empleada para macerar la hoja de coca para convertirla en base.
Hasta 2018, la base de coca en el Catatumbo se hacía con gasolina venezolana de contrabando. Solía ser más barata que la colombiana y de mejor calidad.
Sin embargo, con la crisis del vecino país y la escasez de combustible, en el Catatumbo se volcaron al uso del pategrillo. Esa es una gasolina hechiza que obtienen rompiendo el tubo de Caño Limón.
Aunque por ser artesanal es de menor calidad, cada vez más han tecnificado su destilación. Tal y como nos contaron tres fuentes de la región, en Tibú, municipio que concentra la mayor cantidad de hectáreas de coca del país, hay quienes mandan a remover grandes cantidades de tierra con retroexcavadora para adecuar tanques industriales de destilación.
Son justamente estas dos regiones, la del Pacífico y Catatumbo, las que representan el aumento de productividad de la cocaína en el país.
Por cada tonelada de hoja de coca fresca los cultivadores de la Orinoquía obtienen apenas un promedio de 1,19 kg de pasta. En la región de Meta-Guaviare es de 1,8 kg. En cambio, en el Pacífico es de 2,38 kg y en el Catatumbo de 2,02 kg.
El último eslabón es el menos vigilado
Finalmente, el informe de Naciones Unidas analiza la producción del clorhidrato de cocaína, el producto final, el más costoso y que no depende del cultivo de los campesinos sino directamente de los carteles de droga.
La ONU los llama “enclaves productivos”, lugares con alta densidad de cultivos, que por más de 4 años permanecen estables y se convierten en centros de “mayores productividades y encadenamientos”, no solo en el cultivo sino también en la transformación y el tráfico al exterior. De 2019 a 2020 pasaron de 7 a 9, y concentran el 40 por ciento de la producción de coca del país.
Sobre todo en esas zonas los laboratorios cada vez son más grandes y más eficaces en la transformación de la pasta de base a clorhidrato de cocaína. Poco han logrado los operativos que anuncian destrucciones de infraestructuras de cristalizadores, que, según el Gobierno, aumentó.
Como explica Rico, “la coca se ha acercado a centros poblados donde tiene pleno acceso a insumos”. La región del Catatumbo, donde está el 17 por ciento de la coca del país, está muy cerca a Cúcuta, y tiene acceso a mejores y más baratos insumos y químicos.
Por otro lado, el control sobre ese eslabón de la cadena, tal y como nos dijeron tres fuentes en el Catatumbo y una en Putumayo, es muy débil, y el poder de los grupos armados, en cambio, cada vez más fuerte.
“Queman el laboratorio donde solo hay plástico, una guadaña y dos tambores pero no siguen hasta el cristalizadero. La misma gente que tiene el manejo de esos cristalizaderos lo dice: ‘es que hasta aquí no llegan’”, nos dijo la fuente del Putumayo.
En esa región, las incautaciones de cocaína aumentaron en 2020, pero la destrucción de los laboratorios disminuyó un 58 por ciento. En la Orinoquía disminuyó un 75 por ciento.
Y en general, en el país la destrucción de laboratorios disminuyó un cinco por ciento, según la ONU, en contravía de lo que ha afirmado el Gobierno.
El aumento de productividad del negocio de la cocaína presenta enormes retos para el Estado. No solo porque genera más ganancias para los traficantes y grupos ilegales que se financian del negocio, sino porque los campesinos, si bien siguen siendo el eslabón más débil, también ganan más.
Según Rico, luego de que el kilo de pasta base estuvo congelado cerca de dos décadas en alrededor de 2 millones de pesos, en los últimos años ha ido subiendo hasta negociarse entre los 3 y 4 millones.
Por lo que los incentivos blandos para abandonar el negocio, como la sustitución alternativa, se hacen más costosos para el Estado y menos atractivos para los campesinos.