Asesinato de secuestrados pone en la cuerda floja al ‘marco para la paz’

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El asesinato de los tres policías y el militar que estaban secuestrados por las Farc hace más de una década, arruina el ambiente político para cualquier discusión relacionada con un eventual proceso de paz, que había ganado tracción después de la baja de ‘Alfonso Cano’. Y amenaza con hundir el Marco para la Paz que viene promoviendo Juan Manuel Santos como la “llave” que necesita tener lista para algún día sentarse a dialogar con las Farc.

 

 

El Presidente Juan Manuel Santos visitó este domingo en el Hospital de la Policía al sargento Luis Alberto Erazo Maya, quien resultó con algunas heridas luego de fugarse de las Farc, que lo mantenían secuestrado desde diciembre de 1999.

Foto Presidencia de la República

El asesinato de los tres policías y el militar que estaban secuestrados por las Farc hace más de una década, arruina el ambiente político para cualquier discusión relacionada con un eventual proceso de paz, que había ganado tracción después de la baja de ‘Alfonso Cano’. Y amenaza con hundir el Marco para la Paz que viene promoviendo Juan Manuel Santos como la “llave” que necesita tener lista para algún día sentarse a dialogar con las Farc.

El senador Roy Barreras, quien debía defender este martes en tercer debate la aprobación del Marco Jurídico para la Paz que él mismo redactó, dijo ayer que no incluirá en la ponencia el artículo 2 del Acto Legislativo que otorgaba beneficios políticos a quienes se desmovilizaran.

“Es impensable defender el martes "derechos políticos" para quienes asesinan por la espalda a víctimas indefensas”, aseguró Barreras a La Silla Vacía, interpretando la indignación que generó el fusilamiento de los oficiales secuestrados. El sargento del Ejército Libio Martínez, el coronel Yesid Duarte, el mayor Elkin Hernández Rivas y el subintendente Álvaro Moreno fueron asesinados por las Farc en medio de un enfrentamiento con el Ejército, que realizaba un operativo militar en la selva entre Caquetá y Putumayo. El Ministro de Defensa dijo que tres de los cuerpos tenían un disparo en la cabeza y el otro un tiro por la espalda.

El senador Roy Barreras es el ponente del proyecto de Acto Legislativo que establece un Marco para la Paz..

Tambalea el marco para la paz

El artículo 2 del ‘Marco para la Paz’ propuesto en el proyecto inicial por el Alto Consejero para la Seguridad, Sergio Jaramillo, proponía que por iniciativa del gobierno nacional, el Congreso podría aprobar por la mayoría absoluta de los votos de Senado y Cámara suspender la aplicación de la restricción a la participación política a miembros de los grupos armados ilegales cuando se hayan desmovilizado en el marco de un proceso de paz y una vez hayan cumplido con las sanciones a que haya lugar.

La restricción a que paramilitares y guerrilleros pudieran hacer política dentro de la legalidad fue creada en la reforma política de 2009 cuando el país se encontraba en el momento más crítico de la parapolítica. Pero el Gobierno de Santos consideraba que ningún jefe guerrillero aceptará dejar las armas y firmar la paz si sabe que tendrá que pasar los próximos diez años de vida o más tras las rejas. Y por eso propuso el artículo.

Pero dado lo controversial que es, este inciso fue retirado del proyecto en la Comisión Primera del Senado y tampoco fue incluido en el segundo debate en Plenaria. Sin embargo, según dijo una asistente de Barreras a La Silla Vacía, en una audiencia pública el jueves pasado en la Comisión Primera, hubo coincidencias entre los asistentes –incluidos funcionarios del gobierno- sobre la importancia de volver a analizar el tema y Roy concluyó que había ambiente para incluir el artículo de nuevo en el tercer debate. Aunque ese mismo jueves en una reunión con la bancada de Cambio Radical, Santos dijo que ese artículo debía seguir por fuera del proyecto. Al parecer su intención es incluirlo cuando el debate esté más avanzado.

En todo caso, después del crimen cometido por las Farc este fin de semana ya no hay ambiente para incluirlo.Y Barreras anunció que solo dejará el artículo primero que contiene los instrumentos de justicia transicional que necesita el Gobierno para evitar el colapso de Justicia y Paz.

Barreras dice que, aún sin ese artículo, tiene sentido seguir discutiendo ese Marco para la Paz puesto que la inmensa mayoría de los desmovilizados que son los individuales tanto de la guerrilla como de las Auc y los paramilitares rasos no piden vocerías políticas sino seguridad jurídica para reintegrarse socialmente.

A la pregunta de si solo por ese artículo vale la pena el proyecto cuando ya en octubre la Corte Constitucional avaló   la ley que permite suspender las órdenes de captura y las condenas vigentes contra los cerca de 25 mil desmovilizados que no hayan cometido delitos de lesa humanidad y que contribuyan a la ‘verdad’, Barreras dice que sí. Que el Marco para la Paz es una reforma constitucional que permite “priorizar y seleccionar” delitos.

Es decir, autoriza a la Fiscalía para decidir –según unos criterios definidos por el Congreso- no perseguir penalmente sino a algunos de los jefes paramilitares o guerrilleros y suspender la investigación a los demás en aras de lograr por lo menos algunas sentencias ejemplares. Si se acota el número de procesados, aumenta la probabilidad de que por lo menos algunos sean efectivamente castigados.

Hoy luego de la desmovilización de más de 35 mil paramilitares solo se han producido cuatro sentencias, de las cuales solo una está en firme. Tratar de juzgarlos a todos ha llevado a que colapse el sistema judicial y no se logre condenar sino a muy poquitos y no necesariamente a los que más daño infligieron. En Nuremberg, por ejemplo, se juzgó a 24 criminales. En Rwanda y Yugoslavia a 55, en Sierra Leona a 13.

Barreras espera que dejando por fuera el polémico artículo que permitiría a Timochenko y a los otros hacer política legal algún día evitará que se hunda el martes el Marco Para la Paz, que es una herramienta con la cual quiere contar el gobierno el próximo año.

Además, si se retira ahora, es más factible incluir el ‘articulito’ en los debates que todavía le faltan al proyecto el próximo año, cuando seguramente la opinión pública estará más abierta a este tipo de beneficios. “Es una concesión simbólica”, dijo uno de los políticos de la Unidad Nacional a La Silla Vacía.

Mal ambiente

En todo caso, dada la indignación que ha generado el asesinato de los oficiales secuestrados durante más de una década, este es el peor momento para debatir este proyecto.

Apenas se conoció la noticia sobre el asesinato de los cuatro secuestrados por parte de las Farc, en las redes sociales hubo rechazo general. A la indignación le siguieron las propuestas para reclamar a las Farc y la que logró mayor acogida es la de una marcha contra las Farc el 6 de diciembre próximo. Un día antes llegará a Bogotá el grupo de motociclistas que lleva meses recorriendo el país reclamando la liberación de los policías y militares secuestrados y se unirán a la marcha junto con otros grupos sociales que tomaron como propia la idea y pretenden lograr una convocatoria tan o más grande que la lograda en la marcha contra las Farc en febrero de 2008.

En este entorno, continuar con la idea del artículo 2 sería la excusa perfecta para que los múltiples opositores que tiene el proyecto hagan valer sus argumentos.

Los opositores van desde congresistas de la derecha como el representante de la U Miguel Gómez, quien ha dicho que “el proyecto debilita a las Fuerzas Armadas. Porque el gobierno da la orden a los militares de perseguir a los terroristas, captúrenlos, que después nosotros los amnistiamos. Ese es un mensaje de debilidad”, hasta representantes del Polo. 

Por ejemplo, el representante Germán Navas Talero opina que: “Este Congreso, por un lado, propone aumentar las penas para conductores borrachos, y hasta la cadena perpetua para quienes atenten contra menores. Pero por otro lado se cambia la torta y no castiga a quienes delinquieron. Si se quiere hacer la paz, este no es el camino”.

Liberales como Guillermo Rivera también están en desacuerdo con entregarle de entrada a la guerrilla lo que debería ser el resultado de un proceso de paz. Y, según supo La Silla Vacía, tampoco cuenta con el apoyo decidido de los ministros del Interior y de Justicia.

Por eso el asesinato de los oficiales secuestrados no solo sepulta la esperanza que tenían sus familiares de tenerlos algún día de vuelta, sino que también pone en la cuerda floja esta iniciativa que busca allanar el camino para que estos crímenes dejen de suceder. Lo cual es paradójico, porque es precisamente porque existe este nivel de crueldad que se necesitan encontrar fórmulas para ponerles punto final.

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