Así cambió la vida de la juez que envió a Mario Aranguren a la cárcel

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El proceso que se adelanta por las chuzadas del DAS ha involucrado a cercanos funciorios del gobierno de Álvaro Uribe, quien sin ningún recato ha lanzado ataques a los jueces y fiscales encargados de las investigaciones. Hoy es el turno de Bernardo Moreno (primero arriba), a quien le tendrán que definir su situación en los próximos días. 

Desde que mandó a la cárcel a Mario Aranguren, la vida de la Juez Jenny Rosanía Jiménez se ha trastornado completamente.

El 31 de mayo, la juez 52 de garantías tomó la decisión de enviar al ex director de la Uiaf a la casa fiscal de La Picota dentro del proceso que se adelanta por las chuzadas del DAS.

Era el primer caso que manejaba que tuviera interés mediático. Recuerda que días antes recibió llamadas preguntando si ese expediente estaba en su despacho. Siempre dijo que no. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no sabía que lo tenía. Los procesos llegan por reparto y solo se conocen el mismo día en que se va a realizar la audiencia.

Ese día fue el 26 de mayo. Allí, en su escritorio, estaba el proceso 20100088 en que la Fiscalía solicitaba la formulación de cargos contra Aranguren. Fueron doce horas de audiencia que reanudó cinco días después y tras 17 horas más, la Juez Rosanía decidió formular la imputación de los cargos y ordenó la detención del ex funcionario.

Por primera vez su rostro apareció repetidamente en la televisión y aunque no dio declaraciones, sintió que había quedado demasiado expuesta. Hoy se arrepiente de haber sido permisiva con los medios de comunicación. “Entendí a muchos de mis colegas que no dejan entrar a la prensa ni siquiera al pasillo”.

Lo siguiente que supo le demostró que haber tomado esa decisión le iba a traer problemas. Por las noticias supo que pese a su orden, a Aranguren lo habían detenido en la escuela de Aquimindia del DAS y no en La Picota. Uno de sus deberes como juez de Garantías es velar por el cumplimiento de las órdenes y en esta ocasión no se habían cumplido.

Después comenzaron las críticas del Gobierno. Durante la semana siguiente el Presidente Uribe aprovechó todas las entrevistas para decir que Aranguren era un hombre bueno que no merecía estar en la cárcel, que no había matado a nadie, que su formación siempre había sido honesta.

Y una semana después, el primer mandatario denunció públicamente que la misma Juez 52 que había decidido mandar a la cárcel a Aranguren, había dejado libres a 11 supuestos narcotraficantes en diciembre.

Ella dice que está tranquila con esa decisión porque el caso estaba mal sustentado, pero hoy, seis meses después, está en revisión de su superior.

Cuando el Presidente hizo la acusación, la Juez recibió todo el respaldo de la rama judicial y de sus colegas que la veían en el pasillo y le golpeaban su hombro en solidaridad. “Todos los ciudadanos le debemos respeto a la ley y respeto a las decisiones de los jueces, y más los que somos funcionarios públicos”, diijo en su momento el Consejo de la Judicatura.

Pero a esto se sumó un comunicado del sindicato de jueces en que se aseguraba que ella corría peligro. La verdad es que ella no había recibido ninguna amenaza y por ello cuando la visitó el coronel de la Policía que se encarga de la seguridad del Palacio de Justicia, así se lo hizo saber.

Sin embargo, desde ese día un policía cuida la puerta de su despacho y todas sus audiencias se hacen en la sala aledaña a su oficina, para evitar su desplazamiento.

Quince días después -todo un récord- un juez de segunda instancia ratificó la decisión de la Juez 52 y mantuvo la medida de aseguramiento. “Para mi fue positivo porque el juez acompañó mi decisión, pero eso no ocurre en los otros casos”, dijo.

Creyó que eso era todo, pero luego se enteró que por primera vez en dos años y medio que lleva como Juez de garantías, la están investigando disciplinariamente. De esto se enteró extraoficialmente porque un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura realizó una inspección en el despacho donde están revisando ese proceso.

Y no solo es ese. Sabe que hay una orden para que todas sus decisiones sean meticulosamente revisadas. “Yo se que están auditando todas mis decisiones para buscar falencias, pero eso no me intimida”, dijo.
 

La carta desde Valledupar


El último capítulo que acaba con la tranquilidad de la Juez Rosanía no se relaciona con su carrera sino con su vida. Hace quince días, recibió una carta enviada el 23 de junio desde la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar. En ella un preso le informaba a la Juez que su vida corría peligro.

Con un falso encabezado de Derecho de Petición, el recluso le advierte en el primer párrafo que “el motivo de estad carta es con un solo fin de alvertirle que renuncie a su cargo lo mas pronto posible, si valora sus seres queridos hagalo” (sic) Más adelante le explica el porqué: “Doctora Ati te quieren mandar ah matar porque supuestamente usted cometio un grave error de mandar a la carcel a Mario Arangure” (sic)

La carta está muy mal escrita y está firmada por un recluso de nombre Jhon René Gelvez Gelvez quien se identifica con su cédula de ciudadanía, la identificación carcelaria y además con un prontuario que logra intimidar al más valiente: dice que es alias “La Chanda”, jefe de tres bandas delincuenciales que funcionan en Bogotá, Cali y Cúcuta, y que trabajan bajo las órdenes de las Farc. Aunque supuestamente lleva nueve años en la cárcel se identifica como el jefe y asegura que mediante un avantel y un teléfono recibe las ofertas y les pasa las órdenes a sus “bandas”. Una de esas ofertas, según dice, fue un pago por asesinarla.

Son cinco hojas con denuncias de todo tipo sobre los financiadores de sus bandas, las actividades de esos grupos y la solicitud para que lo escuchen en Bogotá y lo dejen contar quién está detrás de la orden de asesinarla y por qué él no quiere hacer parte de esto.

La carta de amenaza está llena de inconsistencias y genera muchas dudas, como las razones que llevarían a este hombre a proteger a la funcionaria y las personas a quienes implica, supuestamente altos funcionarios del Gobierno nacional. Lo único que públicamente se conoce de este preso es que hace muy poco, el 10 de mayo pasado, intentó suicidarse.

La Juez decidió protegerse con lo que conoce, con la justicia, y por ello denunció la amenaza ante la Policía, la Fiscalía y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el mismo día en que le llegó la carta a su despacho, el 15 de julio, los investigadores la tienen en su poder, pero aún ella no ha recibido ninguna respuesta.

“Soy un elemento del Estado y aún así hoy me siento huérfana”, dice.

La afirmación de la Juez 52 se refiere no sólo a las amenazas personales. Ella siente que su decisión del 31 de mayo acabó por completo con su tranquilidad, pero asegura que si tuviera que hacerlo, hoy tomaría la misma determinación porque considera que “fue en derecho. Según las pruebas de la Fiscalía, Aranguren utilizó su cargo para cometer un crimen y ello generaba un peligro para la comunidad”.

Y aunque está tranquila con su decisión, la carta logró intimidarla y por ello no es capaz siquiera de manejar. Siente que perdería toda la cordura si tuviera que conducir con la duda de si alguien la está siguiendo o la intenta atacar. Ahora no sale nunca y está siempre preocupada por su familia a quienes debe avisar cualquier movimiento todo el tiempo. Un manual de autoprotección que le entregaron en la Fiscalía se convirtió en su lectura de cabecera.

La Juez no sabe qué creer sobre la amenaza y lo único que tiene como certero es que es una presión, no sólo física sino profesional, porque pese a que está segura que continúa tomando sus decisiones en derecho, no siente la misma tranquilidad al hacerlo.

“Me siento utilizada”, dice la juez Rosania Jiménez. Ella cree que detrás de la persecución de que ha sido objeto hay una clara intención de atemorizar a los otros jueces que tendrán que tomar decisiones en el caso de las chuzadas del DAS. En los próximos días, están por decidirse los casos de los otros ex directores y también de Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia.

“Si lo que querían era intimidar, lo están logrando. Si me ven a mí, van a dudar mucho en mandar a otro funcionario a la cárcel”, dijo.