Así cumplió sus metas el Gobierno Petro en los primeros 100 días

Así cumplió sus metas el Gobierno Petro en los primeros 100 días
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El equipo de empalme conformado por el presidente Gustavo Petro anunció 24 metas para los primeros 100 días de gobierno, presentadas en el informe final por sus líderes Mauricio Lizcano, Carolina Corcho y Daniel Rojas. Las cabezas de los 15 sectores del empalme le dieron prioridad a estas promesas según su necesidad, impacto y qué tan alineadas estaban con las prioridades del programa.

La Silla revisó su avance para determinar en cuáles han cumplido, en cuáles han avanzado sin alcanzar del todo la meta, y en cuáles no han cumplido del todo.

Los sectores más avanzados son agricultura, educación y medio ambiente, que hacen parte del corazón de la propuesta del Gobierno Petro. El Gobierno, además, ha podido aterrizar efectivamente su promesa de planeación en los diálogos regionales vinculantes y la Paz Total, en este último hay avances claves para el Gobierno.

A pesar de las críticas que Petro lanzó en contra del Gobierno Duque por nombramientos selectivos y falta de transparencia, Anticorrupción, Justicia y Presidencia son los sectores más quedados entre las promesas del empalme.

Las metas del empalme dejan por fuera temas gruesos que el Gobierno hoy presenta como logros, como la aprobación de la reforma tributaria o poner la protección de la Amazonía en el centro del debate internacional. Se trata de logros que no fueron proyectados en el plan inicial, y que han sido recogidos como éxitos en el camino de este inicio de mandato.

Aquí están las metas y su cumplimiento:

Instrucciones: Haga clic sobre cada promesa para saber si la cumplió, la adelantó pero no cumplió, o incumplió.

Salud

La responsabilidad de esta promesa ha estado en cabeza de Ulahy Beltrán, el Superintendente de Salud.

Ha tomado decisiones concretas como la sanción a la EPS Asociación Indígena del Cauca (AIC) por no haber asegurado, en La Guajira, a menores de 5 años diagnosticados con desnutrición. Pero le ha dado un compás de espera a prestadores más grandes. Beltrán tomó la decisión de prorrogar la vigilancia especial a la EPS Savia Salud, la más grande de Antioquia con 1.6 millones de afiliados, y que está en riesgo de liquidación por problemas financieros.

La Supersalud de Beltrán también ha anunciado intervenciones a las redes hospitalarias de Bogotá y Valle del Cauca, pero todavía sin resultados concretos.

El 26 de octubre se reunió con Acemi, la asociación que reúne a grandes EPS del régimen contributivo como Sura y Sanitas. En esa reunión les recordó las deudas que tienen con la red hospitalaria pública y privada y que según los datos de la entidad asciende a cerca de 17 billones de pesos.

Salud

El 3 de noviembre, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, anunciaron desde Aracataca, Magdalena la creación de “Tu programa preventivo de salud territorial”. Un programa de salud “preventivo” y “predictivo” que consiste en llevar unidades médicas hasta los hogares. El presidente dijo que cada familia tendría hasta tres visitas anuales.

Sin embargo, el anuncio no vino acompañado de la publicación de decretos o documentos técnicos que especifiquen el presupuesto del programa ni su operación en terreno. Tampoco hay registros de procesos de participación ciudadana para la construcción del programa.

Corcho entregó detalles generales del programa. Dijo que serán 953 equipos médicos desplegados en 136 municipios, y que 69 de ellos estarán en La Guajira. Una serie de ideas que utilizaron la ministra y el presidente para criticar el sistema de salud y su enfoque de mercado.

Salud

Han sido dos las “estrategias de choque” del Gobierno frente a estos tres problemas de salud pública prevenibles.

La primera es la ampliación y el fortalecimiento de Ingreso Solidario, el programa de transferencias condicionadas que creó el Gobierno Duque para los hogares más pobres durante la pandemia. El 8 de noviembre el Departamento de Prosperidad Social anunció que para diciembre el monto a los hogares beneficiados iba a subir hasta 500 mil pesos, como lo prometió en campaña el presidente Gustavo Petro. Además, 340 mil familias más ingresarán al programa. Con esto el Gobierno espera mitigar la “crisis de hambre” del país.

Los montos para las personas beneficiarias de los programas de transferencias más antiguos, Familias y Jóvenes en Acción, también subirán hasta 500 mil pesos.

La segunda estrategia es el programa “Tu programa preventivo de salud territorial”, que es, por ahora, el desarrollo de una promesa de campaña y no tiene actos administrativos ni documentos técnicos para su entrada en operación. Sin embargo, el lanzamiento protocolario del programa le ha servido a la ministra Corcho para mostrar las altas cifras de mortalidad materna e infantil en el país, y lanzar un programa que, según expertos, pone la primera pierda para desmontar el sistema de salud actual.

Anticorrupción

La Secretaría de Transparencia le confirmó a la Silla que no se ha avanzado en la Comisión contra la Impunidad.

Anticorrupción

Desde el empalme, la agenda y los resultados de las mesas de trabajo han sido públicas y compartidas a través de la plataforma PowerBi y las redes sociales de cada cartera. La agenda de las dependencias de presidencia y del gabinete ha sido publicada en las páginas web de los ministerios.

Sin embargo, las agendas de la bancada de Gobierno no están todas publicadas o disponibles para la consulta.

Anticorrupción

El Secretario para la Transparencia, Andrés Idárraga, ha sido uno de los principales promotores de la ley de cabildeo, que tiene como objetivo regular el lobby y que este se haga de manera más transparente. Aunque el borrador de esta ley ha sido un trabajo entre la Secretaria, el MinJusticia y la Supersociedades, no se hizo el inventario de lobistas en el Congreso.

Planeación

Es el instrumento del Gobierno para recolectar las propuestas de cara al Plan Nacional de Desarrollo y el eje sobre el que están organizados los 51 diálogos regionales vinculantes. Fue diseñado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Fue implementado desde la primera edición de los diálogos en Turbaco, Bolívar. Pero luego fue rediseñado.

Hoy consiste en cinco grandes mesas temáticas donde puede inscribirse cualquier ciudadano: ordenamiento territorial, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático y convergencia regional.

También hay mesas para minorías, como víctimas y comunidad LGTBI.

El reto ahora para el DNP es sistematizar las miles de propuestas recolectadas, una tarea que está por fuera de los modelos tradicionales del organismo. El Plan Nacional de Desarrollo debe presentarse el 15 de noviembre y la metodología para su construcción le ha servido al Gobierno para darle respaldo popular y regional al proyecto mientras prende motores para las elecciones locales del 2023.

Ambiente

Desde el 11 de agosto, la bancada de Gobierno en el Congreso presentó el proyecto de ley antifracking en el legislativo. Aunque tuvo el espaldarazo de la MinAmbiente Susana Muhamad, la agenda legislativa que busca parar los cuatro proyectos pilotos de fracking en el Magdalena Medio. Pero, a diferencia de la reforma tributaria o la ley que reglamenta la Paz Total del Gobierno, la ley antifracking ni siquiera ha pasado su primer debate en el Congreso.

Después de una accidentada confomación de la junta directiva de Ecopetrol, la petrolera estatal anunció que suspendería los pilotos de fracking en Colombia. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, confirmó en medios que la petrolera desharía los acuerdos que tenían con la petrolera gringa Exxon Mobil. "Si el Gobierno nacional y el Congreso deciden y formalizan que no hay fracking en Colombia, Ecopetrol no va a hacer fracking en Colombia” dijo Bayón en una entrevista en Caracol Radio.

Para eso, Ecopetrol le solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) --encabezada por Juan Hernán Ortiz un administrador que no tiene experiencia en el sector-- que suspenda por 90 días las obligaciones contractuales con Exxon que incluyan fracking. Como estos contratos poriginalmente no tenía una cláusula de suspensión, la ANH se demoró dos meses en procesar la solicitud de Ecopetrol.

Ambiente

Aunque Colombia firmó el Acuerdo de Escazú en 2019, no fue hasta octubre de este año que el Congreso ratificó su vigencia en el país. Para lograrlo fue clave el apoyo de la bancada de Gobierno en el legislativo, que terminó con una votación de 124 congresistas que apoyaron la ponencia y solo un voto en su contra. La oposición, a Escazú, compuesta por el Centro Democrático, Cambio Radical y los representantes Miguel Polo Polo y Marelén Castillo, decidió salir de la plenaria alegando falta de garantías para ellos.

A la aprobación en el Congreso le siguió la sanción presidencial del Tratado, que tuvo lugar el 5 de noviembre. Aunque el apoyo del Gobierno nacional fue clave para su aprobación en el Congreso, durante la sanción presidencial no hubo ningún acto simbólico.

Educación

El Presupuesto General de la Nación aseguró un aumento para las universidades públicas del IPC, el indicador que mide la inflación, más 5 puntos porcentuales. Esto supone 210 mil millones de pesos para el 2023, según el ministro de Educación Alejandro Gaviria.

El énfasis de Gaviria al frente del ministerio ha estado en la educación superior. Ya como ministro designado uno de sus primeros grandes encuentros con el sector fue con el Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE). Ha anunciado, además, que los nuevos recursos permitirán ampliar en 500 mil los cupos universitarios.

Después del pago de la deuda pública, Educación es el sector que tradicionalmente se lleva una tajada más grande del presupuesto. En el primero del Gobierno Petro la tendencia fue igual e incluso aumentó en casi un punto porcentual la plata del sector.

Agro

MinAgricultura, encabezado por Cecilia López, y la bancada del Gobierno llevaron al Congreso la propuesta para reglamentar esta Declaración de los Derechos del Campesinado. Esta es una resolución a la que llegó la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 2018 para definir y regular el acceso a derechos de la población rural, en su momento, Colombia se abstuvo de votar a favor de esta.

El acto legislativo está ya ha pasado por dos debates, en la Comisión Quinta y Senado, y está pendiente de enviar a comisión en Cámara. El objetivo sería modificar el artículo 64 de la Constitución --acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios-- para que convierta a los campesinos en sujetos especiales de derechos."

Agro

La ley de insumos ha sido otra de las banderas del MinAgricultura para devolverle a los productores agrícolas cerca del 20% de lo que gastan en fetilizantes, alimentos para animales y otros insumos. Sobre esta iniciativa, la MinAgricultura López anunció que estregará estos beneficios económicos a cerca de 120 mil productores en el marco del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios, que regula la Ley 2183 de 2022.

Por ahora, el proyecto cobija a pequeños productores de maíz, plátano, arroz, papa y otras frutas y vegetales, además de proyectos avicultura, porcicultura, acuicultura, ganadería y ovino caprino. El avance del proyecto está en la etapa de socialización y desde el Ministerio esperan que la próxima semana se empiecen a entregar insumos."

Justicia

Durante el trámite de la ley de Orden Público se cayeron dos artículos que buscaban indultar a manifestantes involucrados en hechos violentos.

Los artículos generaron un gran debate al interior del Congreso porque iban a favorecer a los integrantes de la “Primera línea”. El Gobierno optó por sacrificarlos para no torpedear la llamada “Ley de la Paz Total”, que abona el terreno legal para el restablecimiento de las negociaciones con el ELN y el sometimiento a la Justicia de otros grupos armados en activo.

Frente a ese fracaso, el ministro de Justicia, Nestor Osuna, anunció la creación de una “Mesa de alternatividad penal” para revisar caso por caso la situación de los detenidos durante el ciclo de protestas que antecedió a la victoria de Gustavo Petro.

Cultura

El Ministerio de Cultura envió a la Unesco, el organismo de la ONU especializado en Cultura, la solicitud para declarar a la Sierra Nevada de Santa Marta como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Según MinCultura, el organismo internacional informó que la petición será evaluada a finales de noviembre. “Es de resaltar que el expediente no tuvo observaciones ni solicitudes”, le respondió Mincultura a La Silla. 

Cultura

Es la continuación del proyecto ‘Sandbox’, lanzado en marzo por Angélica Mayolo, la exministra de cultura de Duque. Esto en el marco del Festival de Cine de Cartagena. Su objetivo es formar jóvenes de zonas periféricas del país en la industria audiovisual. 

En septiembre, la actual ministra Patricia Ariza sostuvo una reunión con el vicepresidente y director para política pública de Netflix para hablar sobre el desarrollo del programa.

Defensa e Interior

La comisión de paz del Senado, encabezada por dos senadores de la bancada de Gobierno, Iván Cepeda y Alirio Uribe, varias organizaciones sociales y Naciones Unidas le presentaron al Gobierno Nacional el plan de protección a líderes sociales. Entre los puntos clave está el cambio de paradigma de la fuerza pública, que aterriza en el MinDefensa con la Seguridad Humana de Petro, recostada sobre el desarrollo rural, al defensa de los derechos humanos y la paz.

El MinInterior entra en el plan dentro de los territorios priorizados, que son aquellos en los que históricamente se han enfrentado a mucha violencia y el Gobierno Petro planea vigilar de manera más cercana a través de los Puestos de Mando Unificado (PMU).

Defensa e Interior

Aunque no hay un decreto que deje en firme la adopción del plan de emergencia para la protección de líderes sociales, en estos 100 días el corazón del plan se ha adelantado. La principal medida que el Gobierno nacional ha logrado implementar es la instalación de Puestos de Mando Unificados para la Prevención y Protección (PMU-PP), de los cuales se ha encargado el MinInterior Alfonso Prada. Estos PMU ya empezaron a funcionar en los 65 municipios que contemplaba el plan.

Dentro del mismo marco de implementación del plan, el Gobierno reactivó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), uno de los principales rezagos del Gobierno Duque en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. La Cngs está compuesta por los MinJusticia, Defensa e Interior, los comandantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, el Fiscal general de la nación, el Procurador general de nación, el Defensor del Pueblo, el director de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía, dos delegados de plataformas de derechos humanos y tres expertos designados por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi). Su trabajo apenas está comenzando. "

PAZ

Las negociaciones con el ELN ha sido centrales en la agenda de Paz del Gobierno. Durante la primera semana de octubre, delegados del Gobierno y de esta guerrilla se encontraron en Caracas para anunciar la reanudación de las negociaciones. La nueva agenda de negociaciones no incluye líneas rojas --que en la mesa de negociación de Santos eran el los modelos económicos y de seguridad-- e involucra al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, porque la presencia y apoyo que recibe la guerrilla de ese lado de la frontera. Además, la agenda del Gobierno Petro, incluso antes del anuncio, ya cumplía con algunos de los requerimientos históricos del ELN, como la participación política de la ciudadanía que el Gobierno contempla en los diálogos regionales vinculantes.

En el proceso metdológico de la Paz Total también hubo avances. Ya logró aprobar la Ley de Orden público, que le da un maco jurídico a camino de negociación que plantea Petro. Y el Gobierno está estudiando un proyecto para el marco jurídico para el sometimiento a la justicia de grupos criminales a los cuales no se les concede el estatus político, como el Clan del Golfo.

Función Pública

Función Pública, la institución que maneja la burocracia estatal, le ha dado seguimiento a la ley que promueve la vinculación de jóvenes al servicio público con una encuesta realizada a todas las entidades del país. Con esto pretende recolectar información. Además, hasta el 18 de octubre estuvo abierta la convocatoria del Programa Estado Joven para el primer semestre del 2023, en la que jóvenes entre 18 y 28 pueden aspirar a puestos públicos.

Presidencia

El equipo de recursos humanos es una idea vieja que ya existe en Palacio, según el manual de contratación de presidencia, vigente desde noviembre de 2021. Indica que la responsabilidad contractual de Casa de Nariño cae en el Dapre, en cabeza de Mauricio Lizcano. Desde la reestructuración de Casa de Nariño, Lizcano se convirtió en el Secretario General de Presidencia, pero sigue encabezando la parte contractual de Palacio. Los nombramientos de este Gobierno han estado supervisados por la Secretaría General, como dice el manual, incluso cuando esta los delega a otras entidades como los ministerios.

Los nombramientos del Gobierno Petro han sido atropellados desde el principio por problemas de requisitos o falta de asesoría jurídica. Se le han caído varios nombramientos clave como el de Mery Gutiérrez, la MinTic que Petro había nombrado tenía líos jurídicos con su ministerio o César Ferrari, el director de Planeación que no cumplía con los requisitos de nacionalidad y tuvo que ser remplazado. Además, varios cargos claves, como la dirección del Icbf, han sido entregados por relaciones de amistad con la primera dama, Verónica Alcoer, a personas sin experiencia en el sector.

La Silla sistematizó los nombramientos del Petro desde el gabinete hasta las cabezas de viceministerios, agencias y otras entidades claves para su agenda política en una base de datos. Según los resultados de esta, de los 100 nombramientos clave debajo del gabinete solo se han hecho 90 nombramientos. Entre estos 63 son expertos en el tema que ahora encabezan.

Otros en puestos claves no. Además del Icbf, Juan Hernán Ortiz nombrado director de la ANH, por ejemplo, es un administrador que nunca ha trabajado en el sector hidrocarburos o la directora de Procolombia, Carmen Caballero, es odontóloga y su nombramiento obedeció a un cambio en los requisitos para ocupar ese cargo.

Deportes

Ni en Cámara ni en Senado ha sido radicado el proyecto.

Juventud

En la primera semana de noviembre, el Icetex anunció que iba a condonar las deudas de 3.957 jóvenes cuya clasificación en el Sisben es de pobreza extrema y moderada. Esto significa que cumplió con el 88% del objetivo planteado en el empalme. Los pagos se hicieron a través de la empresa estatal de Central de Inversiones, Cisa, que comercializa inmuebles, y compra y administra cartera de entidades públicas, como el Icetex. En total, según el comunicado de Cisa, fueron 15 mil millones de pesos condonados.

El director del Icetex, el exrepresentante verde Mauricio Toro, ha hecho mucho ruido sobre la condonación de créditos. Empezó diciendo que no todos los créditos del Icetex serían condonados, a pesar de lo que decía el programa del Gobierno Petro. Luego explicó que esa condonación masiva no podría tener lugar por sus implicaciones fiscales. Toro le explicó a la Silla en una entrevista que las condonaciones "son para un grupo de personas que cuando llegan al Icetex a pedir un crédito se les muestra unos fondos o unas líneas que traen una promesa de condonación".

Juventud

A principios de septiembre el presidente Petro aseguró que el Gobierno Duque le había dejado la olla raspada para programas sociales como la matrícula cero, lo que causó una discusión sobre esta era siquiera posible dentro del Presupuesto para 2023.

Sin embargo, el MinEducación Alejandro Gaviria anunció a finales de octubre que estaban presupuestando los gastos de esta cartera para garantizar esos recursos. "Estamos trabajando para que el año entrante, 2023, nosotros trabajamos para que exista un fortalecimiento de la base presupuestal de las universidades públicas" anunció Gaviria.

El Ministro aseguró que dentro del PGN del próximo año se destinarían 140 mil millones de pesos están garantizados para las condiciones de gratuidad, la matrícula cero.

Minas y Energía

El avance más concreto frente a la revisión de las obligaciones de los concesionarios ha estado en el Cesar. Particularmente en las minas de carbón de La Jagua de Ibirico y Calenturitas, cuyos títulos fueron devueltos en 2020 por la multinacional Prodeco. La Agencia Nacional de Minería, en cabeza de Álvaro Pardo, ha participado de las audiencias públicas sobre el cierre de las minas y ha impulsado mesas de trabajo con Prodeco y alcaldes del corredor minero del Cesar para que, entre otras cosas, la multinacional rinda cuentas sobre sus obligaciones sociales y ambientales.

Frente al establecimiento de minerales estratégicos de cara a la producción de energía renovable sólo hay, por ahora, una hoja de ruta para ejecutar en seis meses y recolectar la información necesaria que sirva de insumo para los programas de transición energética. Esta fue presentada por la ministra Irene Vélez en la COP 27. Desde el Gobierno Duque el Servicio Geológico Colombiano ha avanzado en esta materia, como la identificación de depósitos de cobre. Vélez lo ha reconocido. 

Frente al diseño de un nuevo modelo minero, Vélez está impulsando una serie de audiencias públicas que sirvan como insumo para el proyecto a la reforma del Código Minero. Con estas audiencias la ministra Vélez ha empoderado a las organizaciones de mineros informales y espera presentar un proyecto que no esté “a la altura de las corporaciones”, como lo ha dicho. El Ministerio de Minas también ha incluido estos procesos de diálogo social en la hoja de ruta sobre la transición energética presentada en la COP 27. 

El 25 de octubre, la Agencia Nacional de Minería publicó una resolución que es clave para el reordenamiento minero en Colombia y que impacta los acuerdos de coordinación y concurrencia con los alcaldes. En esta se acoge al fallo proferido por el Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022. Un fallo que le ordena a las autoridades ambientales rebarajar el ordenamiento territorial de Colombia frente a la minería, hacer un gran diagnóstico sobre los impactos ambientales de los proyectos mineros y fortalecer el acceso a la información pública sobre estos.

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