Así se gastaría el impuesto al patrimonio

El anterior Impuesto al Patrimonio financió la entrada de 30 mil nuevos hombres y la compra de material bélico que prácticamente duplicó la capacidad militar de las Fuerzas  Militares. El nuevo impuesto sólo alcanzará para mantener esas inversiones.

Hace cuatro años, cuando le preguntaron a Gabriel Silva qué venía después de la Federación de Cafeteros, Silva respondió: “El siguiente ‘chicharrón’. Ojalá sea bien bravo”. El chicharrón le llegó con el nombramiento como Ministro de Defensa, cuando la Fuerza Pública sigue atrapada en el escándalo de los falsos positivos.

Según el proyecto de ley presentado ayer, el impuesto al patrimonio gravará a los 9 mil y pico colombianos que tienen patrimonios líquidos iguales o superiores a 3.000 millones de pesos y que no se han blindado con contratos de estabilidad jurídica. De esta manera, el Gobierno busca recaudar 1,3 billones anuales de pesos durante cuatro años, a partir del 2011 cuando expira el anterior impuesto. Reduciendo otras gabelas tributarias, espera recaudar otros 0,7 billones anuales. Casi toda esta inversión se irá a aliviar el hueco fiscal.

“Para el Gobierno Nacional, resulta fundamental poder garantizar hacia adelante la disponibilidad de recursos para cubrir los gastos de intereses de la deuda y de funcionamiento, de absoluta obligatoriedad y en alta proporción inflexibles”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley. “Así mismo, el Gobierno debe dar continuidad a los programas sociales prioritarios así como orientar un mínimo de recursos para obras de infraestructura, lo cual es necesario para elevar los niveles de productividad y competitividad del país. Adicionalmente, resulta primordial contar con los recursos del Presupuesto necesarios para el cubrimiento de los gastos asociados con la continuidad de la política de seguridad democrática.”

Teniendo en cuenta el proyecto de Presupuesto de Inversión aprobado en el Conpes de la semana pasada, entre los “programas sociales prioritarios” que se financiarán están el de Familias en Acción, que pasará de beneficiar a 2,1 millones de familias a 2,7 millones y el Programa de Vivienda, que recibirá una importante inyeccción de recursos. También se destinará más plata para los desplazados para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional. Entre los proyectos de infraestructura se priorizarán la Ruta del Caribe y el Túnel de la Línea. La Ruta del Sol arrancará en el 2010. Y habrá más plata para la Registraduría, pero mucho menos de la pedida por el Registrador para organizar las consultas internas de los partidos además de las elecciones. Al sector de la defensa sólo le quedarán recursos para sostener las millonarias inversiones realizadas en los últimos tres años.
 

¿Y para la Seguridad Democrática?

Con los 8,25 billones recaudados con el anterior Impuesto al Patrimonio las Fuerzas Armadas hicieron grandes inversiones para mejorar su movilidad, su capacidad de hacer inteligencia y la vida útil de sus armas.

Entre el 2008 y el 2010 – de acuerdo con el informe de Fortalecimiento de las Capacidades de la Fuerza Pública del Ministerio de Defensa- las Fuerzas Armadas compraron, entre otras cosas, 20 helicópteros para el Ejército y 12 de combate para la Fuerza Aérea, tres patrulleras rápidas, 131 botes, ocho aviones de transporte, 39 tanques de guerra, siete plataformas de inteligencia, 20 obuses y más de mil vehículos de transporte para Ejército y Policía.

Para dar una idea de cómo esto fortaleció sus capacidades, por ejemplo, con los 15 nuevos helicópteros de asalto y cinco de transporte, el Ejército aumentó en una tercera parte su flota de helicópteros. Hasta marzo de 2009, el Ejército contaba con tan solo 47 helicópteros. El promedio de edad del material de artillería era de 30 años y la capacidad de transporte de los policías era muy limitada.

El impacto de estas nuevas inversiones sobre el curso del conflicto sólo se comenzará a sentir a partir de este año cuando comienzan a llegar la mayoría de los nuevos equipos. Pero también se sentirá a nivel presupuestal.
 

El costo de la sostenibilidad

Los gastos generales asociados al combustible, las municiones y en general el material de guerra asciende a unos 350 mil millones de pesos al año. El sostenimiento de la nómina de la Defensa, que creció considerablemente con la entrada en el último cuatrenio de 30 mil nuevos hombres a las Fuerzas Armadas, es de alrededor de 500 mil millones de pesos anuales.

El Ministerio de Defensa argumentaba que dado que esos 850 mil millones de pesos son gastos recurrentes, deberían financiarse con gastos ordinarios del Presupuesto de la Nación y no con los extraordinarios recaudados con el Impuesto al Patrimonio que se supone será excepcional.

Su aspiración era invertir los nuevos recursos principalmente en la “capacidad disuasiva” del país para defender su soberanía: en ponerle misiles a las cuatro fragatas, torpedos a los dos submarinos y armar los aviones kafir que modernizó con los recursos del anterior impuesto al patrimonio. Además, mejorar el sistema de defensa área defensiva con radares y baterías antiaéreas.

Con esos nuevos recursos, el Ministerio también buscaba financiar la “nacionalización del Plan Colombia”. En los próximos cuatro años, el gobierno colombiano tiene que decidir con cuáles de los equipos prestados por los gringos se queda. Para ello, tendrá que asumir los costos de funcionamiento y mantenimiento de talleres aeronáuticos, radares, etc, que hoy son subsidiados.

El Plan Colombia, por ejemplo, paga el hospedaje de los policías que acompañan las misiones de erradicación y fumigación de los cultivos de coca. También las horas de vuelo y una sóla hora de vuelo de un Black-hawk cuesta 11 millones de pesos. El Ministerio de Defensa calcula que la nacionalización del Plan Colombia costará unos 300 mil millones de pesos anuales en promedio una vez se pase todo a precios y estándares colombianos.

El debate sobre el Impuesto al Patrimonio y en general sobre la reforma tributaria hasta ahora arranca. Y una cosa es lo que aspira el Ministro de Hacienda y otra la que querrá el Congreso. Lo que sí es claro que con ingresos 11 billones por debajo de lo proyectado para el 2010 hace un año y un aumento en la inversión inferior al 1 por ciento, no es mucho lo que se le puede pedir al nuevo tributo.