Así se tuercen los procesos de custodias infantiles en estratos altos de Bogotá

Así se tuercen los procesos de custodias infantiles en estratos altos de Bogotá
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Foto: www.quepasamedia.com

Hace dos años, Daniela* decidió separarse de su pareja, un próspero contratista del Estado que se suele mover en campañas políticas de alto perfil. Su vida llena de lujos contrastaba con la violencia verbal y económica a la que era sometida. El punto final fue cuando su pareja intentó lastimarla en medio de una discusión.

Para quedarse con la custodia de su hija de dos años, Daniela denunció los abusos ante la Comisaría de Familia más cercana, la de Usaquén 2, ubicada en uno de los sectores más costosos de Bogotá. Pero lejos de encontrar la ayuda que buscaba, se tropezó con un sistema que se mueve a punta de plata y que la separó de su hija por dos años. Ella no tenía el mismo dinero que su expareja.

Ese es uno de los 18 casos de papás y mamás que documentó La Silla Vacía y que, como Daniela, encontraron irregularidades que les dañaron la vida cuando intentaron acordar la custodia de sus hijos. Todos aceptaron contar sus historias bajo la reserva de identidad, y en siete procesos nos dieron acceso a cientos de páginas de documentos, con las que fue posible describir todos los eslabones de una red inundada de decisiones arbitrarias y denuncias de corrupción.

En sus relatos hay patrones de falsas denuncias promovidas por abogados, peritos sancionados y hasta una comisaria de familia condenada en un sistema donde la plata es un factor determinante. El precio de estos pleitos oscila entre 100 y 3 mil millones de pesos. Los protagonistas de las historias pertenecen a los sectores más poderosos del país: son o guardan relaciones con empresarios de alto perfil, magistrados de altas cortes, políticos y abogados reconocidos.

Mientras que las mamás suelen ser señaladas de estar locas, los hombres son acusados de abuso sexual. Daniela tuvo que afrontar las dos y solo hace 10 meses logró recuperar a su hija de cuatro años.

Eslabón 1: Las abogadas bulldozer

Hace un año la Secretaría de la Mujer de Bogotá le envió una carta a la vicefiscal General, Martha Mancera, pidiendo que investigara presuntas actuaciones irregulares en procesos de custodia de niños en las Comisarías de Familia de la ciudad.

24 mujeres y dos hombres fueron a denunciar irregularidades también a la Secretaría de Integración Social. Daniela fue una de ellas.

Dos nombres se repitieron en los relatos recolectados por la Alcaldía: Aminta Gualdrón y Ana Georgina Murillo, abogadas reconocidas dentro de los pleitos de familia en la capital. Fueron señaladas por los padres de promover falsas denuncias para que sus defendidos ganen los casos.

En los 18 casos que revisó La Silla Vacía los nombres de las abogadas Gualdrón y Murillo también fueron los más repetidos. En seis la contraparte fue Gualdrón y en ocho fue Murillo.

Para moverse bien dentro de ese sistema, los papás suelen recurrir a abogados especializados. Su papel es clave. Acompañan a las partes a cerrar procesos de divorcio y a discutir la custodia de sus hijos ante Comisarios de Familia, que son los que se encargan de resolver conflictos entre los padres y garantizar la protección de sus derechos, así como los de sus hijos.

Los comisarios pueden dictar medidas de protección y solicitar peritazgos (evaluaciones psicológicas). No son parte de la rama judicial, son nombrados por los alcaldes luego de un concurso, pero esos despachos son tan poderosos que además pueden definir custodias temporales, regímenes de visitas y la regulación de cuotas alimentarias.

Daniela* lleva dos años enfrentándose a una de esas abogadas que ha acompañado a su expareja en ese proceso en la comisaría. “Él tenía otro abogado, pero desde que contrató a Aminta Gualdrón su actitud de conciliación cambió”, aseguró.

Daniela tuvo una relación conflictiva con su expareja. Para evitar que se separaran después de un episodio de violencia, él la llenaba de regalos como carteras y abrigos de diseñadores. Ella cedía. Al tiempo la controlaba económicamente.

“Yo andaba con máximo 20 mil pesos en el bolsillo. Él me controlaba desde los cafés que tomaba con mis amigas, hasta las visitas con mi familia”, relató Daniela. Despidió a las dos empleadas de la casa. “Ya que no trabaja, al menos limpie y cuide a la niña”, le decía. “Al final me hacía sentir que yo solo lo tenía a él y en efecto yo dependía de él”.

Sin embargo, cuando ella buscaba trabajo, su expareja le decía que no cumplía con requisitos para aplicar a ningún tipo de empleo.

A pesar de esa relación, Daniela y su expareja se pudieron poner de acuerdo en repartirse el tiempo de compartir con la niña mientras la comisaría decidía qué pasaba con la custodia. Pero según Daniela eso cambió cuando apareció la abogada Gualdrón.

“Ahí empecé a ser víctima de acusaciones sin sustento”, dijo Daniela. “Ya no solo me acusaron de violencia y de estar loca. Luego vino una denuncia por secuestro y uso arbitrario de la custodia. Y más tarde por abuso sexual de mi hija”.

Las otras cinco mamás que con las que habló La Silla Vacía y que, como Daniela, fueron a denunciar a la Alcaldía actuaciones de Gualdrón, aseguran que enfrentaron situaciones parecidas cuando ella se convirtió en la abogada de su contraparte. A todas las acusaron de transtornos mentales.

Todos la señalan de trabajar en llave con psicólogos y de corromper el sistema junto con comisarios de familia para asegurar el éxito de sus clientes. También de no escatimar recursos para arrinconar a su contraparte.

Sin embargo, ni Daniela ni ninguna de las otras cinco personas que hablaron sobre Gualdrón han interpuesto denuncias formales contra ella. Dicen temer que se dificulten aún más los procesos por mantener la custodia de sus hijos.

“A mí no me da la plata para llevar la demanda contra mi ex y contra Aminta al mismo tiempo”, dijo Daniela. “Solo por revisarme una denuncia contra Aminta me cobraban 8 millones de pesos”.

Sobre esos señalamientos, Gualdrón asegura: “Yo siempre estoy del lado correcto”. Según ella, antes de elegir con quién trabajar les hace pruebas y entrevistas para evaluar los casos. “Contra las mamás que me acusan hay pruebas de violencia intrafamiliar. Ellas esperan ganar sus casos en medios, sin importarles el dolor de sus niños”.

Gualdrón, en todo caso, asegura que sí ha visto irregularidades dentro del sistema de custodia de menores. Dice que en uno de ellos estuvo involucrada Ana Georgina Murillo, la otra abogada que fue nombrada por los papás que fueron a denunciar a la Alcaldía y que aparece en ocho testimonios que recogió La Silla.

“En uno justamente tuve como contraparte a Ana Georgina. A mi oficina llegaron de forma clandestina audios y chats que mostraban cómo cuadraban un caso con psicólogos, una de las partes y funcionarios”, dijo. “Yo no puedo asegurar que la doctora Ana Georgina sea corrupta, eso lo tendrá que determinar la justicia, pero ella salió lamentablemente involucrada en ese caso”.

Gualdrón aseguró que aunque entregó a la Fiscalía las pruebas de ese caso y las denunció, nunca supo qué pasó.

Las actuaciones de Ana Georgina han sido denunciadas públicamente desde 2019. La señalan de hechos similares a los que le endilgan a Gualdrón. El recorrido de Murillo incluye ser Procuradora de Familia en los 90 y ayudar a redactar el Código de la Infancia y Adolescencia que rige en el país. Al igual que Gualdrón, en el medio es conocida como una abogada que arrasa con su contraparte.

Murillo le dijo a La Silla que es una abogada “recia y brava”. Aclara que es así “porque no negocio cuando están en juego los derechos de los niños”.

Sobre esos chats y los audios en los que sale salpicada, Murillo aseguró: “No corresponden ni a mi forma de hablar ni a mi teléfono. El montaje que hicieron es burdo”. Demandó a los papás por chuzarla y ese proceso no ha avanzado.

De Murillo dicen que tiene poder dentro del sistema de justicia debido a los cargos que tuvo hace 30 años y a que maneja casos de personas con alto perfil y dinero.

También le atribuyen a ese poder que las denuncias en su contra no avancen. Hay varias radicadas, incluida una colectiva de tres papás y tres mamás, en las que no se ha determinado si es culpable o inocente.

En todo caso, los chats jamás se han usado en ninguno de esos procesos porque fueron obtenidos de forma ilegal. Es decir, no fueron extraídas con autorización de un juez.

Los abogados de familia en casos de alto perfil cobran entre 20 y 200 millones de pesos dependiendo de cómo avance el caso.

Eslabón 2: Los peritazgos amañados

Cuando inicia la pelea por la custodia de los niños entran en escena psicólogos que hacen peritazgos y diagnósticos sobre la personalidad de los papás, su estabilidad mental y posibles hechos de violencia. En el caso de los menores, se evalúa si han estado expuestos a violencia de algún tipo y si los ha afectado.

Justo cuando Aminta Gualdrón empezó a defender a la expareja de Daniela y escalaron los enfrentamientos por la tenencia de su hija, en la Comisaría de Familia les ordenaron hacerse un peritazgo para determinar su estado mental.

“Me pasaron una lista de seis peritos (...) Me decían que el examen valía 8 millones de pesos”, dijo Daniela.

Ella no tenía cómo pagar ese examen. “Al final mi ex se ofreció a pagarlo. A mí me dio desconfianza, pero la comisaria me dijo que era obligación hacerme la prueba y acepté. Fue la peor decisión de mi vida”.

La evaluaron en un consultorio en Marly. Le preguntaron, en una sesión de dos horas, por su relación con su familia, con sus amigos en el colegio, y cómo fue su vida en pareja. La psicóloga concluyó que presentaba un “trastorno de personalidad narcisista con rasgos paranoides, baja empatía y altruismo que puede afectar su relación materno paterno filial”.

A los pocos días del peritazgo, a Daniela le llegó un correo en el que le avisaban que provisionalmente la custodia quedaba en manos de su expareja. Podría verla cada 15 días, tres horas, siempre en compañía de quien su ex escogiera.

“Estaba destrozada. No podía dejar de llorar. No podía respirar. Que me quitaran a mi hija ha sido el dolor más grande que he vivido”, dijo Daniela. La niña tenía dos años cuando la alejaron de ella.

Paralelamente, su expareja la denunció además por abuso sexual a su hija, porque tenía quemaduras en su zona íntima.

Para defenderse, tuvo que pedirle plata a su familia: “En ese punto yo veía tantas irregularidades que sabía que necesitaba un buen abogado de familia y un penalista por el caso de abuso sexual”.

Por casi dos años Daniela visitó a su hija en el lugar que quería el papá de la niña. Su casa, generalmente. “Lo que más tristeza me daba era que mi hija parecía tener miedo de la comida que yo le llevaba. Era como si ella tuviera miedo de mí”, recuerda.

Meses después, el informe con el que le quitaron a su hija fue cuestionado por carecer de rigor metodológico y por ignorar en sus conclusiones resultados favorables a Daniela. Un nuevo peritazgo que ella pagó, y que fue aceptado por la Comisaría de Familia, concluyó que ella “presenta un funcionamiento global cognitivo apropiado y no se evidencia en ella psicopatología aparente”. Ese peritazgo fue de seis sesiones de dos horas cada una.

Los otro seis casos revisados en detalle por La Silla siguen el mismo patrón de Daniela.

En todos hubo peritos privados, una práctica que solo es común en las localidades que concentran los estratos más altos: Suba, Chapinero y Usaquén. La Silla Vacía conoció pruebas de que para defenderse papás pagaron hasta 20 millones para conceptos psicológicos y psiquiátricos.

A Lucas* lo acusaron de abusar de su hijo menor de tres años y de violencia intrafamiliar. En un dictamen psicológico concluyeron que era “bipolar y de personalidad perversa” relacionada con aberraciones sexuales. El psicólogo que realizó ese dictamen jamás lo entrevistó.

A Pedro* también lo señalaron de abusar de su hija menor de cuatro años. Un dictamen psicológico sirvió de prueba para que le iniciaran un proceso penal. El informe de Medicina Legal, solicitado por la Fiscalía, dice que la niña contó que la mamá le ha dicho que el “papá es una mala persona” y que el relato del abuso no es consistente.“La inconsistencia interna y externa del dicho se ve debilitada ya que lo narrado no guarda ninguna coherencia con lo descrito en otras oportunidades”, se lee en el informe.

Johanna Álvarez, quien fue arrestada tras negarse a rectificar señalamientos contra la abogada Ana Georgina Murillo, la acusaron de ser inestable mentalmente para asumir el cuidado de sus hijos.

Documentos prueban que, sin entrevistarla, las psicólogas Clara Inés Gómez y Diana María Zuleta dijeron que tenía vacíos afectivos generados en su niñez y que en su afán por llenarlos, sus hijos “podrían ser blanco de la hostilidad retaliativa de peligrosa expresión (…) y correrían el riesgo de ser agredidos”. Más tarde las psicólogas fueron sancionadas porque sus conclusiones “adolecen de vicios, son de dudosa imparcialidad, falta de profesionalismo, rigor científico y ético”.

A Sebastián* lo señalaron abuso sexual a una de sus hijas. El dictamen que sirvió para que iniciara la investigación en su contra fue hecho por María Paula Franceschi quien en el proceso terminó reconociendo que había sido “osada” en su conclusión y que las herramientas que utilizó para hacer el diagnóstico no eran “idóneas”.

En ese caso, también aparece el nombre de Fernando Jiovani Arias, un abogado y médico que le hizo terapia a la hija de Sebastián decenas de veces y conceptuó que podría ser víctima de abuso sexual, pese a que no tenía título de psicólogo o psiquiatra. El año pasado fue sancionado por el Tribunal Médico de Bogotá por presentarse como especialista forense cuando no tenía título que lo acreditara.

La abogada Murillo y Arias trabajan en llave. Ella es madrina de matrimonio del médico sancionado. “Fernando Jiovani Arias fue el director de investigación científica de Medicina Legal en los años 80 y empezó a trabajar el tema de abuso en Colombia. Sí es mi ahijado, pero eso no le quita la cientificidad a su trabajo”, explicó Murillo sobre esa relación.

El otro nombre que se repite en denuncias sobre irregularidades en peritazgos para procesos de custodia es el de Roberto Sicard, un psicólogo forense que participó en casos de seis de las víctimas entrevistadas en esta investigación, cuya contraparte es Aminta Gualdrón.

Recientemente, la revista Semana publicó varios audios en los que Sicard daba consejos sobre cómo llevar el proceso de custodia, pese a que por su condición de perito debe ser imparcial.

“(...) su abogado debe estar muy listo a refutar cualquier pregunta que se quiera hacer al perito Sicard –habla de sí mismo en tercera persona–. (...) así que pues mi sugerencia es que proteja a su perito”, se escucha en los audios.

Sicard le dijo a La Silla que los audios fueron manipulados.“Yo entregaba resultados a un usuario, me cruzaron y acomodaron la información para que pareciera algo raro, pero ni así. En la grabación no existe nada comprometedor”.


El caso de Sicard muestra la complejidad en estos procesos. Aún cuando varios padres coinciden en señalarlo de presuntas irregularidades, algunos de sus informes han sido usados en procesos donde se ha comprobado la inocencia de quien contrató sus servicios.

Por ejemplo, en el caso de Sebastián, su análisis, junto al de otros psicólogos, desvirtuó un peritazgo que hablaba de un presunto abuso sexual.

También pasa algo similar con los abogados. Diego Pardo, quien fue acusado de abuso a su hija, probó irregularidades en su peritazgo. Su abogada fue Ana Georgina Murillo.

La psicóloga Graciela Galán dijo que la hija de Pardo había “estado sometida a situaciones inadecuadas para su edad en el ámbito familiar paterno” y recomendó que se tomaran medidas. Cinco años más tarde, fue sancionada por el tribunal de ética de psicólogos por hacer “una apreciación precipitada, no confirmada y, dada la manera como la sustentó, ajena a todo presupuesto científico”.

Padres, abogados y comisarios aseguraron que no siempre los abogados y peritos señalados están relacionados con casos donde se denuncian irregularidades.

Uno de los denunciantes explicó: “Va a encontrar gente que ame a Sicard y otra que lo odie. Lo mismo con Ana Georgina. Eso tiene que ver con que esto se mueve con plata. No necesariamente el que los contrata es el que quiere acusar falsamente”.

En los dos años que lleva su proceso, Daniela se ha gastado casi 200 millones entre abogados penales y de familia, peritazgos para defender su estabilidad mental y mostrar que no tiene patrones de abusadora sexual, fotocopias y transportes.

Aún así, su caso es de los más económicos. Pedro va en 600 millones contando los dos abogados de familia y los tres penalistas que ha contratado. Sebastián dice que en los 12 años que lleva su caso se ha gastado 3 mil millones pagando abogados, que se han encargado de tutelas, denuncias de irregularidades y su propia defensa.

Que peritos estén entregando dictámenes sin rigor para sustentar presuntas acusaciones falsas, es un patrón que se está repitiendo en varias partes del país, tal y como lo documentó Cuestión Pública.

Sicard y Murillo negaron ser partícipes de esas prácticas.

En todo caso, la cercanía de los peritos no solo es con abogados, las relaciones también aparecen en las comisarías de familia.

Eslabón 3: Comisarías arbitrarias

A finales de 2021, Yaneth Fabiola Castillo fue trasladada de la Comisaría de Usaquén 2. La asignaron al sur de la capital, donde la población no tiene poder económico. Días después renunció.

Castillo fue la comisaria de familia que hasta antes de su traslado tuvo en sus manos el caso de Daniela. Ella fue quien le entregó una lista de peritos para evaluarse y quien le quitó a su hija por casi dos años con los resultados que posteriormente fueron desmentidos.

“Me di cuenta de que éramos muchas las mamás las que teníamos inconformidades con la comisaria”, dice Daniela. “Nos encontrábamos afuera de la comisaría llorando. Y nuestra queja no era solo que nos quitaran a los niños, sino que no nos recibieran las pruebas, que no nos dejaran acceder al expediente. Era sentir que estaban siendo injustos”.

Daniela también recuerda que todas tenían en común que “nuestros exmaridos eran personas con plata y más poderosos que nosotras”.

Una de las mamás que conoció Daniela en esa circunstancias, obtuvo  audios que su misma expareja grabó– publicados por Semana–, en los que se escucha a la comisaria Castillo recomendar la asesoría del perito Roberto Sicard y en los que incluso le deja acceder a un expediente privado a una abogada y le ofrece revisar la defensa de su caso antes de la audiencia.

“Tenemos audiencia el 23. Por favor, mándame el 18 o el 17 de junio para yo ir retroalimentando, ahí les doy esa oportunidad”. Luego le pregunta si sabe sustanciar (argumentar) para que su defensa esté bien preparada. “Pero dime si sabes sustanciar o si no, porque si no sabes sustanciar, es muy berraco”, se oye decir a Castillo.

Además de Daniela, en ocho casos que investigó La Silla hay mujeres que aseguran que su contraparte o el abogado de su contraparte tenía reuniones privadas con la comisaria Castillo, que recomendaba peritos, y que les notificaron decisiones en direcciones erradas.

Todas sospechan que compraron las decisiones, pero ninguna dijo tener pruebas de esas afirmaciones.

La comisaria Rincón de Sumapaz explicó que es ilegal que los comisarios de familia asesoren a alguna de las partes y que deben garantizar el acceso a los expedientes y a las pruebas.

Castillo no respondió los mensajes dejados en su número personal.

En Chapinero, hay un caso que ya tiene condena. La excomisaria Blanca Iris Castaño fue hallada culpable en 2020 por prevaricato por acción (exceder sus competencias para favorecer a un tercero).

La condenaron a cuatro años por darle visitas a Eneko Laiz, uno de los papás que intentó hackear a Ana Georgina Murillo, cuando un juzgado de familia estaba conociendo el proceso al tiempo. En el expediente dice que Laiz estaba saliendo con la hija de la comisaria Castaño para el momento en que ella tomó la decisión.

La expareja de Laiz era Natalia Londoño, quien para ese momento era pareja del reconocido abogado Jaime Lombana y cliente de Ana Georgina Murillo.

Según dos fuentes que conocen por dentro el proceso, en una de las audiencias la excomisaria aseguró que fue Natalia Londoño quien intentó sobornarla. En su defensa ha argumentado que como se negó, los abogados Murillo y Lombana han intentado ensuciar su nombre.

“Natalia Londoño es una víctima y el señor Laiz está afrontando un juicio por sobornar a esa comisaria. Es triste y lamentable que una funcionaria que ejerce en una jurisdicción tan sensible tenga ese comportamiento”, dijo Lombana sobre ese proceso.

Este no es el único caso en el que Murillo y Lombana han trabajado juntos, según reconoció la abogada. De hecho, Lombana ha sido su defensor.

“Esto a usted le muestra la plata que se mueve en los procesos. No cualquiera puede contratar a Lombana o decir que es su abogado, un proceso con él fácilmente puede costar 300 millones”, dijo Lucas*, uno de los papás. Él se ha gastado 600 millones contratando abogados penalistas, de familia y peritazgos.

Custodias que llevan años en el limbo

Aunque una de las prioridades del sistema de protección de menores es fallar con rapidez para evitar vulneraciones a los niños, ya sea para garantizar su derecho a la familia o protegerlos si están siendo víctimas de maltrato o abuso, eso no es lo que pasa en la práctica.

Después de que la Alcaldía cambió a la comisaria Yaneth Fabiola Castillo, y tras casi dos años de no vivir con su hija, Daniela recuperó la custodia provisional. Días antes había rentado un apartamento y comprado varias cosas para vivir cómodamente con ella.

Algo similar pasó con otras tres madres que denunciaron a la comisaria. Una mamá, incluso, recuperó a su hija después de que la menor intentó suicidarse.

Otra sigue alejada de su hijo, pero dice que desde que cambiaron a Castillo “Ya me reciben las pruebas, escuchan a mis testigos y tengo acceso al expediente. Eso es un alivio”.

La Fiscalía archivó la denuncia de abuso sexual en contra de Daniela por falta de pruebas, y la Comisaría de Familia concluyó que la denuncia carecía de fundamento porque había conceptos que decían que las quemaduras en las partes íntimas estaban relacionadas con “control de esfínteres”.

Daniela, en todo caso, aún está a la espera de un fallo definitivo que determine si ella mantiene la custodia. En julio, con una tutela, su expareja logró que le devolvieran el poder de quedarse con su hija. Pero Daniela apeló y la decisión está a la espera de una segunda instancia. La niña no ve al papá hace 10 meses.

“Llevamos dos años en que mi hija ha sufrido, ha estado de aquí para allá por cómo funciona esta porquería de sistema”, dice Daniela. “Mientras tanto yo vivo muerta de pánico y con zozobra pensando en qué más se va a inventar para quitarme la niña”.

Los demás procesos documentados han tardado más años. Incluso hay papás que perdieron el contacto completo con sus hijos, aún cuando han sido declarados inocentes.

Epílogo

Johana Álvarez: Hace dos semanas fue detenida por no cumplir la orden de un juez que la obligaba a retractarse de acusar en La W a Ana Georgina Murillo de pertenecer al “cartel de la infancia”. Accedió a decir que no tenía pruebas de que Murillo perteneciera a un cartel. Durante el proceso perdió la custodia de sus hijos tres años y medio, la recuperó en 2017, pero sigue adelantando acciones judiciales contra Murillo.

Actualmente está promoviendo una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo que tuvo que pasar. Murillo, en cambio, la acusa de que sus hijos no tienen acceso a educación ni a salud.

Lucas: El caso por el presunto abuso del que lo acusaron nunca avanzó. Llegó a un acuerdo para pagar la manutención de su hijo, a quien solo vio en cinco ocasiones porque se lo llevaron fuera del país. Inicialmente le pidieron 24 millones mensuales, pero al final, él está pagando seis.

Pedro: “Nunca volví a ver a mi hija, para protegerla de recuerdos de visitas vigiladas, cuando soy inocente. Ahora, siento que en mi afán de protegerla, la abandoné”. Su caso ha pasado por cinco fiscales durante seis años. Dice que le avisaron que pedirían preclusión por falta de pruebas, pero que con la última reasignación de fiscal decidieron llevarlo a juicio.

Sebastián: Ha ganado dos fallos civiles y una tutela en las altas cortes, incluida la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en los que se ha concluido que las pruebas que obran en su expediente no demuestran que haya sido culpable de abuso sexual. Su caso ha pasado por nueve fiscales. Los tres últimos han tenido asignación especial del Fiscal General.

El fiscal que tiene el caso actualmente, en mayo radicó una solicitud para precluir el proceso, es decir, para archivarlo definitivamente. Sin embargo, tres meses después cambió de opinión y lo citó para imputarle el abuso. Después de 12 años, él dice que se tiene que seguir defendiendo de algo que no hizo, y que el sistema destruyó la relación con su hija.

Diego Pardo: Después de siete años en juicio, fue declarado inocente del abuso sexual a su hija menor de tres años. En las dos instancias los jueces consideraron que no había pruebas en su contra y que varias de las que se usaron para acusarlo carecían de rigor o fueron emitidas por personas sin idoneidad. No volvió a ver su hija y solo sabe que está fuera del país.

Ana Georgina Murillo: La abogada dice en su defensa que la Fiscalía no ha encontrado ninguna prueba para acusarla, y el Consejo Superior de la Judicatura, que revisa las actuaciones de los abogados, tampoco. Solo fue sancionada en una ocasión por dos meses por interponer dos denuncias al tiempo.

Sigue litigando pero no volvió a aceptar casos de abuso sexual. También se dedica a administrar un lujoso hotel spa en Villeta que es de su propiedad.

Aminta Gualdrón: Las quejas que le han interpuesto a lo largo de su carrera han sido falladas a favor. Dice que las actuaciones de los peritos son uno de los problemas dentro del sistema de custodias. Interpuso contra la Comisaria Castillo una queja en la Procuraduría cuando se enfrentó a ella, pero el proceso no avanzó. Cree que “los comisarios no están capacitados para asumir un proceso tan especial como el de protección de menores”.

Roberto Sicard: ha sido nombrado en cinco denuncias (tres en un mismo evento) por formular dictámenes a favor de quien lo contrata o hacer parte de un entramado entre comisarios y peritos para favorecer a una de las partes en peleas de custodia. Una de las denuncias ya fue archivada y cuatro están en curso en la Fiscalía. Dice que las denuncias en su contra son una campaña de “persecución y difamación”. 

También asegura que sí existe un cartel: “El sistema tiene muchas debilidades y los vacíos los usan estas personas”. Asegura que “basta decir hoy en día que un padre o madre han hecho un daño psicológico o sexual de un niño y automáticamente el padre o madre señalados pierden el vínculo con sus hijos”. También agregó que falta ver la corrupción del Icbf y de las verdaderas víctimas de falsas denuncias.

Yaneth Fabiola Castillo: Tras su salida de la Comisaría, la Secretaría de Integración Social cambió a todo el equipo de ese despacho y que solicitó que investigaran a todos los funcionarios que trabajaban allí. En la Alcaldía no saben en qué van esas investigaciones.

Blanca Iris Castaño: Espera en libertad la apelación de la condena en su contra por favorecer irregularmente a un papá.

La Silla Vacía le preguntó a la Fiscalía por qué las denuncias por irregularidades en proceso de custodia no han avanzado pero no entregaron información.

Un exdirectivo de la Fiscalía General que estuvo relacionado con los casos de adolescencia en infancia y que reconoció saber de las denuncias sobre el sistema de custodias, aseguró que los procesos en los que los padres denuncian irregularidades no avanzan porque los fiscales “requieren pruebas reina y en esos casos no existen videos o algún otro tipo de prueba que determine que se pagó por corromper casos de custodias”.

En los 18 casos analizados, todos los papás siguen con miedo de que los vacíos en el sistema de custodia les quite a sus hijos.

*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las personas que accedieron a contarnos su caso. 

Nota del editor: El día 20 de diciembre de 2022 el señor Roberto Sicard envió una carta a La Silla Vacía solicitando rectificación de la información que lo señala de prácticas irregulares en su ejercicio profesional. Aquí puede ver el documento que envió y la respuesta de La Silla Vacía que explica por qué no le concedemos la rectificación.

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