Así son los caminos del fracking en la era Petro

El trámite del proyecto en el Congreso tomaría un año (con dos debates por semestre). Con la coalición legislativa que el gobierno Petro ha logrado (que incluye al Pacto Histórico, Comunes, Indígenas, ASI, la Alianza Verde y los liberales), estarían cerca de tener las mayorías que se necesitan para aprobarlo en ambas cámaras. Si finalmente entran la U y los conservadores tendrían votos de sobra.

Si lo logran, la consecuencia inmediata será que, se prohibirá firmar nuevos contratos con cualquier proyecto de explotación de petróleo o gas con esa técnica, concesiones o planes pilotos relacionados con el fracking y la exploración de yacimientos no convencionales. Esto impacta al proyecto de La Loma, en Cesar (que explota un yacimiento no convencional, pero no usa la técnica fracking), los dos proyectos piloto en Puerto Wilches que tienen contratos suscritos y vigentes con la Agencia Nacional de Hidrocarburos: Kalé y Platero, así como los otros siete contratos firmados, que se terminarían. 

El proyecto Kalé ya tiene licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Platero todavía no tiene licencia ambiental, pero está en trámite para obtenerla.

En estos últimos dos proyectos, además de Ecopetrol, participa la multinacional ExxonMobil. Actualmente, en ninguno de los dos proyectos piloto se han hecho obras civiles o actividades operativas, pero Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, dijo que estimaban hacer inversiones de $200 millones de dólares en esas pruebas piloto.

El proyecto de ley contempla que la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Ambiente tendrían que adelantar el proceso para terminar todos esos contratos en un plazo de un año.

Con esos tiempos, tomará aproximadamente dos años terminar legalmente cualquier posibilidad de usar el fracking durante el gobierno Petro. A lo que seguirán dos posibles escenarios: en uno, los privados que invirtieron en esos proyectos acatan el mandato del gobierno. Esa es la línea que Ecopetrol, que es el inversionista mayoritario de los dos pilotos, dice que tomará.

“Si el Gobierno decide que no habrá fracking, la realidad es que Ecopetrol respetará esa decisión”, dijeron desde la oficina de prensa a La Silla. 

Pero hay un segundo escenario, y es que algunas de las otras empresas implicadas, como ExxonMobil, abran un litigio contra el Estado colombiano por perjuicios económicos. Hasta el momento, ninguna de estas empresas ha confirmado que usará este recurso, pero hipotéticamente lo podrían hacer ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que daría inicio a un escenario litigioso contra la Nación que podría tomar años.

“La CIADI se ha pronunciado en casos anteriores, como cuando Eco Oro demandó a la nación en Santurbán por los perjuicios que sufrió a causa de la prohibición de actividades mineras en el páramo. En esa ocasión, en 2020, el tribunal reconoció que los Estados son soberanos en tomar decisiones sobre el territorio y pueden prohibir la explotación minera, lo que sienta un precedente sobre cómo podría fallar en el caso de que se prohíba el fracking”, dice Lizeth Gómez, abogada de la Corporación Podion, y experta en las implicaciones legales que tendría aprobar el fracking. Aunque también, en ese fallo, la CIADI le reconoció afectaciones a la empresa, por lo que todavía no es claro si eso le costará una compensación económica al Estado.

De hecho, los contratos de los proyectos de investigación (los de Kalé y Platero) tienen una cláusula de terminación del contrato, sin ningún tipo de cargo para el Estado si llega a darse una ley que prohíba el fracking.

Juan Pablo Ruiz, que fue uno de los expertos que participó en la recomendación de los proyectos piloto y es experto de la Silla Llena, dice que, si se aprueba la ley antifracking “los proyectos piloto deberían seguir avanzando. Porque si existe tanta certeza de que la investigación va a concluir que es improcedente el fracking, qué mejor que tener la evidencia que lo demuestre y que pueda servir para dentro de cuatro años, en caso de que cambie el escenario político y económico del país”, dice. Una posición que planteó también en una columna en El Espectador.

En cualquier caso, con la aprobación del proyecto antifracking, el Gobierno cumpliría una de sus promesas medioambientales más grandes, aunque todavía queda la pregunta sobre cómo hará para compensar los réditos económicos y en materia de expansión de las reservas que se calculan con el uso de esa técnica.

En las cuentas del gobierno Duque, en 30 años la técnica del fracking reportaría 324 billones de pesos para las finanzas públicas. Y quienes han impulsado su uso aseguran que implementarla permitiría ampliar las reservas de crudo hasta por 22 años y las de gas de 35 a 50 años, aunque los críticos del fracking critican esas cuentas por ser muy especulativas, y dicen que en Estados Unidos han tenido muchas diferencias entre la estimación de las reservas iniciales y estimaciones posteriores. 

Este es el escenario menos probable teniendo en cuenta las mayorías que tiene el gobierno en el Congreso. La ejecución de un proyecto de fracking comprometería su bandera de la transición energética, especialmente entre los sectores ambientalistas que lo apoyaron.

Paralelamente, sin ley antifracking, se calcula que a comienzos de 2023 iniciaría la fase de extracción de los proyectos piloto que están avanzando.

Aún en caso de que se hunda la ley, la bancada del gobierno podría volver a presentar un nuevo proyecto por quinta vez.

“La lucha tendría que seguir presentando nuevamente un proyecto. Desde MinAmbiente el apoyo es claro a parar el fracking, así que sea desde el Congreso o desde el activismo en las calles, y en las regiones como Puerto Wilches, seguiremos haciendo presión”, dice Andrés Gómez, ingeniero de petróleos que trabaja en el área de energía y justicia climática de Censat “Agua Viva” (una organización ambientalista) y miembro de la Alianza Libre de Fracking.

Las cuentas políticas en el Congreso favorecen la causa antifracking. Y aún si no se usa esta técnica, para el período de Petro (2022-2026) está garantizado el abastecimiento de gas y de petróleo del país, con los que Petro podrá cumplir con unas de sus principales banderas medioambientales entrando en su tercer año sin preocuparse por la escasez energética en su periodo.

Pero otros factores, como el precio global del petróleo, la disponibilidad de hidrocarburos en el país y las rentas que se dejarán de percibir por no usar la técnica definirán qué tanto cambiará ese mandato político.