Balance de asesinatos a líderes en 2022, el más violento en seis años

A pesar de que Petro ganó la segunda vuelta en 139 de los 222 municipios en donde asesinaron a líderes sociales durante el Gobierno Duque e implementó desde el arranque una estrategia específica para proteger líderes, durante los primeros cinco meses de su Gobierno las cifras nunca bajaron por debajo de 10 líderes asesinados cada mes.

El Gobierno Petro ha implementado Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV) —que tienen como objetivo reducir los riesgos para los líderes sociales por 100 días después de su instalación— o la priorización de municipios desde el MinInterior para que los alcaldes trabajen con las Fuerzas Militares en los PMUV.

Las zonas más peligrosas para los líderes siguen siendo las mismas de siempre

Repitiendo una vez más como los departamentos con mayor número de líderes asesinados entran el Cauca (25 frente a 31 en 2021), Antioquia (20 frente a 23) y Nariño (18 frente a 17 en 2021).

Los asesinatos no solo se repiten en los mismos departamentos sino también en los municipios Pdet, aquellos priorizados por el Acuerdo de Paz por sus condiciones de violencia. En uno de cada tres municipios Pdet —de los 170 que hay— asesinaron a un líder social durante el 2022. 

Además de los reincidentes, en municipios que no han sido priorizados por el Gobierno también fueron asesinados líderes. Remolinos, Puerto Leguízamo, Ipiales y Puerto Wilches aparecen dentro de los diez municipios con cifras más altas de asesinatos y en ninguno de estos han instalado un PMUV.

Los líderes corren más riesgo en municipios con coca

En la mitad de los municipios en los que fueron asesinados líderes sociales hay cultivos de coca —62 de los 124–. 

Según el último informe del seguimiento a los cultivos que hace la ONU, en el país hay 181 municipios en los que se cultiva coca. En 1 de cada 3 asesinaron a un líder a lo largo del 2022 mientras que solo en 1 de cada 10 de los municipios donde no hay coca asesinaron a un líder en 2022.

Los tres departamentos que concentran el 62 por ciento de la coca sembrada en el país —Norte de Santander, Nariño y Putumayo— son también en donde más asesinatos a líderes sociales hubo en el 2022.

“Una de las hipótesis en los casos de homicidios que se presentaron en estas zonas está relacionada con la oposición que hacen los líderes a la presencia de grupos criminales en sus territorios y a la utilización de estos para la siembra, producción y movilización de cocaína” dice Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

Dentro de la lista de los diez municipios más violentos para los líderes sociales, siete tienen coca: Puerto Leguízamo (Putumayo), Tumaco (Nariño), San José del Guaviare (Guaviare), Buenos Aires (Cauca), Cúcuta (Norte de Santander), El Doncello (Caquetá) e Ituango (Antioquia). En Tibú, Norte de Santander, que es el municipio con más cultivos de coca del país según la ONU, asesinaron a tres líderes sociales.

Entre los asesinados en zonas cocaleras había varios que lideraban procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Marco Morales, por ejemplo, lideraba el Pnis en La Montañita, Caquetá, y era el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Miramar.

En más de la mitad de los municipios había alertas tempranas por violencia en contra sus habitantes

En 80 de los 124 municipios en donde hubo asesinatos había alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Este es el instrumento que tiene esa entidad para monitorear y advertir sobre situaciones de riesgo para la población civil. Cuando estas se emiten, los responsables de tomar medidas adicionales para la protección de los posibles afectados son la Unidad Nacional de Protección para organizar un esquema de seguridad cuando la alerta se refiere a un individuo o el Gobierno nacional, si la alerta ocurre en un municipio y se debe coordinar con las autoridades locales.

Dos semanas después de que se emiten estas alertas, una comisión liderada por el ministerio del Interior debe coordinar la prevención de los riesgos anunciados. En los meses siguientes, a la Defensoría le corresponde hacer seguimiento a las acciones que toma el Gobierno para establecer si se han superado los riesgos advertidos.

Además de las alertas tempranas emitidas, 44 de los 198 líderes asesinados tenían amenazas previas de muerte si no salían de su municipio.

La investigación del homicidio de líderes sociales avanza mucho más rápido que otros casos, pero no se llega a los determinadores

La priorización que ha hecho la Fiscalía de los asesinatos de líderes sociales muestra resultados concretos, y estos casos tienen una tasa de esclarecimiento mayor que la tasa promedio.

“De los asesinatos de líderes en los últimos años, la Fiscalía ha logrado avances en el esclarecimiento de estos hechos, incluyendo más de 110 sentencias y otros 140 casos que se encuentran en etapa de juicio” dice Taraciuk de Human Rights Watch.

Sin embargo, dice la experta, hay dos debilidades principales. Primero, los casos en contra de los autores intelectuales de estos crímenes avanzan menos y rara vez se logran sentencias que esclarezcan los móviles de los hechos. Y las condenas no conducen a desmantelar la violencia contra los líderes.

“La Fiscalía y las fuerzas de seguridad no han logrado trabajar de forma conjunta para adelantar investigaciones estratégicas para desmantelar las organizaciones criminales que cometen estos asesinatos”, concluye.

Los líderes comunitarios son los más vulnerables

En total, 59 miembros de juntas de acción comunal (JAC) o de los consejos comunitarios de sus corregimientos o veredas fueron asesinados. De de estos líderes comunales, 39 eran presidentes o vicepresidentes de sus juntas.

Estos líderes fueron asesinados en zonas de disputa entre grupos criminales que buscan tener el dominio territorial en Putumayo, Arauca—zona de disputa entre las disidencias de las Farc y el ELN—, Cauca y Chocó, en donde se enfrentan el ELN y el Clan del Golfo, como contamos en esta crónica. Y que para obtenerlo, intentan cooptar al primer eslabón de organización social que son las juntas de acción comunal y si no se deja lo culpan de pertenecer al grupo enemigo.

Ese fue el caso de Aldemar Urquina, presidente de la JAC de la vereda Morrocoy, en El Doncello, Caquetá. Cuando el cuerpo de Urquina fue encontrado, tenía mensajes que lo asociaban con las disidencias de las Farc. Sin embargo, su familia aseguró que el líder nunca había colaborado con el grupo criminal. 

Los líderes indígenas sufrieron una victimización desproporcionada

Dentro de los líderes asesinados, el grupo identitario más amenazado es el indígena: casi el 20 por ciento de los asesinados en 2022, mientras que la población total indígena es inferior al 3,4 por ciento.

“Ese impacto desproporcionado parece sugerir una discriminación de facto en materia de protección para los pueblos indígenas en el país” le dijo a la Silla Taraciuk.

Además, 12 de los 36 líderes indígenas asesinados hacían parte de la guardia indígena de su resguardo o corregimiento. Según el informe de 2022 de Human Rights Watch sobre Colombia, estos asesinatos se deben a la oposición que hace la guardia indígena a la actividad de grupos ilegales particularmente en los departamentos del Cauca y Nariño.