Balance de Duque: un presidente que no consolidó la Paz ni la hizo "trizas"

Paz con legalidad: la implementación versión Duque

El presidente Duque nunca menciona su implementación del Acuerdo con las Farc, todas las referencias que hace es a su política de Paz con Legalidad. Desde el comienzo dejó claro que su aproximación a lo firmado con las Farc sería una implementación a su manera.

“No compartimos la visión de que el Acuerdo tenga un espíritu y que la misión del Gobierno sea interpretarlo y seguirlo”, escribió Duque en el libro que publicó junto a su entonces consejero para la estabilización, Emilio Archila. Allí explican que lo que hicieron, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, fue armonizar la esencia del Plan de Desarrollo de Duque con la implementación.

El saliente Gobierno ha argumentado que recibió una Paz sin recursos y sin rumbo. “El gran desafío es que estaban señaladas cosas que había que hacer, pero no existía ninguna fórmula de cómo hacerlo y prácticamente nada en cuanto a recursos de cómo lograrlo”, le dijo Archila a La Silla.

En ese sentido, la implementación que hizo Duque del Acuerdo fue conforme a sus metas del Plan de Desarrollo. “Focalizaron y priorizaron las partes del Acuerdo con las cuales coincidieron: como la reincorporación, la formulación de planes nacionales de desarrollo rural y temas Pdet”, explica Gerard Martin, quien lidera el monitoreo técnico a la implementación del Acuerdo, que hace el Instituto Kroc.

“Pero Paz con Legalidad no representaba - ni de lejos - la implementación de la integralidad del Acuerdo”, agrega Martin. Según datos del Instituto Kroc, parte de la forma de implementar la Paz por parte de Duque hizo que la toma de decisiones se centralizara mucho en Bogotá. Lo que afectó la coordinación de los programas de nivel regional y local.

Duque deja avances fragmentados de la implementación

La Comisión de la Verdad concluyó en su informe final, que la implementación del Acuerdo con las Farc ha sido “lenta y parcial”, durante los cinco años que lleva. Aunque no menciona a Iván Duque, la mayoría del tiempo de este proceso ha sido durante su mandato.

A pesar de esto el Gobierno Duque ha sacado pecho por los avances que han logrado. En su último discurso destacó su compromiso con la Paz. Resaltó en particular los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), la reincorporación de los excombatientes, y su compromiso con las víctimas y el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIP).

Lo que resaltó Duque, son puntos que coinciden con los avances que los últimos informes técnicos de monitoreo a la implementación, desde el que hace el Instituto Kroc hasta los del Cinep y el Cerac, las otras dos organizaciones designadas en el Acuerdo como veedoras. Pero cada uno de estos avances, tiene grandes manchas.

Pdet: El corazón de Paz con Legalidad fue la estrategia Pdet. Esta beneficia a las 16 subregiones y los 170 municipios más afectados por el conflicto armado. En total son 33 mil iniciativas que las comunidades de estos territorios propusieron para su desarrollo. Para eso se ha destinado, en los cinco años de implementación, una inversión de 14 billones de pesos; la mayoría en el periodo Duque.

Sin embargo, esta gestión se ha visto recientemente empañada por las denuncias de líderes sociales en estos territorios que dicen que esta inversión no ha sido priorizada de acuerdo a sus necesidades. Algo que se ha reforzado con el reciente escándalo de Ocad Paz, la mayor fuente de financiación de los Pdet, y que fue un feria de contratos y se manejó con criterios clientelistas.

Víctimas: Uno de los puntos del Acuerdo de Paz que más ha avanzado en los últimos meses ha sido el cinco, cuyo corazón es el Sistema Integral de Paz. Está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Justamente este año se hicieron las primeras audiencias en la que los máximos responsables del conflicto reconocieron su responsabilidad, además la Comisión de la Verdad entregó su informe final.

Duque se quiso llevar el crédito de este avance el pasado 20 de julio. “Hemos brindado todo el apoyo necesario a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad”, dijo.

Esto es falso. Duque tuvo varias acciones que afectaron a estas instituciones a pesar de que aseguró su financiación. En 2019 presentó sus objeciones a la JEP que retrasaron su funcionamiento y que fue un golpe de opinión a esta jurisdicción. La Comisión de la Verdad tampoco contó con su apoyo decidido, incluso dijo frente al informe final que esperaba que no fuera: "un informe de posverdad".

Reincorporación: El segundo punto del Acuerdo de Paz que reporta un mayor avance es el de “Fin del conflicto”. Según el monitoreo a los indicadores de implementación, del Insituto Kroc, el 49 por ciento de las metas de este punto se han cumplido. En el centro está la reincorporación de los excombatientes de las Farc, a los que Duque les prorrogó el subsidio económico de manera indefinida; inicialmente sólo iba hasta el 2019.

Pero en este punto también está la mancha más grave y es el asesinato de más de 300 firmantes y de sus familias desde la firma del Acuerdo de Paz. Un flagelo que Duque ha señalado como culpables a las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo, pero del que ha sido incapaz de proteger a las 12 mil personas en proceso de reincorporación. Tanto que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional

“Es muy difícil mostrar lo que uno hace, porque cuando se trata de vidas, una sola vida ya es demasiado. Un solo muerto de los excombatientes no debió haber ocurrido”, dice Emilio Archila. Y agrega: “Los que asesinan a los excombatientes son enemigos de ellos, pero son enemigos del gobierno, son enemigos de la sociedad, son enemigos de todos”.

Los saldos en rojo de la Paz con Legalidad

Frente a los avances que ha reportado el Gobierno, la crítica de los expertos y quienes le hacen un monitoreo a la implementación ha sido la falta de integralidad y que los avances han sido fragmentarios. Esto también concluye Luis Guillermo Guerrero, coordinador de la secretaría técnica del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que le hace seguimiento técnico al Acuerdo.

“Se podría decir que son avances y los reportes nuestros detectan esos avances. Pero es como cuando yo hago una casa, hago parte de las bases y no las termino, parte de las paredes y no las termino, parte de la obra blanca y no la termino. Me queda una casa supremamente dispareja porque pues hice pedazos. Ahí tiene una alta responsabilidad política el gobierno de Iván Duque”, dice Guerrero.

“Hay mucho reporte en términos de cifras o de asignación de recursos, pero pues finalmente hay otro balances que te muestran que hay regiones que están muy atrasadas, cómo se pudo haber avanzado  y no se avanzó, siendo justamente el proceso Pdet muy buen ejemplo”, explica Irina Cuesta, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que ha seguido los avances de Duque en la implementación.

Pero, hay temas en los que el presidente saliente no solo tiene críticas sobre cómo ejecutó, sino que tiene saldos en rojo y retrocesos.

Además de la seguridad de los excombatientes, según una investigación de la FIP, los indicadores del impacto humanitario del conflicto muestran que en Colombia la violencia se ha recrudecido. Por ejemplo, en 2021 hubo 77.053 víctimas de desplazamiento, más del doble que en 2020.

Frente al punto cuatro sobre la solución al problema de las drogas, el Gobierno lanzó su propia política llamada Ruta Futuro y priorizó las llamadas Zonas Futuro; regiones donde se concentran los cultivos ilícitos. Además avanzó en aumentar la financiación del programa de sustitución de cultivos ilícitos (Pnis), que tenía de raíz un mal diseño. Sin embargo, nunca pudo hacer mella en el área cultivada o en la producción de cocaína, que llegó a un récord histórico durante el mandato de Duque.

Además, el capítulo étnico es el más atrasado de todo el Acuerdo. De los 97 indicadores que tiene, al final del Gobierno Duque, sólo se han avanzado en nueve.

En que el Gobierno Duque también hubo retrocesos , específicamente en las garantías a la protesta ciudadana, algo que quedó en evidencia con los abusos policiales durante el paro nacional del año pasado. Incluso en el último informe del Instituto Kroc se afirma que esto repercutió en la implementación y que evidenció las brechas de implementación en el punto dos, sobre reforma política.

Finalmente, desde el empalme de Petro han levantado alertas sobre el estado de las finanzas que Duque deja para implementar el Acuerdo. Según lo reportado, hay un déficit en los cincos fondos financieros de la Paz. “Una derivación del mal uso de los dineros del Acuerdo de Paz, es que nos han dejado sin dinero para implementar el Acuerdo”, dijo David Flórez, el coordinador del empalme de Petro.

Así termina el balance de la implementación a la Paz de un Gobierno que trató de hacerlo a su manera, pero sin demasiados resultados. Que además, le entrega el poder a un presidente con una visión totalmente opuesta y una propuesta de “Paz Total” que llega a reemplazar la “Paz con Legalidad”.