Barranquilla es la cara de un Caribe cada vez más violento

La razón principal es que, desde 2019, hay una guerra entre el Clan del Golfo, autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con las bandas o grupos criminales locales, que en el pasado eran sus aliadas.

“El aumento de homicidios se ha presentado con mayores niveles en las tres ciudades en el momento en el que se da la ruptura entre el grupo nacional, que son las AGC, y el operador local, que pasa a ser un competidor local”, dice el investigador de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos.

Estas guerras urbanas, de violencia reciclada en el Caribe, han regresado durante administraciones locales que han tenido reacciones insuficientes e improvisadas. En las ciudades de la Costa el espacio de las bandas crece sobre otros ámbitos de la economía, más allá del narcotráfico, generando una ola de violencia que se ha agravado por las fallas a nivel nacional del sistema de justicia y persecución criminal.

Las guerras del Clan del Golfo en el Caribe

En Barranquilla la disputa del Clan del Golfo es con sus antiguos aliados Los Costeños, una banda criminal local que era subcontratada para mayor rentabilidad en términos logísticos y de seguridad. El Clan del Golfo tuvo una ruptura con ellos en 2019, desde entonces se disparó la violencia en la ciudad.

“Las razones por las cuales un contrato ilegal se rompe son inciertas. Sin embargo, es posible que el fortalecimiento de esta organización (Los Costeños), que previamente funcionó como aliada de las AGC, haya producido rupturas con respecto a la administración de las rentas ilegales”, explica el investigador Trejos en una de sus columnas en La Silla Llena.

En Santa Marta el Clan del Golfo libra otra guerra. Allá es con Los Pachenca, autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, grupo que heredó la estructura del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo.

Esa disputa territorial ha hecho que la tasa de homicidios de Santa Marta, entre 2015 y 2022, haya pasado de 16 a 35 homicidios por cien mil habitantes. Es decir, más del doble. Y Santa Marta, en 2022, cerró el año como la segunda ciudad con más homicidios de las grandes urbes colombianas.

El investigador de la Universidad del Magdalena Lerber Dimas dice que en Santa Marta se están dando ciclos de violencia en los que dos actores armados se disputan el territorio, y se da un pico de homicidios hasta que hay un grupo derrotado. Después de eso, las cifras bajan considerablemente.

“En el 2012 teníamos una tasa de homicidios enorme, pero cuando Los Urabeños (actualmente el Clan) pierde los homicidios se van al piso, y llegamos a tener una tasa de 16 homicidios”, dice Dimas.

En cuanto a Cartagena, los homicidios alcanzaron cifras históricas. La tasa de homicidios es de 33 por cien mil habitantes, la más alta en una década.

La lectura que hace de ese incremento el investigador Armando Mercado, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, es que el Clan del Golfo se está consolidando. “En este momento, en Cartagena, lo que habría es una hegemonía armada de un actor, que sería el Clan del Golfo. Acá los sicariatos se están presentando de forma individual, a diferencia de lo que está pasando en Barranquilla que son masacres”, dice Mercado.

El crecimiento del Clan en el Caribe es generalizado y viene desde hace años. Y en los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro contó con un impulso adicional, el cese al fuego decretado por el gobierno Petro con el Clan.

Según un informe del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte sobre la situación de seguridad de Barranquilla: “La falta de claridad en la dimensión normativa y operacional de la Paz Total ha llevado las operaciones militares y policiales a una zona gris que gradualmente ha limitado sus alcances”.

Además, “en el caso del Atlántico, los impactos directos del panorama descrito pueden ser la ampliación de la influencia de grupos consolidados como el Clan del Golfo, Los Costeños y los Rastrojos Costeños”, dice el informe. 

Barranquilla, la cara de un Caribe más violento

Con la masacre de cinco personas vuelve a poner la atención nacional sobre el problema de la inseguridad en Barranquilla. Además de seis masacres, el año pasado Barranquilla estuvo semiparalizada por el paro de conductores de buses tras el asesinato de tres de sus compañeros.

Aunque en 2022 el homicidio tuvo una reducción a 26 homicidios por cien mil habitantes en 2022, para el investigador Trejos esa disminución se debió a que tras una presencia institucional fuerte por una masacre en la ciudad, las estructuras se trasladaron a municipios vecinos. 

Pero en 2023 la violencia está nuevamente disparada en Barranquilla. Según cifras de la Policía, en Barranquilla y su área metropolitana, se registran 169 homicidios en lo que va del año, 26 más que en el mismo periodo del año pasado.

Esto sugiere que hay algo distinto en la manera en la que los grupos ilegales están operando, además de sus enfrentamientos mutuos. Se trata de una expansión criminal, que va más allá del mercado ilegal de drogas.

La extorsión está azotando a la ciudad. El directivo de la Unión Nacional de Comerciantes, Orlando Jiménez, dice que por temor ante las extorsiones en Barranquilla, Soledad y Malambo se vendieron más de 100 negocios a bajo precio entre 2021 y principios de 2022. “Y que hay otros negocios que no los pudieron vender, pero cerraron definitivamente: tenemos más de 100 negocios cerrados por ese flagelo”, dice Jiménez.

Una de las preocupaciones para el gremio es la violencia y la insistencia con la que cada vez más se ejerce este delito. Jiménez relata que “ahora hay una modalidad de hacerle tres o cuatro disparos a un establecimiento para hacerle presión. Eso se empezó a ver a partir de mayo y junio del año 2022”.

Según el Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte, con base en cifras de la Policía, la extorsión creció un 150 por ciento en Barranquilla entre 2021 y 2022. Pasó de 157 a 392 extorsiones registradas.

“Este balance refleja un comportamiento preocupante si se considera no solo el subregistro que caracteriza este delito, sino el desconocimiento de las autoridades del detalle de este fenómeno”, reza el informe.

Según el investigador Trejos un factor que tiene la extorsión disparada es que hay una crisis cocalera en el país que le obliga a los actores a buscar otras rentas. “Eso tiene un correlato, en la medida en que exportas menos (cocaína), tienes menos ingresos por ese rubro transnacional, y tienes que aumentar el ingreso local: por eso la extorsión está disparada”, dice Trejos.

Justicia lenta y medidas ineficaces

Tras la masacre, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, volvió sobre un tema reiterado desde otra alcaldías: los problemas en la justicia. “Necesitamos que se den cuenta en el Estado, en el legislativo y en el sistema judicial que este problema de impunidad y falta de justicia que están padeciendo todos los colombianos tiene que parar y que requiere la mayor de las urgencias”, afirmó.

Como en Bogotá, Pumarejo apuntó al sistema de justicia para apuntar a fallas sobre la manera en la que se hacen detenciones, liberaciones, y se maneja la casa por cárcel. Ayer incluso apuntó a que la masacre del fin de semana estuvo relacionada con órdenes dadas por un delincuente, alias “Digno Palomino”, que está en detención domiciliaria.

Estas quejas son reiteradas, y apuntan a un problema nacional sobre el cual no hay consenso. De hecho, el ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro, Néstor Osuna, presentó un proyecto de descongestión carcelaria que va en una dirección opuesta a la mano dura que piden los alcaldes. Según la propuesta de Osuna, que hace trámite en el Congreso, se necesita ampliar el ámbito de medidas como la casa por cárcel.

Pero las críticas al sistema de justicia también son en parte una forma de eludir responsabilidades. Pumarejo ha tomado medidas que atacan más la percepción de la inseguridad que las causas de fondo de la violencia. Su relación con la Policía ha sido complaciente. Por ejemplo, en 2021 y 2022 fue condecorado por la Policía y el Ministerio del Interior por su gestión pese a que los indicadores de seguridad eran negativos. 

En Cartagena, que hoy se disputa el segundo lugar de las ciudades grandes con peor índice de homicidios, William Dau nombró el año pasado a Paola Pianeta secretaria del Interior, responsable de garantizar la seguridad de los cartageneros. Eso fue cuestionado en diversos sectores porque no tenía experiencia en temas de seguridad, sino en comunicación (venía de ser su jefe de prensa).

Pianeta salió del cargo en medio de múltiples críticas. Como contó La Contratopedia, Pianeta fue cuestionada por un decreto que prohibía a bares y discotecas seguir abiertos después de diez de la noche para disminuir los índices de violencia, algo que no funcionó y que la críticas obligaron a revertirlo. 

Hacia el futuro del panorama de seguridad de la costa es incierto. Este fin de semana el gobierno Petro anunció que ponía fin al cese bilateral con el Clan, pero se necesitará más que eso para un problema con raíces profundas.