El ex presidente de la Corte Suprema Francisco Javier Ricaurte, capturado anoche, lideró la rosca que implantó el “yo te elijo, tu me eliges” en la justicia
Foto: La F.M.
La captura del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte anoche significa la caída de uno de los símbolos del clientelismo judicial que tanto ha golpeado la dignidad de la justicia.
Ricaurte, un abogado de la Universidad de Cartagena especializado en Derecho Laboral en la Universidad Nacional y en la Javeriana, hizo toda su carrera en la Rama Judicial: fue juez civil y laboral de circuito, magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, y magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema,hasta convertirse en magistrado de la Corte y del Consejo Superior de la Judicatura.
Pero sobre todo, fue la cabeza visible del grupo de jueces que se fue tomando el poder en la justicia a punta del “yo te elijo, tú me eliges”.
Una historia ascendente
Ricaurte llegó a la sala laboral de la Corte en 1990 de la mano del polémico magistrado Carlos Isaac Nader, quien luego lo impulsó como magistrado de la Sala Laboral, cargo que ocupó desde 2004. Como su exjefe, Ricaurte era muy cercano al también controvertido empresario Ascencio Reyes.
Ricaurte representaba un ala moderada en medio del duro choque de muchos de sus colegas con el entonces presidente Uribe por las chuzadas del DAS a la Corte, lo que le permitió ganar liderazgo, que él aprovechó para que la Corte se fuera llenando de abogados con perfiles similares al suyo.
Como la Corte es quien finalmente elige a sus magistrados, la mayoría que manejaba Ricaurte logró cambiar la composición de la Corte a su favor.
“Es el poder detrás del trono”, le dijo a la Silla en 2013 una fuente que conoce por dentro las Altas Cortes, y se refería tanto a la corte en General como en la Sala Laboral.
La investigación que se hará para determinar si es culpable de haber torcido fallos judiciales a cambio de sobornos, como lo denunciaron el ex gobernador corrupto de Córdoba Alejandro Lyons y el senador Musa Besaile, podría arrojar luces, entre otras cosas, sobre en qué radicaba el poder que logró tener entre sus colegas.
Un poder que se reflejó en varios episodios.
Un varón para enfrentar a Uribe
Como contó La Silla hace unos años, en 2008 Ricaurte fue elegido presidente de la Corporación en una elección que rompió con la tradición de rotar la presidencia entre las salas y elegir como cabeza de la Suprema a quien había sido vicepresidente el año anterior.
Este honor le correspondía en principio a la magistrada Isaura Vargas pero con el argumento de que “se necesitaba un varón para enfrentar a Uribe”, la Sala Plena eligió con 23 votos a Ricaurte en la época de máxima tensión con el presidente Uribe.
Ya como presidente, a Ricaurte –quien se autodefinió como un “uribista reflexivo”- se le atribuye en gran parte la parálisis en la que entró la Corte de esa época para elegir Fiscal General y para llenar las cinco vacantes de magistrados durante más de un año.
Como lo escribió Óscar Montes en el Heraldo, Ricaurte volvió un punto de honor la elección como magistrado de la sala laboral de su amigo Luis Gabriel Miranda, a quien la sala penal de la Corte vetaba porque como magistrado auxiliar habría tratado de influir en el curso de un expediente que se tramitaba en el tribunal.
La Sala Laboral, liderada por Ricaurte, decidió que si no elegían a Miranda, ellos bloqueaban el resto de postulaciones para las vacantes, y así el país estuvo 16 meses sin Fiscal y con la Corte incompleta.
Finalmente, en diciembre de 2010 bajaron el quórum a 14 y la Corte pudo elegir a Viviane Morales como Fiscal General y tener los 23 magistrados. La primera elección que se dio ese día fue la de Luis Gabriel Miranda. Ricaurte le había ganado el pulso a la Sala Penal.
Malo y Ordóñez
Hubo otras manifestaciones de su poder. Una de ellas –que gana más relevancia ahora porque también ha salido a relucir en el reciente escándalo de las coimas- es haber logrado elegir, en la última sesión a la que asistió como magistrado, a su protegido Gustavo Malo Fernández en reemplazo de Sigifredo Espinosa para la Sala Penal.
Malo venía del Tribunal Superior de Cartagena y tal como lo contó El Heraldo en su momento, Ricaurte le hizo personalmente campaña.
Un magistrado auxiliar de la Corte confirmó a La Silla en esa época que lo vio visitando los despachos de los magistrados. Según supo este medio, a Malo lo metió en la lista de candidatos, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Francisco Escobar, quien a su vez llegó a ese cargo impulsado por el grupo de Ricaurte después de ser presidente de la Corte Suprema.
Malo, a su vez, votó por Ricaurte para la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. También votó por él Leónidas Bustos, a quien Ricaurte y Pedro Munar habían ayudado a elegir.
“El grupo de Ricaurte”, como se le conocía en la Corte, estaba integrado por los magistrados Fernando Castro, Julio Enrique Socha, Leonidas Bustos y Javier Zapata, de la sala penal. Ruth Marina Díaz, vicepresidente y luego la presidente de la Corte –la famosa magistrada del crucero-, y Fernando Giraldo en la sala civil y casi todos los de la Sala Laboral, incluido el magistrado Miranda.
Ricaurte a su vez promovió la inclusión del ahora aspirante presidencial Alejandro Ordoñez en la terna para Procurador como candidato de la Corte Suprema, junto con Leónidas Bustos, cuya esposa fue nombrada por Ordoñez como Procuradora Judicial II, como lo contó La Silla en su artículo sobre las fichas de la reelección, y que a la postre llevó a que anularan su reelección como procurador.
Cae parado
Durante la reforma a la justicia que el presidente Santos vetó en su primer período por lo contraproducente que habría resultado para mejorar la justicia, Ricaurte jugó un papel protagónico mientras estaba en la Suprema.
Según denunció en su momento el columnista Ramiro Bejarano Ricaurte fue uno de los magistrados que “se sentaron a manteles con ministros y parlamentarios, haciendo lobby para que en la reforma a la justicia se prorrogaran sus períodos de 8 a 12 años, y la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años”.
En julio de 2012 el columnista advertía que ante el fracaso de su intento por alargar el período como magistrado, Ricaurte estaba en campaña para ser elegido ante el Consejo Superior de la Judicatura. Dijo que como el período de Ricaurte vencía a finales de septiembre, varios magistrados de la Corte estaban aplazando “con marrullerías la designación del nuevo magistrado del Consejo de la Judicatura, para poder nombrarlo cuando termine sus funciones, cosa que no pueden hacer mientras esté en la Corte.” Su profecía se cumplió.
Tras terminar su período en la Corte y pese a la indignación nacional por la reforma a la justicia, Ricaurte fue elegido magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en diciembre de 2012.
Con su puesto en la Judicatura, que es la que elabora la lista de elegibles de la que la Corte Suprema y el Consejo de Estado seleccionan sus magistrados, Ricaurte pasó de liderar la mayoría que elegía a los magistrados a formar parte del primer filtro que define entre quiénes pueden elegir.
Como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se convirtió en la cabeza de la mayoría que conformaban su amigo (y colega de salto desde la Corte Suprema) Pedro Munar, Agustín Suárez y Pedro Sanabria. Ricaurte siguió amasando poder.
Pero ese salto lo dejó en medio de una polémica y su elección fue demandada por Dejusticia, la directora de Noticias Uno Cecilia Orozco y el abogado y columnista Ramiro Bejarano, quienes alegaron que su elección en el Consejo Superior de la Judicatura era ilegal pues en ella habían participado magistrados de la Corte Suprema a los que antes él había ayudado a elegir.
En junio de 2014, la sala plena del Consejo de Estado, con una votación de 17 votos contra cinco, les dio la razón. Las actas demostraban cómo 15 de los 16 magistrados que votaron por Ricaurte en noviembre del 2012 para magistrado del Consejo Superior de la Judicatura habían sido a su vez elegidos en sesiones en las que Ricaurte intervino como magistrado de la Corte Suprema.
Con la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado, se acabó la posibilidad de continuar con este carrusel de ‘yo te nombro, y tú me nombras después’ que había resultado tan exitoso para la poderosa rosca integrada por Ricaurte, Bustos y el entonces procurador Ordóñez.
La ‘rosca’ también se quedó sin la posibilidad de nombrar contralor. El entonces Procurador Ordóñez impulsó inicialmente la candidatura de Camilo Tarquino, también ex magistrado de la Corte Suprema y salpicado en el escándalo de las coimas que tiene a partir de anoche a Ricaurte tras las rejas, pero esta fue derrotada en la primera ronda de votaciones en la Corte Constitucional.
Sin embargo, el fallo que lo sacó del Consejo Superior de la Judicatura lejos de amilanar a Ricaurte, le dio bríos para aspirar a un escenario más abiertamente político, la jefatura de la Federación Nacional de Departamentos, el gremio de los gobernadores.
Llegó con varios padrinos súper poderosos, como lo contó en su momento La Silla.
Según tres fuentes que nos lo confirmaron en su momento, lo hizo con el impulso tanto del Procurador Alejandro Ordóñez como del Fiscal Eduardo Montealegre –que aunque eran rivales notorios en muchos temas- en este se movieron con reuniones y comidas para impulsar la candidatura de Ricaurte.
Ricaurte también venía con apoyos dentro del gobierno Santos II, incluyendo a al vicepresidente Germán Vargas Lleras, (según lo dijo públicamente en una entrevista a El Espectador Amylkar Acosta la esposa de Vargas, Luz María Zapata, era quien “aupaba” a Ricaurte) y al entonces ministro de Defensa y aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón, que se enfrentaron a enviados de Palacio que pedían votar por Acosta.
Aún así, a finales de noviembre de 2014 Ricaurte fue derrotado por el ex ministro Acosta por 9 contra 29 votos. Entre quienes votaron por él -y terminaron en la orilla de los vencidos- estuvo el gobernador boyacense y actual contralor de Bogotá por Cambio Radical Juan Carlos Granados y la ex gobernadora quindiana Sandra Paola Hurtado.
Un año después, Ricaurte sufrió un golpe más duro cuando en octubre de 2015 la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición de su hermano Rafael de Jesús Ricaurte, por vínculos con una red de narcotráfico. En un comunicado el exmagistrado dijo que lamentaba la situación y que no tenía contacto con él desde hace años.
En marzo de 2016 diversos medios informaron que la Fiscalía General de la Nación investigaba a Ricaurte por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, por una denuncia presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por haber autorizado irregularmente el pago de unas mesadas no canceladas a un ciudadano en 1991 y 1992.
A pesar de eso, Ricuarte mantenía su pdoer y buscaba protagonismo: incluso llegó a postularse como aspirante presidencial conservador en la convención del partido azul de fines de 2016.
En 2017 volvió a ocupar titulares cuando se reveló que el entonces fiscal delegado anticorrupción, Gustavo Moreno, había buscado sobornar al ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de evitar que avanzaran procesos en su contra en la Corte Suprema. Moreno luego reveló que Ricaurte, junto con Bustos y Camilo Tarquino, supuestamente traficaban con expedientes.
Por eso, y porque el senador cordobés Musa Besaile también lo señaló por un caso similar, la Fiscalía General obtuvo anoche de un juez una orden de captura en su contra.
Ricaurte ha dicho que es inocente y ahora le tocará a la justicia –cuyos hilos durante tantos años manejó- demostrar si dice la verdad o no.
