El nombre más mencionado en Santa Marta en los últimos días es el de Enrique Vives Caballero, un joven empresario que, borracho, atropelló y mató a seis personas en el sector de Gaira el lunes en la madrugada. Las seis víctimas tenían entre 15 y 30 años y el conductor salió ileso.
Ambos apellidos, Vives y Caballero, resuenan en el Magdalena porque pertenecen a dos familias, hoy grandes y dispersas, que dominaron la política del departamento por cinco décadas.
El repudio de la ciudadanía fue inmediato y ha ido creciendo. Ayer decenas de personas hicieron un plantón en el centro de salud donde se encuentra Vives Caballero, protestando contra cómo se ha llevado su caso, que ha copado atención de diarios y noticieros a nivel nacional.
Vives logró evitar la cárcel, primero incluyéndose en un hospital privado, y el miércoles con un traslado a un hospital psiquiátrico sin autorización de la juez del caso, en una maniobra aparentemente irregular de la Policía. Las movidas han evitado que asista a la audiencia de imputación de cargos y que vaya a la cárcel.
El enojo contra el victimario ha sido alimentado por Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena y líder de izquierda del movimiento Fuerza Ciudadana, quien ha cuestionado la maniobras de Vives Caballero para eludir la justicia y ha tomado decisiones que le ponen presión al caso.
Con ello Caicedo refuerza su discurso contra los clanes del Magdalena, donde están sus principales rivales políticos, y pone a sonar el tema de los privilegios de los poderosos ante la justicia en los sectores de izquierda que hacen campaña.
Contexto
Justicia y apellidos
Las víctimas del accidente eran Camila y Elonoir Romero, hermanos y estudiantes de bachillerato del popular colegio Camilo Torres. Los primos Laura de Lima y Juan Diego Alzáte, a quien le hicieron un homenaje en la cancha Pedro León Acosta porque soñaba con ser futbolista. Y Rafaela Petti de 30 años, madre de tres hijos, y María Camila Martínez de 24 años.
Alexander de Lima, padre de Laura, dijo en medios de comunicación: “Hay manos sucias que están ahí, como se maneja todo en Colombia. Qué tal que yo ebrio en un carro, una persona humilde dependiente del sueldo mínimo, atropelle a un hijo de este tipo, en tres días ya fuera condenado a 60 años”.
El temor que hay en las familias de las víctimas es que, con el poder económico y las relaciones de los Vives Caballero, no haya justicia en el caso.
Antes del accidente Enrique no era de los Vives más visibles en Santa Marta. En 2015 aspiró al Concejo por la lista avalada por firmas del candidato a la Alcaldía Aristides Herrera, un político tradicional, y se quemó con 1.065 votos.
Se le conocen dos empresas: Bananitas SAS, que exporta pasabocas de guineo verde, y el restaurante de comida italiana Marmi.
Enrique Vives Caballero hace parte de una de las familias que tuvo más poder en el Magdalena por su influencia política y capital económico, y que ha caído en desgracia tras las condenas de varios de sus integrantes.
Su padre es Alfredo Vives Lacouture, hermano de Inés Margarita y José Francisco, condenados por apropiarse de manera ilegal de dineros del Estado en el caso de Agro Ingresos Seguro.
Su madre es Piedad Caballero Aduen, hermana del exsenador Enrique Caballero Aduen, condenado por parapolítica por nexos con el líder paramilitar Hernán Giraldo.
El miércoles, Caicedo y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Jhonson (también de Fuerza Ciudadana), organizaron una rueda de prensa. Allí Caicedo dijo que internar a Vives en una clínica “hace presumir que van a dilatar el proceso durante mucho tiempo” y que la descripción de la situación de salud que hace la clínica “son un pretexto para lograr que el paciente eluda la acción de la justicia”.
Aunque ya hay un presunto responsable identificado, llamativamente Caicedo ofreció 25 millones de pesos de recompensa para quienes brinden información que permita esclarecer los hechos.
La extraña decisión fue reprochada por el abogado de dos de las víctimas del accidente, Rodrigo Martínez. “La Fiscalía no lo ha solicitado, ni la Policía tampoco. Me parece terrible que se politice el tema penal porque política y justicia no van de la mano”, le dijo Martínez a La Silla.
Caicedo además hizo referencia al abogado de Vives Caballero: “Su abogado es un defensor del clan Cotes y de alias La Silla (extraditado por narcotráfico), es un abogado acostumbrado a jugaditas y argucias legales para burlar la justicia”.
El abogado es Álex Fernández Harding, quien ha tenido enfrentamientos con Caicedo por la investigación por tres homicidios cometidos en la Universidad del Magdalena cuando Caicedo él era rector.
Otros integrantes de Fuerza Ciudadana que aspiran a llegar al Senado también movieron la narrativa de que los integrantes de los clanes tienen impunidad. El exalcalde Rafael Martínez trinó: “Exhortamos a las autoridades a poner especial atención a este caso, pues sabemos que en este país cuando en un delito están involucradas familias poderosas, reina la impunidad”.
El académico e influencer Gilberto Tobón señaló que: “En este país el dinero otorga licencia para matar y garantiza impunidad”.
Y la página oficial de Fuerza Ciudadana publicó el artículo “Impunidad a la vista de todos” que dice que “la justicia en Colombia tiene un sello de clase es innegable; las elites del poder se creen inmunes ante los jueces y pocas veces son condenados con severidad y en correspondencia con la gravedad de los delitos que cometen”.
Con el caso aún en desarrollo —el movimiento de Caicedo, que debe recoger firmas para presentar su lista al Senado que le abre competencia a la del Pacto Histórico de Petro — gana un vehículo de indignación que ha tocado profundamente las fibras de la desigual sociedad del Magdalena.
