Carlos Ramón González comparte el rol de presidente de la Alianza Verde con dos pesos pesados de la política: Antanas Mockus y Antonio Navarro. Con un perfil bajo, y poco conocido por fuera de los círculos políticos de su natal Santander, este exmiembro del M-19 que mueve los hilos de poder en su partido tiene un emporio económico hasta ahora desconocido, según revela esta investigación de La Silla Vacía que revisó decenas de documentos.
Carlos Ramón González: contratista, prestamista, y dueño del Verde

González y su familia tienen una red de relaciones y empresas que han ganado contratos por más de 14 mil millones de pesos con el Estado, otras en el sector de la salud, y otra que presta dinero, incluyendo más de 3 mil millones de pesos a la Alianza Verde, un partido que tiene como su principal bandera la lucha contra la corrupción. Además, González tiene un pasado oscuro poco conocido. Por un lado, hace 18 años fue condenado por falsear documentos para volarse topes de campaña cuando era concejal. Y por el otro, en el pasado su poder político despegó en alianza con el “Tuerto Gil”, un político condenado por parapolítica en 2012 y que hoy paga casa por cárcel investigado por intentar sobornar a un integrante de la JEP.
González ha sido decisivo en eventos claves que han definido la postura del Verde en estas elecciones, el partido alternativo más grande del país que se fracturó entre el centro y la izquierda. Después de integrar la coalición de centro, González estuvo detrás del viraje que hoy le permitió a los militantes del Verde y a sus congresistas, quedar en libertad, lo que en la práctica ha volcado a buena parte de ellos a la campaña de Gustavo Petro.
En Santander, además, González define avales y tiene a su esposa como candidata a la Cámara de Representantes. Los datos desconocidos hasta ahora sobre su actividad de contratista y financiador ayudan a entender cómo le ha ganado pulsos políticos a figuras poderosas del partido, como Claudia López o Antonio Navarro, dentro del Verde.
El copresidente del Verde prestamista del Verde
Carlos Ramón González y su esposa, Luz Dana Leal, hoy candidata a la Cámara por el partido Verde en Santander, son los dueños de Dansgold, empresa creada en 2008 con el fin de “elaborar, impulsar, ejecutar y financiar proyectos de desarrollo económico y social de carácter regional, municipal, familiar e individual”. Lo que hacen es brindar créditos de fácil acceso con el respaldo de hipotecas.
Dansgold figura formalmente en al menos dos reportes de Cuentas Claras, el sistema donde los partidos y candidatos reportan sus gastos de campaña. En 2019 le prestó 100 millones de pesos a Giovanni Leal, hermano de Luz Dana, para su campaña a la Asamblea.
Pero el préstamo más grande que encontramos hecho en política fue para su partido Alianza Verde. Entre 2017 y 2019, Dansgold le prestó 3.150 millones de pesos a la colectividad. La mayoría de esa plata, 2.200 millones, fue prestada en 2018, año electoral en el que fue precandidata presidencial Claudia López, quien al final terminó apoyando a Sergio Fajardo que se avaló por ese partido. Dansgold fue el único prestamista del partido, que de resto recibió ingresos por donaciones.
Entre los reportes publicados de esos tres años, solo en 2019 los verdes pagaron 2.700 millones de pesos por concepto del pago de créditos.
Dansgold hoy tiene oficinas en una torre empresarial en Bucaramanga y según los estados financieros que reporta ante la Cámara de Comercio, tiene activos por más de 10 mil millones.
En su actividad de prestamista figura como demandado y demandante ante la justicia.
En 2015 Ramiro Meneses, un político y contratista de Los Santos, Santander, sacó un préstamo con la empresa de créditos Dansgold. Firmó dos pagarés que suman 260 millones. Como codeudores figuraban los esposos Margy Carolina Rangel Bueno (diputada) y Fabian Rolando Méndez Cáceres, ambos conocidos en Santander por venir del grupo del parapolítico Luis Alberto Gil.
Ramiro Meneses tiene demandada por estafa a Luz Dana Leal, la esposa de Gonzalez y candidata del Verde, porque según él, resultó pagando 478 millones de pesos de más por el préstamo, en medio de un cruce de versiones y cobros confusos con Dansgold. El caso civil apenas empieza, y puede tardar años. Pero Meneses también denunció a los esposos en Fiscalía.
Este es solo un caso. En su haber prestamista Dansgold también figura en los juzgados demandando a varios deudores morosos.
En 2016, Dansgold amplió sus actividades comerciales, incluyendo la venta inmobiliaria, pues se quedó con un edificio de 95 apartamentos para saldar una deuda de más de 9 mil millones con la constructora Mayax, hoy en liquidación.
Lo llamativo es que González fue accionista de Mayax. Incluso, uno de los edificios que construyó Mayax se hizo en un terreno con hipoteca abierta a nombre de la IPS Milagroz, que fundó González en 2005. Además, cuando Mayax le pagó a Dansgold, quien representaba legalmente la constructora era el hoy diputado Verde Giovanni Leal, cuñado de Carlos Ramón y hermano de Luz Dana Leal.
Mayax y Dansgold también fueron demandadas por contratistas de las obras de ingeniería, a quienes no les pagaron parte de su trabajo en redes eléctricas y carpintería. Esta semana el caso se cerró a favor de Mayax y Dansgold, porque el delito que les endilgaron (simulación de dación en pago), no aplicaba.
Sin embargo, para el juez sí quedó en evidencia que el hoy diputado Giovanni Leal, quien asumió el cargo de representación legal de Mayax solo por tres meses, tramitó el pago a la empresa prestamista de sus familiares sin importar que podía haber un conflicto de intereses. Además, el juez dice que el hoy diputado Leal, tampoco veló porque el pago fuese justo ni para Mayax ni para los contratistas a los que también les debían plata.
Aunque los activos con los que pagaron la deuda valían más de los 9 mil millones de pesos que les debían, el contrato que hicieron entre Giovanni como representante de Mayax y su hermana Luz Dana, quien para ese momento representaba a Dansgold, fue apenas por 603 millones de pesos.
Dansgold y Mayax, además han compartido revisores fiscales con corporaciones que contratan con el Estado y en las que figuran Carlos Ramón, sus familiares y miembros de la Alianza Verde.
El copresidente del Verde contratista de Bogotá
Sor Teresa de Calcuta y Asís de Colombia son dos corporaciones que llevan años operando en comedores comunitarios que son financiados con plata pública y tienen por objeto ayudar a población vulnerable.
En el sistema de contratación estatal figura que Sor Teresa ha ejecutado 8.120 millones de pesos en la última década, y que Asís ha ejecutado 6.083 mil millones de pesos.
Las corporaciones consiguen estos contratos a través de invitaciones. Se quedan con ellos luego de pasar una evaluación.
Ambas fundaciones tienen estrechos vínculos con Carlos Ramón González y ya habían sido expuestas por El Espectador en febrero 2014, y en ese entonces González respondió que no había intervenido en las adjudicaciones y que ambas ejecutaban los servicios sin quejas. También aseguró: “Yo ni siquiera hago parte de esas empresas activamente; hago parte de los núcleos familiares que integramos esas fundaciones. No hay ninguna ilegalidad”.
Sin embargo, La Silla encontró que los papeles publicados en cámara de comercio de esas fundaciones contradicen esa versión.
Para ese entonces, según los registros de Cámara de Comercio, Carlos Ramón González, su esposa Luz Dana Leal y su hermana Luz Marina González, eran los miembros del Consejo Directivo de Sor Teresa. En Asís, encontramos que en actas de agosto de 2013 figuraban su esposa Luz Dana y su hermana Rosa Elizabeth y no hay reportes de modificaciones. Incluso, siguen apareciendo las dos hasta el año pasado.
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No solo en esa fecha, sino prácticamente en toda la vida de esas corporaciones, han figurado las mismas personas en ambas fundaciones. De hecho, fueron Carlos Ramón y sus parientes quienes en diciembre del año pasado le aceptaron la renuncia a su esposa Luz Dana Leal en los respectivos consejos directivos, cuando se metió en la lista de la Cámara de Representantes de Santander.

Además de sus familiares, en las fundaciones han figurado incluso miembros de la Alianza Verde.
Sor Teresa fue fundada en 1999 por Julián Gómez (actual conductor del Ministerio de Salud); Alexander Rojas (aliado del M-19 que figura en otra fundación con vasos comunicantes con Carlos Ramón); y Carlos Arturo Remolina (edil Verde de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá desde hace cuatro periodos).

Al año siguiente de creada, en Sor Teresa figuró como asociada Luz Marina González (hermana de Carlos Ramón); más tarde Carlos Ramón, su esposa Luz Danna Leal, su hermano Orlando González y Nydia Bohórquez, quien aparece en fotos familiares de los González Merchán.
Sor Teresa, también compartió con la IPS Milagroz a los revisores fiscales Moisés Sánchez y Belsy Judith Portillo. Esta última también fue auditora de control interno del partido Verde, al tiempo que aparecía en las organizaciones ligadas a Carlos Ramón.
También apareció el abogado Carlos Alberto Camacho, quien se convirtió en pareja de Tanía González, la hija mayor de Carlos Ramón, y es actual “consejero ético” de la Alianza Verde.
La otra corporación, Asís de Colombia, tiene un recorrido similar. Entre los fundadores está Giovanni Leal, hermano de Luz Dana, cuñado de Carlos Ramón. A los seis meses de fundada empezaron a figurar como socios Carlos Ramón y su esposa Leal. En 2012 aparece la hermana de Carlos Ramón, Rosa Elizabeth González Merchán.
Luz Dana, la esposa de Carlos Ramón, también fue fiscal en las dos corporaciones.
También encontramos, que Sor Teresa reportó ingresos en el último año por 2.202 millones de pesos y Asís por 1.511 millones de pesos. En la administración de Claudia López, alcaldesa del partido Verde, ambas fundaciones continuaron contratando con el Distrito. Sor Teresa ha ejecutado 2.419 millones de pesos y Asís 2.604 millones.
En todo caso, Sor Teresa y Asís no son las únicas corporaciones que manejan contratos de comedores comunitarios con vasos comunicantes con el copresidente del partido Verde.
La Corporación Siembra Futuro, que también contrata con comedores comunitarios, es representada legalmente por Nydia Bohórquez, quien aparece en fotos familiares con los González y también figuró en Sor Teresa como directora ejecutiva. La hermana de Carlos Ramón, Martha Cecilia González, figuraba en la junta y su otro hermano, Danis González, ha radicado papeles de esa empresa en la cámara de comercio.
La Corporación para el Desarrollo Social Humano Ser ha compartido sede con Asís y con Dansgold, así como revisor fiscal con esa misma empresa de préstamos y con Sor Teresa. Además, es dirigida por Alexander Rojas, uno de los fundadores de la IPS Milagroz, que también está relacionada con González.
Ambas han ejecutado recursos de comedores comunitarios en Bogotá. Siembra Futuro tiene la operación de varios actualmente.
La condena que ha pasado de agache
Carlos Ramón González suele guardar un bajo perfil dentro del espectro político del país. Sin embargo, a finales del año pasado se volvió protagonista de una pelea por los cupos de la lista de la Cámara de los verdes en Santander.
Intentó pasarle la aplanadora a los miembros de su partido, y armó solo una lista cerrada con miembros del Pacto Histórico que encabezaba su esposa Luz Dana Leal, quien hasta entonces solo había figurado administrativamente dentro de los verdes.
La muestra de poder de Carlos Ramón no cumplió su cometido. Al final no logró armar una lista cerrada, pero sí que su esposa Luz Dana mantuviera la cabeza.
Hasta ahora, no había participado en un episodio similar. Ni en el M-19, donde adoptó el alias de “Mario Santander”. Ni tras su desmovilización, cuando se convirtió en jefe político de la Alianza Democrática M-19 en Santander.
Su despegue no fue ruidoso. Tras el proceso de paz con esa guerrilla se quedó con una curul en la Cámara, pero en 1994 no logró reelegirse y pasó a la política local. Al siguiente año se quedó con una de las curules del Concejo de Bucaramanga.
La carrera de Carlos Ramón González no tardó mucho en empañarse. Justo cuando cruzaba por la mitad de su segundo periodo como concejal de Bucaramanga, protagonizó un escándalo que concluyó con una condena en su contra.
Fue acusado de usar una corporación llamada Alborada, que trabajaba con desmovilizados del M-19, para suscribir irregularmente contratos de vigilancia con el Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabú. En esa entidad había sido nombrado César Bueno, según se lee en el fallo, por recomendación de González.
En el expediente queda claro que la fundación funcionaba en la misma sede política de Carlos Ramón González, que compartían contador, que plata de los contratos llegó a sus manos, que fue utilizada en política, y que, incluso, fue registrada a través de pagos a terceros para volarse los topes electorales de la campaña en esa época.
Dentro de los terceros que ayudaron a desviar la plata está el nombre de Luz Dana Leal, actual esposa de Carlos Ramón González y candidata a la Cámara en Santander.
Aunque todos esos hechos quedaron probados en el expediente, en 2004 González terminó condenado solo por el delito de falsedad en documento privado por haber ocultado gastos de campaña. Se concluyó que aún cuando había recibido plata de los contratos de la fundación para financiar su campaña, el uso de ese dinero no podía ser considerado ilegal debido a que los objetos sí se ejecutaron.
Lo que pasó con Alborada, muestra un patrón que se repite con Asís y Sor Teresa: han funcionado en las mismas sedes a lo largo de su historia, e incluso han coincidido con la de la Alianza Verde; comparten contadores y revisores fiscales; se crearon con la intención de ayudar a desmovilizados, y terminan beneficiando a Carlos Ramón o a su círculo directo.
Después de esa condena, Carlos Ramón González salió de la arena electoral pero no perdió poder en la Alianza Democrática M-19. Según dos fuentes que vivieron de cerca ese momento, él tenía la representación legal del partido y promovió un cambio de imagen que dio paso a Opción Centro.
Hacia 2005, según le relató a La Silla Daniel García, exdirectivo del partido Verde, Carlos Ramón lideró un congreso nacional con militantes de Alianza Democrática en Bogotá, que concluyó con la conformación de una especie de junta directiva, que conformó “una nueva generación del partido”.
Además de García y Carlos Ramón, la integraron Héctor Pineda (también excombatiente del M19), Luz Dana Leal y Rodrigo Romero. Este último era conocido en Santander por su activismo entre los sindicatos de educadores y también por ser del grupo político del Luis Alberto “El Tuerto” Gil, condenado por parapolítica.
“(Rodrigo) estuvo en la Secretaría de Educación en la gobernación de Hugo Aguilar (también parapolítico) como cuota de Gil. Es de nuestras entrañas”, nos dijo un político cercano al exsenador Gil y que lo acompañó en toda su carrera política. Lo mismo nos dijeron otros dos políticos de la región que trabajaron con Gil y uno que trabajó con Carlos Ramón.
En 2006, con Opción Centro como nueva cara, Rodrigo Romero fue el candidato a la Cámara de esa colectividad en Santander y ganó. Durante ese periodo, fue el único congresista de ese partido.
Más allá de que Rodrigo Romero fuera el candidato de esa época, dos de las fuentes cercanas a Gil con las que hablamos nos contaron que entre Gil y Carlos Ramón hicieron una alianza para las elecciones al Congreso de 2006.
“El acuerdo fue que Opción Centro apoyaba a Gil al Senado y a cambio nosotros poníamos parte de nuestra estructura para impulsarlos”, dijo una de ellas.
La estructura en lo nacional, según esa fuente, la construyeron a través de Solsalud, la EPS de Gil que terminó intervenida por la Superintendencia de Salud porque, entre otros, se determinó que con la plata que recaudaban para la salud hubo favorecimiento a socios y sus reportes financieros no eran confiables.
Sobre esa versión, el exdirectivo Daniel García dijo que el partido dio libertad para que en cada región decidieran qué Senado respaldar y que desconocía a quién habían apoyado en Santander.
Por su lado, en 2007 Carlos Ramón González le negó a El Tiempo alguna alianza con Gil. Argumentó que el partido de GIl estaba con un candidato diferente al que el apoyó en esas elecciones locales.
“Carlos Ramón sabía cómo era. Juntos pero no revueltos”, dijo un político cercano a él.
Sin embargo, hay otro episodio en el que Gil y Carlos Ramón coincidieron y está ligado al negocio de la salud.
El copresidente también está en el negocio de la salud
En marzo de 2005, menos de un año después de que quedara en firme la condena por falsear información, Carlos Ramón González incursionó en el negocio de la salud.
Fundó la Corporación para la Atención y Diagnóstico de Enfermedades Milagroz, creada para atender a pacientes con VIH, junto con Juan Pablo Sierra –quien trabajó como auxiliar administrativo– y Diana Castillo Vega, miembro directa del grupo del “Tuerto” Gil.
Castillo es sobrina de Doris Vega, exsenadora y esposa de Gil, tiene una profesa admiración por el cuestionado político a quien llama “gran jefe”, y ha tenido puestos relacionados con Opción Ciudadana.

El despegue fue exitoso. En el primer año de operación ya reportaba excedentes por 215 millones de pesos, según dice en las actas publicadas en Cámara de Comercio.
También tenía contratos con el Estado y empezó a buscar reconocimiento del gobierno para operar en varias partes del país. En poco más de tres años, según los reportes, tenía sedes en Barranquilla, Neiva, Valledupar, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá.
Las cabezas de Milagroz siempre han estado ligadas a Carlos Ramón: su hija mayor Tania González figuró como representante legal hasta 2010 y su esposa Luz Dana Leal lo hizo después. Diana Castillo también aparece en todas las actas que pudimos revisar.
Hasta 2010 es claro que Milagroz cruzó por una bonanza; sin embargo, La Silla no logró establecer cuánta plata facturó en esa época atendiendo a pacientes con VIH porque no hay reportes al respecto en la Cámara de Comercio y desde que recibió el aval del Gobierno para operar en todo el país no estaba obligada a reportar allí.
No obstante, encontramos que para 2013, cuando solo tenía las sedes de Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá, mantenía convenios con varias EPS. La principal era Solsalud, la EPS de Gil.
Por ejemplo, en febrero de ese año un reporte de pagos a IPS por parte del Fosyga muestra que a Milagroz le pagaron 826 millones de pesos, de los cuales 800 provenían por atención a pacientes de Solsalud.
En el sistema de contratación pública el último registro de Milagroz es de 2016 y corresponde a contratos de baja cuantía para atención a pacientes con VIH por parte de una EPS Convida en Bogotá. Ahí aún aparecía como representante legal Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramón González.
Actualmente Milagroz, solo presta servicios en Bucaramanga, y trabaja con SaludTotal. Sus ingresos siguen siendo altos. Entre enero y diciembre de 2021 esa EPS le pagó más de 4 mil millones de pesos por atención a pacientes con VIH.
En la Supersalud le dijeron a La Silla que la representante legal actual es Dahiana Rodríguez Toro, no nos dieron detalles de quienes figuran en su junta directiva. Cuando nos comunicamos directamente tampoco quisieron darnos información.
Pero más allá de eso, hay un vínculo explícito actual de Carlos Ramón González con esa IPS: funciona en la misma sede de dos corporaciones que son contratistas del Estado en las que aparecen el directivo Verde, sus familiares y varios de los nombres que han estado ligados a Milagroz.

Intentamos comunicarnos en varias ocasiones con Carlos Ramón González y le enviamos las preguntas para conocer su versión, pero al cierre de la historia no nos respondió.
Por ahora, lo que muestra toda la red de relaciones y empresas es que Carlos Ramón González amasa mucho más poder del que tiene como directivo del partido. Su fortaleza electoral la medirá el 12 marzo, cuando junto con su socia y esposa Luz Dana, intenten conseguir una de las siete curules de la Cámara en Santander.
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