Cerromatoso: la punta del iceberg del pulso minero

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El acalorado debate que se dio en la Comisión Quinta del Senado acerca de Cerro Matoso anticipa el pulso que se dará de ahora en adelante alrededor de las concesiones mineras.

 
Cerro Matoso S.A invirtió 250 millones de dólares en la modernización de la primera planta de producción en 2011 bajo la expectativa de que seguirá con la explotación hasta el 2029. Fotos: Cerro Matoso SA

El acalorado debate que se dio en la Comisión Quinta del Senado acerca de Cerro Matoso anticipa el pulso que se dará de ahora en adelante alrededor de las concesiones mineras.

La concesión para explorar y explotar yacimientos de níquel en Montelíbano, Córdoba, por parte de Cerro Matoso S.A. vence el 30 de septiembre de 2012 y el Gobierno está negociando con la multinacional BHP Billiton las condiciones en las que seguirá manejando la concesión. El ferroníquel producido allí se exporta en su totalidad para hacer acero inoxidable y Colombia se ha convertido en uno de los principales productores mundiales.

Como lo contó Álvaro Pardo en Razón Pública, desde diciembre de 2007 la empresa solicitó a Ingeominas formalizar una nueva prórroga, que la entidad intentó conceder en 2010 pero José Neiza, el subdirector de Fiscalización y Ordenamiento Minero, renunció 24 horas antes de que terminara el gobierno de Uribe alegando que esta decisión así como la prórroga de la concesión a la Drummond era ilegal.

La decisión quedó entonces en manos del gobierno Santos, al que se le ha vuelto una papa caliente, porque Cerro Matoso SA es una de las grandes empresas del país y además, uno de los vicepresidentes de BHP Billiton es Alberto Calderón Zuleta, trabajó con Juan Manuel Santos y con Mauricio Cárdenas en el gobierno de Pastrana y es amigo personal del Presidente.

La semana pasada, la directora de la Agencia Nacional Minera Beatriz Uribe, quien tenía la última palabra sobre la prórroga, renunció intempestivamente con el argumento de que quería dedicar más tiempo a sus hijos. Pero la versión no oficial es que después de que la Contraloría le hizo un control de advertencia a comienzos de este mes sobre la importancia de evitar que la prórroga de Cerro Matoso terminara siendo lesiva para el país ella prefirió renunciar antes de terminar empapelada.

Esta semana el volumen alrededor de la negociación subió aún más después de que la Comisión V del Senado citó a varios ministros para que explicaran la prórroga. Durante el debate, el representante cordobés David Barguil dijo que en vez de prorrogarla, el Gobierno debería ofrecer la concesión en una subasta pública al mejor postor mientras que el senador del Polo Jorge Enrique Robledo propuso declarar la caducidad del contrato por ilegal.

El Ministro de Minas Mauricio Cárdenas defendió el argumento que si Colombia quiere entrar a la OCDE y atraer inversionistas tiene que cumplir sus contratos, incluido el de Cerro Matoso, máxime si está cumpliendo con sus compromisos legales y ambientales. El ministro de Ambiente Frank Pearl certificó que sí lo estaba haciendo.

Parte del problema es que el contrato de concesión con Cerro Matoso SA es sui generis.

Beatriz Uribe, la ex directora de la Agencia Nacional Minera, renunció la semana pasada y se dice que es porque no quiso terminar empapelada por la prórroga de la concesión de Cerro Matoso.

Foto: Ministerio de Ambiente

David Barguil, representante a la Cámara por Córdoba, dijo en el debate que hay cinco conceptos de Ingeominas que desde el 2008 le están diciendo al Gobierno que el acuerdo 051 con Cerro Matoso es ilegal.

Foto: Tomada de camara.gov.co

El senador Jorge Enrique Robledo exhortó al ministro Cárdenas a decretar la caducidad del contrato con Cerro Matoso por leonino.

Foto: Juan Pablo Pino

Ricardo Escobar, el presidente de Cerro Matoso, defendió el contrato durante el debate y dijo que su empresa es líder mundial en seguridad industrial y una de las más eficientes del mundo en la explotación de níquel.
El níquel se encuentra revolviendo la tierra pero luego es sometida a un tratamiento industrial para sacar el ferroníquel que es la base del acero inoxidable.
Todo el ferroníquel que sale de Cerro Matoso es exportado. El 35 por ciento va para China, el 30 por ciento para Europa, el 15 por ciento para Taiwan y Japón y el 10 por ciento para Estados Unidos.

La historia del contrato

El 30 de marzo de 1963, el Ministerio de Minas de la época y Richmond Petroleum Company of Colombia suscribieron el contrato 866-63 y unos años más tarde el 1727, para explorar y explotar níquel en el municipio de Montelíbano, Córdoba durante 25 años, con una prórroga máxima de cinco años.

Estos contratos que cubren una extensión de 686 hectáreas entraron en vigencia en 1982 y vencen a finales del próximo mes.

Si solo se tratara de estos contratos la discusión sería sencilla. Pero resulta que en junio de 1997, la empresa obtuvo otra licencia de exploración (la 051) sobre un área de 52 mil hectáreas en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y Planeta Rica en Córdoba; así como Tarazá y Cáceres en el departamento de Antioquia, que comenzó a operar en 1999.

Esta concesión vence en el 2029 y tiene dentro de su área las casi 700 hectáreas que habían sido otorgadas mediante el contrato 866.

Lo raro -y es el meollo de la discusión hoy en día- es que en esta nueva concesión se estipuló que una vez venciera el contrato 866, las áreas de ese título se incorporarían automáticamente en los términos y condiciones pactados en el contrato 051.

Debido a esa ‘incorporación automática’ del área es que Cerro Matoso alega que su concesión va hasta el 2029 con la posibilidad de ser prorrogada hasta el 2044.


Las sospechas de Robledo

Como en las 863 hectáreas concesionadas inicialmente está ubicado el 90 por ciento del níquel mientras que el contrato 051 solo abarca el 4 por ciento, lo que dice el senador Jorge Enrique Robledo es que el propósito del segundo contrato  firmado durante la época de Samper no fue otro que cambiar ilegalmente (y por la puerta de atrás) la concesión inicial, que de acuerdo al respectivo Código Minero no se podía prorrogar sino por cinco años más antes de volver a manos de la Nación.

La empresa, por su parte, dice que el contrato 051 tiene que ser entendido en el contexto en el que se firmó. El gobierno de Cesar Gaviria, con Juan Manuel Santos a la cabeza como Ministro de Comercio Exterior, emprendió una política de apertura económica que implicó la privatización de varias empresas del Estado, entre ellas la participación a través del Ifi en Cerro Matoso.

En 1996, ya durante el gobierno de Samper, Cerro Matoso pagó 10,2 millones de dólares contra la firma del contrato 051 propuesto por el Gobierno para valorizar las acciones del Ifi y en febrero de 1997 se hace el martillo y se venden las acciones por 172 millones de dolares. 

Una vez privatizada, Cerro Matoso invirtió 330 millones de dólares en la construcción de una segunda línea de producción, que le permitió a la empresa doblar su producción y al país recibir muchas más regalías e impuestos de los anticipados.

En efecto, Cerro Matoso ha contribuido en promedio con un 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto entre el 2005 y el 2010 y con una quinta parte de la contribución total de la minería al PIB. La empresa dice que entre 2000 y 2009 pagó cuatro billones de pesos en impuestos al Estado. Según el director de la DIAN, en un año Cerro Matoso aportó el 10 por ciento del total de la tributación.

Las alternativas de la empresa

La empresa le ha planteado al Gobierno dos caminos: acogerse a la prórroga hasta el 2029 que permite el contrato 051 o revertir los activos al Estado, según el contrato 866, y pagarle un arriendo mensual como quedó en la modificación que sufrió ese contrato en 2005. El cánon pactado es del 1,25 por ciento sobre las utilidades después de impuestos.

Como lo ha explicado Guillermo Rudas, bloguer de La Silla, BHP Billiton pagaría 140 millones mensuales de arriendo, teniendo utilidades declaradas de 17 mil millones mensuales, a pesar de que se trata de activos del Estado que valen 1.4 billones. “Es ni más ni menos el equivalente a tener un lujoso apartamento, valorado en 1.400 millones, arrendado por apenas 140 mil pesos mensuales”, dice Rudas.

El Ministro de Minas no ha sido claro sobre cuál es la posición del Gobierno. Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Minas y Energía, a finales de julio en Cartagena, Cárdenas dijo que Cerro Matoso tiene asegurada su permanencia para la explotación de la mina hasta 2029, gracias al acuerdo suscrito en 1996.

“Apuntó, sin embargo, que el concesionario negocia con el Gobierno la ampliación de ese acuerdo para llevarlo hasta el año 2044”, según El Espectador.

Sin embargo, ayer en el Congreso, Cárdenas dijo que “nuestra respuesta es sí a Cerro Matoso pero solo si se mejoran las condiciones para el Estado colombiano”. Y añadió que “si se llegara a acordar una prórroga”, la empresa tendría que pagar más del 2 por ciento en contraprestaciones, comprometerse a hacer nuevas inversiones y comprometerse con una cláusula social.

“Un proyecto que vende 800 millones de dólares al año no puede pensar que su responsabilidad social es de 1,5 millones”, dijo.

De su intervención se dedujo que si no se hace la prórroga en todo caso se le arrendará la infraestructura a Cerro Matoso porque así está en el contrato.  “Como funcionario público tengo que honrar lo que es legal en este momento y tengo que darle presunción de legalidad a este contrato”, dijo Cárdenas. A lo cual Robledo le replicó: “No podemos relacionarnos con el mundo si partimos sobre la base de que el Estado colombiano no pueda decir que no, ni siquiera en casos tan aberrantes como este”.

El debate va a continuar. Lo más probable es que con esta creciente oposición, el Gobierno conseguirá que la empresa duplique el cánon de arrendamiento o se comprometa a una mayor inversión social. Pero lo que ya quedó en evidencia con este debate es que las concesiones mineras son un tema taquillero políticamente y que su negociación de ahora en adelante tendrá que ser discutida públicamente. Esto, obviamente, pone nerviosas a las multinacionales que confían en que las condiciones que pacte el Gobierno con ellas no se muevan al calor de los debates políticos.

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