Cese al fuego de Petro depende de la voluntad de los grupos armados

El estado del cese al fuego de Petro

Hasta el anuncio del 31 de diciembre de Petro, el comisionado de paz Danilo Rueda les había pedido a los grupos armados, que querían entrar a la paz total, tres cosas básicas: “No matar, no desaparecer y no torturar”. En ese sentido, en septiembre, Rueda anunció que diez grupos harían un cese al fuego unilateral como muestra de buena voluntad en medio de los diálogos exploratorios.

Según dos fuentes con información de primera mano de los diálogos, que piden no revelar su nombre por la confidencialidad del proceso, en estas reuniones con Danilo Rueda, los representantes de estos grupos sí manifestaron su intención de llegar a un cese al fuego bilateral. Sin embargo dicen que no se llegó a ningún acuerdo ni se fijaron las reglas de juego para un cese.

“Ese es el proceso en el que estamos ahora —es la respuesta de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a La Silla— No hay un documento firmado, sino que a través de facilitadores de cada grupo se expresó la voluntad. Entonces, cómo se expresa la voluntad a la oficina, la oficina ya empieza a concretar eso con el resto de actores que están involucrados en el cese”.

Es decir que al momento de hacer el anuncio de fin de año, el comisionado Rueda, y el presidente Petro partieron de la base de que los grupos habían expresado la voluntad de que se llegara a un cese al fuego bilateral, pero no de unos acuerdos firmados.

La primera consecuencia de esta movida fue la molestia del ELN, una guerrilla que tiene una mesa de negociación institucionalizada y que ha manifestado querer llegar a un cese al fuego.

“El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno”, se lee en un comunicado de prensa, en el que desmintió que se hubiera acordado esto. Entonces el Gobierno que había hecho un decreto de cese al fuego bilateral con esta guerrilla, le tocó deshacerlo.

Aún así, el Gobierno tiene otros cuatro decretos aún vigentes, uno para cada grupo, que sientan las bases del cese: suspender la afectación humanitaria particularmente a las comunidades étnico-territoriales, frenar las ofensivas de la Fuerza Pública y los grupos, y crear un mecanismo de verificación con la participación de las partes y de organismos neutrales como la Iglesia y Naciones Unidas.

Pero el protocolo que establece las reglas de juego para todo lo que quedó en el papel aún no está listo. Es decir, ¿cuales son los compromisos del grupo armado? ¿A qué se compromete el Estado? ¿Qué se considera un incumplimiento o violación al cese? ¿Cuál es el procedimiento para verificar una agresión? ¿Incluye las hostilidades?

En ese sentido, desde el Alto Comisionado todavía están trabajando en la elaboración de estas reglas. “Las estructuras del mecanismo de verificación se están haciendo con una persona del Alto Comisionado para la Paz, un delegado de la Mapp OEA, alguien de la Iglesia, representantes de las comunidades territoriales locales, un representante del Ministerio de Defensa o la Fuerza Pública, y el facilitador del grupo armado”, le dijo esta oficina a La Silla.

Además, las mesas de trabajo son diferentes tanto por actor armado, como por región en donde se hará el cese al fuego. El proceso más avanzado es con las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”, que como reveló El Espectador ya cuentan con un borrador del protocolo.

Según una fuente cercana a estos diálogos, el avance con estas disidencias se pudo acelerar gracias a la suspensión de las órdenes de captura de algunos de sus miembros, que entonces se pudieron sentar a acordar con el Gobierno los compromisos de las partes para el cese al fuego.

Pero, cuando el Gobierno intentó repetir la fórmula con el Clan del Golfo (AGC), Los Pachenca (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) y la Segunda Marquetalia, se chocó con la Fiscalía. Esto debido a que el fiscal Francisco Barbosa negó suspender las órdenes de captura de altos mandos del Clan y Los Pachenca, con el argumento de que no tienen estatus político; un estatus que tampoco tiene la Segunda Marquetalia por ahora.

Más allá de las discusiones jurídicas alrededor de la negativa del fiscal Barbosa, un efecto de su decisión es que complica que un miembro de estos grupos participe en la negociación de los protocolos y en el mecanismo de verificación. Un tema que estaba contemplado claramente en los decretos de cese al fuego:

“El Gobierno nacional autorizará a los miembros representantes designados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, para que hagan parte del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), quienes contarán con las garantías necesarias para el cumplimiento de su misión”, se lee, por ejemplo, en el decreto del Clan del Golfo.

La solución que se plantea desde el Alto Comisionado es que este proceso se siga haciendo con facilitadores. “Estos no necesariamente son miembros, son personas que están haciendo el puente. Entonces eso nos da el beneficio de interactuar con ellos, que ellos estén presentes en el mecanismo”. Algo que de todas maneras no es tan efectivo como sentarse cara a cara con “Chiquito Malo” o “Gonzalito”, cabecillas del Clan.

Que no se hayan podido acordar a esta altura los protocolos pone en una situación ambigua el estado del cese al fuego.

Mientras el Clan del Golfo y las disidencias aliadas del EMC de las Farc han denunciado incumplimientos al cese al fuego por parte del Estado, las Fuerzas Militares han sido cautelosas de no señalar como violaciones al cese los secuestros de soldados en el sur del país o los hostigamientos de frentes de disidencias.

“En la práctica lo que hay son unas treguas, que tienden a ser algo más informal y unilateral. Pero es que aquí el Gobierno está hablando de bilateralidad y esa es la narrativa oficial”, dice Luis Fernando Trejos, analista del conflicto armado y profesor de la Universidad del Norte.

“Lo que no se ha entendido es que el cese parte de la base de que hay voluntad. Nadie le está imponiendo al Estado Mayor de la Farc que haga cese, porque así no funciona. El cese funciona si hay voluntad de hacer cese”, responden desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

Frenar la Fuerza Pública y depender de la voluntad

La filosofía con la que el comisionado Rueda ha entablado los diálogos exploratorios de paz con diferentes grupos armados y criminales tiene dos puntos claves, según lo ha reiterado en varias ocasiones. Por un lado, el respeto sobre la vida, que explica la lógica de parar la guerra y luego negociar la paz. Por otro lado, el no hacer trampas en el proceso y confiar en la voluntad de paz de los grupos criminales y del ELN.

Esta filosofía ha logrado un acuerdo entre las bandas criminales de los Shottas y los Espartanos, que han llevado a Buenaventura a vivir una paz que hace años no experimentaba. Es un caso que muestra que si los armados tienen voluntad no solo puede haber paz, sino que realmente son las treguas entre ellos, no con el Estado, las que tienen un mayor impacto en disminuir la violencia.

Pero, en el caso de estos cuatro grupos armados, sin incluir al ELN, con los que Petro anunció un cese bilateral, la voluntad no ha sido suficiente. Prueba de esto, es que desde septiembre, estos grupos habían anunciado un cese al fuego unilateral y voluntario, pero aún así se presentaron masacres tan cruentas como la de Putumayo, en noviembre. Además, el asesinato de líderes sociales recrudeció al final del año en las regiones donde estos grupos operan.

En parte, la idea de que haya un cese al fuego bilateral con un mecanismo de verificación es pasar de la voluntad a compromisos precisos y exigibles, que en este arranque de 2023 no han sido claros.

Según un monitoreo de la Defensoría del Pueblo al cese al fuego, del 1 de enero al 20 de enero todas las acciones ofensivas involucran a las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, especialmente al Comando Coordinador de Occidente que tiene una presencia fuerte en Cauca. Entre esas acciones registradas se incluyen un hostigamiento a una estación de Policía, una ofensiva de la Armada contra este grupo y el secuestro de por lo menos cuatro soldados.

Esto en solo los primeros 20 días del año y con el grupo armado que más avanzado tiene el protocolo para empezar el cese al fuego.

Pero el éxito del cese además se enreda si no entran todos los principales actores armados y si unos se demoran más que otros.

“¿Cuál es el problema de que tu avances con uno y no con los otros? Es que esas organizaciones comparten territorio con otros competidores armados —dice Trejos, investigador del conflicto— pueden que no vean conveniente reafirmarse en el cese al fuego, si los otros actores armados no suscriben eso. En la práctica sería una desventaja, salvo que el Estado garantice dispositivos militares que protejan a esos grupos”.

Pero, esto también pone en una situación compleja a la Fuerza Pública, porque mientras el cese ahora depende de la voluntad de los grupos armados, los decretos del Gobierno sí le dan la órden a la Fuerza Pública de frenar la ofensiva.

“Cuando hablamos de negociaciones de paz hablamos de la teoría de la zanahoria y el garrote. Pero aquí oficializamos que no hay garrote. —dice Kyle Johnson, investigador del conflicto y cofundador de la organización Conflict Responses (Core)— Como es entre el Estado y grupos que casi no se pelean, no va a generar un gran cambio para las comunidades en las zonas de conflicto. El Comando Coordinador de Occidente puede seguir peleando con la Segunda Marquetalia”.

Y en este caso, la posición del fiscal Barbosa también pone a los militares y policías en situaciones difíciles. Por ejemplo, el director de la Policía Henry Sanabria anunció que no haría operaciones para capturar a los cabecillas del Clan y Los Pachenca. Barbosa respondió que entonces abriría investigaciones sobre los policías.

Es una muestra de que el cese al fuego bilateral que anunció Petro aún depende de la voluntad de los armados, pero también de que los funcionarios del Estado tengan iniciativa de hacer interpretaciones creativas y audaces de la ley. En todo caso, al anunciar el cese sin acuerdos firmados entre las partes, Petro corrió el riesgo de que esas voluntades fallen.