CIDH: la postura de Clara no aclara

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La semana pasada, el Instituto de Ciencia Política presentó una intervención (técnicamente llamada "amicus curiae") ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro. La firman varias personaldiades y abogados, incluyendo a la ex magistrada de la Corte Constitucional Clara Inés Vargas, quien en una sentencia hace diez años argumentaba todo lo contrario que ahora.

La semana pasada, el Instituto de Ciencia Política presentó una intervención (técnicamente llamada "amicus curiae") ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro. La firman varias personaldiades y abogados, incluyendo a la ex magistrada de la Corte Constitucional Clara Inés Vargas.

Las diez primeras páginas del escrito sustentan la tesis de que la CIDH no tiene competencia para emitir medidas cautelares y que si las tuviera, las medidas no serían obligatorias en Colombia. "La Comisión podría, con base en su facultad de hacer recomendaciones, sugerir a los Estados medidas cautelares, pero que éstas carecen de carácter obligatorio", dice el amicus curiae. Es decir, va en contravía de lo que sostienen los abogados del alcalde de Bogotá y de lo que le sirve a Petro.

Lo paradójico es que la Corte Constitucional, en una sentencia de la que fue ponente precisamente Clara Inés Vargas, dijo todo lo contrario desde hace diez años - y aunque lo ha repetido desde entonces, esa sentencia fue la que fijó el precedente. En esa sentencia, la T-558 de 2003, la Corte dice lo siguiente: "las medidas cautelares adoptadas por la CIDH se incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico interno".

Parece que la ex presidenta de la Corte Constitucional cambió de parecer frente a la sentencia que escribió y defendió en la sala.