Ciegos, sordos y mudos: el caso del general Santoyo

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Ciegos, sordos y mudos: el caso del general Santoyo

 

El expresidente Álvaro Uribe dijo ayer: "Si hubiera tenido una mala información del General Santoyo en ese momento la expreso y no se le promueve". ¿La destitución de la Procuraduría no le pareció una "mala información"?

El general Santoyo aceptó colaborar al máximo con las autoridades gringas aportando la información que conoce sobre la complicidad con las AUC. Seguramente no será el único oficial que termine tras las rejas en Estados Unidos.

El General Óscar Naranjo es el único que hasta ahora ha aceptado alguna responsabilidad política por el ascenso de Santoyo. Dice que él no tuvo buena información en su momento.
El Procurador Alejandro Ordóñez ahora dice que la investigación contra Santoyo sigue "vivita y coleando". Pero lo cierto es que después de su decisión de aceptar la suspensión provisional de la destitución de Santoyo, el caso se durmió en el Consejo de Estado y si no fuera por la justicia de Estados Unidos Santoyo disfrutaría ahora de los frutos de su complicidad con los paramilitares.

La carrera profesional que tuvo el general (r) Mauricio Santoyo, quien se acaba de declarar culpable de haber colaborado con los paramilitares incluso cuando era jefe de seguridad de Álvaro Uribe y de haber recibido sobornos de las AUC a cambio de alertarlos sobre operaciones en su contra, demuestra que él no era una ‘manzana podrida’. Por el contrario, diferentes instancias del poder del Estado lo terminaron favoreciendo a pesar de las evidencias que existían en su contra.

Es probable que el hecho de que él hubiera adelantado cientos de rescates exitosos de secuestrados hubiera contribuido a que tantos personajes que hoy siguen siendo muy importantes no hubieran querido reaccionar a las alertas. Incluso hoy ninguno de los que de una u otra forma contribuyeron a su exitosa carrera militar han asumido ninguna responsabilidad política por los hechos, pero así actuaron:


* Luis Camilo Osorio:

El 16 de abril de 2001, un agente de la Policía Nacional, adscrito al Gaula Urbano de Medellín, denunció de manera anónima en una carta enviada al entonces Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, que la agencia especializada en persecución del secuestro y la extorsión en Antioquia, bajo el mando del coronel Santoyo, había tenido una colaboración con la banda La Terraza y grupos paramilitares que estaban penetrando en la capital antioqueña y municipios cercanos.

“La colaboración se componía de escoltar armamento hacia las zonas rurales de Antioquia y de interceptarle líneas telefónicas ya fuera de guerrilleros o de personas que le debieran algo a los paramilitares o de ONG (organizaciones no gubernamentales) que tuvieran que ver con la subversión”, explicó el agente anónimo.

El entonces fiscal Gómez Mendez y luego precandidato liberal a la Presidencia desestimó inicialmente la denuncia, según contó el portal Verdadabierta.com

Pero unos meses después, la Fiscalía bajo el liderazgo del mismo Gómez Mendez finalmente llamó a indagatoria a los coroneles Mauricio Santoyo Velasco, a otros oficiales del Gaula y a un supervisor del área de seguridad de EPM, Rodrigo Bastidas Abril, por su presunta participación en la ‘chuzada’ de 1808 líneas telefónicas de ONG y activistas de derechos humanos entre diciembre de 1997 y febrero de 2001 utilizando firmas falsas de fiscales.

Pero como lo contó una investigación de Juan Diego Restrepo, del IPC de Medellín, tras escucharlos en indagatoria y comprobar que no existió “indicio grave de responsabilidad”, el 30 de mayo de ese año la Fiscalía General de la Nación se abstuvo de proferir medida de aseguramiento a favor de Santoyo Velasco y Flórez Sánchez. Los demás sindicados siguieron vinculados a la investigación.

En agosto 29 de 2003, –ya bajo el mando de Luis Camilo Osorio- la Fiscalía cerró la investigación por no encontrar mérito suficiente para continuar con ella.

Lo que es impresionante de que la Fiscalía de Osorio hubiera cerrado el caso con tanta rapidez es que en este caso hubo varios muertos.

La vinculación de Santoyo se produjo inicialmente porque a finales de 2000, investigadores del CTI de la Fiscalía en Medellín que estaban investigando la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) seccional Medellín, se dieron cuenta que la línea telefónica de Asfaddes estaba intervenida.

Cuando quisieron verificar quién había dado la orden de chuzar la línea, EPM les mostró las órdenes de la Fiscalía, que luego se demostró que eran falsas, y que habían sido elaboradas y enviadas desde el comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Escuela de Policía Carlos E. Restrepo y la sede del Gaula de la Policía.

Durante la investigación fue asesinado Carlos Arturo Ceballos Gómez. Ceballos era un policía adscrito al Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cuya función era escuchar y grabar las llamadas telefónicas de las líneas intervenidas, relacionarlas, archivarlas y reportarlas a sus superiores. Lo mataron el 4 de abril de 2001. El 6 de abril había sido citado para declarar dentro del proceso de las interceptaciones ilegales por la Procuraduría General de la Nación. “Su testimonio era valioso por cuanto había sido identificado como la persona que entregaba en EPM las órdenes que daban vía libre a la interceptación ilegal de las líneas telefónicas”, contó Restrepo.

Al allanar su casa, encontraron una caja con papeles y disquetes con los nombres, números telefónicos y registros de las llamadas escuchadas y clasificadas. Sin embargo, en “un descuido” de la fiscal Marilyn Monsalve las pruebas desaparecieron del lugar de la inspección.

El entonces Fiscal Osorio y ex embajador en México de Uribe y de Santos dijo que esa decisión había sido tomada por un fiscal delegado y que él no había tenido nada que ver al respecto.

* Alejandro Ordoñez:

A pesar de la decisión de la Fiscalía a favor de Santoyo, la Procuraduría General, bajo el mando de Edgardo Maya, siguió investigando y el 9 de octubre de 2003 lo destituyó e inhabilitó para desempeñar cargos públicos por cinco años. Santoyo pidió la nulidad del fallo de la Procuraduría y una sala del Consejo de Estado – integrada por los entonces consejeros Tarcisio Cáceres Toro, Jesús María Lemus Bustamante y Alejandro Ordóñez- encontró que la notificación del fallo de la Procuraduría en contra del general en retiro se hizo unas semanas después de vencerse el término que da la ley para imponer una sanción disciplinaria. Los magistrados consideraron que se le había violado el debido proceso a Santoyo y por eso le “suspendieron” la destitución.

Lo insólito en este caso es que el Consejo de Estado tradicionalmente utiliza un criterio muy riguroso para aceptar suspender un acto administrativo mientras decide sobre su nulidad y suele concederlo solo cuando la ilegalidad es evidente. “En el 98 por ciento de los casos lo niegan”, dijo un experto en el Consejo de Estado. En este caso, según Noticias Uno el caso había prescrito hacía unos días porque Santoyo no se había dejado notificar y lo tuvieron que hacer por edicto.

El Consejo de Estado sigue sin resolver la nulidad. Aún así el Procurador Ordoñez dice que ese proceso por las chuzadas contra Santoyo está “vivito y coleando”. Seguramente ahora –que ya está ad portas de ser condenado en Estados Unidos y el Procurador de ser reelegido- el Consejo de Estado negará la nulidad y Ordoñez lo destituirá.

 

* Juan Manuel Santos:

Pese a que la investigación de la Procuraduría seguía en pie (aunque suspendida por Ordoñez y sus colegas) el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos ordenó mediante el Decreto 2635 de diciembre de 2006 el reintegro provisional de Santoyo a la Fuerza Pública. Aunque su reintegro era "provisional", en ese mismo mes, la junta asesora de la Policía Nacional lo llamó a adelantar, durante 2007, el Curso Integral de Defensa Nacional, con el cual fue promovido después al grado de Brigadier General.  Santos también recomendó a la Comisión Segunda del Senado ascender a Santoyo a General.

* Marta Lucía Ramírez:

En noviembre de 2007, pese a los antecedentes de Santoyo, a pedido del Partido de la U, la Comisión Segunda del Senado ascendió a Santoyo a General. En ese momento los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán, Alexandra Moreno Piraquive, del Mira, y el indígena Jesús Piñacué se opusieron a su ascenso precisamente por la destitución de la Procuraduría pero los senadores de la U fueron mayoría.

Entre los senadores que acompañaron el ascenso están la exministra de Defensa y exsenadora Marta Lucía Ramírez, quien dijo que “la falta de diligencia estuvo la Dirección de Policía y en el Ministerio, donde no hubo los controles para evitar este ascensos.” Ramírez no fue la única senadora que aprobó el ascenso y tampoco fue su ponente como dijeron algunos medios. Carlos Emiro Barriga, Jairo Clopatofsky, Ricardo Ariel Elcure, Luis Humberto Gómez Gallo, Adriana Gutiérrez, Manuel Ramiro Velásquez y Manuel Enríquez Rosero, quien fue el ponente, lo avalaron. Sin embargo, como lo denunció Noticias Uno, Ramírez como senadora obvió una directiva de su ministerio que decía que cualquier oficial con una investigación grave en su contra no podía ser promovido a grado superior.

* General Óscar Naranjo:

“Si en el momento de recibir la Dirección hubiese tenido información seria, no habría permitido el ascenso del general Santoyo", dijo el general Naranjo cuando Estados Unidos solicitó a Santoyo en extradición. "Soy responsable de haber asumido la fase final del general Santoyo y su postulación ante el Senado para ser ascendido a brigadier general".

Su afirmación de no haber "tenido información seria" es sorprendente porque Naranjo es famoso por saberlo “todo” sobre los poderosos del país.

* Álvaro Uribe:

El ex presidente ha dicho que él no escogió a Santoyo como jefe de Seguridad de Presidencia sino que se “lo asignaron”. Eso técnicamente es cierto. Durante la campaña presidencial de Uribe, el director de la Policía de la época Luis Ernesto Gilibert designó a Santoyo como su jefe de seguridad como candidato y luego de la Presidencia.

Pero Uribe sabía ya el antecedente de las chuzadas de Santoyo puesto que ocurrieron durante su Gobernación y no solo aceptó esa designación sino que le dedicó en su discurso elogiosas palabras como lo registró Noticias Uno cuando fue ascendido a General.

Cuando la Procuraduría lo destituyó, en cambio de removerlo del cargo como removió a decenas de militares por una simple sospecha, la Casa de Nariño de Uribe en un corto comunicado afirmó que “ante la decisión de la Procuraduría, el coronel Mauricio Santoyo interpondrá el recurso de reposición, al que hay lugar en este caso. La Presidencia de la República esperará el fallo definitivo de la Procuraduría”.

Después de que la Procuraduría se ratificó, Uribe lo siguió conservando en el puesto, esperando la decisión del Consejo de Estado sobre la nulidad del fallo interpuesto por Santoyo. Dice que lo hizo "por respeto a la figura de la presunción de inocencia".

Finalmente, después de ser enviado a la embajada colombiana en Italia como agregado policial, a su retorno al país el general Santoyo fue condecorado por el presidente Uribe y, en 2009, se retiró de la Policía.

Durante su gobierno, el hermano de Santoyo, Julio, fue encargado de la seguridad de los paramilitares durante sus negociaciones con el Gobierno, otra cosa que Uribe dijo que también desconocía.

Después de publicada esta historia, el ex Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo emitió un comunicado en el que dijo que él no tuvo nada que ver con el nombramiento del hermano de Santoyo en Ralito, que esa fue una decisión autónoma de la Policía Nacional, y que en todo caso nunca tuvo quejas sobre su labor.

El consuelo

El único consuelo es que por cada funcionario que no vio nada hubo otros que no se quedaron callados y se arriesgaron a denunciar a Santoyo desde el 2001: el agente de policía del Gaula que escribió la carta anónima; el primer fiscal que le abrió investigación y que luego fue cambiado; el procurador Edgardo Maya; los senadores liberales Cecilia López y Juan Manuel Galán, Alexandra Moreno Piraquive, del Mira, y el indígena Jesús Piñacué que se opusieron en la Comisión Segunda y otros más que lo hicieron en la plenaria como el senador Robledo; y otros, cuyos nombres, seguramente nunca se sabrán.

 

Nota de la editora: después de publicada la historia, decidimos quitar a Alfonso Gómez Méndez de la lista inicial de personas que no hicieron nada pues si bien ignoró inicialmente una denuncia anónima luego la Fiscalía bajo su mando abrió la investigación contra Santoyo que posteriormente cerró Luis Camilo Osorio.

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