Cinco nuevos casos de plagio de Guillermo Reyes, minTransporte de Petro

En general, para la vigilancia de las elecciones y de los partidos suelen existir diversos modelos de organización, que podrían clasificarse en dos grandes posibilidades: de un lado, se puede atribuir esa función a entidades totalmente independientes de las fuerzas políticas, estilo cortes electorales, integradas por especialistas en la materia, que actúan de manera totalmente independiente. La elección de estos magistrados no requiere contar con el aval de los partidos, ni interesa conocer su adscripción política, pues son nombrados simplemente por sus calidades personales y por ser expertos en la materia.

Este modelo tiene la virtud de la independencia frente a las fuerzas políticas, con lo cual se puede lograr una mayor imparcialidad en el control del respeto a las reglas electorales. Pero, y por las mismas razones, este tipo de organización electoral no suele contar con la confianza de las fuerzas políticas dominantes. Por ello, a veces se ha implementado otro diseño institucional, que pretende lograr una mayor adhesión de los partidos, para lo cual se ha aceptado una mayor incidencia de los movimientos políticos en la integración misma de los organismos de control electoral. Este diseño, que tiene las virtudes y vicios inversos del modelo anterior, fue el adoptado por la Constitución Colombiana de 1991 en la integración del Consejo Nacional Electoral, pues el artículo 264 superior claramente establecía que los magistrados de esa corporación eran nombrados a partir de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos y que las designaciones deben reflejar la composición política del Congreso.

Por consiguiente, si la composición política del Congreso variaba cada cuatro años debido a las elecciones (CP art. 132), y la Carta ordenaba que el Consejo Nacional Electoral reflejara esa composición, una consecuencia ineludible se seguía: el período de los magistrados es objetivo, pues es la única manera para lograr el resultado pretendido por el constituyente. En efecto, si el período de los magistrados electorales fuera subjetivo, en muchas ocasiones no sería posible que la integración del Consejo Nacional Electoral reflejara la composición del Congreso. Actualmente, con la reforma constitucional de 2003, el sistema de elección varía sustancialmente, como ya se explicará.

La democracia representativa es el sistema político no sólo de mayor acogida sino sobre el cual se han basado las principales construcciones teóricas acerca de ""lo electoral"", concepto este que tiene una impronta propia, de tan significativa importancia que no puede encontrarse sino en la Constitución y por injerencia del mismo constituyente; de manera que el órgano electoral es aquella faceta del poder público del Estado a la que, en desarrollo de las competencias asignadas por la Constitución, le corresponde primordialmente el ejercicio de la función electoral (Gaceta Constitucional No. 81, pp. 11 y ss.).

Inspirada en tales presupuestos, la Constitución dispuso respecto de la organización electoral que ésta tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas (art. 120 C.P).

Correlativamente, en el Título IX, ""De las elecciones y de la organización electoral"", la Carta Política establece las disposiciones básicas acerca del sufragio, concebido como un derecho y un deber ciudadano, de las elecciones que en forma directa deben realizarse a nivel nacional, departamental y municipal, y de las autoridades electorales: el Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil.

3.1.12 Calidades de los miembros

Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requieren las mismas calidades que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; no haber sido elegido para corporación popular ni haber actuado como miembro de directorio político, en los dos años anteriores a su nombramiento; ni ser él o su cónyuge pariente de alguno de los Consejeros de Estado que tengan derecho a intervenir en la elección hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.