Clan del Golfo responde a Duque que sigue fuerte tras extradición de “Otoniel”

Clan del Golfo responde a Duque que sigue fuerte tras extradición de “Otoniel”
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Mientras “Otoniel” llegaba a Estados Unidos y el Gobierno difundía detalles del operativo de extradición, cientos de miles de colombianos estaban encerrados por un paro armado del Clan del Golfo.

En departamentos como Córdoba cerraron colegios y comercios. El paro llegó a regiones como Bajo Cauca y Urabá (Antioquia), e incluso ciudades como Barranquilla. El grupo criminal quemó buses, intimidaron con armas a profesores y en Cereté asesinaron a un comerciante. Las siglas AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se pintaron en decenas de paredes del país.

El paro, el más grande del Clan del Golfo desde hace seis años, se organizó apenas el Consejo de Estado destrabó la extradición de "Otoniel", tras fallar contra una tutela presentada por las víctimas, que pedían que primero respondiera por sus crímenes en Colombia.

En octubre, cuando la Fuerza Pública capturó a “Otoniel”, el presidente Iván Duque dijo que “Con este golpe se marca el final del Clan del Golfo”. Con este paro armado, el grupo criminal se hace sentir tras la extradición de su jefe histórico y le muestra a Duque que sigue tan vivo como antes, y que casi cuatro años de uribismo en la presidencia no le hicieron mella a su poder.

Las horas de terror del paro armado

Esta madrugada, en Cereté (Córdoba), el vendedor de plátanos Francisco Soto fue asesinado por presuntos integrantes del Clan del Golfo cuando abría su local para trabajar, según reportaron miembros de la comunidad a medios locales. Estaba incumpliendo la orden impuesta por el grupo armado.

En Cereté y en diferentes municipios de Córdoba, de Bolívar, del Bajo Cauca y el Urabá antioqueño, de Sucre, Magdalena y Chocó fue una jornada de miedo por el paro armado que ordenó el Clan del Golfo, autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron armados a los colegios en Córdoba para intimidar a la población, según le dijeron a La Silla personas en el territorio. El gobernador Orlando Benítez ordenó suspender las clases el día de mañana en todo el departamento.

Córdoba quedó paralizada desde el sur de Córdoba (la zona más caliente) hasta el municipio de Montería, donde los padres no enviaron a sus hijos a estudiar. Los comercios estaban desiertos y el transporte intermunicipal era escaso. El diario El Montemariano reportó la quema de un bus de transporte que cubría la ruta Montería-Tierralta. 

Un líder social y de víctimas en Urabá, que pidió no ser nombrado por miedo a represalias, contó que el ambiente que se vive en todo Urabá es de miedo. En Turbo y Apartadó, cerca de donde fue capturado “Otoniel”, relata que el comercio cerró y los trabajadores de las bananeras se devolvieron para sus casas. “Eso indica que hay un control y un manejo del territorio que no está siendo monitoreado por la Fuerza Pública”, dijo.

En el Bajo Cauca también ha sido intenso el paro armado. Además de los bloqueos en la vía que conduce a Córdoba, también ha habido amenazas a emisoras comunitarias. Seis dejaron de transmitir. “Todo está cerrado, absolutamente todo”, dice Carlos Zapata, quien es el antiguo analista territorial de Bajo Cauca de la Defensoría del Pueblo y estuvo en la mañana en esta región.

“Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) no habían tenido una confrontación abierta desde hace mucho tiempo. Pero es claro que en regiones como Bajo Cauca, en el Magdalena Medio y en el Urabá el Estado no tiene control territorial”, dice Zapata, quien ahora es el coordinador del observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación.

En el Sur de Bolívar el paro se ha sentido especialmente en los municipios de Cantagallo, Santa Rosa y San Pablo. Ese municipio, a más de cinco horas de Cartagena y al que es más sencillo llegar por Santander, fue uno de los primeros en confinarse y hoy amaneció con tres carros incinerados.

Dos fuentes, comerciantes, confirmaron que hacia las nueve de la noche, mientras los noticieros nacionales daban detalles del operativo espectacular de extradición con cientos de policías y militares, miembros del Clan del Golfo pasaron por los comercios pidiendo que cerraran hasta el próximo domingo. En las regiones, en cambio, la Fuerza Pública no apareció.

No fue solo un paro armado en zona rural. En Barranquilla el Clan del Golfo quemó un bus de transporte y le marcó sus siglas a tiendas en el suroccidente de la ciudad.

El paro armado evidencia que el Clan del Golfo tiene el poder criminal de paralizar departamentos completos.

Sin “Otoniel”, el Clan del Golfo siguió su expansión

Tan solo unas horas después de que se conoció la noticia de la extradición el Clan del Golfo coordinó un paro armado en siete departamentos. Esto muestra que no es una estructura criminal fragmentada y que su expansión territorial no se frenó con la captura de “Otoniel”, ni con los operativos de la Fuerza Pública en los territorios donde operan.

Un punto clave para entender esto es que en el momento en que “Otoniel” fue capturado, el funcionamiento de esta estructura criminal ya no dependía de él. “Cuando lo capturan él ya era un líder bastante aislado, a duras penas podía comunicarse. La estructura criminal ya tenía autonomía y no dependía de él”, explica el investigador Gustavo Duncan, profesor de la Universidad Eafit y experto en conflicto armado.

Por eso, tras la salida de "Otoniel", el Clan del Golfo empezó una reorganización de mandos que se temía fuera violenta por el control de los negocios ilícitos, según advertía una investigación de la Fundación Ideas para la Paz, en noviembre del año pasado.

Pero no lo fue. La transición entre “Chiquito Malo”, “Siopas” y “Gonzalito” mantuvo la cohesión de la estructura militar. Estos eran los mandos con control e influencia en la zona estratégica del Clan del Golfo: sur de Córdoba, Urabá, Bajo Cauca y Chocó.

“No ha habido guerras entre unidades del Clan del Golfo, ni en Urabá, ni en el sur de Córdoba, ni en el Bajo Cauca, y eso quiere decir que hubo una transición pacífica del mando en las AGC. Se fue Otoniel y llegó Chiquito Malo y nadie se opuso”, dice el investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos.

En vez de división, el Clan del Golfo se ha fortalecido y ha puesto en aprietos a varios territorios. Hace unas semanas el gobernador de Bolívar Vicente Blel lanzó un SOS por un “plan pistola” del grupo criminal contra la Policía: “Ante esta arremetida delincuencial contra ellos pedimos que por favor redoblemos acciones y que el Gobierno nacional nos ayude a detener esta escalada violenta en nuestro territorio”.

La declaración la dio tras el asesinato de un Policía y un civil en El Carmen de Bolívar, municipio de los Montes de María, y el ataque a una estación de Polícía (que dejó a un policía herido) en Hatillo de Loba.

Pero la arremetida del Clan del Golfo en esa zona no responde exclusivamente al paro. Las fuentes con las que habló La Silla en el Sur de Bolívar coinciden en que hace meses inició una avanzada que se ha recrudecido con los enfrentamientos con el ELN.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) ha denunciado desde finales del año pasado el crecimiento del Clan del Golfo en los municipios de Simití, Santa Rosa, Cantagallo y San Pablo. “Hay (denuncias por) reclutamiento, cooptación de excombatientes, y un copamiento de la vida social.”, dice Iván Maderos, presidente de la Corporación.

Tanto para Madero, el conflicto viene aumentando por el crecimiento de los cultivos ilícitos en la región —tan solo en Santa Rosa hay más de 2400 hectáreas de cultivos de coca— y las rentas ilegales alrededor de la minería y la promesa del fracking en Puerto Wilches, municipio cercano al Sur de Bolívar. Tal y como contamos, la ola de violencia en ese municipio santandereano al otro lado del Magdalena es por cuenta de la incursión del Clan del Golfo y la expectativa frente a los yacimientos no convencionales. 

En Córdoba la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en marzo por el riesgo de muerte de la “población socialmente estigmatizada” en los municipios de Cereté, San Pelayo y Montería. “El escenario de riesgo (...) se configura a partir de la reestructuración de la primera línea de mando de las AGC”, dice el documento.

La Defensoría señala que para generar miedo en la comunidad se han cometido homicidios, dos de ellos en Montería, en los que “se deja carteles señalando a las víctimas de colaborar con la Fuerza Pública o estar involucrados en actos delictivos” y con las siglas de las AGC.

En la Sierra Nevada de Santa Marta, el Clan del Golfo entró en una confrontación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS), que ocasionó el desplazamiento de alrededor de 600 personas.

Y hace una semana en Usiacurí (Atlántico), que estuvo más de una década sin homicidios, se presentó un enfrentamiento entre presuntos integrantes del Clan del Golfo y la Policía. Murió abatido uno de los delincuentes y dos policías fueron heridos.

Aunque la captura de “Otoniel” fue un triunfo histórico para el Gobierno de Iván Duque, el crecimiento y el paro armado organizado por el Clan del Golfo es un nuevo fracaso para su política de seguridad.

La política de Duque no le hizo mella al poder del Clan del Golfo

La importancia de la captura y extradición de “Otoniel” quedó en evidencia en sus declaraciones sobre la extradición del capo. “Como candidato me comprometí a capturar y extraditar a este delincuente de la peor ralea, y le cumplimos a Colombia", dijo Duque.

Pero, según una investigación de la FIP, “Afirmar que la captura de ‘Otoniel’ constituye el fin de las AGC es apresurado y alejado de la realidad”. Dieron dos argumentos claves para entender esto. Por un lado, el pie de fuerza militar organizado que tenían. Por otro lado, la capacidad para regular la vida de las comunidades que viven en las zonas bajo su control.

Por eso, desde la captura de “Otoniel”, la Fuerza Pública siguió su ofensiva contra el Clan del Golfo, que fue fortalecida justo antes de la operación Osiris que condujo a la captura del capo. Desde entonces el Ejército también le ha dado golpes a este grupo armado organizado con la captura de otros cabecillas.

Tan solo en el último mes han capturado a cinco cabecillas de esta organización y dieron de baja a alias “Yimi”, jefe de finanzas en Chocó. “Hubo un sostenimiento de las operaciones de la Fuerza Pública en la zona para aprovechar la captura de Otoniel de cara a seguir golpeándolos y debilitándolos”, dice Juan Carlos Buitrago, un general retirado que fue el director de inteligencia de la Policía Nacional.

Sin embargo, según Buitrago la estrategia para lograr este objetivo fracasó por problemas en la estrategia de seguridad de Duque y las Zonas Futuro. Se trata de la política territorial en seis regiones con presencia de actores armados y economías ilegales como Bajo Cauca y Urabá. Estas tenían como objetivo sustituir estas economías mientras se combate a los grupos armados.

“Hubo desde la intención un propósito estratégico muy importante del Gobierno. Las Zonas Futuro fueron muy bien formuladas pero se quedaron en el papel. No se destinaron ni los recursos, ni la articulación institucional, ni la capacidad suficiente para lograr, más que un control territorial, un control institucional”, afirma Buitrago.

Por eso la violencia que el Clan del Golfo sigue ejerciendo muestra que no ha sido suficiente. Incluso los militares han sufrido las retaliaciones de este grupo armado. Este año, en el marco del llamado “Plan Pistola”, el Clan del Golfo ha realizado atentados contra la Fuerza Pública. En el municipio de Frontino (Antioquia) fueron asesinados seis uniformados y otros cinco heridos en una emboscada con explosivos el pasado 20 de abril.

A pesar de la muy involucrada supervisión presidencial a la extradición de “Otoniel”, que Duque siguió a través de Facetime en directo, el Estado que preside sigue siendo incapaz de garantizar medidas básicas de seguridad, como la libre circulación, en vastas zonas del país.

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