Un asesinato entre indígenas hace un mes develó una de las preocupaciones internas dentro de los cabildos, que este año fueron una de las principales víctimas de la reconfiguración de la violencia en la región.
Hace exactamente un mes en el cabildo Chimborazo en Morales, Cauca, el asesinato del indígena Emiliano Chocué, prendió las alarmas dentro de las organizaciones indígenas de la región, debido a una alerta latente: el conflicto interno por familias indígenas que rechazan la erradicación de cultivos ilícitos.
Chocué fue asesinado por otra familia que cultivaba, según nos confirmaron por aparte cuatro miembros del Consejo Indígena Regional del Cauca (Cric) que conocieron de la situación, además de otra autoridad de la Fiscalía.
Este es un peligro más para el liderazgo indígena y sus comunidades, que se suma a los más de 100 asesinatos desde hace año y medio y la amenaza de las disidencias que los declararon objetivo militar por oponerse al cultivo ilícito.
Y llega en momentos en que los Nasa se preparan para erradicar manualmente los cultivos dentro de sus cabildos, además de ponerle otro reto al presidente Iván Duque en su receta para pacificar al Cauca que incluye cumplir el acuerdo de paz y reorganizar la estrategia militar.
La muerte que muestra la amenaza
Previo al asesinato de Emiliano Chocué hubo una asamblea “de control territorial” en ese cabildo, en la que los indígenas decidieron comenzar la erradicación de las 45 hectáreas de cultivos de coca.
(En total, según el último monitoreo de la ONU, hay casi 16 mil hectáreas de cultivos en los cabildos indígenas de todo el país. En Cauca solo dos cabildos -Jambaló y La Cilia- tienen proyectos de sustitución de Pnis).
Según nos dijo un miembro del equipo jurídico del Cric que conoció de primera mano la situación, inicialmente creyeron que la muerte de Chocué obedecía a la espiral de violencia de las disidencias (en Morales está la Jaime Martínez), pero “nos dimos cuenta que fue un tema interno entre familias”.
“Había una familia que estaba cultivando y no quería dejarlo”, nos dijo, quien pidió no revelar el nombre.
Después, el Cric le propuso a ese cabildo acompañarlos en la investigación y decidir si trataban el tema dentro de su jurisdicción, pero al final “no nos dijeron nada y supusimos que lo trataron internamente”.
“Fue un asesinato entre indígenas”, nos confirmó Jorge Sánchez, consejero político del Cric.
Luego, al menos 140 indígenas salieron desplazados del cabildo hacia Morales. Un habitante le dijo a El Espectador que “el cabildo está fragmentado” entre quienes quieren erradicar y quienes no.
”Hay comuneros que están en el propósito de sembrar coca”
“Hay comuneros que están en el propósito de sembrar coca y tienen unos semilleros de coca. La comunidad fue a erradicar y al parecer hubo una confrontación entre comunidades y al parecer había un arma”, detalló Jhoe Sauca, de la consejería de derechos humanos del Cric.
Situación que ocurre desde hace varios años, según nos confirmó un alto funcionario judicial que trabaja con estas comunidades.
Esa fuente, más la del equipo jurídico del Cric, nos dijeron por aparte que si bien los asesinatos entre indígenas son intermitentes, la presencia de cultivos ilícitos en territorios de cabildos genera tensión entre sus habitantes.
De acuerdo con la Fiscalía, en Tacueyó (donde ocurrió una de las masacres de septiembre y donde fue asesinada la gobernadora Cristina Bautista), 16 de las 17 veredas tienen cultivos; en Toribío 14 de las 15 veredas tienen el mismo problema.
Lo que puede poner en peligro el liderazgo indígena que cierra este año como una de las organizaciones más fuertes entre los indígenas a nivel nacional: reunió a varios cabildos por fuera del Cauca para la Minga de marzo y abril, y desde ya planea para 2020 llevar la Minga hasta Bogotá para ‘descaucanizar’ sus peticiones de sustitución de cultivos y protección para sus comunidades.
El enemigo interno que llegó de afuera
Para Sauca y Sánchez, estos enfrentamientos se dan porque el narcotráfico permeó no solo sus territorios sino espacios de su comunidad.
“La realidad del norte del Cauca es la herencia del conflicto armado, de la coca y la marihuana. Esto no lo trajeron los indígenas, lo trajo la guerrilla”, nos dijo Sauca.
Para el Cric es claro que el negocio termina siendo lucrativo “pero no para el indígena sino para los ilegales”, de acuerdo con Sánchez.
En zonas como Chimborazo, la constante es que resulta más fácil y práctico sacar una arroba de hoja de coca (60 kilos) que un kilo de un producto legal porque no se necesita una vía pavimentada o porque los que comercializan (narcos, delegados de disidencias, entre otros) llegan hasta allí para hacer negocio.
“No estamos escondiendo que ocurren cultivos en nuestros territorios. En Chimborazo se puede sembrar café y ahora el precio está por las nubes. Sacar un kilo de café es muy costoso y eso pierde valor”, nos explicó Sauca.
Otro peligro es que esa plata narco incite a nuevas generaciones de indígenas a mantenerse en el negocio y no en sus comunidades, lo que Sánchez llama “romper el tejido social”.
”Eso (la coca) no lo trajo los indígenas sino la guerrilla”
Si bien en general están en contra del cultivo “y si lo hacen es por supervivencia” como nos dijeron en la Fiscalía, que haya plata fácil ilegal de por medio puede romper con sus jerarquías entre la población.
“Es que como se insertó en la comunidad hay que pasar por un proceso económico, comunitario, toca pensar en transformar el cultivo ilícito, lo que llamamos una solución integral desde abajo”, nos dijo el consejero político.
Ya hay antecedentes de indígenas que prefirieron ese camino y tienen jerarquía en organizaciones ilegales, como Leyder Noscué, alias Mayimbú, jefe de la disidencia Jaime Martínez; lo mismo Israel Méndez Quitumbo, alias el Indio, de la disidencia Dagoberto Ramos.
Por esa conexión entre la procedencia indígena y el negocio ilegal, es que las autoridades en su momento aseguraron que la Minga indígena de abril estaba infiltrada, ruido que terminó fortaleciendo a las disidencias.
La unidad y el liderazgo, el reto de para arriba
Todo esto traería al menos dos consecuencias.
La primera es que podría afectar la autoridad interna (como la Guardia Indígena) que está en contra de mantener cultivos, razón por la cual anunciaron la erradicación en un principio.
Una fuente judicial que trabaja con las autoridades indígenas nos dijo que, como ejemplo, luego de la masacre de Tacueyó en septiembre “en la vereda La Luz después hubo una asamblea y no alcanzaron a llenar la plaza”, lo que mostraría una posible pérdida de liderazgo.
“Antes podíamos ir a muchas partes con la Guardia y nos protegía, ahora es un peligro”, agregó.
Tanto Sauca como Sánchez nos niegan que el liderazgo indígena esté en peligro.
“No nos disminuye nuestro liderazgo ni el de nuestro movimiento. La gente busca la forma más fácil para tener el sustento de sus familias”, nos dijo Sauca.
Y es por eso que, de acuerdo con Sánchez, la solución es mantener la sustitución de cultivos y que el Gobierno cumpla con ponerle el acelerador a los planes Pnis.
”El negocio es lucrativo para el ilegal, no para el indígena”
De todos modos porque, como nos dijo la fuente de la comisión judicial del Cric, los asesinatos, como el de Emiliano Chocue, no son la constante cuando hay cabildos con cultivos.
Pero si no hay plan de sustitución, sí puede haber pérdidas de vidas.
“Lo que pasa es que si llegan con la idea de erradicar sin un plan sustituto la gente se hace matar por su sustento, así sea ilegal”, señaló.
Lo segundo es que profundizaría las diferencias ya existentes con otras comunidades, como los campesinos, con los que llegaron a varias alianzas para organizar planes conjuntos como el Pdet del Norte del Cauca (el más grande del país) o la Minga de abril.
Esto porque ambas comunidades tienen visiones diferentes sobre los cultivos: mientras los indígenas ya comienzan a erradicar, los campesinos los mantienen, aunque ambos piden que los programas de sustitución sean efectivos.
Mientras eso ocurre, las disidencias y demás grupos ilegales sacan ventaja, como ocurrió hace dos meses en Huasanó, en Corinto.
Allí, de acuerdo con una alta fuente militar, la Guardia Indígena no puede pasar por la zona porque las disidencias “le dijeron a los campesinos que los indígenas iban a llegar a erradicarles los cultivos y eso los molestó”.
”No nos vamos a poner a erradicar porque no hay cómo sustituir”
Un líder comunal de los campesinos en Cauca que supo de la situación, nos negó que las disidencias los hayan cooptado, pero sí nos confirmó la diferencia que hay con las otras comunidades sobre el cultivo.
“Les dijimos (a los indígenas): vea no nos vamos a poner a erradicar, porque ese es un problema, porque les tenemos que decir a la gente (que cultiva) dónde sale la plata para sustituir. La persecución de los armados es cosa del Estado. Nosotros no nos vamos a meter y perseguir a nadie”, nos dijo.
Una división que por ahora no ha impedido que en movilizaciones sociales hacia afuera, como el Paro Nacional, actúen unidos con otras comunidades afectadas por el conflicto, como los consejos comunitarios afro.
Mientras tanto, el Cric hará un censo para consolidar cuántas familias siguen en el negocio en zonas como Morales y el norte del departamento, para saber a cuántos afectará la medida de la erradicación por parte de los indígenas.
