Cuando asumió la presidencia, Juan Manuel Santos prometió que su administración sería una urna de cristal. Luego, hace un año, escogió al sector extractivo como una de sus prioridades de “gobierno abierto”. Pero a un año de que Santos deje la Casa de Nariño, la entrada al club de transparencia en hidrocarburos y minería que fijó como meta sigue estando en veremos.
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Hace un año el gobierno de Juan Manuel Santos anunció que Colombia se sumaría al programa EITI de transparencia para el sector extractivo. Foto: Juan Pablo Pino |
Cuando asumió la presidencia, Juan Manuel Santos prometió que su administración sería una urna de cristal. Luego, hace un año, escogió al sector extractivo como una de sus prioridades de “gobierno abierto”. Pero a un año de que Santos deje la Casa de Nariño, la entrada al club de transparencia en hidrocarburos y minería que fijó como meta sigue estando en veremos.
El gran objetivo de Santos para darle mayor transparencia al sector son los estándares EITI, un programa que obliga a las empresas y al Gobierno a ser más claros con sus cuentas y a ponerlas a disposición de la sociedad civil. Aunque Colombia anunció que se sumaría en abril del año pasado, durante la cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto en Brasil, siete personas cercanas al sector le confirmaron a La Silla que sienten que el proceso está estancado.
“El tema extractivo ha sido uno de lobbying de las empresas hacia el gobierno y de concesiones de éste a las primeras. La sociedad civil ha estado ausente. Y son iniciativas como EITI y la Alianza para el Gobierno Abierto lo que le permiten entrar al escenario”, le dijo a La Silla una persona que conoce el proceso pero que prefirió que se omitiera su nombre.
De hecho, a las fuentes consultadas les preocupa que el Gobierno no haya anunciado su compromiso formal con esta herramienta que podría ser poderosa para vigilar los recursos que dejan el petróleo, el gas y los minerales antes de la cumbre mundial de EITI, que comienza hoy en Sydney y que es un escenario perfecto para trabajar el tema. Casi todos coinciden en que, hasta el momento, a la sociedad la han dejado fuera.
“Tenemos toda la voluntad y el tema aparece en el plan de acción de gobierno abierto, que estamos discutiendo con la sociedad civil y puliendo”, señaló María Lorena Gutiérrez, la Alta Consejera para el Buen Gobierno y principal responsable del ‘gobierno abierto’.
Gutiérrez, quien hizo el anuncio en Brasil el año pasado, le confimó a La Silla que la viceministra de Minas Natalia Gutiérrez entregará la carta formal en Sydney, pero no sabía que Colombia ya tiene en sus manos, desde hace cinco meses, el estudio preliminar fundamental que reclaman los grupos de la sociedad civil.
El ministro de Minas, Federico Renjifo, también confirmó el compromiso de Colombia con EITI y explicó que ese trabajo con otros actores no se ha hecho todavía por tratarse de una fase preliminar del proceso.
“La viceministra está en Australia ahora para presentar la carta formal con nuestra intención de adherirnos. Queremos estar ahí y a partir de este momento comenzaremos a trabajar con todos porque sabemos que sin la información de las empresas y la sociedad civil es como si no estuviéramos, sólo que ahora tenemos que entender los tiempos y los plazos”, le dijo a La Silla Renjifo.
El programa EITI nació por iniciativa del ex primer ministro británico Tony Blair hace una década, cuando hacía carrera la idea de que los países africanos con más recursos naturales tenían muchas dificultades para administrarlos.
Para contrarrestar esa “maldición de los recursos naturales”, surgió la idea de que un diálogo público entre las empresas, el Gobierno y la sociedad civil podría reducir las irregularidades en el sector o la mala gestión de esos recursos.
Dentro de las reglas EITI, las empresas deben hacer públicos sus pagos de impuestos y regalías, y el Gobierno lo que recibe. Esas cuentas son luego examinadas por un auditor independiente y todo el proceso es monitoreado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que suele incluir a ONGs, think tanks y universidades.
En Colombia, por el momento han venido siguiendo el tema la Alta Consejería para el Buen Gobierno de María Lorena Gutiérrez, la Secretaría de Transparencia del Gobierno que dirige Rafael Merchán y las ONG Foro Nacional por Colombia y Transparencia por Colombia.
La premisa es que a todos les sirve, como lo ha demostrado la experiencia de países como Perú, Mongolia o Azerbaiyán. A la ciudadanía le permite poner la lupa a la manera como se está invirtiendo lo que le entra al país y si se ha perdido plata en el camino. A los gobiernos nacionales y locales los obliga a ejecutar esos recursos de cara al país.
Y a las empresas, les ayuda a reducir los conflictos que tienen cuando las comunidades locales sienten que no hay una inversión en mejorar sus condiciones de vida y a evitar la impresión de que las regalías mal invertidas son culpa suya, una queja frecuente en Colombia de empresas como el Cerrejón o Cerro Matoso.
Ya hay 23 países que adoptaron el estándar y otros 16 que lo han hecho parcialmente o están en proceso de hacerlo. Estados Unidos, que está en proceso de sumarse, ya incorporó los criterios de EITI en la ley Dodd-Frank que regula al sistema financiero y la Unión Europea también lo hizo hace un mes en una directiva que regirá al sector extractivo.
Y ha dado resultados en varios países. En 2004, cuando Perú se convirtió en el primer país latinoamericano en sumarse, existían agudos conflictos sociales en regiones mineras como Cajamarca, que recibían la mitad de los impuestos pagados por las compañías pero no invertían casi nada en salud o educación.
Seis años después, la recaudación del gobierno peruano en impuestos y regalías había pasado de 884 millones a 5.154 millones de dólares. Y la información pública sobre las transferencias de regalías a las regiones ha permitido que la ciudadanía vigile los gastos de alcaldes y gobernadores.
En Ghana el recaudo del gobierno aumentó de 83 a 473 millones de dólares en dos años. Y en Nigeria, cuyo sector petrolero era considerado muy corrupto, se descubrió que la compañía estatal de petróleo había dejado de pagarle 8 billones de dólares en impuestos al gobierno.
“A medida que crece la actividad minera, la transparencia se hace cada vez más importante. Y está demostrando que es una buena herramienta para el control de la corrupción y la efectividad en la gestión de recursos, para reducir los conflictos sociales y para involucrar a la ciudadanía”, dice Juan Carlos Quiroz, el responsable del índice de gobernanza del Revenue Watch Institute, otro de los proyectos de transparencia más reconocidos en el sector.
Foto: Juan Pablo Pino
En Colombia la discusión sobre la falta de una mayor transparencia en la minería comenzó a medida que la locomotora minera iba ganando terreno y que también iba perdiendo el favor de mucha gente.
EITI es una de varias alternativas que ha evaluado el gobierno. El Departamento Nacional de Planeación está ultimando los detalles de un sistema georreferenciado que permite monitorear las regalías. Se ha estudiado la posibilidad de que la fundación de Tony Blair los asesore sobre cómo gestionarlas. El Revenue Watch Institute incluyó al sector de hidrocarburos en Colombia en su ranking de transparencia mundial, quedando noveno entre 58 países. Y la Secretaría de Transparencia está a punto de firmar un convenio por 8 millones de euros con la Unión Europea para proyectos de transparencia, incluyendo en el sector minero.
Pero EITI, al juntar a los tres actores en un sólo espacio, puede ser el que tiene mayor impacto. Y sobre todo ahora que la cumbre mundial de EITI en Australia está a punto de incorporar otros puntos claves -de manera obligatoria- como los datos de producción, la información sobre licencias o concesiones y las transferencias de regalías entre entidades del gobierno. Es decir, ahora el estándar abarcaría toda la cadena de producción.
El primer paso para unirse es el “estudio de alcance” (o “scoping study”), un documento que evalúa qué tan propicio es el marco legal del país para adaptarse al estándar. El informe sobre Colombia, que financió el Banco Mundial, fue entregado en diciembre y concluyó que el país está en general listo.
Pero varias de las personas consultadas por La Silla señalaron que en estos cinco meses el documento, que debería ser público, no ha sido compartido por MinMinas ni siquiera con las organizaciones de la sociedad civil.
“El gobierno ha sido hermético al respecto. Si hubiese ese interés, ya habrían tomado la decisión y habrían convocado a la sociedad civil a la constitución del comité tripartito que da inicio al trabajo. Hasta el momento no lo han hecho”, le dijo a La Silla una de las personas consultadas.
Además, todos creen también que, aunque ya hay un pequeño equipo en Minas a cargo del tema, Colombia debería ya nombrar a la persona de alto perfil que exige EITI para liderar el proceso. “El tema clave es que haya una persona responsable que lo empuje de manera permanente y que conozca el tema por dentro y por fuera”, le dijo a La Silla otra persona que conoce bien el tema.
En momentos en que tanto las empresas como los ciudadanos coinciden -por diferentes razones- en que la locomotora minera está descarrilada, los estándares de transparencia podrían ayudar a reparar los puentes entre todos y con el Gobierno. Tal vez en Sydney finalmente se verá qué tan serio es el compromiso del gobierno de Santos con traerlos al país.
Nota: La nota fue actualizada a las 7 a.m. con las palabras del ministro Renjifo, quien no se encontraba fuera del país como mencionamos ayer sino en la cumbre de la Alianza del Pacífico en Cali.
