Como concejal, Rodolfo Hernández fue destituido por la Procuraduría

Como concejal, Rodolfo Hernández fue destituido por la Procuraduría
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Rodolfo Hernández, candidato presidencial.

En 1995, la Procuraduría destituyó en segunda instancia a Rodolfo Hernández de su cargo como concejal de Piedecuesta porque había firmado un contrato con el municipio después de haber sido elegido en ese cargo. 

Aunque Hernández nunca asistió a una sesión del concejo, y no se posesionó, solo mandó una carta renunciando a su investidura a finales de 1992, cuando vencía su período. Y antes, en diciembre de 1991, como representante legal de su firma constructora Hernández Gómez firmó un convenio con Piedecuesta para pagar futuros impuestos con obras.

Acá está el expediente completo:

Fallos 138-847-1993 by La Silla Vacía on Scribd

Hernández le explicó a La Silla que se lanzó por primera vez al Concejo de Piedecuesta a finales de los 70 porque se lo pidieron algunos políticos del Partido Liberal, pues contaba con un estatus porque había construido la mayoría de sus barrios.

Mejor dicho, era el urbanizador de Piedecuesta: para esa fecha su constructora, dedicada especialmente a construir viviendas de interés social, ya había levantado cerca de 1.400 casas en ese municipio.

Aunque Hernández ya había sido concejal, en 1990 decidió no ir al concejo porque le parecía que era una perdedera de tiempo. Por eso, envió una excusa al alcalde, argumentando que no podía asistir a las sesiones y anunciando que en su lugar iría Álex Humberto Díaz, su suplente (una figura que ya no existe y que servía para reemplazar a concejales y otros funcionarios electos en casos de incapacidades o licencias).

“Él era empresario, manejaba su empresa y no estaba en la política”, explicó Díaz a La Silla Vacía. También aseguró que en las elecciones de 1992 él y Hernández se volvieron a lanzar, nuevamente fueron elegidos y el hoy candidato presidencial tampoco sesionó nunca. La Silla Vacía no ha podido corroborar ese dato.

En una entrevista en 2021, La Silla le preguntó a Hernández por su paso por el concejo de Piedecuesta. Aunque omitió su campaña de los noventa, aclaró que ese trabajo le parece "inútil": “Es que eso es inocuo, el que manda es el Alcalde (...) a mi toda esa mamadera de gallo de pedirle permiso pa lo que es lógico a los que no saben…esa joda me harta”.

Con Díaz en el concejo, el 6 de diciembre de 1991, sacó un Acuerdo que permitía que los constructores pagaran impuestos urbanísticos con obras. Es decir, que en vez de sacar plata de sus cuentas, para que luego el municipio la dedicara a otros fines como la salud, ellos hacían obras comunitarias.

Solo seis días después, el 12 de diciembre, Hernández firmó un convenio por el que se comprometía a hacer obras de mejoramiento y embellecimiento durante dos años, por valor de 30 millones de pesos de entonces (equivalentes a unos 4.370 millones de pesos de hoy).

Como Hernández era el gran constructor local, la Procuraduría Provincial dijo en su fallo de primera instancia que ese Acuerdo “fue hecho exclusivamente para favorecer los intereses del acusado”.

Y como está claro que los concejales no pueden contratar con el municipio del que son concejales, la Procuraduría lo destituyó.

La defensa de Hernández fue que él nunca se posesionó, por lo que no tenía la investidura de concejal.

La Procuraduría contestó que la investidura se da con la elección, que no renunció a ella sino dejó a su suplente sesionando, y que además Hernández envió una carta en julio de 1992 en la que renunciaba a su investidura (así ya no era su suplente sino el renglón siguiente quien debía ser concejal).

El segundo argumento es que el convenio no era un contrato de obra, sino una forma de pagar los impuestos que igual debía cancelar.

La Procuraduría encontró que sí es un contrato porque la empresa de Hernández se comprometía a hacer obras con un valor determinado, así la forma de pago no fuera girar dinero sino compensar por el valor de impuestos.

Con estos argumentos, que desarrolló en primera instancia el Procurador Provincial Yezid García Sáenz, y en segunda instancia la Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa Lola D’La Cruz Mattos, Hernández terminó destituido en 1995.

En 2019, cuando era Alcalde de Bucaramanga, también fue sancionado por la Procuraduría. Tras pegarle una cachetada en una transmisión en vivo al exconcejal John Claro de Bucaramanga, fue suspendido e inhabilitado por ochos meses y ese mismo año fue nuevamente suspendido por tres meses por presunta participación en política.

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