Comunicado del CD sobre informe de la Comisión de la Verdad es engañoso

Ayer la Comisión de la Verdad entregó formalmente su Informe Final. La presentación giró en torno al tomo de hallazgos y recomendaciones para que el horror de la guerra no se repita y saldrán otros nueve sobre las afectaciones a comunidades étnicas, violación a los derechos humanos o una visión del conflicto desde los territorios, entre otras cosas.

Durante el acto de entrega del Informe, el presidente de la Comisión Francisco de Roux afirmó que los falsos positivos fueron un “comportamiento corporativo persistente” y que lo ocurrido con las víctimas fue “una monstruosidad”.

Tras esas declaraciones, el Centro Democrático publicó un comunicado de cuatro puntos que recoge las cifras de seguridad durante el periodo de Álvaro Uribe (2002-2010).

Como los datos del comunicado en redes han generado controversia en redes, le pasamos el Detector de Mentiras y encontramos que tres de los cuatro datos que presenta son engañosos.

Este fue la respuesta del partido de Gobierno:

Gracias a las acciones tomadas por el gobierno de @AlvaroUribeVel se acabaron los falsos positivos en el país. pic.twitter.com/2Mzc5CXHY8

— Centro Democrático (@CeDemocratico) June 28, 2022

Verificamos los cuatro puntos y esto fue lo que encontramos:

• “Se priorizaron las desmovilizaciones (53.663) por encima de las bajas (13.000) o las capturas (29.000)”: Engañoso

Como explicamos, los datos muestran que el pico de las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en Colombia desde hace más de 40 años fue entre 2002 y 2008, durante la ‘seguridad democrática’ de Uribe. En eso coinciden fuentes diversas como la Fiscalía, el Sistema de Información Judicial, el Centro de Memoria Histórica y la ONG Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Uribe y el Centro Democrático han dicho que en su Gobierno se priorizaron las desmovilizaciones sobre capturas y éstas sobre bajas, basándose en Política de Defensa y Seguridad Democrática del Gobierno Uribe.

Pero eso es engañoso porque aunque la Política habla de un programa de desmovilización, que concretó en el decreto 128 de 2003, no dice que la desmovilización sea prioritaria frente a las capturas o las bajas.

Que eso no estuviera claro en la política de seguridad quedó explícito en la directiva 300 del 2007 del Ministerio de Defensa de Uribe, que creó un orden de prioridades para evaluar a los militares que no existía, y que es a la que se refiere el comunicado del Centro Democrático como si hubiera existido desde 2002: primero desmovilizaciones, luego capturas y por último muertes, y en ese caso dándole mayor importancia a cabecillas (los “falsos positivos” solían presentar falsas muertes de supuestos guerrilleros rasos, no de cabecillas que son conocidos y reconocibles).

Cuando salió esa directiva, el 20 de noviembre de 2007, Uribe llevaba más de 5 años como presidente. Según datos de la Fiscalía que recogió la JEP, de 2002 a 2007 habían ocurrido casi 4 mil casos de falsos positivos, y de 2002 a 2008 ocurrieron el 78 por ciento de los 6.402 asesinatos de esta modalidad que aparentemente ocurrieron.

• “Desde el año 2003 se instruyó que toda muerte en combate debía ser atendida por el CTI; en el año 2006 se formalizó un Acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación”: Cierto, pero

Es cierto que en 2003 "se instruyó que toda muerte en combate debía ser atendida por el CTI". Pero el acuerdo del Ministerio de Defensa y el Fiscal General para que el CTI, que es la entidad de la Fiscalía encargada de ser policía judicial, levantara los cuerpos en operaciones militares, solo entró en vigencia en junio de 2006, como cuenta un documento del Ministerio de Defensa del “Caso Soacha”.

El documento, que habla sobre las medidas del Gobierno con los falsos positivos, no menciona ningún antecedente de 2003.

Por otro lado, en 2009 Uribe dio una declaración en la que se entendía que el levantamiento de cuerpos por parte del CTI empezó mucho después de 2003. “Desde hace casi dos años (o sea desde 2007) no puede haber el levantamiento de un cadáver sin presencia de la Fiscalía”, dijo el entonces presidente en el V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en agosto de 2009.

Como indica el auto 128 de 2021 de la JEP, a pesar de que existía una directiva para que el CTI levantara los cuerpos dados de baja en combate, usualmente quienes lo hacían eran los miembros de la Fuerza Pública.

“Tanto la representación de víctimas como el Ministerio Público destacaron la recurrencia del encubrimiento a través de la alteración de la escena del crimen, el ocultamiento de la identidad de las víctimas, el vestirlas con prendas de uso militar, el traslado de los cuerpos del sitio de su muerte y el levantamiento de cadáveres sin “respeto por la cadena de custodia” . Sobre este último punto se resaltó que la “delicada labor de levantamiento de cuerpos reportados como bajas en combate no era llevada a cabo por el personal técnicamente preparado para ello (…) sino por los mismos integrantes de los pelotones involucrados en la baja” .

De hecho, la jurisprudencia de la Corte Constitucional era clara en que los levantamientos los debía hacer la Fiscalía, y la Corte Suprema decía lo mismo, pero no siempre se aplicaba y el gobierno Uribe intentó darle la función, por lo menos en ciertos casos , a los militares.

• “Mienten aquellos que afirman que existía una doctrina Vietnam o body counting, esa mentira se cae por su propio peso, así lo constatan declaraciones del general Mora Rangel y del entonces viceministro Juan Carlos Pinzón, así como los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas”: Engañoso

En junio de 2021, el expresidente Juan Manuel Santos rindió su versión sobre los falsos positivos ante la Comisión de la Verdad, en específico desde su perspectiva como Ministro de Defensa entre 2006 y 2009.

En una de las declaraciones que dio se refirió a la doctrina Vietnam, que se fundamenta en el conteo de cadáveres que se producían en el bando adversario para así mostrar resultados y avances en la estrategia aplicada y su éxito en el resultado de la contienda.

Santos aseguró que el general Álvaro Valencia Tovar le abrió los ojos y le aseguró que podría tratarse de la doctrina Vietnam, del conteo de cadáveres. ”Confieso que en mis primeros meses en el ministerio oí rumores sobre la posible existencia de falsos positivos, pero como entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara, no les di credibilidad. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo”.

"No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado 'la doctrina Vietnam”, dijo Santos.

Ante esa declaración, Uribe negó la existencia de esa supuesta doctrina. Uno de sus argumentos es que con la Directiva 029 del 17 de noviembre de 2005 el Ministerio de Defensa —encabezado por Camilo Ospina— creó incentivos pero para que civiles dieran información, con hasta 10 salarios mínimos (poco más de diez millones de pesos hoy, tres millones ochocientos en ese año), por capturar o matar a un integrante de la guerrilla.

Pero, como demostró José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch para Las América, en una serie de entradas en La Silla Llena en 2018 y contamos en este video, hay otros documentos que muestran que esos incentivos fueron a militares.

Por ejemplo, el documento de abril de 2006 llamado “políticas del señor mayor general Mario Montoya” señala “los comandantes se evalúan por sus resultados” y aclara “las bajas no es lo más importante, es lo único.”

El mismo general Montoya, quien era comandante del Ejército, dijo en su programa radial de febrero de 2006 “si hay un Cdte que no de bajas hay 250 tenientes coroneles haciendo fila [para reemplazarlo]”. La orden figura bajo el código “prócer 6” que es el indicativo de comunicaciones radiales que pertenece al comandante del Ejército.

Esa política aterrizó en rankings de unidades a partir de sus bajas y, dentro de éstas en premios, de dinero a permisos, para los que arrojaran más bajas.

• Sobre dinero: En un libro militar de la Trigésima Brigada, un comandante señaló en marzo de 2006: “la unidad que de 6 bajas o más en una sola acción $30.000.000”. Otro documento, de la misma brigada, incluye este mensaje radial de abril de 2006: “por dar de baja 2.000.000 de pesos por fusil, 500.000 por pistola, y se cancelará 30.000.000 por la baja de seis enemigos en adelante”.
• Y en cuanto a permisos: En agosto de 2007, el general Montoya le dijo a varios comandantes en un programa radial: “…unidad que entra en combate y obtenga buenos resultados debe salir con permiso, hay que motivar la tropa”.
• “Gracias a las acciones tomadas por el presidente Álvaro Uribe se acabaron los falsos positivos en el país”: Engañoso

Es cierto que en el 2007 los casos empiezan a decrecer. Pero también el pico más alto fue de 2002 a 2007, cuando Uribe ya era presidente, según muestran datos de la Fiscalía, el Sistema de Información Judicial, el Centro de Memoria Histórica y la ONG Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Como contamos en esta historia, el cambio empezó cuando se conoció el escándalo y el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, con su viceministro a cargo de los Derechos Humanos, Sergio Jaramillo, lideraron cambios en la política.

Por ejemplo, modificaron los indicadores de éxito de la Fuerza Pública para premiar más las capturas y las desmovilizaciones que las muertes, y crearon una comisión para investigar los casos ya conocidos, que llevó a la renuncia del general Mario Montoya a la comandancia del Ejército.

Es decir, es cierto que un cambio en la política bajo Uribe redujo esos homicidios, pero también que el apogeo de esos asesinatos se debió a políticas previas del mismo Gobierno.