Con argumento de que ponía en riesgo la Seguridad Democrática y la inversión social, el Gobierno hundió la Ley de Víctimas

Imagen
dscn1961_home1(0).jpg

El Congreso, con una mayoría de 48 votos frente a 24 hundió la Ley de Víctimas. Lo hizo precisamente el mismo día en que el Relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales afirmó que los “falsos positivos” eran el resultado de “una práctica sistemática dentro de las Fuerzas Militares.”

 

 

El Gobierno, al presionar a favor del hundimiento de la Ley de Víctimas, ignoró la recomendación del Relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales.

 

El Congreso, con una mayoría de 48 votos frente a 24 hundió la Ley de Víctimas. Lo hizo precisamente el mismo día en que el Relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales afirmó que los “falsos positivos” eran el resultado de “una práctica sistemática dentro de las Fuerzas Militares.”

Horas antes de que la coalición uribista hundiera la iniciativa, el Gobierno advirtió que de aprobarse el proyecto de conciliación que no discriminaba entre las víctimas del Estado y las víctimas de los paras y la guerrilla se pondría en riesgo la Seguridad Democrática, la inversión social, y los proyectos de infraestructura de los próximos años.

"El texto conciliado, que el Gobierno solicita encarecidamente no aprobar, se constituye en una grave amenaza a la Seguridad Democrática, puesto que iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado, sin que estos últimos puedan tener un proceso judicial y una sentencia ejecutoriada que declare el daño a la víctima cuya responsabilidad sea atribuida a ellos", dice el comunicado.

Los argumentos tanto del Presidente Uribe como del Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga contrastan de manera dramática con los resultados preliminares revelados hoy por el relator de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales.

Alston se reunió durante 10 días con altos funcionarios del Estado y las Fuerzas Militares, víctimas, testigos, miembros de organizaciones civiles y hasta el Presidente Uribe. Visitó cuatro departamentos y la evidencia que encontró es demoledora: "Las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, o calzando botas de campo cuatro tallas más grandes que su tamaño, o zurdos llevando una pistola en su mano derecha, u hombres con una única bala disparada en el cuello".

Todo eso lo llevó a concluir que los falsos positivos no son responsabilidad de unas cuantas "manzanas podridas", como lo habría afirmado el Ministro de Defensa cuando estalló el escándalo. "Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos del Ejército", afirmó.
 

 

Ver el video en pantalla completa

Alston aclaró que no encontró pruebas de que las ejecuciones extrajudiciales fueran parte de una política oficial del gobierno, o que fueran llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o sus distintos Ministros de Defensa. También reconoció que desde el 2007 el Gobierno ha demostrado un esfuerzo de buena fe para enfrentar el tema y "ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios".

Sin embargo, dice que hay mucho camino por recorrer y hace varias recomendaciones. Por un lado, recomienda la realización de las investigaciones y procesos judiciales contra los responsables para garantizar que no haya impunidad. Resaltó la necesidad de proteger la independencia del Fiscal General y proveerle mayor apoyo en recursos, personal y formación. Además, insistió en la necesidad de que el ejército reconozca el problema y siga tomando medidas firmes para que la práctica se ajuste a las nuevas políticas y así prevenir que se sigan cometiendo esos crímenes.

En relación a la Ley de Víctimas, el Relator insistió que es de vital importancia que se traten de igual manera las víctimas del Estado y las víctimas de actores ilegales.

Por lo menos esta última recomandación ya fue ignorada.
 

Compartir
0