Con cadena perpetua para violadores de niños, nace la coalición de Duque

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El proyecto tiene las mayorías para ser aprobado hoy. Será el primer gran triunfo del Presidente, luego de entregarles puestos a los partidos.

 

Si nada extraordinario sucede, esta tarde en la plenaria virtual del Senado será aprobada en último debate la reforma constitucional que permite la cadena perpetua para violadores de niños.

Ese resultado marcará un viejo y duro debate que se abrió en el país hace más de una década, cuando por primera vez una iniciativa para esto fue radicada en el Congreso.

Más allá, significará un punto de quiebre en las relaciones entre el Legislativo y el presidente Iván Duque, quien lleva dos años gobernando con un Congreso que no le camina mucho a sus proyectos porque no tiene coalición de Gobierno.

Esto sucederá justo después de que Duque decidiera acabar con su discurso y su plan de no dar mermelada (concebida como puestos) para echar a andar esa coalición.

Como lo hemos venido detallando en La Silla Vacía, después de haber entregado a principios de año los ministerios de Agricultura, Trabajo y Salud a representantes de los partidos conservador, La U y Cambio Radical, respectivamente, esas carteras se han venido llenando de altos funcionarios con el guiño de políticos de esas colectividades.

De hecho, justo ayer contamos que al Viceministerio de relaciones laborales del Ministerio de Trabajo entró una aliada de la baronesa de La U Dilian Francisca Toro.

Las cuentas que dan

La cadena perpetua para los violadores de niños no fue radicada por el Gobierno sino por congresistas de ocho partidos diferentes, pero ha sido apoyada públicamente por Duque y, de hecho, fue una de sus promesas de campaña. Además es bandera de su partido, el Centro Democrático. Así que, si sale, sería un triunfo para él.

El día que el proyecto fue radicado, esto trinó:

Y a las pocas semanas, en el Bicentenario, reiteró su apoyo a la iniciativa y destacó a una de sus históricas impulsoras: la fallecida congresista verde Gilma Jiménez. De hecho, el proyecto tiene ahora su nombre (Ley Gilma Jiménez).

De ser aprobada, a la iniciativa aún le queda el camino de la conciliación entre las dos cámaras y la sanción presidencial, pero, dado que el texto no cambió en su paso en segunda vuelta de Cámara a Senado y el Presidente lo respalda, hay pocas probabilidades de que se trunque por ahí.

Para salir viva hoy, necesita obtener mínimo 55 votos en la plenaria.

Las cuentas están así:

  • El Centro Democrático lo apoyará en bancada (19 senadores).
  • El Partido Conservador también (14).
  • La U, con excepción de Roy Barreras, también (13).
  • Los dos partidos cristianos, el Mira y Colombia Justa Libres, igual (6)
  • Por lo menos dos senadores liberales (Fabio Amín y Miguel Ángel Pinto) y uno verde (Iván Name) que lo apoyaron en comisión (3).
  • El senador de la lista de los decentes de Gustavo Petro, Jonatan Tamayo ‘Manguito’, que ha manifestado su apoyo al proyecto (1).

Eso da un total de 56 senadores; es decir, podría pasar raspando. Sin embargo, a esta cuenta le faltan los senadores de Cambio Radical, cuya mayoría ha manifestado su apoyo al proyecto (sólo han declarado estar en contra tres de los 16 senadores: Germán Varón, Rodrigo Lara y Temístocles Ortega).

Eso, a pesar de que Germán Varón dijo recientemente en una entrevista en el Nuevo Siglo que Cambio aún no ha entrado al Gobierno, algo que contradice la aterrizada de la colectividad en el Ministerio de Salud.

Igual hay que tener en cuenta que la oposición quiere dilatar para que se hunda por tiempos (la legislatura termina este sábado), y ese es un factor que podría dañar la ecuación del proyecto.

Una vez pase, el futuro del acto legislativo quedaría en manos de la Corte Constitucional que deberá estudiar su constitucionalidad, un debate que será difícil, pues, como afirma el constitucionalista Rodrigo Uprimny, este proyecto afecta uno de los pilares de la Constitución: que toda persona tiene la posibilidad de resocializarse.

La cadena perpetua para violadores de niños viene moviéndose desde el 2007, cuando por primera vez se radicó un proyecto para modificar el artículo 34 de la Constitución que prohíbe “las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”. 

Este intento no prosperó en el Congreso de ese entonces y desde ahí se ha vuelto a presentar otras ocho veces. Incluso se intentó cambiar este artículo de la Constitución por medio de un referendo que la Corte Constitucional hundió en el 2010, porque la ley que lo creaba tuvo vicios de trámite.

Este nuevo proyecto fue radicado el pasado 20 de julio y, por ser una reforma constitucional, sólo puede ser aprobado en una legislatura y en sesiones ordinarias; es decir, que, si no se aprueba antes del sábado 20 de junio, se hunde.

Consiste en quitar la prohibición de la cadena perpetua y que este castigo se le aplique los autores de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menores de 14 años. 

Esta condena podría ser revisada después de 25 años, un asunto que ha molestado a algunos de los promotores del proyecto, como el senador cristiano John Milton Rodríguez, que lo considera un mico e, incluso, intentó meter una proposición para aumentar esta cifra a 40 años.

Los principales argumentos de sus promotores para aprobarlo son que los violadores no se resocializan y, por eso, deben permanecer en la cárcel; que los delitos contra los menores han aumentado en los últimos años; que esto sirve para disuadirlos; y que, aunque hay penas altas, no siempre las pagan completas.

Por otro lado, sus detractores, entre los que están congresistas de la oposición, académicos y expertos en política criminal, argumentan que subir las penas no previene los crímenes, que las penas ya son muy altas y, por ende, es mejor trabajar en reducir la impunidad, y que los criminales se pueden resocializar.

Así lo argumentó el constitucionalista Uprimny en esta columna.

Como contamos en nuestro cubrimiento en Twitter, el Consejo asesor del Gobierno en Política Criminal cambió, en 2019, su visión de la cadena perpetua. 

Esto se debe a que cuando llegó a la Presidencia Duque puso allí a ocho de sus 14 miembros

Hace nueve años, como contamos, ese Consejo, con Juan Manuel Santos, tomó una posición desfavorable a la cadena perpetua que se vio reflejada en sus conceptos. Fue una posición que adoptó ese Gobierno después de 2011, cuando una Comisión asesora en política criminal que evaluó muchos otros temas dijo que esta iniciativa, que cursaba en ese entonces en el Congreso, era irracional, altamente inconveniente e inconstitucional.

Ahora, conformado en su mayoría por aliados del Presidente, lo avaló.

Así como -todo indica- lo harán los congresistas que, si nada cambia y sin ser la aplanadora santista que tanto se destacó en el pasado Gobierno, podrían darle su primer gran triunfo en el Legislativo a un Iván Duque que cambió de opinión sobre la entrega de burocracia.