Con el ciberpatrullaje, MinDefensa camina por la delgada línea de la censura

Con el ciberpatrullaje, MinDefensa camina por la delgada línea de la censura
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El fin de semana, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció que, durante el paro nacional, el Ministerio de Defensa orquestó una campaña publicitaria engañosa para defenderse de las noticias falsas en su contra.

La iniciativa fue lanzada por todas las fuerzas, que de manera coordinada tapizaron sus páginas con una imagen que decía “Intento de bloqueo”. En su momento la campaña generó confusión, y fue interpretada por algunos medios como un ciberataque contra la Fuerza Pública, que nunca fue desmentido por MinDefensa.

Detrás de esta denuncia de la Flip venía otra más grave: para luchar contra estas llamadas noticias falsas, MinDefensa armó una estrategia de ciberpatrullaje que “terminó instalándose como una política sostenida, desproporcionada y sin funciones claras de hipervigilancia, que conlleva a la identificación y criminalización de las tendencias en las redes sociales”, según denuncia la Flip.

Durante el paro, al interior de la Fuerza Pública, corrió la sensación de que estaban bajo un ataque coordinado en redes sociales, que sacaba de contexto sus actuaciones y los retrataba maliciosamente mediante noticias falsas.

Ahora, expertos en libertad de expresión, redes sociales y seguridad digital ven con preocupación que entidades del Estado y la Fuerza Pública hayan asumido el rol de determinar qué noticias son falsas y cuáles contenidos deben ser eliminados de las redes sociales, e incluso decidir usarlos como insumos para investigaciones judiciales. Y que para hacerlo utilicen una herramienta como el ciberpatrullaje, cuyo uso no está adecuadamente reglamentado en el país.

El ciberpatrullaje por parte de la Policía no es nuevo. Desde 2015 la Policía Nacional expidió la Resolución 5839 que habilitó al Centro Cibernético Policial (CCP) a realizar ciberpatrullajes, para “identificar amenazas (...) en contra de la ciberseguridad ciudadana”. Sin embargo, la resolución no especifica en qué consiste esta práctica, ni establece procedimientos, requisitos claros o límites para su realización.

Entonces, cuando el minDefensa, Diego Molano, afirma que el ciberpatrullaje es una actividad que desarrolla la Policía “en el marco del estricto apego a la ley”, se refiere a tres escuetas líneas que habilitan, en una resolución, una herramienta que están usando para interferir en derechos fundamentales como el de la libertad de expresión. 

El uso del ciberpatrullaje como herramienta contra la desinformación tomó fuerza en Colombia en 2020, cuando la Policía creó un reporte periódico de noticias falsas sobre el covid. Una práctica que desde abril de ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) señaló como un riesgo a las libertades individuales de la ciudadanía por su potencial de “criminalizar expresiones sobre funcionarios o asuntos de interés público”, y resultar en un “fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información”.

No obstante, esta práctica volvió con fuerza durante el paro nacional, cuando se llevaron a cabo, entre el 28 de abril y el 9 de junio, más de 21 mil horas de ciberpatrullaje que, según el informe del Sector Defensa sobre garantías en la protesta, identificaron campañas de desinformación en contra de las instituciones del Estado, particularmente de la Policía Nacional.

“Termina siendo una interferencia que banaliza el derecho a la libertad de expresión, por el simple hecho de que se está haciendo en redes sociales”, dice Emmanuel Vargas, codirector de El Veinte -un grupo que trabaja para la defensa judicial de la libertad de expresión- y experto en derecho de la información. “Es como si un policía se parara en las calles a escuchar a la gente hablar, y empezara a decir qué pueden decir y qué no”.

El Gobierno quiere ser fact-checker

Las noticias falsas en redes sociales son un problema al que no se le ha logrado encontrar una solución adecuada. Se reconocen incluso como una amenaza a la democracia desde su rol en las elecciones gringas de 2016, cuando se señaló a las fake news en Facebook de inclinar los resultados a favor de Donald Trump, y Marck Zuckerberg terminó declarando ante el Congreso porque la plataforma no hizo suficiente para impedir esta interferencia.

Sin embargo, cinco años después sigue vigente el debate de cómo abordar esta problemática, porque la línea entre restringir contenidos en redes sociales y censurar la libre expresión de los usuarios es muy delgada. Con la pandemia, las plataformas finalmente optaron por eliminar contenidos que difundieran información falsa sobre el covid y las vacunas, pero se limitan a contenido en salud. Las decisiones de bajar noticias de corte político siguen siendo más complicadas.

Ahora, MinDefensa y la Policía parecen ignorar la complejidad del debate y optan por elegir ellos mismos las noticias que consideran falsas y pedirle a las plataformas que las eliminen.

En la campaña contra la desinformación durante el paro, llamada #ColombiaEsMiVerdad, la Policía reportó con orgullo que el CCP había realizado 733 solicitudes de suspensión de contenidos en redes sociales, y había conseguido que 37 perfiles y 107 publicaciones fueran eliminados.

“La decisión de reportar contenidos es muy interesante y muy problemática. Esas solicitudes para que las plataformas bajen contenidos solo deberían provenir de autoridades judiciales, no le corresponde al Ministerio ni a la Policía estar tomando decisiones sobre lo que es verdadero y lo que es falso”, señala Luisa Isaza, investigadora de Linterna Verde.

En Colombia no hay una reglamentación sobre a quién le corresponde (y a quién no) hacer estas solicitudes oficiales por parte del Estado. Sin embargo, tanto Isaza como Carolina Botero, de la Fundación Karisma, consideran preocupante que la Policía esté tomando estas decisiones cuando los criterios que están usando no se conocen, ni están establecidos en ninguna reglamentación.

El minDefensa, Diego Molano, aclaró que para esta campaña se guiaron por chequeos realizados previamente por el Detector de Mentiras de La Silla Vacía y ColombiaCheck, los únicos dos medios colombianos que hacen parte de la International Fact Checking Network, una organización sin ánimo de lucro que certifica la calidad de los chequeos.

Sin embargo, el CCP afirmó que validan la información verificada a través labores de campo, lo que implica que la Policía tiene un rol en determinar la veracidad o falsedad de los contenidos que deciden reportar.

Pero incluso si solo usaran chequeos independientes, seguiría siendo problemático. “Utilizan fact-checkers, pero ellos escogen las noticias que resaltan. Terminan decidiendo qué es lo falso y qué es lo verdadero porque ellos escogen cuáles chequeos van a usar”, explica Botero, de la Fundación Karisma.

“Una cosa es promover la labor de las organizaciones de chequeo, pero otra cosa es tomar partido sobre los contenidos. Cuando el Gobierno empieza a hacer calificaciones de lo que es falso o no, así sea replicando contenidos de chequeadores, se vuelve una interferencia sobre la libertad de expresión”, coincide Vargas, de El Veinte.

Vargas agrega que para hacer reportes a las plataformas buscando bajar contenidos tendría que haber una reglamentación y un fundamento legal que hoy en día no es claro, con lo que existe un alto riesgo de arbitrariedad. Especialmente dado el sesgo que puede existir cuando es la misma Policía la que determina la falsedad o veracidad de noticias sobre la Fuerza Pública.

Al momento de esta publicación, la Policía no había respondido a nuestra solicitud de comentario. Acá pueden ver las respuestas que MinDefensa, el CCP y la Fiscalía le dio a la Flip.

Los vacíos legales

Aunque hay una resolución que habilita a la Policía para hacer ciberpatrullaje, no hay ninguna reglamentación que defina jurídicamente qué es el ciberpatrullaje. Existe oficialmente en Colombia desde 2015, pero ni siquiera para quienes hacen seguimiento y veeduría a este tipo de actividades, como la Fundación Karisma, es claro hoy en día en qué consisten las labores de ciberpatrullaje que lleva a cabo el CCP.

“Lo que nos preocupa mucho es que no hay controles y no hay garantías. Ellos pueden argüir la necesidad de hacer esto para otras cosas, como investigaciones criminales y terrorismo, y eso podría ser legítimo. Pero en el momento en el que se vuelve una herramienta de vigilancia masiva donde tú vas a chequear a todo el mundo, y van a individualizar personas y perfilarlas, ya no es una herramienta usada democráticamente”, señala Pilar Sáenz, de Karisma.

Esto resulta especialmente preocupante cuando los delitos en los que se basan para hacer las búsquedas del ciberpatrullaje tampoco son claros. La Flip señala en su denuncia que la campaña de MinDefensa habla de combatir el terrorismo digital, pero este no es un delito en el código penal. Tampoco hay una distinción clara entre terrorismo digital y noticias falsas.

Esto crea problemas de estigmatización, sobre todo en un contexto de protesta social como fue el del paro nacional. Pero las consecuencias para quienes son señalados por el ciberpatrullaje podrían ir incluso hasta instancias penales.

Según le dijo MinDefensa a la Flip, “sobre campañas de desinformación que generan una denuncia por adecuarse a tipologías penales, se le informa directamente a la Fiscalía General de la Nación”. La Fiscalía le siguió el juego, advirtiendo que efectivamente podrían suscribir delitos de injuria y calumnia a raíz de las noticias falsas.

No es claro hasta el momento si efectivamente alguna noticia falsa identificada en el ciberpatrullaje ha terminado en un proceso judicial. Vargas e Isaza señalan que en el derecho penal no sería tan fácil demostrar estos delitos, y menos a raíz de una publicación en redes sociales.

Mejor dicho, con la amenaza velada de MinDefensa de judicializar a quienes publican noticias falsas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero a veces el dicho es suficiente.

“El hecho de que te digan que te van a demandar o a denunciar, la amenaza de iniciar acciones judiciales, o el simple inicio de una acción judicial, sin sentencia, puede tener efectos intimidatorios muy fuertes que hacen que la gente prefiera callar”, dice Isaza. “No es menor que genere un efecto de silenciamiento y autocensura, si tienes ese temor te vas a pensar más de una vez si publicas o no ciertas cosas”, opina Pilar Sáenz, de Karisma.

Así, aunque el ciberpatrullaje de MinDefensa haya bajado más de 100 contenidos de las redes sociales, su mayor indicador de éxito puede estar en los contenidos que nunca llegaron a ellas. 

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